“La vida en el monte nos enseñó a reconocer que hay frutos que tienen poder, que son valiosos, pero que nadie sabe que existen”, dice sentada señalando a varios sacos de lona llenos, ubicados en una hilera. “Y aquí, en estos sacos, aunque no lo crea, estamos sembrando el futuro”. La que habla es Yuli Cuevas, gerente de la cooperativa de excombatientes de las FARC, Agropaz, uno de los 130 proyectos productivos colectivos aprobados en los últimos 7 años tras los Acuerdos de La Habana. Yuli es pequeña, corpulenta. Estuvo en la guerra por más de 17 años. Justo ahora empuña en su mano una rula para segar la hierba y en la otra tiene un óvalo oscuro, una nuez café, similar a un botón, que extrae de uno de los sacos para exhibirlo. “Este es un superalimento”, dice. “En la selva nos daba fuerza y ahora nos dedicamos a trabajarlo para poder sostenernos a nosotros y a nuestras familias”.        

Yuli vive en la vereda Filipinas en Arauca, un pequeño enclave rural a poco más de dos horas de la frontera con Venezuela. Allí llegó en 2016 junto con otros 450 firmantes de paz que fueron ubicados en este lugar, luego de la firma del Acuerdo para reincorporarse a la vida civil. Desde que dejó la guerra atrás, su vida transcurre como líder del Comité de Mujeres de Filipinas y la gerencia de Agropaz. La cooperativa cuenta con 32 afiliados que se han enfocado en el desarrollo de proyectos agroindustriales.  Su mayor apuesta ha sido la siembra de sacha inchi, el “superalimento” que Yuli tiene en la mano, un fruto amazónico que  llegó a Filipinas como solución a todos los retos que traía consigo la paz.  

Además del de Filipinas, los otros 130 proyectos se ubican en distintas partes del país y tienen como objetivo la producción y comercialización de productos que garanticen la sostenibilidad económica de los exguerrilleros. Entre los más renombrados se encuentra la cervecería “La Roja” o “Confecciones La Montaña”, proyectos estrella que están entre los 16 proyectos de firmantes de paz con mayor reconocimiento según la Agencia de Reincorporación y Normalización (ARN). En los 7 años de implementación, la financiación de los proyectos ha provenido de distintas fuentes. En un principio, el Estado era el mayor financiador, pero desde el 2020 se han concertado distintas alianzas con el sector privado a través del Fondo Colombia en Paz. La financiación extranjera también ha sido un pilar fundamental. Se calcula que hasta la fecha la inversión internacional ha sido de más de 70.000 millones de pesos.              

 En estos años en Filipinas han existido varios proyectos distintos al sacha inchi, también promovidos por Agropaz. “Al principio iniciamos con cerdos y con piscicultura también”, dice Yuli. Sin embargo, hay buenas razones para haber apostado por la siembra del sacha. Su buen precio en el mercado y su alta producción lo hace un buen candidato para convertirse en el producto insignia de la región. Perú, uno de los países en los que se siembra, que vio un auge en su cultivo a comienzos del milenio, reportó en 2021 una ganancia de 3,3 millones de dólares procedente de la exportación de productos de sacha. A lo que se suma, además, la estimación de un crecimiento del 4%, para el periodo 2024-2032, en la demanda de derivados alimenticios de este producto a nivel mundial, concentrado en el mercado europeo y estadounidense, según la compañía de análisis de mercado Research Reportsworld. 

En Colombia, el sacha no pasa desapercibido. Recientemente, el sector recibió un espaldarazo con el anuncio del ICBF de la inclusión del sacha inchi como componente de la Bienestarina. Las autoridades hablan de una vinculación de los productos de sacha provenientesdel Putumayo, en el suroeste del país. 

