Desde que Margarita Cabello asumió como procuradora general de la Nación, la entidad ha firmado dos millonarios convenios con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI),  un organismo de cooperación multilateral entre 23 países de habla española y portuguesa de la región, que tiene presencia en Colombia desde 1971. No se debe confundir con la Organización de Estados Americanos (OEA). 

La OEI tiene su sede principal en Madrid, España, y se financia a través de las cuotas obligatorias y los aportes voluntarios que efectúan los gobiernos de los estados miembros y con las contribuciones que, para determinados proyectos, aportan instituciones, fundaciones y otros organismos interesados en mejorar la calidad educativa y el desarrollo científico-tecnológico y cultural de Iberoamérica. 

El organismo no solo ha firmado convenios con la Procuraduría. A finales de julio pasado, el Ministerio del Deporte demandó a la OEI por presuntos incumplimientos en un convenio de $76.000 millones, según informó La Patria. También firmó otro de sus convenios en 2006, por $14.000 millones, con el entonces gobernador de Casanare Whitman Herney Porras. Porras aceptó haber suscrito el negocio público sin cumplir con los requisitos de la Ley en 2018, según El Colombiano. Por ello fue condenado en última instancia a cinco años y casi diez meses de cárcel, recibió una multa de más de 84 salarios mínimos legales y fue inhabilitado para ejercer dignidades públicas por casi seis años y medio.

En la Procuraduría, el primer convenio con la OEI se firmó cuando Cabello llevaba apenas cuatro meses en el cargo, el 19 de mayo de 2021. Se trató del convenio 140 de 2021, por $26.495.160.000, concebido para “aunar esfuerzos entre la Procuraduría y la OEI” dentro de un proyecto de cooperación y asistencia técnica del organismo. De este monto, la Procuraduría se comprometió a desembolsar $12.588 millones para desarrollar una “estrategia de diálogo social”, un proyecto que ya se había trabajado en años anteriores con los procuradores Fernando Carrillo y Alejandro Ordóñez, como le confirmó la OEI a Cuestión Pública. El convenio también ha servido para formar funcionarios a través de diplomados y desarrollar sistemas de información con datos de la entidad. 

El segundo convenio de la Procuraduría con la OEI fue firmado un día antes de navidad, el 23 de diciembre de 2021. Esta vez fue para “apoyar la modernización tecnológica de la Procuraduría General de la Nación” por $38.734.919.016. En ese momento el primer convenio seguía vigente.

La Procuraduría aportó a este segundo convenio un poco más de $18.000 millones, mientras la OEI puso el resto del dinero. Según le dijo el organismo internacional a Cuestión Pública, “con recursos de la Procuraduría se han contratado” a 12 personas, a la Universidad Nacional por $4.813.000.000 y a la Universidad Externado de Colombia por $650.000.000. Entre los objetos de los convenios firmados por la Procuraduría y la OEI está la capacitación de funcionarios de la Procuraduría a través de diplomados.

Se trata de recursos públicos adjudicados a través de una intermediación con la OEI que estarían burlando principios y reglas de la contratación de las entidades estatales señalados en la Ley 80 de 1993. La OEI estaría adelantando gestiones que, en algunos casos, el Ministerio Público podría licitar por medio de procesos competitivos y con convocatoria pública a distintos oferentes.

Los contratados

Con el dinero de los convenios entre la OEI y la Procuraduría se contrataron personas reseñadas en la vida política nacional, o con evidentes conexiones a políticos y funcionarios. Estas son las ‘estrellas’:

1. Martha Isabel Castañeda Curvelo:

Fue Juez Cuarta Penal Municipal en Santa Marta (1979), fiscal del Juzgado Cuarto Superior de Santa Marta (1983) y magistrada del Tribunal Administrativo del Magdalena (1990). En 2009 el entonces procurador general Alejandro Ordóñez la nombró viceprocuradora general de la Nación. En septiembre de 2016, Martha Castañeda reemplazó a Ordóñez en el cargo, mientras él recibía la notificación sobre la nulidad de su reelección.

