El jueves 13 de febrero, varias mujeres participaban en una protesta en contra de un policía que, en enero, violó a una mujer detenida en una estación de Transmilenio, en Bogotá. Según contó una de las asistentes —quien, además, resultó herida por un proyectil que lanzó uno de los agentes—, el Esmad intervino a pesar de que la manifestación transcurría en calma.
Un día después, el viernes 14, otro grupo de mujeres que se manifestaban por la misma razón en el Parque Nacional, fueron dispersadas por el Esmad con gases lacrimógenos. Una vez más, estaban protestando de manera pacífica.
Los dos episodios sucedieron casi un mes después de que la alcaldesa, Claudia López, anunciara el nuevo protocolo que implementaría su Administración para atender la protesta social en Bogotá, una estrategia que prioriza el diálogo y deja al Esmad como el último recurso. Ambas intervenciones, por lo tanto, constituyen un incumplimiento a ese protocolo y un ‘error’, como lo reconoció la propia Alcaldesa a través de Twitter.
El Secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, también ofreció excusas en Twitter a las organizaciones de mujeres.
Estos episodios agudizan el debate que se ha dado en redes sociales en torno al nuevo protocolo: ¿Está siendo usado el Esmad realmente como último recurso? ¿Qué tanto poder tiene la Alcaldía y Claudia López sobre el actuar de la Policía en las calles?
Ese poder es real. La norma —más específicamente el artículo 315 de la Constitución—, le da a los alcaldes las funciones de máxima autoridad de Policía. Eso quiere decir que es el mandatario quien establece el marco regulatorio y la aplicación de las normas de policía en las ciudades. En otras palabras, los alcaldes tienen esa responsabilidad y la Policía Nacional, a su vez, la obligación de seguir sus órdenes e instrucciones.
Sin embargo, la norma se enfrenta a un problema de arquitectura institucional: al ser una institución de carácter nacional, la Policía depende jerárquicamente del nivel nacional. Así, el director de la Policía depende del Ministro de Defensa, quien, a su vez, sigue las órdenes del Presidente de la República. Algo que está establecido en el artículo 218 de la Constitución.
Hay, pues, una ‘bicefalia’ institucional que en la práctica genera dificultades, ya que la Policía tiene el deber de responder tanto a los alcaldes como a los mandatos nacionales. El gran problema es que la Policía se identifica mucho más con los lineamientos del Gobierno Nacional que con los de las Alcaldías, porque, finalmente, los presupuestos de la entidad dependen del primero.
Esas diferencias no son nuevas: se hicieron públicas, por ejemplo, durante la alcaldía de Gustavo Petro o en la administración de Lucho Garzón. Hasta ahora, Claudia López no ha tenido diferencias con el actual general Óscar Gómez, y su nombramiento pareciera estar alineado con sus intereses.
Lo cierto es que la ley es clara en señalar que las órdenes de los alcaldes deben ser cumplidas por la Fuerza Pública en toda circunstancia —a menos, claro, de que se trate de algo ilegal—. Si un policía desobedece una orden de la alcaldesa, estaría incurriendo en prevaricato. El problema es que no sabemos si sus instrucciones se están transmitiendo a los agentes que están en las calles, porque, aunque hay noticias de prensa y algunos ejemplos que mostrarían lo contrario, no existe un estudio formal que lo demuestre. Uno de los eventos más llamativos fue el del carro particular que usó el Esmad a finales del año pasado para transportar detenidos. Además de ser una situación sospechosa, es el tipo de episodios que ameritan una investigación formal porque pueden constituir un abuso de la fuerza y actuaciones que se dan bajo parámetros no legales.
La reacción de la alcaldesa al incumplimiento del protocolo la semana pasada es una muestra de que la responsabilidad política se está asumiendo.
El Esmad es necesario para controlar la protesta cuando se presentan acciones que ponen en riesgo los derechos de los manifestantes y de otros ciudadanos. La alcaldesa, además, está en todo su derecho de dictar las normas sobre cómo va a operar este cuerpo. Pero es importante recordar que el Esmad tendría que actuar no sólo conforme a esas instrucciones, sino también a su propio reglamento, que depende de las instancias nacionales. La Alcaldía tiene una responsabilidad política en el caso de agentes del Esmad o de la Policía que incurren en abusos de fuerza o en incumplimiento de instrucciones, pero la responsabilidad técnica de lo que un agente específico hizo corresponde a la forma como se distribuyen esas instrucciones al interior de las fuerzas.
La reacción de la alcaldesa al incumplimiento del protocolo la semana pasada es una muestra de que la responsabilidad política se está asumiendo. Claudia López se ha parado en el lugar en el que tiene que estar, desde la legalidad y la constitucionalidad, recordando que ella es la máxima autoridad de Policía en Bogotá y que, por eso mismo, pide excusas en nombre de los errores cometidos por la Policía. Eso no lo han hecho otras administraciones. Es una alcaldesa que por fin entiende cómo se gobiernan las fuerzas de Policía.
Pero López no puede sola. El control y las sanciones a los incumplimientos de la Policía corresponden a otros organismos de control —como la Personería y la Procuraduría—, que deben investigar los hechos. No es suficiente que un alcalde asuma la responsabilidad si no se están adelantando las investigaciones correspondientes. Estas se deben hacer, incluso, desde la misma Policía y que el director de la institución también pida perdón y aclare que la alcaldesa dio una instrucción que no se cumplió.
Hay una ‘bicefalia’ institucional que genera dificultades: la Policía tiene el deber de responder tanto a los alcaldes como a los mandatos nacionales.
Todo esto demuestra que hay una discusión pendiente sobre el papel de la Policía en el país, no sólo con respecto a la arquitectura institucional y a la ‘bicefalia’ que causa desacuerdos entre la Policía y los alcaldes. También amerita una reflexión más profunda sobre la enorme concentración de poder que tiene actualmente la Policía: funciones de vigilancia, de investigación judicial, de inteligencia y operaciones antinarcóticos, entre otras, todas bajo una sola cabeza. Esas funciones deberían estar más divididas, no sólo para promover la armonía en el juego institucional sino también para equilibrar los pesos y contrapesos en la institución.