En Arauca, la situación no es igual de amable. Los buenos pronósticos han perdido efectividad con el paso del tiempo para los miembros de la cooperativa. “El Sacha es bendito, en serio. Pero últimamente ha habido mucho problema por aquí”, dice Yuli. Los problemas de seguridad y la falta de inversión se han vuelto un dolor de cabeza en los últimos años, lo que hace pensar si la viabilidad de este “superalimento” en la región no solo depende de las cualidades de la planta o del mercado, sino de factores más cercanos a la realidad de los excombatientes.      

La llegada del sacha inchi 

El sacha inchi es de origen peruano. El “maní del inca”, según su traducción del quechua, tiene una altura promedio de 10 metros y brota de manera natural desde hace más de 3000 años en la selva amazónica. Sus hojas son acorazonadas, de un profundo verde limón, y sus frutos son cápsulas de 3 a 5 cm que se extraen de la flor luego de 4 meses de maduración. Los primeros registros históricos que se tienen de él datan del siglo XVI. En una crónica de 1567, el naturalista español, Joseph de Acosta, lo menciona como uno de los productos esenciales de la dieta de los indígenas de Puno. Ya para entonces, sus beneficios nutricionales se consideraban de prodigio. El propio De Acosta menciona que gracias a la semilla tostada de esta planta “los indios tardaban en aprender en dos meses lo que los españoles tardaban en cinco”.    

Aunque en el Perú es un producto conocido, no fue hasta 1980 cuando comenzó a causar revuelo en la comunidad médica.  En ese momento, la Asociación de Alimentos de la Universidad de Cornell, encabezada por el doctor D. Hanzen, publicó un estudio científico en el que se analizaba la cantidad de aminoácidos esenciales en el fruto del sacha. Los resultados arrojaron que el contenido de Omega 3 y Omega 6 en la nuez era superior a cualquier otro alimento en el mundo, otorgándole la categoría de “superalimento”, un término que responde más al marketing, pero que no desconoce sus beneficios nutricionales. El sacha se compone de un 50% de aceite y 30% de proteínas altamente digeribles. La variedad de productos del fruto es amplía. El aceite de la nuez no solo es usado como insumo alimenticio (al igual que otra clase de aceites como el de linaza o el de soya), sino también como componente de productos cosméticos. La proteína, al procesarse, puede ser usada en la preparación de complementos nutricionales o como harina. Además, la nuez madurada es de fácil consumo y suele venderse confitada o como ingrediente para repostería.    

La historia del sacha inchi en Colombia se remonta a la década de los 90. Quien trajo el producto al país fue el sacerdote Alcides Jiménez Chicangana. Tras conocer la nuez en un viaje a Perú, Jiménez comenzó a fomentar la siembra del producto en el bajo Putumayo, iniciando las primeras extensiones de cultivo de sacha de las que se tiene registro en el país. Paradójicamente, Jiménez fue asesinado por las FARC en septiembre de 1998, sin imaginar que, veinte años después, la iniciativa agroindustrial que vislumbró comenzaría a desarrollarse al otro lado del país por excombatientes de esta guerrilla.  

La primera compañía colombiana que le apostó al “maní del inca” fue Summa Sach´a. La empresa, que nació en 2006, cuenta con una red de distribución internacional que opera en Ecuador, Perú y Costa Rica, de la que Agropaz hace parte como marca asociada. En 2017, su gerente, Carlos Palacios, junto con el apoyo del rector de la Universidad de Santander, Jaime Restrepo Cuartas, fueron los que propusieron el cultivo de sacha como modelo económico agroindustrial en el programa de sustitución de cultivos ilícitos en el país. El proyecto llegó a Arauca en 2019, gracias al entonces gobernador Ricardo Alvarado. La idea era trabajar junto con población campesina, excocaleros y firmantes de paz en la creación de cooperativas autosostenibles. 

“Acá en el departamento aparece una propuesta que la estaba trayendo también el gobernador en su momento”, dice Yuli sobre la sustitución de hoja de coca por sacha. Ya para entonces en Filipinas se conocían los beneficios de la planta y se tenían presentes otras cooperativas en el Meta que estaban incursionando en la producción y distribución de productos. “Nos enamoramos tanto del proceso cooperativo, porque ya lo veníamos estudiando en el transcurso de los diálogos de La Habana que de una vez lo tomamos como base para acogernos a la iniciativa”, complementa Yuli. 

