Con la llegada de Stephen Harper al poder en 2006, Canadá se ha convertido en escenario de prácticas que atentan contra la producción y divulgación de evidencia científica que no esté alineada con los objetivos económicos del gobierno. En particular, la administración Harper ve con recelo todos aquellos trabajos de investigación que lleven a cuestionar, ya sea desde el punto de vista ambiental o de la salud, la meta de hacer de Canadá una súper potencia energética. A lo largo y ancho del territorio canadiense se ha producido el cierre de instituciones académicas, la clausura de programas de investigación y el despido de científicos que trabajan en instituciones del gobierno federal. Así mismo, el presupuesto de investigación ha sido recortado de forma significativa y se han aplicado restricciones a la divulgación de resultados. Muchos han visto estas acciones como violaciones a la libertad de cátedra y de expresión, lo cual ha motivado la movilización de académicos y la producción de decenas de programas de radio, televisión y artículos de amplia circulación ¿Pero en qué medida son estas prácticas exclusivas al contexto canadiense y cuál ha sido el papel de este país en exportarlas a otras partes del mundo? Hablamos con Stefano Tijerina, profesor de la Universidad de Maine en Estados Unidos, quien ha investigado la historia de las industrias extractivas canadienses en Colombia.

Desde 2006, ante diferentes audiencias internacionales, Stephen Harper ha hablado de Canadá como una súper potencia energética ¿Qué ha significado esto a nivel nacional e internacional?

Canadá, bajo la administración Harper, se ha declarado como una potencia energética no solo a nivel hemisférico sino a nivel global. Este direccionamiento que Harper le ha dado a la nación y al programa económico del país se ha reflejado, a nivel internacional, dando luz verde a empresas canadienses para que salgan a “conquistar al mundo”, por medio del apoyo del gobierno, para canalizar negocios desde África, Suramérica, Centroamérica, Asia y, obviamente, en la misma Norteamérica. En Estados Unidos, la compañía energética Transcanada lleva la agenda pionera; también, a nivel regional, hay proyectos en el estado de Maine, en el Medio Oeste, y en las fronteras con Alaska. Así mismo, están trabajando fuertemente en desarrollar la zona del Ártico como potencia energética, lo que significa que la presencia de esta política es global.

En Canadá, muchos hablan de que el gobierno está librando una guerra contra la ciencia a través del amordazamiento de los científicos. Por las calles, gritan que “sin ciencia, no hay evidencia, no hay verdad, no hay democracia”. En relación con las industrias extractivas, ¿qué ha llevado a la gente a decir esto?

Esta es, desde mi punto de vista, la realidad de esta política energética soportada por una agenda institucional, académica y curricular, donde todo aquello que no apoye el proyecto energético termina siendo calificado como “no-ciencia”. Entonces, los movimientos ambientalistas terminan siendo identificados como anticientíficos. Los currículos académicos que no estén apoyando el desarrollo de esta política energética terminan siendo vistos casi como enemigos. Y es prácticamente una copia del modelo neoliberal desarrollado por Estados Unidos, donde se busca acabar con las ciencias sociales, con las ciencias no inclinadas hacia el desarrollo económico industrial, por medio de la eliminación de fondos, de la desacreditación científica y retirando apoyo institucional. Por ejemplo, la Association for Canadian Studies (ACSUS) en Estados Unidos, principal organización académica especializada en estudios canadienses en ese país, fue también víctima de la política Harper por hacer un análisis crítico de las realidades canadienses desde afuera. Su presupuesto fue recortado después de 22 años de contar con el completo apoyo del gobierno canadiense y obligando a la organización a reinventarse para poder continuar su trabajo. En general, se han visto afectadas las ciencias ambientales, la astronomía, la arqueología, las ciencias sociales, las humanidades, etc., todas aquellas que son insignificantes al objetivo macro de esta política. Yo pienso que se puede hablar de una importación del modelo generado por Estados Unidos, simplemente acomodándolo a los intereses canadienses.

¿Cómo se refleja esto en otros países, por ejemplo en Colombia, donde hay una gran presencia de industrias extractivas canadienses?
Hace poco, por ejemplo, salió un comunicado diciendo que el gobierno canadiense va a financiar y a trabajar directamente con el SENA en la generación de un currículo de educación para formar técnicos para la minería y otras operaciones que Canadá está haciendo en Colombia. Entonces, el SENA se vuelve importante para Canadá siempre y cuando esta institución desarrolle la agenda canadiense; de lo contrario, el SENA no es relevante para ese país. En otras palabras, están queriendo decir que necesitan gente que trabaje para ellos cuando vayan a Colombia a explotar los recursos. También está el caso de la Universidad EAN, que ahora tiene un vínculo directo con la provincia de Quebec para desarrollar programas que están dentro de la agenda económica e industrial de Canadá en Colombia, es decir, principalmente minería y petróleo. Otro ejemplo es el de la Universidad del Rosario, que tiene una revista sobre las relaciones bilaterales colombo-canadienses, auspiciada por el gobierno de Canadá, y que busca apoyar esa agenda binacional, fuertemente marcada por las actividades extractivas. Todo esto ha venido surgiendo en los últimos 15 o 16 años, desde que se comenzó a hablar del tratado de libre comercio con Canadá, el cual fue firmado en 2011. Estos ejemplos muestran que existe una política sistémica y de largo plazo para intervenir en el sistema colombiano y para que éste se adapte a las necesidades canadienses.

