Que “toda familia en Bogotá tendrá techo y comida durante la cuarentena”, aseguró la alcaldesa Claudia López el pasado 21 de marzo. Pero, los que viven en terrenos del Distrito, en zonas inestables y peligrosas, en ranchos de zinc y madera, al acecho de paramilitares y tierreros, no han visto esta promesa cumplida en su totalidad. Los inquilinos de Altos de la Estancia, un barrio de invasión en un extremo de Ciudad Bolívar que fue desalojado por la Alcaldía desde principios de mayo, han denunciado la violencia que ha rodeado estos procedimientos. 

La imagen de “la recuperación”, como la llaman los funcionarios, ya se hizo viral: una contratista del Distrito vestida de negro y encapuchada, señala con el dedo la siguiente casa que debe caer. Las familias que se aferran a sus ranchos porque no tienen a dónde más ir, tienen que esperar su turno. Algunas se enfrentaron a la Fuerza Pública y, como suele pasar, terminaron perdiendo. De esas luchas fueron testigos varios periodistas que también recibieron la fuerza de la Policía. Otros simplemente se resignaron. Para los últimos en salir, sin embargo, ya no había tantas ayudas como las que tuvieron quienes aceptaron irse por las buenas, como reconoció el alcalde local encargado de Ciudad Bolívar en una rueda de prensa el pasado 15 de mayo. 

Días después del desalojo, muchos siguen a la deriva. Estas son algunas de sus voces:

Guajiro, 37 años, dos hijos, desalojado el 15 de mayo. 

A mí me da pena contarlo, pero a mí me tocó venirme de la Guajira hace cuatro años porque la guerrilla me amenazó. Le pasó algo a la niña mía, me da pena contarlo en público, y yo me tuve que pelear con uno de la guerrilla, entonces nos sacaron de allá. Yo llegué primero a Sierra Morena [el barrio vecino a Altos de la Estancia, ubicado en el límite entre Soacha y Bogotá] y a mí me botaron de mi casa con mis hijos y mi esposa. Nos vinimos a Altos de la Estancia porque un amigo me convidó a coger un lote. Aquí había un montón de gente que me dijo que cogiera un pedacito de lote y aquí construímos un rancho, porque ni casa era esto. La gente me apoyó con tablas y latas. Gente más pobre que yo me decían tome esto, para que construyera. Así armé el rancho. 

Créame que si tuviéramos para dónde agarrar lo haríamos, pero no hay. Yo estoy ahorita en la calle con mis hijos y mi mujer. No nos han dado ninguna solución. Hay mucha gente que todavía está en la calle. Estamos muy preocupados, porque no nos tienen ninguna solución. Aquí ya casi no hay gente. Los poquitos que quedamos estamos durmiendo en un albergue. Lo bueno es que aquí no hay el COVID-19, estamos bien de salud, gracias a Dios. 

A mí ese día me llevaron engañadamente hasta Sierra Morena. Me dijeron que me iban a dar un mes de arriendo y allá me dejaron botado. Mi esposa y mis hijos sí se quedaron acá en Altos. Y cuando me enteré era que iban a tumbar el rancho, con las cosas que yo tengo adentro. Que igual no tengo casi nada, porque a mí me robaron todo acá en Bogotá. A penas tengo dos colchonetas, que le dio el Gobierno a mi mujer, y una olla. 

La señora Indira Caicedo, la que llega encapuchada, nos dijo que están haciendo todo esto porque van a hacer un parque, ¿pero eso qué lógica tiene? Yo a ella la vi, yo me le enfrenté, para pedirle una orden de desalojo, pero no nos dijo nada. Todo lo que nos dijo era que es una zona de alto riesgo. Eso da más rabia, ya uno está grandecito como para que lo anden engañando como si fuera un niño.    

Aquí todos estamos sufriendo. Nos da mucha tristeza. Mucha rabia. Tengo ganas de llorar, porque es que me da cosa ver a mis hijos así. Ellos nunca habían padecido tanto como lo que hemos padecido aquí en la capital de Colombia. A nosotros de la Guajira nos sacaron como si fuéramos unos perros, pero es que allá hay un conflicto. Aquí, igual, nos sacaron como perros también. Y eso le da tristeza a cualquiera. 

La rueda de prensa del 15 de mayo la presidió el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez. En medio del lote de 72 hectáreas, y rodeado por varios funcionarios de la Alcaldía, mostró con mapa en mano el peligro: la zona es una ladera empinada de una montaña resbalosa donde no puede haber ninguna construcción porque hay deslizamientos constantes que se empeoran con el invierno. Las familias que terminaron allá fueron víctimas de los tierreros: unos criminales que “los engañaron”, queriendo “hacer un negocio con su necesidad”, dijo. 