Ante el presidente @JuanManSantos tomó posesión de su cargo la procuradora general, Martha Isabel Castañeda Curvelo. pic.twitter.com/35fYBjZo9w

— Procuraduría General de la Nación (@PGN_COL) September 23, 2016

En octubre del 2001 la entonces magistrada Castañeda Curvelo, y otros dos magistrados del Tribunal Administrativo del Magdalena, fueron condenados por el Consejo de Estado por violar los derechos de una funcionaria de la Rama Judicial que fue apartada de su cargo de manera indebida. Las personas condenadas habrían tenido que devolverle a la Nación cerca de 400 millones de pesos por haber violado el debido proceso de la afectada, puesto que no tuvieron en cuenta los motivos que la obligaron a ausentarse de su trabajo. 

En la Procuraduría, Martha Castañeda estuvo detrás de las luchas de su entonces jefe Alejandro Ordónez: pidió tumbar los fallos de la Corte Constitucional que despenalizaron el aborto en tres casos, el que mantuvo la dosis mínima de droga, el que dio estatus de familia a las uniones homosexuales y el que acabó con las megapensiones de los cargos más altos del legislativo y del judicial, según informó El Tiempo.

2. Erika Patricia Escaf Vergara

Una exintegrante del Equipo Administrativo de Empalme con el que Margarita Cabello ingresó a la Procuraduría, fue una de las ‘fichadas’ por el convenio entre la OEI y la Procuraduría. Su contrato, que se extendió hasta el 17 de diciembre de 2021 y que valió $80 millones, consistía en asesorar a la OEI.

Paradójicamente, Escaf Vergara fue destituida en 2020 en primera instancia por la Procuraduría Provincial de Barranquilla por irregularidades en la construcción de una urbanización en Soledad (Atlántico), municipio del que fue secretaria general durante la administración de Joao Herrera (2016-2019), como contó W Radio. Una fuente que solicitó proteger su identidad afirmó que Erika Escaf es integrante del clan Char, que ha sido señalado históricamente por presunto involucramiento en narcotráfico y compra de votos.

3. Álvaro Namén Vargas

Fue magistrado auxiliar del Consejo de Estado, desde 2006, y miembro pleno de la Sala de Consulta y Servicio Civil, desde 2013 hasta 2021. Ocupó los cargos de vicepresidente en 2019 y presidente del Consejo de Estado en 2020.

Después de su salida de la alta corte, celebró un contrato de $60 millones en el marco del convenio entre la Procuraduría y la OEI que tenía fecha de terminación al 31 de enero de 2022. Además de este, Namén Vargas ha suscrito dos contratos con el Departamento Nacional de Planeación (DNP), en 2021 y 2022, por $313.136.381, y con el Fondo Único de TIC en 2022 por $357 millones. Su hoja de vida hallada en la web de la Corte Suprema de Justicia muestra que en 2022 también fue contratista de la Fiscalía General de la Nación y la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente.

Según su perfil en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP), ahora es contratista en la Vicepresidencia Jurídica de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). El SIGEP también consigna que Namén Vargas ha sido registrador delegado en la Registraduría (2002-2006) y asesor del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (1995-1996) durante el mandato del expresidente Ernesto Samper.

Los viajes de Cabello

Tras la firma del primer convenio (mayo de 2021), la procuradora Cabello comenzó una gira por Colombia. El primer viaje fue a San Andrés y Providencia, el 28 de julio de 2021, cuando acompañó la reconstrucción de las islas tras el paso del huracán Iota en noviembre de 2020. Aunque el presidente Duque había prometido la reconstrucción del archipiélago en 100 días, ocho meses después, cuando Cabello viajó, la promesa seguía en veremos. 

