La audiencia pública que realizó la Corte Constitucional la semana pasada mostró el interés de la Corte por entrar a terciar en el debate sobre los alcances de la libertad de expresión en las redes sociales. Durante más de nueve horas, los ponentes invitados mostraron sus argumentos a favor y en contra de la regulación de las redes. Sobre eso se concentró el cubrimiento de los medios. Sin embargo, la audiencia dejó otras conclusiones menos mediáticas pero igual de interesantes.
La magnitud de temas truncó el debate
Esta es una de las audiencias públicas más grandes que ha hecho la Corte Constitucional en el último año. El tema lo ameritaba. Lo que está en juego es la posibilidad de que el Estado le ponga trancas a la libertad de expresión. Sin embargo, se quiso abarcar tantos temas que al final se desvió la atención de lo más importante: el debate sobre si Facebook y Google tienen responsabilidad legal por los contenidos que difunden sus usuarios y si debe haber sanciones punitivas o si se debe promover la autorregulación en redes sociales.
Esto pasó en parte por la ambición del despacho del magistrado José Fernando Reyes que organizó la audiencia. Ésta se dividió en tres ejes temáticos (libertad de expresión y redes, control y responsabilidad de las publicaciones y autorregulación) que se debían abordar a partir de 23 preguntas del tipo ‘¿qué impacto tiene el poder de las palabras y el uso de las imágenes en la construcción de la realidad digital?’ Ó ‘¿cuál es el límite para manifestar ideas u opiniones?’ Estaban invitados seis representantes del Estado, las partes involucradas en las tutelas y representantes de Google, Facebook y Sayco y por eje temático había cuatro o cinco expertos invitados. Treinta y un personas en total.
“Se les salió de las manos. Se trató de hacer tanto que es más fácil meter la pata”, le dijo a Cerosetenta una fuente que conoció de primera mano el proceso pero pidió la reserva de su nombre.
“Bienvenidos estos espacios de discusión, pero se requieren espacios específicos y con una discusión más enfocada», agregó Carlos Cortés, fundador del centro de Internet y Sociedad Linterna Verde.
La cantidad de temas y de invitados facilitó que algunos de los intervinientes se fueran por las ramas en sus exposiciones. Por ejemplo, el Procurador Fernando Carrillo se puso a hablar de Cambridge Analytics cuando debía discutir posibles sanciones a conductas de injuria y calumnia o el Superintendente para la protección de datos personales, Nelson Remolina, que se enfocó en cómo internet es una base de datos gigante en lugar de explicar cómo debe hacerse el tratamiento de datos personales.
La defensa del Fiscal fue personal
Desde la apertura de la audiencia se notó que el foco iba a estar en “los peligros” de las redes sociales e internet. El magistrado José Fernando Reyes citó un texto de Rosa Montero que describe a este mundo como ‘peligroso’ “donde se lincha a los indefensos sin tregua causando suicidios y depresiones”. La intervención del Fiscal Néstor Humberto Martínez siguió esa línea, pero le agregó un ingrediente: cómo, cuando intentó ‘defender’ a la Fiscalía en medio del escándalo de Odebrecht, él terminó siendo víctima de ataques en las redes. Por eso, pidió ‘endurecer’ las responsabilidades en la difamación en las redes sociales.
“Las redes sociales no pueden servir de instrumento para delinquir”, dijo Martínez. “Las redes son usadas para hacer una imputación delictiva a un sujeto, sin un debido proceso”, agregó y usó como ejemplo la existencia de las denominadas bodegas de trolls que orquestan esos ataques.
No es la primera vez que el Fiscal ataca a las redes sociales que, según su punto de vista, difaman y perjudican la honra de los funcionarios públicos. En noviembre del año pasado, durante su intervención en el debate de control político sobre Odebrecht en el Senado, dijo que la muerte de Jorge Enrique Pizano había sido ‘instrumentalizada’ por sus ‘detractores’ y ‘oportunistas’ en medios y redes sociales: “para crear una historia de terror, de horror, panfletaria y sin argumentos”.
En la audiencia de la Corte Constitucional, el Fiscal advirtió que todos estos procesos están siendo investigados a fondo por la Fiscalía. Fue una intervención con tono de amenaza a los ‘delincuentes’ de las redes sociales que mostró a la Fiscalía como víctima de un incremento inesperado de esos procesos delictivos: “En la Fiscalía no estábamos preparados para la tipificación de estas conductas”.
Su intervención atacó “las libertades” de las redes sociales, permitían que fueran usadas como herramienta política por grupos difamadores: “se dedican como empresas a difundir informaciones falsas con el objetivo de debilitar a un oponente político, comercial o religioso, y claro, acusarlo de hechos ilícitos”.
El proyecto de ley de Name salió trasquilado
Uno de los ponentes invitados a la audiencia fue el senador de La U José David Name que presentó un proyecto de ley para, como él mismo lo dijo, “ponerle juicio a las redes”. La idea era que Name aportará elementos de juicio para la discusión. Aunque el objetivo de la audiencia no era analizar el proyecto, sino darle información a la Corte para tomar decisiones sobre las tres tutelas que está estudiando sobre los límites de la libertad de expresión en redes sociales, el proyecto salió trasquilado. Varios de los ponientes demostraron que Name desconoce barreras técnicas y éticas que impiden que se materialice su proyecto de ley.
A juicio de Name, el anonimato excesivo promueve la calumnia y la injuria. En eso se basa su proyecto de ley que busca que los afectados por insultos en redes puedan buscar ‘caminos expeditos’ para eliminar esos contenidos y se incluya a los prestadores de servicios de la web como Facebook, Google y Twitter en la responsabilidad de ejercer mayores controles en la publicación de contenidos. Defiende su proyecto de ley con una bandera de “garantizar la honra y el buen nombre de los ciudadanos” y dice que las herramientas que existen para solicitar que se descuelguen contenidos que se consideren falsos, son ‘lentas’ e ‘ineficientes’. Por eso, propone ‘agilizar’ este proceso, darle dientes a los ciudadanos para bajarlos y que los intermediarios realicen unos filtros previos de las publicaciones para evitar la propagación de noticias falsas.
Catalina Botero, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, dijo que esto técnicamente tiene un limitante: su imposibilidad. Dijo que se está planteando que estos intermediarios revisen toda esta información y por miedo a una sanción, estén obligados a descolgar determinados contenidos: “no les podemos pedir a los intermediarios que hagan un monitoreo previo de la información, porque es imposible de hacer y estamos incitando a la censura”.
El riesgo es que por el afán, la velocidad y el evitar un debido proceso, se incite a que existan herramientas de censura contra las publicaciones que una persona considere falsa, calumniosas o que pueda sentir que les cause un daño. “Los límites de la libertad de expresión no dependen del sentir del afectado, el daño no se presume, se demuestra”, añadió Pedro Vaca, director de la Fundación para la Libertad de Prensa. Señaló el peligro de pasar este fuero judicial, que hasta ahora recae sobre un juez, a un tercero privado es un riesgo porque no tiene la obligación de salvaguardar valores democráticos.
Carolina Botero, directora de la fundación Karisma, comentó que a través de este proyecto, se le otorgaría un poder muy alto al ejecutivo en representación del TIC. Y además, recalcó en la importancia de entender la diferencia entre cada audiencia: “es muy diferente cuando un particular comparte un contenido, a cuando una figura pública lo hace, porque el impacto e influencia es mayor”. Según ella, otro de los riesgos de este proyecto es que está evaluando a todas las audiencias por igual, y uno de los principios básicos de las redes sociales es que el alcance y el impacto de una publicación varía dependiendo del usuario y su audiencia.