A diferencia del azaí y del cacao, dos productos con los que se ha intentado sustituir cultivos ilícitos en otras regiones del país, el sacha tiene características similares en cuestiones de producción a las de la hoja de coca. En promedio, ambos tienen un desarrollo vegetativo a los siete meses y tienen una gran adaptación a climas cálidos o templados. En el caso del sacha es propicio cultivarlo a una altura de 100 a 1.500 metros sobre el nivel del mar, mientras que la coca entre los 700 a 2000 m.s.n.m. Las dos plantas tienen amplios periodos de productividad. Un árbol de sacha tiene una vida productiva de 14 años, mientras que la coca de unos 15 a 20 años en promedio.       

Yuli afirma que la propuesta de Palacios y Restrepo funcionó: “Además de nosotros, había otras personas, personas de aquí que no estuvieron en la vida en armas, que también se metieron a sembrar sacha”. En ese mismo año, 2019, Arauca fue reconocido como un departamento libre de cultivos usados para la producción de droga. Esa tendencia se ha mantenido en el tiempo. El informe de Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos 2021, publicado por la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (el más reciente al respecto) muestra que Arauca permanece sin cultivos de coca. 

Atascados en una promesa 

Filipinas, ubicado a una hora de trayecto de Tame, Arauca, se encuentra en el corregimiento de Puerto Jordán y allí viven 165 personas. La carretera que lo conecta con La Arenosa, el caserío más cercano, es una vía de placa-huella polvorienta que en temporada invernal se empantana impidiendo el tránsito de vehículos. La mayoría de sus casas son de techos de zinc rojos y paredes pañetadas.  En el único salón comunitario de la vereda hay un gran mural con la bandera de Colombia y una silueta blanca de Tirofijo que acompaña el eslogan: “1964-2017. 53 años de resistencia. FARC EP”. 

La primera hectárea de sacha inchi apareció en Filipinas en el 2018. Desde la carretera, se veían los penachos verdes del sacha tapizando la tierra. La planta procesadora llegó en febrero del año siguiente. Para que entrara en operación se creó una empresa llamada Filimarpaz, encargada del proceso de secado, trillado, selección y prensa de la nuez. “El sacha es como el café —dice Yuli— en el sentido en que a medida que se va madurando hay que irlo recogiendo y luego procesando”.  

En 2021, el número de hectáreas en Filipinas aumentó a quince. La promesa de una reincorporación económica exitosa parecía proseguir a buen ritmo. Los productos habían sido promocionados en algunas ferias locales, en Arauca, y 300 botellas de aceite se encontraban ya exportadas a Bélgica, gracias a la intervención de un organismo internacional. En una nota para el programa televisivo La finca de hoy, Wladyslaw Aguirre,  fundadoR de la cooperativa y quien sigue siendo uno de los optimistas de este negocio, menciona: “Nuestra reincorporación es comunitaria. Estamos diciéndole al campesino que se puede hacer industria en la región”. El optimismo de Aguirre, no obstante, contrasta con testimonios de otros firmantes de paz de Filipinas que manifiestan, en otros reportajes realizados por Colombiacheck y el periódico digital La voz del Cinaruco, preocupaciones relacionadas con la sostenibilidad del proyecto que fueron tomando forma unos meses después. 

Liliana es otra de los miembros de Agropaz. A diferencia de Yuli, quien es de Arauca, Liliana supo del proyecto a través de excompañeros con los que coincidió en el frente 33 del Bloque Catatumbo, oriundos de Norte de Santander. Liliana vive en Bogotá. Más que afiliada a la cooperativa se denomina inversionista. Cuando habla del sacha inchi, piensa de inmediato en el concepto de ‘seguridad alimentaria’. “Esta nuez puede ayudar mucho”, asegura.   

