La decisión del presidente Iván Duque de no respetar los protocolos de terminación de la mesa de diálogos de paz con el ELN ha despertado el rechazo en varios sectores del país. Cerosetenta entrevistó a Sandra Borda, profesora de relaciones internacionales, sobre las implicaciones de esta decisión tanto a nivel nacional e internacional. Para ella, si el Gobierno desconoce los protocolos, se estaría comportando de la misma forma que la grupo guerrillero.
El Gobierno se apoya en el atentado como un ‘acto terrorista’ para justificar su silla vacía en la negociación, ¿qué opina de esa decisión?
Ese argumento tiene muchos problemas. Sugiere que si el ELN hace estas barbaridades entonces por qué le deberíamos exigir al Gobierno colombiano que respete los protocolos. La idea es que si ellos son unos bárbaros, nosotros no deberíamos salir a comportarnos como unos caballeros elegantes. Sin embargo, es justamente lo que hay que hacer. Uno no le debe exigir al Estado colombiano que se comporte de la misma forma que se comporta el ELN. Ahí es donde está el error enorme del uribismo: ellos están pensando que las guerras entre Estados e insurgencias no se pueden pelear asumiendo que el Estado tiene a la mano los mismos medios que tienen las organizaciones insurgentes ilegales. El Estado es un organismo legítimamente constituido, que tiene que respetar el estado de derecho y a sus ciudadanos, tiene un montón de compromisos nacionales e internacionales que restringen su comportamiento. Eso es positivo y hay que mantenerlo así. Lo otro es pedirle al Estado que se baje al nivel de la insurgencia para poder ganar la guerra. Pelear las guerras sin reglas es más fácil, pero perdemos muchísimo en materia de construcción Estado-Nación.
El año pasado leí una tesis doctoral muy interesante. Dice que hasta las organizaciones insurgentes están recurriendo cada vez con más sistematicidad y con más frecuencia al uso del derecho internacional humanitario. O sea, las insurgencias hoy en día enmarcan su comportamiento insurgente y tratan de presentarlo como uno que está ceñido a las normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH). Entonces, mientras las organizaciones insurgentes en el mundo están haciendo eso (no estoy hablando del ELN), en Colombia le estamos pidiendo al Estado que retroceda y que deje de respetar esas normas. Ese sería un Estado canalla, que gana a la guerra sin obedecer ninguna norma.
Las normas del DIH son las más respetadas, las más difundidas en el sistema internacional y las que menos se cuestionan hoy en día. Pelear una guerra sin estas reglas es ponerse en una situación muy parecida a la que está el ELN.
¿Qué son los protocolos y por qué son tan importantes?
El protocolo es una suerte de arreglo al que llegan las partes para que, a pesar de que se termine la negociación sin la finalización del conflicto o que la negociación haya sido un fracaso, se dejen las puertas abiertas para que en el futuro haya la suficiente confianza de una parte y la otra para volver a negociar. Por ejemplo, cuando finalizaron los diálogos en el Caguán, el Gobierno le dio a las FARC un tiempo para salirse de la zona de distensión antes de que ésta dejara de existir. Si el Gobierno no respetaba el protocolo, hubiera mandado a las Fuerzas Militares de una vez, sin avisarle a las Farc, para matarlos. No lo hacen porque así como hay protocolos de iniciación de la negociación, tiene que haber protocolos de finalización. Son casi que lo primero que se pacta en una negociación. Así, aunque no se pusieron de acuerdo, las partes se pueden volver a sentar a hablar en el futuro. Por eso, no se aprovecha la terminación de una negociación para eliminar al otro porque si no, nadie negociaría.
¿En realidad podría el Estado hacer caso omiso al protocolo de negociación con el ELN?
