Desde el Centro de Estudios de Seguridad y Drogas (CESED) reflexionamos, quizás especulamos, sobre lo que está pasando en estos temas asociados a la seguridad y política de drogas en épocas de pandemia. Pensamos desde la incertidumbre estos problemas estructurales de nuestro país, los cuales en esta coyuntura quizás mutan, pero siguen presentes: la seguridad ciudadana en época de cuarentena, cambios en la situación de los consumidores y productores durante la pandemia, las políticas de erradicación por el coronavirus, las respuestas que puede ofrecer el sistema de salud.  Una columna a muchas manos y sobre temas varios:

Seguridad y Violencia

Por aquí quizás hay buenas noticas en algunos frentes y al menos inicialmente. Los reportes iniciales indican que la cuarentena nacional por causa del coronavirus está reduciendo niveles de criminalidad en todo el país. Esto puede ocurrir por varias razones. 

Primero, hay menos posibles víctimas en la calle y esta sub-oferta de posibles víctimas reduce las oportunidades para hurtos, por ejemplo. Segundo, el consumo de alcohol y la rumba están asociados con riñas y lesiones personales. Cuando no hay oportunidades para salir a la calle por la noche y tomar trago, debemos esperar que estos delitos caigan. Tercero, por cada persona en la calle durante la cuarentena, hay más policías vigilando, lo cual aumenta la probabilidad de captura si llega a ocurrir un delito. Así, en la medida que aumenten los posibles costos de cometer un delito, su incidencia disminuye. Finalmente, los criminales quizás también son aversos al coronavirus y preferirían no contraerlo, lo cual incentiva que por los menos algunos criminales se queden en casa.  

Sin embargo, no todos los indicadores son positivos. Es muy probable que la violencia intrafamiliar aumente, aunque de pronto las cifras no siempre lo reflejen. Las personas que se encuentran en casa con personas abusivas no siempre tienen a dónde ir durante la cuarentena para escapar de esa violencia y además se les dificulta el reporte. Esto es un tema que afecta a las mujeres de forma desproporcional. 

Por otro lado, en muchos territorios del país y de Latinoamérica, barrios urbanos y veredas rurales, se hace evidente la gobernanza criminal, de facto, y la rebelocracia. Actores armados, criminales organizados y otros grupos nacientes asumen el control de la pandemia, evidenciando su control territorial y legitimidad en los territorios. Allí donde el Estado siempre ha sido débil otros ocupan su lugar, no necesariamente en contradicción con sus objetivos, y siguen abonando el apoyo social que necesitan para continuar controlando el territorio y expandiendo su poder y negocios. Al mismo tiempo, y en aquellos territorios donde el Estado no hace presencia, la cuarentena no da tregua y asesinatos sistemáticos de líderes sociales se siguen perpetuando. 

Foto: Ricardo Torres

Consumo 

En el caso del consumo de sustancias psicoactivas, identificamos al menos cuatro grupos especialmente vulnerables que pueden no sólo ser afectados por el virus, sino expandirlo o presionar aún más el sistema de salud. El primero, son las personas en situación de vida en calle; el segundo, las personas que tienen algún grado de dependencia a algún tipo de sustancias legales o ilegales (incluyendo el alcohol y el tabaco); tercero, los pacientes con enfermedades crónicas; y cuarto, las personas que están muriendo (o en fin de vida). 

La cuarentena traerá probablemente una crisis sanitaria para los habitantes de calle, consumidores de basuco, y consumidores problemáticos de sustancias psicoactivas ilegales los cuales pueden ser un foco de recepción y de diseminación del virus.  

Para los habitantes de calle, los gobiernos municipales deberán tener refugios habilitados, y en Bogotá, por ejemplo, hay algunos avances sobre esto. Pero el manejo en cada ciudad dependerá del sistema de salud existente y la capacidad de respuesta del talento humano. El funcionamiento de los sistemas de salud tendrá la mayor parte de la atención pública en la respuesta al coronavirus. La salud de los habitantes de calle y otros consumidores vulnerables no será tratada como una prioridad. 

Por otro lado, la cuarentena y la dificultad en la comercialización puede traer problemas de abstinencia. El basuco, el pegante, y la marihuana no causan un síndrome de dependencia importante. Sin embargo, para otras sustancias psicoactivas, habría que tener asegurada la atención. En el caso de heroína (aunque no es el problema principal en Colombia)el tratamiento se hace con metadona, lo cual probablemente será deficitaria en los hospitales. 

También es posible que aumenten los casos de sobredosis, no sólo por el abuso de las sustancias sino por la mala calidad de estas. Así mismo, es posible que aumente el consumo de alcohol y tabaco en la población. También es probable un aumento de consumo de cannabis dada la ansiedad que el distanciamiento social y en general la crisis puede producir. 

Finalmente, en épocas de pandemia, la conversación alrededor de la muerte es inevitable. Todos tenemos terror de morir y de morir con dolor. Las personas y las familias que enfrentan enfermedades crónicas o el final de la vida tendrán probablemente limitado el acceso a medicamentos que les permitan manejar su dolor físico y de cuidados paliativos. Es posible entonces que crezca el mercado ilegal de Fentanil (Fentanilo usado en la anestesia para el dolor), pero no hay información sobre esto.  Esto puede generar un peso adicional para el sistema de salud en el momento en el que cualquier país llegue al pico de muertes por el virus. 