En la esfera internacional, Canadá es visto, por lo general, como un país “benévolo” ¿Cree usted que esta imagen se ve cuestionada con la presencia y el modus operandi de las industrias extractivas canadienses en países como Colombia?

Sí, definitivamente, el concepto de país benévolo con el que Canadá se ha hecho potencia económica a nivel mundial durante el siglo XX está en riesgo porque, cada vez más, se parece a un país imperialista tipo Estados Unidos, que a este país benévolo, diplomático, pacifista y humanitario que se construyó en las mentes de los académicos, de los medios y de las instituciones multilaterales. Hoy en día, si uno va a regiones donde ha habido gente desplazada por compañías canadienses, allí no van a ver a Canadá como un país benévolo sino como un país bastante agresivo y violento. Creo que Harper no se ha dado cuenta de que está poniendo en jaque esa reputación que fue justamente la que le dio de comer a Canadá durante casi un siglo. Eso es bastante peligroso para este país.

¿En qué medida difieren las consecuencias de la censura a la ciencia cuando pasamos del contexto canadiense al contexto colombiano?

Yo creo que se puede hablar de un proceso a diferentes escalas. La censura a la ciencia se aplica en diferente grado en Estados Unidos, en Canadá y en países en vía de desarrollo. En lugares como Colombia, la censura se aplica pero sin pensar por qué se aplica. Al menos Canadá lo aplica estratégicamente, sabiendo por qué y para qué lo hace, y en qué áreas. Colombia muchas veces simplemente lo aplica porque le dicen que lo aplique.

En Colombia existe una preocupación pública sobre los impactos negativos que las industrias extractivas tienen sobre el medioambiente y la salud. Sin embargo, no se suele tener en cuenta la relación conflictiva entre estas actividades económicas y la producción de conocimiento ¿Qué podemos hacer para hacer frente a la crisis de la evidencia en nuestro contexto?

La mejor manera de llenar ese vacío que existe entre la actividad económica y el conocimiento es publicar, investigar y divulgar sobre el tema. En Colombia los fondos de investigación para investigar estas cuestiones son escasos y, si hay fondos de investigación, es solo para apoyar las agendas extractivas que vienen impulsadas por países como Canadá. Ahí sí aparece el financiamiento para patrocinar, por ejemplo, investigaciones como la de Maria Teresa Smitmans titulada Canadá-Colombia: Cincuenta Años de Relaciones, la cual viene con apoyo de la embajada de Canadá. Debería haber más fondos para que investigadores, académicos e intelectuales escribieran sobre las consecuencias ambientales, sociales, de salud, culturales y económicas en las que repercuten estas actividades extractivas en Colombia. Otro problema es que las ONG que se dedican a hacer este trabajo, a menudo son tildadas de anti-sistémicas, anti-estado, terroristas y peligrosas; entonces se termina por confundir aún más al público y se afecta la generación de un conocimiento más objetivo, que el gobierno tiende a tildar de subjetivo y negativo.

En Canadá existe una consciencia pública sobre los impactos negativos que las industrias extractivas tienen sobre el medioambiente y la salud dentro de su territorio. Sin embargo, poco se habla de los impactos que tiene la expansión global de esta actividad económica por parte de industrias canadienses  ¿Cómo debería integrarse la dimensión internacional a estas preocupaciones y a las movilizaciones alrededor de la evidencia que se han emprendido al interior de Canadá?

El primer problema es que Canadá, por buscar alimentar esa idea de país benévolo, se niega a publicar, a divulgar y a informar a su mismo público sobre lo que hacen afuera. Porque si el canadiense supiera sobre lo que su país hace en el exterior, entonces inmediatamente reaccionaría de manera agresiva para pedirle una rendición de cuentas a la administración que está poniendo en jaque a este país “benévolo”. Esto también hace parte de la política de Harper, mantener tapada la realidad a sus propios ciudadanos. Así como los americanos son expertos en ocultar su imperialismo a su propia gente, restringiendo la educación escolar a lo interno, lo doméstico y lo local, los canadienses saben muy poco sobre lo que industrias canadienses hacen por fuera.

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