Es muy parecido a muchas cosas que pasaron durante la administración Uribe en donde la lógica siempre fue que, si había que sacrificar un poquito el proceso de inserción internacional positivo para satisfacer la lógica del conflicto armado, se iba a hacer. Y la lógica siempre fue esa: si hay que saltarse la frontera para agarrar el campamento de las FARC de Raúl Reyes, pues nos la pasamos; si hay que poner banderas de la Cruz Roja en los helicópteros para liberar a los secuestrados, lo hacemos. Las normas internacionales para ellos fueron un recurso accesorio que se podía saltar en aras de un bien común ‘más grande’, que era combatir y arrinconar militarmente a las FARC. En la administración Uribe, para ganarle la guerra a las FARC, lo consideraban perfectamente legítimo.
Uno no le debe exigir al Estado colombiano que se comporte de la misma forma que se comporta el ELN
La Administración Duque está en camino de hacer lo mismo: privilegiar el esfuerzo militar y en materia de seguridad contra el ELN, sacrificando el proceso de inserción internacional del país. Francamente, es un error. El mensaje que está mandando Duque es exactamente el mismo: si hay que sacrificar el good standing de Colombia en el escenario internacional, pues se va a hacer así. Me parece un error porque el Derecho Internacional y el derecho doméstico son un grupo de normas que uno debe respetar en medio de un conflicto armado. Las guerras se pueden pelear legalmente. El Derecho Internacional Humanitario está ahí, justamente, para el ejercicio de humanizar una guerra lo máximo posible. Se da por sentado que las guerras pasan, y están ahí para regular que no se comentan cosas terribles, que no se torture a la gente, que no se dañe a los civiles, etc.
Me preocupa la repetición de esa lógica, además, porque demuestra, en particular y todavía, esa relación tan débil con las normas, como si fueran un estorbo para pelear las guerras y no una garantía de que se pueden pelear causando el menor daño posible a la gente que no está involucrada. Y me preocupa, también, es que eso se traduzca en una visión muy flexible de las normas internas a la hora de pelear la guerra. Duque insiste en que quiere hacer todo esto en el marco de la legalidad, pero ya, pidiéndole a Cuba que se salte los protocolos e irrespetándolos completamente con el argumento de que esto lo firmó un Gobierno anterior y que este es otro, nos está metiendo en un lío internacional enorme.
¿Hay voluntades distintas dentro del Gobierno?
No. Hay mano dura y mano más dura. No hay nadie dentro del Gobierno, ni dentro de su partido –o por lo menos no se ha dicho públicamente–, que tenga dudas sobre la necesidad de acabar los diálogos con el ELN, menos después del atentado de la semana pasada. El Gobierno ha sido unificado y hay una posición sobre el punto, que creo que es más controversial, que es el respeto al protocolo. Ahí tampoco están dudando. Están en una posición que yo considero absolutamente equivocada, también, por dos razones fundamentales: la primera es de carácter doméstico –relacionada con el ELN– y la otra de carácter internacional.
En términos domésticos me preocupa la tesis que está manteniendo el Gobierno en este momento: que no pueden continuar con los diálogos con el ELN porque esa guerrilla no tiene voluntad política y hace cosas como el atentado de la semana pasada. Según esa tesis, cada cual se devuelve al escenario de guerra. El Gobierno va a intentar presionar militarmente al ELN para que al estar más debilitado, aumenten los costos de salirse de una mesa de negociación y así hacer que se sienten de nuevo en un futuro. Ese es el plan, porque la teoría del exterminio absoluto militar es muy difícil de respaldar, el ELN difícilmente va a desaparecer por vía militar. Pero si ese es el escenario, violar los acuerdos de finalización de una negociación ahora, rompe una confianza que es indispensable para un lado. ¿Con qué argumentos le vas a vender al ELN una posible negociación en el futuro?
En términos internacionales me preocupa que estos protocolos están respaldados por todos los países garantes que acompañaron la mesa de negociación. Eso, más o menos, equivale a una pieza de derecho internacional blando. Es un acuerdo entre Estados y la función de los garantes es justamente preocuparse por que estos compromisos sean de Estado y no de Gobierno. ¿Cómo sería el mundo si cada vez que un país cambia de Gobierno, cambia todos los compromisos internacionales que ha adquirido? Colombia le está mandando un mensaje muy equivocado a la comunidad internacional y eso puede aumentar su escepticismo frente unos futuros diálogos. No es conveniente para un país del tamaño de Colombia.