El Secretario de Seguridad Hugo Acero lo respaldó: durante los dos meses previos al desalojo, la Alcaldía y la Fiscalía llevaron a cabo una investigación exhaustiva del crimen que se mueve en esa y otras zonas de la ciudad, que incluye grupos paramilitares, y desmantelaron tres ollas de narcotráfico. 

En ese tiempo, sin embargo, la Alcaldía no hizo un censo para saber cuántas familias vivían allí, como reconoció el alcalde encargado de la localidad de Ciudad Bolívar, Jaime Flórez: “como tal yo le tengo que decir al señor periodista que no hay censo porque mucha gente incluso por temor a dar sus datos, a todas estas estructuras criminales que había aquí, no dejaron nada distinto a retirarse, de manera voluntaria, muchos de ellos”. 

Las familias con las que hablamos insisten, sin embargo, en que no sabían lo que se les venía encima. Había rumores, sí, pero no sabían en qué momento les tocaría su turno. Ninguna de ellas se fue de manera voluntaria. Y algunas, hicieron la estrategia del caracol. 

Luz Dary, 49 años, un hijo, desalojada el 16 de mayo. 

En ningún momento nos dijeron que nos iban a desalojar. Simplemente cuando nos dimos cuenta ahí estaba la gente de la Alcaldía. Cuando menos fue que gases lacrimógenos, piedras por un lado, piedras por el otro. No les importó que hubiera niños, mujeres, viejos, no les importó nada. Al otro día llegó la señora Indira [Caicedo] destrozando ranchos con una excavadora. No le importó nada, nada, nada. Nosotros le pedíamos que se presentara, que nos dijera quién era, pero no le importó. Así tal cual como la ven, vino a destruirnos todo. Toda encapuchada y de negro. Lo único que se le veían son los ojos. Yo le rogué, le dije que por favor no nos destruyera el rancho, pero simplemente no le importó. Nosotros les sacábamos banderas, hicimos cadenas humanas, pero el ESMAD y la Fuerza Pública nos sacó. 

Tuvimos que subir más la loma y allá armamos algunos cambuches, porque no teníamos para dónde más irnos. De día ellos subían, nos los destruían, y nosotros de noche los volvíamos a armar. Nos colaborábamos entre todos. Mientras unos dormían, otros hacían guardia, así. Y en el día pues seguía a la lucha con esta señora. Nosotros les pedimos que nos dieran albergues, pero lo único que nos dieron fue dejarnos aquí, en el parque, tirados al sol, al agua, al viento, a la mano de Dios. 

La prioridad son nuestros niños. Nosotros tratamos que ellos no estén mucho ahí. Intentamos que no tengan que pasar la noche ahí. Intentamos que sigan estudiando, así sea con el computador de algún vecino que sí tenga casa. Pero es muy difícil. Yo siempre he estado sola con mi niño, no tengo en dónde dejarlo porque mi familia no puede ayudarme. La verdad ya estamos desesperados, porque seguimos constantemente a la deriva. No vemos luz por ningún lado y tenemos miedo de quedar en el olvido, como ha pasado muchas veces en este país. 

La Secretaría de Integración Social es la encargada de hacer el acompañamiento social y psicológico a las familias desalojadas. El paquete de ayudas que ofrecen incluye bonos canjeables para comprar alimentos (por un valor de 230 mil pesos), tarjetas del programa Bogotá solidaria en casa (el subsidio creado por la Alcaldía para las familias de menores recursos que entregará durante la cuarentena) y se está creando un censo para ayudar con un bono de arrendamiento. Hasta la fecha dicen haber atendido atendido a 903 personas (no familias) con 145 tarjetas de Bogotá solidaria en casa y 270 bonos canjeables por alimentos. Hoy planean entregar otras 120 tarjetas. 

La Secretaría dijo además que el desalojo empezó con un reconocimiento a los habitantes de la zona, en el que se detectaron a las personas más vulnerables como niños, adultos mayores y personas en condición de discapacidad. Una vez inició “el procedimiento”, su labor fue acompañar cada desalojo para reconocer que no se vulneraran los derechos de estas poblaciones y, posteriormente, procurar ubicarlas en centros de ayuda. Señalan que, ante todo los niños son su prioridad, y que hasta ahora han atendido 95 casos en centros AMAR (el lugar encargado de brindar alimentación, acompañamiento psicosocial y pedagógico), Jardínes infantiles y al Bienestar Familiar. 

Casi dos semanas después de los operativos, solo el Guajiro está viviendo en un albergue que le ofreció la Alcaldía. Luz Dary nos contó que está durmiendo en un parque cercano y Lina Marcela nos dijo que todas las noches tiene que buscar un lugar dónde quedarse.

Lina Marcela, 21 años, un hijo, desalojada el 16 de mayo. 

Me amenazaron con el Bienestar [Familiar]. Me dijeron que les entregara al niño, que ellos podían darle un hogar estable y comida. Yo les dije que entonces que si yo no conseguía un trabajo entonces no me lo devolvían y me dijeron que no. Ese día fue por los de los Derechos Humanos que no me desarmaron la casa. Eso fue un jueves. Ese día resistimos. 

El sábado por la madrugada llegó la tal Indira. Ella me dijo “ay mamita tiene que salirse ya, yo ya le había dicho”, y me amenazaba. Yo le dije que si me daba un albergue yo me iba de una vez. Pero según ella que no, que albergue no hay. Yo en ese momento estaba con mi hermano y con mi hijo. Estábamos recién levantados, apenas desayunando. Cuando la señora dijo “empiecen a levantar”. Empezó a tumbarme, a cortarme los palos. A ella no le importó que yo tenía el desayuno en el fogón. Ni le importó que mi niño estaba dentro de la casa. Sólo me empezó a tumbar. Cuando ya me vio llorando ahí sí me dijo que me pagaba una pieza y me daba un mercado. 

Justo en ese momento empezaron a llegar los de Derechos Humanos. Entonces ella sacó un celular y dijo que me iba a grabar, que yo tenía que decir que era un desalojo voluntario. Al mismo tiempo un policía me dijo que si yo hablaba con los de Derechos Humanos no me daban nada de lo que me habían dicho. Y yo dije que cómo así. Yo me le puse a llorar otra vez y le dije que eso no era voluntario. Que ella me había tumbado todo con el niño adentro. Luego se desapareció y finalmente no me dieron nada. Una ayuda la verdad nunca llegó. No les importó nada. A esa señora encapuchada lo único que le importa es tumbar. 

Por la noche nos toca ir a tocar puertas, a ver quién me recibe con el niño. Nosotros llegamos aquí porque yo me quedé sin trabajo, mi marido también. Yo a veces rebusco y me pongo a vender dulces, pero con el niño yo no puedo salir, porque nos lo quitan. Ahorita mi marido es el que está vendiendo dulces en Transmilenio. Ayer le fue bien, logró llegar con 20 mil pesos. Pero el trabajo está muy duro ahorita, entonces casi siempre llega sin mucho. 

La verdad en el lado en el que yo estaba nunca vi nada de eso que hablan de guerrilleros ni de paramilitares. Eso es una mentira. Gracias a Dios todo era muy tranquilo. Ya estaba empezando a ser un barrio. Ya teníamos ahí una comunidad. A mí me parece muy injusto que estén tumbando así, porque nos están dejando en la calle, sin soluciones y en medio de una pandemia. 

“Como reiteré, vamos a ver imágenes de personas llorando, de personas aferradas a esta ilusión porque nunca antes habían tenido una expectativa tan alta de tener su propio predio. A pesar de que se les ha ofrecido todas las ayudas, a pesar de que se les ha ofrecido el diálogo, guardan la esperanza de tener este predio como propio”, dijo el alcalde encargado de Ciudad Bolívar. Sin embargo, el diálogo no alcanzó para mucho. Los disturbios iniciaron desde el primer día de los desalojos y escalaron hasta causar varios heridos entre los habitantes de la zona. 

Adicionalmente, periodistas que fueron a cubrir los hechos, denuncian haber sido acosados por la Policía y, uno de ellos, terminó retenido. 

Andrés, periodista*.

[*El nombre ha sido modificado ya que existe un acompañamiento jurídico y por parte de la FLIP para este caso]

Nosotros habíamos ido el sábado 10 de mayo, con otros compañeros, a cubrir y no había habido mayor problema. Nos habíamos topado ya con la señora Indira, que ya nos había dicho algunas cosas como que nosotros éramos periodistas de Facebook, pero no pasó de ahí. Ese día nosotros llegamos tarde, sobre las tres de la tarde, entonces no pudimos presenciar los desalojos. Pero una señora me pasó un vídeo de cómo estaban haciendo todo de forma violenta y nosotros difundimos lo que pasó. Eso se volvió un poco viral. 

