Si el gobierno no logra defender a los campesinos que han aceptado la sustitución voluntaria de sus sembrados de coca y pierde la batalla contra los grupos al servicio del narcotráfico que están usando a la gente como escudo jamás logrará el apoyo de la población al acuerdo de paz.
La matanza de seis campesinos que protestaban contra el proceso de erradicación forzosa que adelanta el gobierno en la zona de Alto Mira en Tumaco anticipa uno de los escenarios más complejos que enfrenta Colombia después del Acuerdo de paz con las FARC.
En esta zona, una de las de mayor concentración de cultivos de coca del país, se juega el pulso definitivo entre el gobierno, las comunidades que siembran la coca por necesidad y los narcotraficantes y sus brazos armados que la aprovechan como negocio. Si el gobierno pierde el pulso en el Alto Mira y no logra consolidar los planes de sustitución voluntaria consignados en los Acuerdos de paz y proteger a las comunidades que los han acogido, se expone a la erosión de la confianza en el Acuerdo en otras zonas cocaleras.
Las alertas por un posible choque armado estaban encendidas desde hacía al menos dos semanas.
Desde el pasado 25 de septiembre 16 líderes afro del Consejo Comunitario de Alto Mira y Frontera que aceptaron el plan del gobierno para una erradicación voluntaria bajo la promesa de una efectiva sustitución de cultivos fueron amenazados de muerte y tuvieron que desplazarse fuera del territorio. Actualmente están bajo protección del Estado, fuera de la zona. Sacarlos significa para el gobierno perder a su principal aliado para mostrar resultados en la sustitución concertada y una victoria para los narcos que quieren intimidar a los campesinos y presionarlos para que impidan cualquier plan de restitución.
Los cuerpos de algunos de los muertos en el confuso hecho de Alto Mira fueron evacuados a La Playa, a una hora en lancha de donde ocurrió el hecho. Ninguno de los muertos o heridos tenía heridas de esquirlas o explosión. Foto: Lorenzo Morales.
Las amenazas fueron hechas por alias «Cachi», jefe de una de las estructuras armadas que llegó a la zona después de la retirada de las Farc y quien está al servicio de intereses del narcotráfico. Según diferentes fuentes, «Cachi» señaló a las comunidades de «haber firmado la erradicación con el gobierno» (La erradicación es una política pública que se desprende de los Acuerdos de Paz y no una decisión particular de las comunidades).
Por eso, alias «Cachi» convocó el pasado 17 de septiembre a las comunidades a lo que él llamó un «plan de trabajo» y les dijo que debían salir a una movilización social para impedir la erradicación. Cada comunidad debía poner al menos 30 personas. Casi la totalidad de las 42 comunidades afro que viven en el Consejo Comunitario se negaron a esa propuesta. “Cachi” amenazó con matar a dos personas de cada comunidad. La intención de alias «Cachi», según él mismo lo hizo saber, es lograr una renegociación con el gobierno de la erradicación y lograr que no se toquen los cultivos durante dos años.
Desde entonces las comunidades viven bajo toque de queda desde las 6 de la tarde e intimidación. Según pobladores, la mayoría de quienes han salido a las protestas han sido forzados o intimidados para hacerlo.
El Alto Mira es una de las zonas de mayor conflicto tras la desmovilización de las Farc que dejaron un vacío de poder que rápidamente han llenado estructuras armadas al servicio del narcotráfico. Allí operan no sólo la estructura al mando de alias «Cachi», asociado a narcotraficantes sino también alias «Guacho», este último, según las autoridades, líder de la disidencia de las Farc que no quiso acogerse a los acuerdos de paz entre gobierno y Farc. Esa zona concentra una de las mayores áreas cultivadas de coca del municipio de Tumaco y prácticamente la mitad de los sembrados reportados en todo el departamento de Nariño. Tumaco es el municipio con más cultivos de todo el país.
El río Mira, hoy día uno de los principales corredores de narcotráfico, tiene un trazado estratégico que atraviesa buena parte de la zona cocalera. El Mira conecta a Ecuador, país con el que hace frontera, con Colombia y tiene su desembocadura en el océano Pacífico, lo que facilita el tránsito de la pasta de coca.
Según los pobladores, después de la concentración de guerrilleros en las zonas de transición se vivió una relativa paz que duró casi seis meses y los esperanzó con la idea de que la paz sí iba a cuajar en esa zona. Sin embargo, ante la ausencia del Estado, entraron estas nuevas estructuras armadas que ahora operan en la zona y que la fuerza pública ha sido incapaz de contener.
Algunos familiares que llegaron a La Playa para tener noticias de su gente también necesitaron atención médica por el golpe emocional de lo que estaba sucediendo. El esposo de esta mujer murió en el ataque. Foto: Lorenzo Morales.
Una comunidad partida en dos
Las comunidades del Alto Mira están presas de intereses divididos. Por un lado están los pobladores ancestrales de esas tierras, descendientes afros que tienen la titulación colectiva en el Consejo Comunitario de Alto Mira y Frontera. También indígenas Awá, en la parte más alta del río, que habitan bajo la figura del resguardo. Desde los años 2000 entran también a ocupar esos territorios ancestrales una oleada de colonos venidos de otras tierras: Caquetá, Putumayo y Meta. Muchos de esos nuevos pobladores fueron impulsados y respaldados por las Farc, grupo que para esa época controlaba la vida de esa zona y regulaba el negocio de la coca. Casi todos venían huyendo de la arremetida militar y las fumigaciones del Plan Colombia en sus departamentos. La mayoría de estos colonos se asentaron dentro del territorio de Consejo Comunitario y se organizaron bajo la asociación Asomiluma.
