El primero fue en 2015. Ese año más de sesenta mil personas se congregaron en la Plaza de la Constitución en Ciudad de Guatemala para protestar contra la corrupción, después de que la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) denunciara una red de contrabando aduanero en la que estaban involucrados el presidente del país, Otto Pérez Molina, y la vicepresidenta, Roxana Baldetti. Guatemala, un país más bien silencioso, con un historial de tres décadas de conflicto armado interno y represión, se manifestó y logró que los dos mandatarios renunciaran a su cargo y fueran procesados.
En ese momento la sociedad civil guatemalteca estuvo respaldada por la comunidad internacional y por grandes grupos empresariales del país como la Cámara de Industria y por Comerciales, Industriales y Financieras (CAFIC), según contó en su momento la prensa nacional e internacional.
El segundo episodio se dio entre 2016 y 2017, cuando CMPC –un gigante de la producción de papel higiénico en Chile— acordó pagar una indemnización aproximada de diez dólares a cada ciudadano mayor de 18 años del país, después de que sus ejecutivos aceptaran haber participado en un acuerdo colusorio. O sea, un cartel del papel higiénico como el denunciado por la Superintendencia de Industria y Comercio hace unos años en Colombia.
Los denunciantes chilenos fueron representados por Conadecus y Odecu, dos ligas de consumidores chilenas, y la mediación la hizo la organización estatal Servicio Nacional de Consumidores (Sernac). Los resultados de esta negociación fueron inéditos para los consumidores de este país y de Latinoamérica en general. Ciento cincuenta millones de dólares fue el monto que tuvo que pagar CMPC a la ciudadanía.
La manifestación pública en las redes y en la calle, práctica tan tradicional en Argentina como el mismo asado, ha inundado las calles de las ciudades de verde.
El tercer momento fue hace unos días en Argentina, cuando la Cámara de Diputados aprobó la interrupción voluntaria del embarazo y le cedió la palabra al Senado para que lo legitimen de una vez por todas. Para llegar a este punto, el movimiento feminista argentino ha madurado por más de tres décadas con eventos como el Encuentro Nacional de Mujeres, que desde 1985 congrega a mujeres de todo el país para discutir temas como el aborto, la maternidad, la economía y las políticas públicas por un país más igualitario. En la primera edición tuvieron una asistencia de mil personas, en 2017 hubo más de sesenta mil.
La manifestación pública en las redes y en la calle, práctica tan tradicional en Argentina como el mismo asado, ha inundado las calles de las ciudades de verde, color bandera de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito – Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Todo esto a pesar de tener en el poder ejecutivo un gobierno más bien conservador y neoliberal.
Estos tres momentos son claves para ayudarnos, nuevamente, a repensar los poderes en Colombia. La Constitución del 91 habla de una división tripartita: Legislativo, Ejecutivo y Judicial y, aunque también fortaleció en su momento la legalidad de la participación ciudadana, el movimiento sigue siendo más bien débil en el país. Tanto así que no hemos logrado blindar la seguridad de aquellos que se atreven a ir en contra del status quo. La prueba son los casi 300 líderes sociales asesinados desde 2016, según la Defensoría del Pueblo.
La propuesta es entonces hacer una intersección entre estos momentos recientes de nuestra región y aprender las lecciones para construir una sociedad civil de oposición más despierta y robusta. Necesitamos hacer alianzas con grupos empresariales y con la comunidad internacional, que se trabaje de manera constante, unida y pacífica. De nada sirve callarnos, nadie nos puede poner la mano en la boca, pero esto es diciendo y haciendo. Necesitamos, como deber ciudadano, aprender a sacar políticos corruptos, a oponernos a cualquier tipo de violencia (contra los seres humanos y contra el medio ambiente) y a exigirle indemnización a las empresas tramposas. Para hacerlo precisamos garantías y, sobre todo, necesitamos unirnos. Todo esto es lo que nos toca, aunque el cambio nos cueste otros 15 años.