¿Qué responsabilidad concreta tienen los países garantes en este protocolo?
Uno que, además, es fundamental: darle la certidumbre a las partes de que hay alguien que va a vigilar que los acuerdos se cumplan. Entonces, si el ELN desconfía del Estado colombiano, hay estados que se sientan con ellos para decir si no cumplieron. Justamente por esa razón no tiene ningún sentido que Colombia intente saltárse los protocolos e ignorar el compromiso internacional que adquirió con ellos porque les solicitamos que estuvieran ahí para garantizar que se cumpliera lo que se había aprobado.
Noruega emitió su comunicado en donde exige el cumplimiento del protocolo. ¿Además del gesto diplomático, qué podrían llegar a hacer los demás países garantes? ¿Dar asilo, por ejemplo?
No es tan fácil. Después de terminadas las negociaciones, el ELN está en la lista de organizaciones terroristas que tiene Estados Unidos y la Unión Europea. Cuba, por ejemplo, ha estado buscando que lo saquen de esas listas. En 2015, el entonces presidente Barak Obama sacó a la isla de la lista de países auxiliadores del terrorismo. Lo que está tratando de hacer Cuba es no volver a entrar a esa lista porque no son anfitriones de terroristas, son anfitriones de procesos de negociaciones de paz.
¿Cómo sería el mundo si cada vez que un país cambia de Gobierno, cambia todos los compromisos internacionales que ha adquirido?
En el caso de el ELN, una guerrilla no está sentada en una negociación en calidad de terrorista sino en calidad de grupo insurgente. Si no, no negociaríamos con ellos. Pero si las negociaciones se acaban, readquiere el estatus de grupo terrorista. Sobre todo si hace un atentado como el de la semana pasada.
Ese rótulo pone a muchos países en problemas a la hora de pretender otorgarle asilo a estas personas. Le puedes otorgar asilo a un perseguido político, a un civil que esté sufriendo las consecuencias de un conflicto armado, pero es muy difícil dárselo una persona que pertenezca a una organización que es concebida internacionalmente como terrorista.
¿Qué papel puede jugar Venezuela en esta coyuntura?
Si hay un interlocutor con el que Cuba podría intentar resolver este problema es Venezuela. Además Cuba ha sido muy cercano al régimen venezolano, han estado cooperando en un montón de cosas (no todas buenas) y son muy cercanos ideológicamente. La posición de Cuba en este instante es mantener el compromiso que tiene en los protocolos y fundamentalmente con el ELN y no entregárselos a Colombia como está pidiendo el presidente Duque para judicializarlos y meterlos a la cárcel. No creo que Cuba lo haga, pero la otra cosa que tampoco puede hacer es darles espacio y que se queden en la isla porque no está interesado en seguir manteniendo la idea de que ellos son patrocinadores o anfitriones del terrorismo. La pregunta que se hace uno es: ¿entonces a dónde pueden ir? y la respuesta rápida es Venezuela, porque no hay otro sitio que políticamente tenga ninguna empatía con ellos y que los pueda recibir.
Ahora, lo que me cuestiono es qué incentivos de carácter político internacional puede tener el régimen de Maduro para meterse en ese lío, porque en este momento está lo suficientemente aislado del sistema internacional por múltiples razones como para añadirle otra que sea convertirse abierta y explícitamente en el santuario del comando central del ELN. Creo que van a calcular mucho. Aunque Maduro también puede decir: si ya nos tienen aislados, ¿qué más da? y podría recibirlos.
El punto en todo caso es que en este momento el Comando Central es una papa caliente para todo el mundo y eso va a plantear un desafío grande en materia de su seguridad, por lo menos hasta que puedan retornar a sus campamentos o a los lugares en donde combaten en Colombia.
