Hay tres entes que pueden juzgar a Alvaro Uribe Vélez. La Fiscalía, por sus actuaciones como gobernador de Antioquia, la Corte Suprema de Justicia por sus actuaciones como senador y la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes como presidente. Uribe tiene 186 denuncias abiertas en la Comisión de Acusaciones y 28 investigaciones en su contra en la Sala Penal de la Corte.
Esta semana se sumó otra al prontuario. En 2014, Uribe acusó a Iván Cepeda ante la Corte Suprema de manipular testigos para vincularlo con la creación de grupos paramilitares. La Corte cerró la Investigación a favor de Cepeda y ordenó investigar a Uribe por el mismo delito del que él acusó al senador de Polo.
Este caso será una más de las investigaciones en su contra. ¿Por qué tiene tantos casos abiertos? ¿Por qué ninguno avanza? ¿Por qué nunca ha habido una condena? La explicación tiene dos puntas. Una institucional y otra política.
Hay congresistas que tienen más de diez procesos abiertos. Lo que hay que mirar es cómo se soluciona la congestión judicial
El problema de la Sala Penal de la Corte, encargada de juzgar aforados constitucionales (a Uribe como senador, por ejemplo), es de capacidad institucional. Iván Cancino, abogado penal y profesor de la Universidad Externado de Colombia, explica que en la Corte el problema es de congestión. A los 28 procesos de Uribe se suman los de muchos otros congresistas. “No es que no se esté investigando. Hay congresistas que tienen más de diez procesos abiertos. Lo que hay que mirar es cómo se soluciona la congestión judicial. Hay procesos en el Tribunal que llevan muchos años por la congestión”.
Eugenio Fernández Carlier, presidente de la Sala, dijo en entrevista para El Espectador en el 2017 que no tenían personal suficiente para delegar las diligencias de los procesos en contra de los aforados. Para acabar con la congestión, dijo, la Sala Penal tendría que disponer de un grupo de investigadores del CTI y la Policía Judicial que apoyen los procesos estancados.
Sobre el caso de esta semana, la Corte anunció que va a investigar a Uribe por la supuesta manipulación de testigos. De acuerdo a Cansino, “No hay en este momento con qué investigar”. Para llegar a una condena se necesitaría la declaración de uno de los testigos manipulados para confirmar el delito. Cancino añade que es probable que en el proceso no haya dilaciones: “Antes de un año debe haber una respuesta por parte de la Corte”.
La Comisión no tienen el personal suficiente para investigar las acusaciones que, en muchos casos, llegan sin pruebas ni fundamentos jurídicos
El otro ente investigador, el que tiene los casos en contra de Uribe como presidente, es la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Ha estado a cargo de escándalos como la yidispolítica y las chuzadas del DAS durante la presidencia de Uribe. La Comisión tiene problemas institucionales más graves que los de la Sala Penal de la Corte: por un lado no tienen el personal suficiente para investigar las acusaciones que, en muchos casos, llegan sin pruebas ni fundamentos jurídicos.
“No es igual que un proceso penal, porque ahí no hay abogado. La mayoría de procesos y denuncias que reciben llegan con poco sustento, con pocas pruebas. La Comisión no tienen la capacidad técnica de investigación”, explica Santiago Virguez, investigador de Congreso Visible.
Por otro lado, los procesos están en manos de congresistas que no tienen los conocimientos suficientes para sacarlos adelante. “Hay que partir de la base de que la gente que llega a la comisión de acusaciones no son abogados y su experiencia penal es mínima. Es difícil que puedan pensar como abogados”, explica Germán Navas Talero, Representante a la Cámara.
A los problemas de capacidad investigativa se suman los de arquitectura institucional. La manera en que las ramas están organizadas desestimula las investigaciones. Los congresistas investigan a los magistrados de la Corte y los magistrados a los congresistas. “Es un cruce problemático porque puede que nunca nadie termine juzgando”, explica Virguez. Los funcionarios prefieren no juzgar a quien tiene la capacidad de juzgarlos a ellos.
El otro problema de la comisión de acusaciones tiene que ver con su naturaleza partidista.
“En el momento de conformar esa Comisión, los partidos cuidan sus cuotas para tener poder y evitar que procesen a su presidente”, explica el representante Navas Talero y añade que ese poder presidencial dentro de la Comisión fue evidente durante el gobierno de Uribe. “Hubo liberales y conservadores que se pegaron a Uribe como escuderos para evitar que le fuera a pasar algo”.
El Congreso por lo general está cooptado por los intereses presidenciales, lo que implica que juzgar al presidente dentro de una Comisión sea improbable. En un sistema en el que el presidente tiene tanto poder resulta fácil y útil dilatar los procesos, lo que funciona no sólo para Uribe, sino para cualquier presidente o expresidente: “Las dilaciones se ven en la práctica de la gaveta, dejan quieto el proceso. De gaveta en gaveta los procesos prescriben”, dice Navas Talero.
Los múltiples procesos de la presidencia de Uribe que han llegado a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, hacen parte de los casi 4.000 que han llegado a la Comisión y que no han tenido fin. Algo similar sucede con los casos de la Corte Suprema. Las 28 investigaciones que tiene abiertas el senador, hacen parte de los múltiples procesos que en el Tribunal tiene en contra de otros congresistas. Álvaro Uribe, por el poder que ha tenido a lo largo de su carrera política no necesita hacer grandes esfuerzos para que las investigaciones abiertas en su contra queden estancadas, un sistema con fallas institucionales y políticas le ayuda. “A Uribe, le basta con manipular y listo. No es tan difícil”, dice el representante Navas Talero.