 En el caso de Agropaz, reconoce las bondades del modelo cooperativo y el empuje con el que empezó el proyecto. “Tras la firma, nosotros teníamos derecho a un recurso de ocho millones para invertir. Ocho millones para una persona realmente no es mucho. Entonces nos juntamos treintaitrés compañeros y ya pues era un recurso más amplio, porque ya es multiplicar treintaitrés por ocho”.   

Liliana complementa mencionando que la acumulación de este monto sirvió como plante para la compra de un tractor y para la formalización legal de la cooperativa. “Luego, tras el papeleo necesario ante la Agencia de Reincorporación y Normalización (ARN), fuimos habilitados para recibir capacitaciones de mercadeo y tecnificación”. El programa Paso Colombia de la organización One Earth Future, se encargó de certificarlos en el manejo de la planta procesadora, mientras que la Universidad de Los Llanos les ayudó con un plan financiero para la distribución del producto. 

Pese a todo, para Liliana, quien fue enfermera y luego laboratorista de las FARC por 16 años, el problema de los proyectos de sacha inchi (y de Agropaz, en general) es claro: “No hay sostenibilidad en el tiempo. No somos capaces de sostenernos en el mercado, ni tenemos la posibilidad de competir”. Para ella, el modelo financiero y la inyección de capital para la apuesta por el sacha comenzó a agrietarse desde hace mucho: “el fondo multidonante de la comunidad internacional es el que ha sostenido todo el peso de lo que fue el acuerdo, pero eso no es para siempre”.

Sus dudas sobre la continuidad de la cooperativa tienen que ver con el mantenimiento de las cosechas y el margen de ganancia que deja la venta de los productos. “Cada año estábamos vendiendo una cosecha y volviendo a sembrar, y al final del año veíamos cuánto quedaba para cada afiliado. Pero las cifras no daban. Era muy triste ver que después de tanto esfuerzo a uno le quedaban 200.000 pesos. ¿Dígame eso para qué alcanza?”. La escasez de compradores y la falta de alianzas son una constante en los últimos años. “Cuando arrancamos teníamos la seguridad de que varias empresas venían y nos compraban todo, mientras acababa la cosecha. Ahora ya no hay de eso”.   

El calvario de la seguridad  

Los proyectos productivos también han sido golpeados por los rezagos de la guerra. En Filipinas, el primer embate del post acuerdo cobró la vida de Juan Vicente Carvajal, conocido en la guerra como “Misael”. El homicidio ocurrió en 2018 en la vía entre la vereda Galaxias y Filipinas. Omaira Fuentes, otra de los 32 miembros de Agropaz, cuenta que ese asesinato abrió las puertas para cuestionar la seguridad que se prometió a los excombatientes en los Acuerdos de paz. “El miedo aparece otra vez. El día del velorio del camarada Misael, por ejemplo, nos marcaron las puertas con letreros del AUC”, dice.

Aunque, como consecuencia de la muerte de “Misael”, se reforzaron los esquemas de seguridad en la zona, los hostigamientos han continuado a lo largo de los años.  La presencia de grupos de la disidencia de las FARC y del ELN cerca de la frontera con Venezuela, hace de Filipinas un sector peligroso. En 2020, el excandidato al senado por el partido Comunes, Alfonso López Méndez, denunció los hostigamientos en el portal Nueva Colombia Noticias: “En esa zona están haciendo presencia los miembros de la tal llamada disidencia, que realmente en nuestro conocimiento no existe porque todos los integrantes del Décimo (frente) y todos los frentes de este lado hicimos dejación de armas y nos comprometimos a no volver a delinquir y entonces pues creo que son ellos los responsables de eso”.              