Producción 

La producción de marihuana y coca en los próximos meses es incierta. Dependerá, entre otros, del rol de la gobernanza criminal y del comportamiento del consumo. Si bien puede disminuir la demanda de cocaína y otras drogas (estimulante o psicodélicos) por el distanciamiento social, también hay reportes de aumentos en la demanda relacionados con el aprovisionamiento, y un aumento en la compra de sustancias psicoactivas vinculadas a mayores niveles de ansiedad y depresión (marihuana). 

Pero en general los motivos para producir drogas ilegales siguen vigentes. En el caso colombiano, la devaluación que experimenta el peso hace cada vez más atractivas las exportaciones, entre los cuales están la cocaína y, en menor medida, el cannabis. Según análisis preliminares, el debilitamiento del peso en los últimos años pudo haber contribuido a la expansión de cultivos ilícitos, y se podría extrapolar que la caída fuerte en 2020 también los impulsaría al alza. A esto habría que sumarle el posible impacto de una crisis económica que podría estimular en poco tiempo la resiembra o conversión a cultivos de coca y cánnabis, como también la migración de poblaciones vulnerables hacia zonas de producción, aumentando la base de nuevos productores. 

Adicionalmente, la cuarentena en poco o nada afectaría la cadena de suministros, la cual se nutre de sobornos, tan fáciles ahora como siempre. La gran mayoría de precursores químicos empleados en la producción de cocaína se consiguen localmente (ej. gasolina, cemento, ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, permanganato de potasio, etc.) y las importaciones para estos fines son bastante difíciles de rastrear, por lo amplios que son los usos industriales de estos químicos. Aunque restringido, hay continuidad en el comercio, lo cual significa que las principales rutas comerciales para el narcotráfico siguen abiertas, como también las dinámicas de corrupción que las acompañan. 

Foto: Ricardo Torres

Políticas de drogas

Este sería el momento y la oportunidad de repensar la política de drogas dando paso a políticas basadas en evidencia más progresistas, sensatas, y costo-efectivas, en particular por la crisis fiscal que se cierne sobre el país y el mundo.

Las políticas de erradicación forzada enfocadas a los cultivadores, así como las de encarcelamiento dirigidas a micro-comerciantes y consumidores, muestran un pésimo balance de costo-beneficio. El país haría bien en destinar los recursos derrochados en glifosato y cárceles hacia intervenciones que la evidencia muestra son más eficaces a todo nivel como la reducción de daños en el consumo, el control social de los cultivos, la sustitución voluntaria y gradual, y, por supuesto, la regulación.

Sin embargo, a la fecha, la tendencia parece estar en la dirección contraria. En plena cuarentena, hay reportes de operativos de erradicación forzada en el Caquetá, Putumayo y Catatumbo. Al mismo tiempo, se reporta una paralización del PNIS en algunos municipios, a pesar de que el cumplimiento con el programa por parte de los beneficiarios es superior al 90%. 

En vez de priorizar las intervenciones de salud pública en áreas rurales con poca o nula infraestructura hospitalaria y de fortalecer medidas para reducir la persecución a líderes sociales, se siguen adelantando trámites para reactivar la aspersión aérea: una política aún más costosa, con peor balance costo-beneficio que cualquiera de las alternativas y mucha mayor resiembra. Esta decisión del gobierno podría terminar llevando al límite a muchas regiones cocaleras, donde el ingreso promedio mensual por familia es inferior a 500 mil pesos, los servicios públicos en general son deficientes, y la legitimidad del estado central está bastante cuestionada. 

La insistencia en la erradicación forzada también demuestra un riesgo de que la tendencia hacia el autoritarismo continúe, lo cual nos expone a un aumento de arbitrariedades tanto del aparato estatal como de otros actores armados. A falta de control político y con los medios de comunicación volcados hacia la pandemia, se abren nuevos espacios para violaciones de derechos humanos, como lo demuestran la continuidad de asesinatos a líderes sociales y el sangriento motín carcelario reciente. 

Probablemente los planes nacionales y distritales para poner en marcha la política de drogas, incluyendo los programas de reducción de daños y atención a población vulnerable, quedarán paralizados pues el sector salud estará colapsado. Sin embargo, la atención se podrá seguir prestando dentro de rutas específicas permitidas por los lineamientos del manejo del coronavirus. Esto incluye servicios de urgencias, manejo de la intoxicación y otros eventos agudos. Sin embargo, es incierto si continuarán los ingresos para rehabilitación. Esta crisis en disponibilidad de servicio no se limita a la Colombia rural, donde de hecho siempre ha estado ausente. Como se ha visto en Europa, la poca preparación de los sistemas de salud pública ante un escenario de pandemia ha significado su saturación, resultando en la limitación de servicios que no sean vistos como de primera necesidad. Frente a esto, es importante preparar un esquema de manejo en caso de aumento de consulta de urgencias por abuso de sustancias psicoactivas.

Por todo esto no es aconsejable disponer de los recursos limitados del Estado para continuar con los planes de fumigación aérea con glifosato como punto central de la política de drogas, en lugar de re-direccionar estos recursos a la atención de población vulnerable (cultivadores y consumidores) en los campos y en las ciudades. También es necesario replantear la estrategia de justicia y cárceles hoy hacinadas por delitos asociados al narcotráfico. Ante la crisis de sanidad y hacinamiento, es necesario empujar políticas de emergencia para disminuir esta crisis carcelaria. Debatir por ejemplo la libertad para personas en último año de condena (con delitos menores y no violentos) y la situación de mujeres con niños y delitos menores asociados al microtráfico serían un buen punto de partida para la discusión. 

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