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Que en Colombia haya matrimonio, adopción igualitaria y cambio de documento de identidad para personas trans no quiere decir que hayamos avanzado suficiente. El acceso a salud para personas trans y la inclusión de las víctimas LGBTI en la implementación de la paz son los retos que aún están por delante.
En materia LGBTI no llegamos tan mal parados al tercer Examen Periódico Universal (EPU) de Colombia, realizado por Naciones Unidas para evaluar la situación de derechos humanos en el mundo. Desde 2013, fecha del último exámen, en Colombia se aprobó el matrimonio igualitario, la adopción en parejas del mismo sexo y el cambio de nombre y sexo en el documento de identidad sin trámites invasivos y discriminatorios. Estamos con Argentina y Uruguay dentro de los países más avanzados en el reconocimiento de los derechos de las personas LGBTI en la región.
Pero esto no quiere decir que ya todo está logrado, que no estamos retrocediendo y muchos menos que en Colombia se respetan los derechos de la comunidad LGBTI sin excepción. Todo lo contrario. Si bien desde 2013 los avances son significativos, los riesgos y los retos todavía son muchos.
Esto es lo que se quiere hacer visible para que nuevamente el tema LGBTI haga parte de las recomendaciones que harán en mayo los miembros de Consejo de Derechos Humanos de la ONU para los próximos cinco años. “Hay que reconocer los avances, pero no por eso hay que pensar que se ha avanzado suficiente. Hay que hacer recomendaciones porque todavía persisten problemáticas”, dice Gustavo Perez del área de Derechos Humanos de Colombia Diversa y quien está en Ginebra en la pre sesión del Examen Periódico Universal para que el tema LGBTI se tenga en cuenta.
Durante el periodo del presente examen, fue preocupante el surgimiento de la agenda contra-derechos de carácter conservador y fundamentalista
En los dos exámenes anteriores Argentina, Islandia y República Checa hicieron recomendaciones a Colombia para que el Estado, por ejemplo, creara campañas de sensibilización contra prejuicios sociales y en favor de la igualdad, para que se promovieron medidas de protección a las personas LGBTI y para dar mayor reconocimiento a derechos de parejas del mismo sexo. De acuerdo con Colombia Diversa, son recomendaciones en las que se han avanzado, pero aún falta.
Según el Informe conjunto de organizaciones de derechos humanos para el Examen Periódico Universal de Colombia, entre 2013 y 2016 fueron asesinadas 440 personas LGBTI en Colombia. De estas, 148 casos corresponden a homicidios motivados por el prejuicio hacia la orientación sexual o la identidad de género. Las cifras de violencia y abuso policial hacia esta población tampoco son alentadoras. En el mismo periodo se registran 365 hechos de violencia policial y 595 detenciones arbitrarias por parte de agentes del Estado. Y en cuanto a la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos, de los 276 que fueron asesinados entre 2013 y 2017, 29 eran defensores LGBTI.
Y a estas cifras se suma el fortalecimiento de los discursos de discriminación y odio y en contra de la igualdad que desde 2016 hicieron carrera política en Colombia. De acuerdo con el informe de la Situación de derechos humanos a las personas LGBT en Colombia (2013-2016), que a propósito del EPU realizaron Colombia Diversa, Caribe Afirmativo y Santamaría Fundación, “durante el periodo del presente examen, fue preocupante el surgimiento de la agenda contra-derechos de carácter conservador y fundamentalista”.
Una agenda en la que se propuso anular la decisión de adopción igualitaria que tomó la Corte Constitucional en 2015, con un referendo para decidir si las parejas del mismo sexo y las personas solteras podían adoptar. Una agenda que tumbó la decisión del Ministerio de Educación de publicar unas cartillas para combatir la discriminación por orientación sexual e identidad de género en los colegios. Una agenda que utilizó el enfoque de género que introducía el Acuerdo de paz y los derechos de la población LGBTI para oponerse al proceso de paz.
Todo esto, dice el Informe de Colombia Diversa, Caribe Afirmativo y Santamaría Fundación, ha comenzado a generar retrocesos de los derechos de esta población que ya creíamos estaban ganados. Y los más preocupante, alerta el informe, “si estas tendencias se mantienen y si el Gobierno continúa cediendo ante esta estrategia contra-derechos, puede llevar a que en el corto plazo aumente la discriminación y la violencia contra las personas LGBT, y a que ocurran retrocesos normativos más graves”.
Por eso, la propuesta que están apoyando las organizaciones sociales defensoras de los derechos de la población LGBTI, es que a Colombia se le hagan recomendaciones en torno a cuatro temas: el primero, explica Gustavo Pérez de Colombia Diversa, es que el Estado siga trabajando para garantizar los derechos de la población LGBTI, en respuesta ante un posible escenario de retroceso normativo de los derechos que a nivel legal se han reconocido para esta población.
El segundo es que se incluya a las personas LGBTI y víctimas del conflicto armado en la implementación del Acuerdo de paz. “Hay que esclarecer los hechos que afectaron a personas LGBTI por parte de todos los actores del conflicto, hay que reconstruir la memoria y garantizar la no repetición”, dice Pérez y agrega que si realmente eso se logra, Colombia será pionera. “Todos los otros países que han pasado por procesos de paz, no han incluido el tema LGBTI en sus acuerdos. Ojalá Colombia pueda ser un ejemplo a nivel internacional”.
El tercero, garantizar el acceso a la justicia y la aplicación efectiva de la normativa vigente, pues como señala Pérez, en la práctica hay muchos obstáculos para adquirir derechos que han sido reconocidos. Y esto, dice, hace parte de los retos comunes que tienen los demás países de la región.
Si se logra que dentro de recomendaciones más generales se incluya a la población LGBTI, 'eso ya es una ganancia'
Por último, el Estado debe garantizar los derechos sociales, económicos y culturales, con especial énfasis en el acceso a la salud y la educación de personas trans. En Colombia el acceso al sistema de salud y el cubrimiento de los tratamiento a personas con identidades de género diversas requiere de un diagnóstico psiquiátrico de disforia de género. Esta patologización de las identidades trans, de acuerdo con el informe de Colombia Diversa, Caribe Afirmativo y Santamaría Fundación, “promueve que [las personas trans] recurran a procedimientos inseguros para transformar sus cuerpos, que suelen conllevar graves afectaciones a la salud e incluso a la muerte”.
Frente a esto, Pérez señala que se requieren guías de reconocimiento de acceso a la salud sin criterios patologizantes y agrega que además es necesario cerrar la brecha de acceso al sistema educativo que afecta a las personas trans por discriminación en razón de su identidad de género.
Aún no se sabe si estas propuestas, de organizaciones sociales defensoras de los derechos de la comunidad LGBTI, serán tenidas en cuenta. Mañana serán expuestas a miembros del Consejo de derechos humanos de Naciones Unidas que las evaluarán dentro de muchas otras propuestas que se han hecho en cuanto a víctimas, terminación del conflicto, defensores de derechos humanos, medio ambiente y tierras, movilización social, proceso de paz, entre muchos otros temas relacionados con los derechos humanos en Colombia. Para Gustavo Pérez, las recomendaciones no tienen que ser necesariamente las que plantean las organizaciones sociales y en este caso, específicamente, Colombia Diversa. Para él esa es sólo una propuesta y otro tipo de recomendaciones también pueden tenerse en cuenta. Incluso, dice, que si se logra que dentro de recomendaciones más generales se incluya a la población LGBTI, “eso ya es una ganancia”.