Solo un año después del huracán y cuatro meses desde la visita de Cabello, en noviembre de 2021, la Procuraduría entregó un informe de vigilancia en el que resaltó varias falencias en el plan de reconstrucción del archipiélago. Allí pidió atención sobre el hospital de San Andrés que, aunque contaba con los recursos, las obras para su construcción no habían comenzado. Cabello también estuvo en Pereira el 10 de septiembre de 2021, donde se realizó un comité regional de vigilancia electoral; y en Mocoa, el 23 de septiembre, para vigilar el proceso de reconstrucción de la ciudad tras los deslizamientos e inundaciones ocurridos en 2017. 

Estas visitas fueron financiadas con plata del convenio con la OEI. El organismo internacional contrató a la operadora logística Du Brands, una de las diez más grandes del país, para organizar los eventos: comidas, bebidas, pantallas, alquiler de salones, mesas y transportes. Días atrás, el 2 de septiembre, Du Brands ganó una licitación con la OEI para administrar una bolsa de $5.000 millones que tiene el organismo internacional para este tipo de gastos. La OEI pagó $58.887.150 a la operadora por el evento en Pereira y $72.275.840 por el viaje a Mocoa. Du Brands también ha sido contratista de la Contraloría General de la Nación, el Ministerio del Trabajo y la Agencia Nacional De Hidrocarburos (ANH).. 

La firma Du Brands además fue la operadora logística que Iván Duque contrató durante su campaña en 2018 para manejar la pauta publicitaria. En total, Duque reportó gastos por más de $15.327 millones con la empresa. En esta compañía trabajó el hijo de Luigi Echeverri, asesor de Duque y actual presidente de la junta directiva de Ecopetrol. 

Ya en su gobierno, Du Brands fue contratada por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República DAPRE en 2020 por $3.350 millones para monitorear medios nacionales, internacionales, redes sociales y blogs, de domingo a domingo entre las 6:00 a.m. y las 10:00 p.m., y entregar informes sobre tendencias de conversación, que incluyeran menciones discriminadas por autores y argumentos a favor o en contra del gobierno. En uno de los informes de Pauta Visible, dado a conocer por la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), Du Brands entregó una lista de 450 influenciadores analizados mes a mes, categorizados en negativo, positivo, neutro, n/a y prensa, lo que según algunos opinadores como el abogado Elmer Montaña y el jefe de prensa de Gustavo Petro, Andrés Hernández, fue una forma de perfilamiento.

Si te vienen a contar…

Una fuente de alto nivel en la Procuraduría, que pidió la reserva de su nombre, estima que los convenios son unas “agencias contractuales paralelas al Estado” utilizados para “violar todo el estatuto contractual y todas las normas presupuestales”. La OEI es una entidad internacional, y los recursos del convenio no tienen que atenerse a las reglas del sector público colombiano. Por ejemplo, no han pasado por los filtros del Departamento de Planeación Nacional (DNP), que exige a todos los proyectos y recursos del ente de control estar estructurados en propuestas formales. Tampoco tienen los mismos filtros de contratación de Colombia Compra Eficiente o el SECOP.

La misma fuente dice que la selección de los convenios con la OEI se adelantó a través de una modalidad directa; es decir, sin un proceso previo de selección. Consultamos a la OEI y a la Procuraduría sobre el posible destino de los recursos del convenio en contratos que podrían no cumplir con los procesos de selección y objetividad del Estado. Ambas entidades respondieron de forma contradictoria: la Procuraduría negó que se hubiese hecho cualquier contratación con recursos del convenio; y la OEI confirmó que se habrían hecho al menos 16 contratos a empresas y personas.

Gracias a la respuesta de la OEI, esta alianza periodística logró rastrear más de $6.002 millones del total de $31 mil millones que se han adjudicado en 16 contratos. Estos recursos no han sido vigilados de manera totalmente transparente, además la Procuraduría no reconoce haberlos gastado.