La violencia impactó de lleno a Agropaz ese mismo año. Luis Alexander Largo, por entonces gerente de la cooperativa, fue asesinado en La Uribe, Meta, en un atentado. Largo había ingresado a principios de 2020 a la Unidad Nacional de Protección (UNP) como escolta. Pertenecía al esquema de seguridad del líder fariano Jesús Monroy. “El solo hecho de nosotros haber sido guerrilleros, hoy en día excombatientes: eso nos marca a nosotros”, sentenció, mientras realizaba la extracción del fruto en un árbol de sacha enano, en un reportaje aparecido a inicios de 2019 que promocionaba los proyectos productivos de excombatientes.

Entretanto, la amenaza sigue siendo algo latente en la región. En 2023, Indepaz registró el asesinato de 34 firmantes de paz. Todos hombres. Tres de ellos asesinados en Tame, en el departamento de Arauca: Eduardo Marlon Mejía, Jairo Alexander Toroca y Miguel Ángel Ariza. Toroca era el vicepresidente de la Asociación Flor de la Sábana, una agremiación de exguerrilleros que lleva a cabo un proyecto productivo de ganadería doble propósito; junto con Ariza cumplían su proceso de reincorporación en Filipinas. En ese año Arauca igualó a Guaviare, Antioquia y Chocó en la cantidad de firmantes asesinados. Aunque esta cifra no parece demasiado alta, no se aleja del registro del Cauca, el departamento donde más se contaron asesinatos de firmantes de paz, con una cifra de cinco en total.  

Después del homicidio de Jairo Alexander Toroca, en septiembre, la comunidad exigió que se hiciera un Puesto de Mando Unificado (PMU) con el fin de buscar alguna solución a la situación de inseguridad que estaba enfrentando la zona: “Eso realmente no se pudo porque mandaban funcionarios de muy bajo nivel –comenta Liliana–. No tiene mucho sentido ir a dar un saludo y decir que van a trasladar la información”. El PMU solicitado por la comunidad no se llevó a cabo y los actos de violencia continuaron.  

En Filipinas, temen que ocurra lo mismo que en el ETCR ubicado en Vista Hermosa, Meta. A mediados del 2023, 170 familias de firmantes de paz tuvieron que ser reubicadas en Granada por amenazas de grupos al margen de la ley. Los excombatientes fueron trasladados aproximadamente a 66 kilómetros de su punto inicial. “Ante esa situación, pues uno tampoco es que tenga muchas expectativas, porque si hay que desplazarse, pues se quedan los cultivos y se queda prácticamente toda la infraestructura que se montó”, concluye Liliana. 

A expensas de la incertidumbre 

Yuli está de pie junto a la cerca de un potrero que pronto estará acolchado de árboles de sacha inchi. “Esta es la primera cosecha que hacemos como en año y medio”, dice. Los últimos cultivos no fueron exitosos. La crecida del río en el 2022 se llevó dos hectáreas que estaban listas para ser recogidas y dejó anegado el terreno. Yuli menciona que en este momento la cooperativa se encuentra en una transición. La capacidad productiva de la planta se está reactivando. “Ya no tenemos productos hechos, porque se nos quedaban. Lo que nos piden se va haciendo (con las reservas que tenemos) a medida que la gente lo va comprando. La sacha es un fruto agradecido: se puede conservar por meses si se tiene bien resguardado”.              

Los productos fabricados por los excombatientes de Filipinas no son muchos. Producen aceites, cosméticos, tónicos capilares, jabones, cremas, porciones pequeñas de las nueces saladas o confitadas con chocolate. El precio de una botella de 250 mililitros de aceite de sacha prensado en frío cuesta 35.000 pesos colombianos (8.7 USD). Las porciones personales de nuez fluctúan entre los 4.500 y 5.000 pesos (1.25 USD). Ninguno de los productos cosméticos supera los 15.000 pesos (3.75 USD). Las ventas que realizan por lo general se van en el sueldo de los dos trabajadores fijos que tienen y en los viajes, cada vez más espaciados, que miembros de la cooperativa realizan para promocionar la marca. “Ahora hasta ir a una feria sale demasiado caro”, menciona Yuli.  