Hoy algunos de esos colonos tienen fincas más grandes que las de los afros, algunas de mas de 50 hectáreas, y en ocasiones todas dedicadas a la coca. El gobierno considera que se trata de sembradíos industriales.
La presencia de estos colonos ha generado conflictos por la tenencia de la tierra y por quiénes gobiernan las decisiones de esas comunidades. Las comunidades afro reclaman la ilegalidad de las Juntas de Acción Comunal de los colonos que existen dentro de su territorio, muchas de ellas avaladas desde 2009 con personerías jurídicas que entregó el mismo gobierno departamental de Nariño.
Esa división entre colonos y comunidades tradicionales corresponde, más o menos, con la fractura que hay frente a cómo afrontar el tema de los cultivos. Mientras la mayoría de comunidades afro han aceptado los planes de sustitución, la mayoría de colonos -casi todos de Asomiluma- se han opuesto. En ese contexto, los interese de los narcos amenazados por la erradicación voluntaria o forzada quedaron alineados con los de los colonos, sin que estos pertenezcan necesariamente a un grupo armado.
Máxima tensión
Las tensiones entre las comunidades y la política de erradicación se empezaron a dar desde la entrada de la fuerza pública con el mandato presidencial de llevar a cabo la erradicación. En abril pasado, once policías antinarcóticos fueron retenidos durante 36 horas un grupo que se oponía a la erradicación en el sector de La Espriella, frontera con Ecuador. Según varias fuentes los policías estuvieron cerca de ser asesinados, pero otros miembros de la comunidad intercedieron en su favor. Quienes los retuvieron se quedaron con ocho fusiles y seis pistolas.
Esta acción es un antecedente importante que puede explicar la tensión y el peligro que sentía la policía antinarcóticos que hacía presencia en la zona donde ocurrió la matanza de los campesinos.
El clima de intimidación y zozobra se mantiene. Según testimonios recogidos por diversas organizaciones, en lo corrido del año 2017 han muerto unas 20 personas pertenecientes al Consejo Comunitario y siete líderes desde 1998. Uno de los casos más notorios fue el de Genaro García, representante legal del Consejo Comunitario de Alto Mira y Frontera asesinado por la Columna Daniel Aldana de las Farc el 3 de agosto de 2015. El crimen fue reconocido por las mismas Farc en La Habana.
La Playa, sobre el río Mira, queda a poco kilómetros de la Zona Veredal Ariel Aldana, donde están aún concentrados ex guerrilleros de las Farc. Algunos salieron a acompañar el cortejo que sacó a los muertos hasta la vía Panamericana.
La urgencia del gobierno
Desde antes de que se firmaran los acuerdos de paz con las Farc los cultivos de coca han venido aumentando en el país. Según el monitoreo que hace Estados Unidos y otras agencias internacionales, los cultivos de coca han aumentado de forma dramática desde 2013, con un pico en el último año. Desde 2013, los cultivos pasaron de unas 80.000 hectáreas sembradas a 188.000 en el 2016, un récord histórico.
El pasado 13 de septiembre, el presidente Trump amenazo con “descertificar” a Colombia, es decir bloquear la ayuda que ofrece ese gobierno al considerar que el país no coopera lo suficiente con los esfuerzos de la lucha contra las drogas.
Ante la amenaza estadounidense el gobierno está urgido de mostrar resultados lo que ha intensificado las operaciones de erradicación forzada. La avanzada militar ya ha afectado el negocio. En las calles de los barrios de Tumaco, donde se controla la salida de la pasta, dicen que los precios han caído. Esto ha implicado un reacomodo de las estructuras de milicianos, lo que explica también la creciente ola de asesinatos de jóvenes en barrios como Viento Libre y Panamá.
Entre las víctimas hubo al menos dos indígenas de la comunidad Awá, quienes viven en zona de resguardo en el Alto Mira y conviven con comunidades afro y colonos.
Un escenario probable
Aunque será la Fiscalía la que diga de dónde vinieron las balas que asesinaron a los campesinos, con los testimonios de los sobrevivientes y las imágenes que han salido de la zona, se empieza a vislumbrar lo que ocurrió. En la avanzada para la erradicación opera el ejército que crea un perímetro de seguridad, el Esmad (grupo antidisturbios) para contener y retirar a quienes se interpongan y la policía antinarcóticos, con sus erradicadores, quienes hacen el trabajo de arrancar las matas. Según algunas versiones es probable que ese territorio esté además, minado.
Los pobladores que estaban en paro de protesta —algunas versiones hablan de 300 campesinos, otras de unos mil— se encontraban muy cerca de la policía, algunos incluso se acercaron a hablar con ellos para pedirles que se retiraran. Dado que en abril pasado un grupo de policías ya había sido tomado como rehén durante más de un día y por poco mueren, sabían que no podían permitir el acercamiento de la gente y menos la posibilidad de que fueran rodeados. La tensión de la fuerza pública era muy alta. Cualquier paso en falso podía desatar su reacción. Y quizás eso fue lo que ocurrió. Dado que la policía y el ejército no estaban en la misma posición, cualquier disparo (de alguna de las armas de los policías retenidos, por ejemplo) o una explosión (de una mina, por ejemplo) pudo desatar un fuego cruzado en el que la población civil terminó en el medio. Los análisis de balística serán los únicos que podrán determinar de qué fusiles salieron las balas que mataron a estas seis personas.