Al otro día acordamos ir más temprano, porque supimos que los desalojos violentos estaban ocurriendo en la mañana. Ellos llegaban, señalaban cuáles casas iban a tumbar y pues la gente se oponía. Claro, cuando se oponían, entraba la policía y todo se ponía violento. Por eso llegamos a las siete de la mañana. A esa hora también estaban llegando los de la Alcaldía y la policía. Dos horas después, me detuvieron a mí. 

Para hacer el cubrimiento nosotros llevamos un dron. Es un dron que por ser tan pequeño no está reglamentado. Incluso el día anterior el policía que estaba de turno me dejó usarlo sin problema. Entonces, asumiendo que ya teníamos el permiso, lo elevé. Ahí, cinco minutos después, nos llegó la policía y un mayor empezó a decirnos que eso era ilegal. Nos dijo que nos lo iba a decomisar, pero en ese momento llamó a unos patrulleros, que son los que manejan el de la policía. Ellos le ratificaron que no era ilegal, que era un juguete. Pero aún así el mayor cogió el dron, le sacó la memoria y borró todos los vídeos que teníamos ahí. 

Justo después nos volvieron a requisar. Yo tenía entre mis cosas la fotocopia del carné de un compañero de otro medio, junto con otros papeles. Ellos dijeron que yo me estaba identificando como un periodista de ese medio y que eso era ilegal. Yo les dije varias veces que no, que simplemente era una fotocopia y les mostré mis papeles, además de decirles que llamaran a mi medio, a ratificar lo que les decía. De todas formas me llevaron preso. 

Me llevaron al CAI, pero desde que me retienen lo primero que hicieron fue quitarme el celular y la cámara. Desde ese momento yo quedé totalmente incomunicado. Nadie sabía yo en dónde estaba. Desde que estaba en la celda empezaron a intimidarme, a decirme que yo era de los que les gusta embalar policías. Prendían mi cámara, miraban las fotos y me amenazaban. Todo el tiempo me negaron hacer una llamada, comunicarme de alguna forma. Me decían que era porque yo me había metido con el mayor, que por eso me iba a ir mal. 

En ningún momento me llevaron a la URI, sino que me pasaron directo a la Estación de Ciudad Bolívar. Ahí me encerraron en un cuarto. No me dejaron comunicarme en ningún momento. Me tomaron fotos a mí, a mi cámara, como si fuera evidencia de algún delito. Otra cosa extraña que sucedió fue que siempre me acompañaron dos agentes de la Sijín y dos patrulleros. Dos iban adelante y dos iban atrás conmigo. “Es que el mayor nos dijo que se la hiciéramos pagar a usted”, me decían. Ahí ya me empezó a dar mucho miedo. 

Fueron casi dos días en los que no me dejaron comunicarme con mi familia ni con el abogado que puso el medio para el que trabajo. Ellos se enteraron por mis compañeros. Todo el tiempo los policías me decían que me dejara ayudar, que llamara al medio y les dijera que no publicaran nada más, que les dijera que publicaran que yo ya había salido y que yo no era periodista. Lo mismo le dijeron a mi familia. Pero yo sabía que si les decía eso ellos podían hacer lo que quisieran conmigo. 

Siempre intentaron demorar mucho los traslados, no me dieron comida, no me dejaron comunicarme y en todo momento estaban intimidándome. Yo veía cómo le daban salida a otros, pero a mí nada. Incluso cuando ya me habían dado salida, bajó un superior de ellos y les dijo que me demoraran más. Todos en la estación sabían quién era el periodista y todos hacían lo posible para no dejarme salir. Todo eso fue muy traumático para mí. 

El fiscal manifestó que no hubo motivo claro para la captura, que tampoco hubo un procedimiento regular y que no entiende qué fue lo que pasó. Ordenó que me liberaran y que me entregaran todas mis cosas. Sin embargo, no me las entregaron ese día sino al día siguiente. Cuando llegué por ellas vi que me prendieron el celular y además me borraron todas las fotos que había tomado. 

Durante 8 días ningún medio había hecho cobertura de lo que pasaba. Ya habían ocurrido una serie de atropellos que no se habían registrado. Nosotros sentimos que la rabia de ellos vino de que nosotros mostramos que lo que estaban haciendo. Porque incluso Indira les dijo a los policías que nosotros éramos los que habían compartido el vídeo, que nosotros éramos los que habían mostrado eso. Yo, por ahora, sé que a Altos de la Estancia no puedo regresar, porque nosotros sabemos lo que son capaces de hacer. La verdad quedé con miedo. 

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