Carlos Palacio, gerente y fundador de Suma Sach´a, y quién en su momento llevó la propuesta de sustitución de cultivos a Arauca, considera que la disminución de la venta de productos en Colombia tiene que ver con el coletazo de la pandemia y la escasez de materia prima: “Aunque el consumo a nivel nacional se ha incrementado es indispensable aclarar que en la cadena de producción fallamos por no ser previsivos”. En el caso de Arauca, menciona que los últimos dos años hubo una merma importante de producción por cultivos que “se dañaron” por falta de asistencia técnica derivado del aislamiento de la pandemia, pero enfatiza que el modelo de negocio que propuso e implementó en la región es exitoso. “Las personas que hacen parte del proyecto deben cambiar la mentalidad: ellos no son los agricultores que venden materia prima y se ganan lo del cultivo, ellos son empresarios dueños de una marca que tienen que tener en cuenta una inversión y una ganancia”. 

A lo que se refiere Palacio es a la cadena de producción que usa en su modelo de negocio basada en los estudios de la siembra y distribución de coca en el país : “Nosotros en Colombia desarrollamos cadenas productivas bastante restrictivas, en las que si el agricultor que me da la materia prima no tiene, se jode el consumidor. Nuestra idea con el sacha es más bien copiar la estructura de un cartel de droga, donde esa cadena de valor no se pierda por falta de participación. Si tengo un contrato con alguien y no tengo nuez por ejemplo en Bolivar, que es donde tenemos nuestro centro operativo,  entonces la traigo de Putumayo o de Arauca; y así en el fondo impulsamos una marca conjunta que se ayuda entre todos”.                     

Lo cierto es que las cifras del último año para Suma Sach´a, que continúa siendo la compañía más grande en el sector del sacha en el país, tampoco fueron favorables. Tras un cambio en las directrices administrativas que excluye la exportación de nuez al Perú y la falta de materia prima para cumplir con contratos pactados, las ventas acumuladas anuales fueron de 1.700 millones, un número modesto comparado con las ventas de más de 2.000 millones de pesos en el 2020 y de más de 3.000 millones en el 2021. “Esto impacta a todos nuestros socios, incluido los de Arauca”, menciona Palacio.

Otro factor que parece afectar la competitividad del proyecto son los escasos incentivos financieros que el sector público inyecta a cultivos poco convencionales. Pese a que la cifra que entrega Finagro de desembolso de créditos por redescuento —figura mixta en el que el dinero es liquidado por Finagro, pero la aprobación del crédito lo hace una institución bancaria— es de 6,7 billones de pesos para el periodo de enero-octubre de 2023, el porcentaje para cultivos no tradicionales, según Carlos Palacio, “fue nulo”. “Los créditos los aprueba por lo general el Banco Agrario y allá piensan que lo único que se hace en el campo es ganadería extensiva y café”, complementa.      

Yuli, entretanto, se mantiene expectante . Todavía de pie, contempla la tierra de la que brotará dentro de un par de meses la nuez de sacha. “Lo que le decía antes, la gente no conoce esto. Hace falta educación para que este producto se pueda vender más”, dice caminando hacia dos samanes enormes que dan sombra al caño artificial que crearon hace un par de años en Filipinas para una granja de cachamas. “Por ahora todos nos ayudamos con la plata que nos llega cada mes por ser firmantes de paz”, asevera, haciendo referencia a la asignación mensual del 90% de un salario mínimo legal vigente pactada tras la firma del Acuerdo para cada excombatiente. “Habrá que ver qué pasa”, dice. 

Mientras tanto, los árboles de sacha inchi continúan creciendo a ritmo pausado en los potreros. Yuli los contempla atentamente, con algo de impaciencia. Al final, como ella misma lo mencionó, es en esos árboles, en sus frutos con forma de estrella que en el pasado hacía más inteligentes a los indios que a los españoles, en los que ella y los demás miembros de Agropaz han depositado todo su futuro.