Con un tamaño de cinco terabytes, la filtración contiene más de 7 millones de correos electrónicos de la Fiscalía de Colombia, entre ellos correspondencia con embajadas y autoridades de todo el planeta.
¿Qué es el proyecto NarcoFiles?
NarcoFiles: el nuevo orden criminal es una investigación internacional sobre la situación actual del crimen organizado y sobre aquellos que lo combaten. Esta colaboración de más de 40 medios es el mayor proyecto de investigación sobre este tema que nace en América Latina, una región golpeada por el tráfico de drogas, así como la estela de violencia y corrupción que deja.
El proyecto se originó con una filtración de correos electrónicos de la Fiscalía General de la Nación de Colombia. La filtración fue compartida el año pasado con OCCRP y con varios medios latinoamericanos, entre ellos, Cerosetenta / 070, Vorágine y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP).
OCCRP recopiló esos datos e invitó a medios de 23 países de América y Europa para analizar su contenido. Las investigaciones resultantes ofrecen una ventana única sobre cómo colaboran, se comunican e innovan los grupos criminales en un mundo globalizado.
En 2022, un grupo de ‘hacktivistas’ conocido como Guacamaya obtuvo los correos electrónicos tras infiltrarse en el servidor Microsoft Exchange, una plataforma que usa la Fiscalía colombiana. En un comunicado de prensa atribuido a ese colectivo, Guacamaya explicó que puso en el punto de mira a las instituciones a las que acusa de favorecer la corrupción y el crimen organizado.
Microsoft había pedido a sus clientes hacer una actualización de seguridad a principios de ese año, pero numerosas compañías e instituciones en Latinoamérica no las llevaron a cabo. Guacamaya fue capaz de sacar partido de esta vulnerabilidad para piratear la Fiscalía así como otras instituciones militares y policiales, agencias regulatorias y compañías a lo largo de América Latina.
Guacamaya compartió los datos con dos organizaciones: Distributed Denial of Secrets, un colectivo que distribuye y archiva datos filtrados de interés público y Enlace Hacktivista, una página web que publica información relativa a herramientas y noticias de hackers. Estos dos grupos compartieron esa filtración con OCCRP y con varios medios Latinoamericanos.
En octubre de 2022 la Fiscalía lanzó una investigación criminal sobre el ataque. La institución aseguró que también abrió un proceso administrativo contra el contratista a cargo de la infraestructura digital. En enero de este año, la vicefiscal Martha Mancera dijo que la institución estaba tomando medidas para reforzar la ciberseguridad.
OCCRP y sus socios en Colombia enviaron un cuestionario a la Fiscalía y pidieron una entrevista en relación con la filtración. Al momento de la publicación, la Fiscalía no había respondido.
Con un tamaño de cinco terabytes, la filtración contiene más de 7 millones de correos electrónicos de la Fiscalía de Colombia, entre ellos correspondencia con embajadas y autoridades de todo el planeta. Los archivos – que también contienen audios, imágenes, PDFs, hojas de cálculo y calendarios– datan desde 2001, aunque la mayoría de ellos se concentran entre 2017 y 2022.
Los documentos en la filtración revelan detalles únicos sobre el funcionamiento interior de las bandas criminales internacionales así como los esfuerzos de las fuerzas del orden para desmantelarlas. En sus investigaciones, los reporteros exploran seis temas principales:
Para confirmar la autenticidad de la filtración, los reporteros contrastaron los datos con otras fuentes, por ejemplo cruzaron los números de referencia de casos judiciales con información que está disponible de forma pública. Los números de identificación pueden ser confirmados en bases de datos públicas, mientras que los nombres de las sociedades y la información sobre propiedades aparecen en los registros. Los nombres de fiscales y agentes fueron también comprobados en las páginas de internet de las distintas agencias.
Para verificar aún más a fondo la información que encontraron, los reporteros enviaron peticiones de información pública, revisaron cientos de documentos públicos y privados así como bases de datos, entrevistaron a autoridades, criminales convictos, expertos y a víctimas del tráfico de drogas.
Después de clasificar la información filtrada, los reporteros identificaron en los correos temas de interés que emplearon como puntos de partida para investigar más a fondo. En la mayoría de casos, los documentos de la filtración acabaron siendo solo una pequeña porción de las fuentes que se emplearon para cada historia. También se tomaron medidas para proteger a terceros y evitar alterar investigaciones en curso.
El crimen organizado alimenta la corrupción, devasta el medio ambiente, siembra desigualdades y frena el desarrollo económico. Por eso es fundamental que el periodismo de investigación exponga a las personas que están detrás del tráfico de drogas y otras actividades criminales y explique cómo opera.
En Colombia, los ciudadanos tienen derecho a acceder a información de interés público, y los medios de comunicación tienen derecho a publicar esta información, independientemente de la fuente. Uno de los más altos tribunales del país, la Corte Constitucional, ha subrayado que ninguna fuente está intrínsecamente fuera del alcance de los periodistas.
Jonathan Bock, director de la Fundación para la Libertad de la Prensa (FLIP), una organización colombiana que aboga por la libertad de expresión, le dijo a OCCRP que “el derecho a la libertad de expresión significa que los medios de comunicación tienen derecho a difundir información según su propio criterio editorial, siempre que actúen en cumplimiento a la Le y bajo la responsabilidad periodística”.
Periodistas de más de 40 medios publican investigaciones en el marco del proyecto NarcoFiles. Estos medios son:
