Queremos comenzar el año recordándoles en qué quedaron las principales agendas del país y que pasará con ellas en el 2019. Consultamos a expertas y expertos en 10 temas para que nos dijeran sus predicciones sobre lo que puede pasar este año en materia de corrupción, mujeres, elecciones, paz, entre muchos otros. Esto fue lo que nos dijeron.

1. Elecciones regionales

En octubre serán las elecciones regionales en las que los colombianos votarán por alcaldes y gobernadores. En estas elecciones como en las que tuvimos el 2018, nuevamente, tenemos que prestarle atención a las formas de hacer campaña que, en muchas ocasiones, van en contra de los derechos ya ganados de las minorías. Esa se ha convertido en la bandera política de muchos candidatos, que buscan votos haciendo campaña en contra del aborto, del matrimonio igualitario, del derecho de adopción de las parejas del mismo sexo y de la educación sexual y reproductiva en instituciones educativas. En esto, esas elecciones, no serán la excepción.

Habrá que prestarle atención también a las estrategias que Duque y la oposición tendrán para estas elecciones. En este proceso electoral, en las que se eligen a los dirigentes más directos, la ciudadanía tiende a ser más individualista, dice Beatriz Gil investigadora de Congreso Visible. “A ellos no les va a quedar tan fácil”, explica. El Presidente tendrá menos de 10 meses para fortalecer sus candidatos en región y esto no lo podrá hacer solo, lo tiene que hacer con el apoyo de su Partido del que no podrá seguirse distanciando en este año, sino del que tendrá que aliarse para alcanzar mejores resultados en sus propuestas políticas, para lograr respaldo a nivel local y, de paso, para mejorar su baja popularidad.

Por su parte, la oposición tiene que organizarse si quiere lograr algo que vaya más allá de Bogotá. “Si nos seguimos dividiendo, no va a pasar lo de siempre”, dice Gil. Y es que si no hay alianzas entre el Polo, los Verdes y la Colombia Humana, no habrá candidatos lo suficientemente fuertes en región que puedan ganar. El problema con esto son los egos, dice Gil, que en los últimos procesos electorales le han jugado una mala pasada a la oposición. Esperamos que ya hayan aprendido la lección.

2. Drogas

Una de las últimas jugadas del gobierno Duque en el año fue la presentación de su Plan de drogas: Ruta Futuro. Se trata de un política que el Gobierno definió como integral para enfrentar el problema de las drogas y que ataca todos los eslabones de la cadena del narcotráfico. En 2019, entonces, tendrá que poner esta plan en marcha.

De esa nueva política, dice Hernando Zuleta, exdirector del Centro de Seguridad y Drogas de la Universidad de los Andes (CESED), es rescatable su enfoque en prevención, tema que no había hecho parte de los planes para enfrentar el consumo de drogas hasta ahora. Hay que estar muy pendiente de qué es lo que el Gobierno piensa hacer con la prevención. Porque la prevención no puede ser represiva, no puede ser un Decreto de ley para prohibir la dosis mínima, por ejemplo. La prevención no puede ser, tampoco, un comercial que diga que consumir marihuana mata las neuronas. Son estrategias que se crearon en los años 80 y que no son útiles, dice Zuleta.

Y otro de los retos e interrogantes para el próximo año será también qué va a pasar con los cultivos ilícitos y cuál va a ser la política al respecto. En Ruta Futuro, no hablan de fumigaciones, pero sí se refiere a la reducción del área cultivada. ¿Cómo? No sabemos, por ahora lo único que hay son generalidades e incertidumbres.

3. Medio ambiente

Deforestación y minería. Esos son los dos temas urgentes sobre los que los ambientalistas llevan advirtiendo mucho tiempo. Hay que encontrar una fórmula mínima para disminuir la presión de deforestación dice Brigitte Baptiste, directora del Instituto Alexander Von Humboldt. Tiene que haber un tema de negociación con las comunidades forestales actuales, con el ejercicio de la institucionalidad en las zonas más críticas, con la innovación científica y tecnológica. Son tres cosas que juntas podrían dar frutos en el corto plazo, insiste Baptiste.

Por su parte Manuel Rodríguez Becerra, exministro de Medio Ambiente y experto en el tema, lo ha dicho en varias ocasiones: “Si no derrotamos la pavorosa deforestación y la minería ilegal, acabamos con la región amazónica y pacífica del país”.

Las áreas que antes estaban dominadas por las Farc y que hasta antes de la firma del Acuerdo de paz no estaban intervenidas, están ahora desprotegidas: “la galopante minería ilegal y la deforestación masiva desbortal totalmente al Minambiente y a las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR)”, escribió Rodríguez en su última columna del año.  Hoy hay deforestación y minería, incluso dentro de las áreas protegidas de los Parques Nacionales Naturales.

Hay alianzas importantes contra la deforestación y hay señales de que el Gobierno podría actuar. Hay convenios, hay compromisos. El problema, dice Rodríguez, es que si no hay intervención fuerte no se hace nada. “Ya perdimos el control de los territorios”. Urgente es que el Gobierno lo recupere tan pronto como pueda. Ese debe ser uno de los propósitos para este año.

4. Congreso

Viene la segunda vuelta para proyectos tan importante como la Reforma Política que finalmente se salvó en el Senado el domingo 16 de diciembre, último día de legislatura del año pasado. Viene que vuelvan a presentar la reforma a la justicia que se cayó por falta de trámite, la Ley de MinTic, entre otras de las propuestas y proyectos que resaltaron por sus polémicas en la legislatura pasada.

Y por esto viene también la decisión de la posición de este Gobierno con el Congreso. En la legislatura pasada “todas las bancadas dispararon para diferentes lados”, dice Beatriz Gil de Congreso Visible. Por eso a Duque no le fue bien con el Congreso y seguirá siendo difícil y sobre todo muy costoso para este Gobierno sacar cualquier ley sin el apoyo de una bancada a su favor. “Necesita un alfil que ayude”, dice Gil.

El Centro Democrático le está reclamando su grito de independencia, la decisión de que él, independientemente, nombró a sus ministros. Duque necesitará tener el apoyo de su partido, a cambio, seguramente, de burocracia, de ministros.

Y a esto hay que sumarle la mermelada, que no hubo en estos primeros meses de Gobierno. Pero ya se aprobó que los congresistas pueden proponer inversiones en el presupuesto nacional y eso, como dice Gil, es “mermelada por debajo de la mesa, es mermelada decente”. De eso veremos mucho este año.

5. Mujeres

Por primera vez el Plan Nacional de Desarrollo contempla un capítulo del tema de género y de eso hay que estar pendientes en el 2019. Hay que hacer incidencia y un seguimiento detallado de las propuestas que saldrán para incluir en el PND, en el Sistema Nacional de Cuidado y en la política pública de cuidado que se tienen contempladas, dice Natalia Moreno, Economista e integrante del grupo Género y Justicia Económica de la Red por la Justicia Tributaria en Colombia.

Será también importante la participación de las mujeres en las elecciones regionales de octubre. La reforma política, que se salvó el último día de sesiones ordinarias en diciembre y que continuará su trámite en marzo, dejó por fuera la iniciativa de paridad de género para las listas que presentan los partidos en los procesos electorales.  Este, junto con la idea de listas cerradas, eran dos pilares importantes de la reforma. Sin embargo, en la segunda fase de los debates aún se puedan reintroducir estos temas, lo que tendría un efecto inmediato en las elecciones de 2019.

Este año, además, se seguirán las iniciativas para eliminar los impuestos rosa. En 2018, después de dos años de esfuerzos, finalmente, fue posible quitarle el IVA a las toallas higiénicas. Ese era un impuesto sexsita, que viola el derecho a la igualdad. Este año, dice Natalia Moreno, se continuará el trabajo para lograr que otros artículos de la “línea rosa”, de la canasta familiar, dejen de tener el impuesto máximo y tengan precios que no sean más caros que los artículos de “línea azul”.

6. LGBTI

Tal vez lo más importante que tiene que pasar este año en relación a la población LGBTI es que el Plan Nacional de Desarrollo destine recursos para la ejecución de la naciente Política Pública Nacional LGBTI. Actualmente, dice Juan Carlos Prieto, director de Diversidad Sexual de la Secretaría Distrital de Planeación, “hay poca o nula voluntad para ejecutar acciones a favor de esta población”, y que no haya recursos significa que no habrá una ejecución efectiva de la política pública.

Si bien no es estrictamente necesario que en el PND especifique acciones concretas en relación a la comunidad LGBTI, sí es indispensable, insiste Prieto, que —al menos— mencione la Política pública como un todo, contemple un Sistema Nacional de Coordinación LGBTI que permita articular el esfuerzo nacional con las política públicas locales y adelante un ejercicio de consulta ciudadana y de línea base para diagnosticar la situación de derechos humanos de las personas LGBTI en el país.

Por su parte, Laura Weinstein, directora del Grupo de Atención y Apoyo a personas Trans (GAAT),considera hay que estar alerta de acciones que se puedan tomar a nivel político y legal y que irían en contra de los derechos de las personas LGBTI, como por ejemplo, el avance del proyecto de ley que presentó Cambio Radical en septiembre de 2018 y que propone la creación del Ministerio de la Familia. Sería un retroceso inmenso, no sólo para las persona LGBTI, sino para las mujeres. Es pensar en concepciones de familia tradicionales y normativas que seguramente generarán retrocesos en derechos ya alcanzados y que impedirán seguir avanzando.

7. Implementación de los acuerdo de paz

Para Juanita Goebertus, Representante a la Cámara de la Alianza Verde, el éxito o fracaso del proceso de construcción de paz en 2019 estará marcado por tres temas. El primero, asegurar la reincorporación de 13 mil excombatientes de los que hoy solo un 1 % están vinculados a procesos de reincorporación socioeconómica. “Sin alternativas reales para su desarrollo económico y social, el proceso fracasará y habrá desestabilización territorial”, explica.

Segundo, más de 190 mil personas participaron en la creación de los planes de desarrollo con enfoque territorial y están esperando que el fin de la guerra realmente signifique la transformación de sus territorios. “El Gobierno deberá materializar en territorio obras concretas que le permitan a los campesinos confiar en que es posible transformar la realidad”, dice Goebertus.

Y tercero,  luego de la puesta en marcha de la Ley de Víctimas con más de 8 millones de víctimas registradas y sólo el 12 % de estas víctimas indemnizadas, el Gobierno, explica Goebertus, debe tomar medidas para agilizar el proyecto de reparación colectiva de las víctimas y de su vinculación con el desarrollo rural. “Necesitamos reparar más víctimas de las que se plantean en las bases del PND, que estima reparar menos víctimas en todo el cuatrienio de las que se repararon anualmente desde la puesta en marcha de la Ley en 2011”, dice.

8. Verdad, justicia y reparación

Este año arranca el esclarecimiento en la Comisión de la verdad, en un clima político polarizado, de elecciones y con amenazas para los líderes en todos los territorios del país. “Estamos ante un clima de miedo y de permanente amenaza, y las organizaciones, las víctimas y las comunidades que están llamadas a participar de la Comisión no van a tener incentivos para hacerlo si la situación continúa como está”, explica Daniel Marín, investigador en justicia transicional de DeJusticia.

La Comisión se inauguró el 30 de noviembre, en diciembre se nombraron los enlace territoriales en todo el país, pero sólo hasta este año sabremos cuáles serán los lineamientos metodológicos de los encuentros de la verdad y de las audiencias. Por ahora sabemos, explica Marín, que las audiencias tendrán como principal objetivo y mandato la reconciliación. Las audiencias estarán encaminadas al reconocimiento de las víctimas, a que los victimarios reconozcan sus crímenes frente a las víctimas y a que la sociedad civil también reconozca su responsabilidad dentro de la guerra a la que le dió la espalda. Lo que nos hace falta es saber cómo se llevarán a cabo las dinámicas de estas audiencias.

De otra parte, el mayor reto que tiene la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es el de organizarse internamente.  Hay que recordar que a la exdirectora administrativa, Martha Lucía Zamora, y dos abogados contratistas de la JEP, la Fiscalía les imputó cargos en octubre del año pasado, ante irregularidades y sospechas por varios delitos relacionados con favorecimientos a exguerrilleros. Este tal vez ha sido uno de los más duros golpes que ya ha recibido la JEP y que afecta su legitimidad. Organizarse y enfrentar casos tan polémicos como el de Jesús Santrich, estarán dentro de las labores que tendrá este año.

La JEP tendrá, además, que esclarecer cómo involucrar en sus procesos a empresarios, políticos y demás actores que no hicieron parte del conflicto directamente. “El verdadero reto es cómo meter dentro de la JEP a las personas que están en la impunidad”, explica Marín, pues aún no es claro de qué manera la JEP actuará como un verdadero tribunal para estas personas que, de acuerdo con lo pactado, tendrán también que ser juzgadas.

9. Tierras

Si de algo hay que estar pendientes este año es del proyecto de ley que se está debatiendo y que pretende crear y desarrollar nuevas Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social (ZIDRES), pues tiene muchas falencias. De acuerdo con la politóloga y experta en temas medioambientales y de tierra, Paula Álvarez, lo que pretende este proyecto de ley es favorecer la concentración de la tierra.

Se trata de un proyecto de ley que modifica la Ley 160, que es la que crea el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural, y que establece un subsidio para la adquisición de tierras. Con el proyecto de ley, preocupa que se va a colocar a las minería y a la agroindustrias como usos agropecuarios de la tierra. Pero sobre todo preocupan sus consecuencias nefastas: “Es la estocada final para acabar con el régimen de baldíos, es decir, acabar con la función social y ecológica de la propiedad. Y si se acaba con esa función no habrá más tierras para adjudicarle a los campesinos, indígenas y afros, pues todo pasa al gran capital y a los grandes proyectos”, explica Álvarez.

Colombia es un país en el que la tierra está muy concentrada y si vamos a acabar con los baldíos para el usos de la agroindustria, de la minería y del ecoturismo, dice Álvarez, quiere decir que no hay ninguna posibilidad de redistribución y que ahora los campesinos pobres tendrán que asociarse con el gran capital para poder producir la tierra que les pertenece.

Preocupa también otro proyectos de ley que se seguirá debatiendo en marzo y  que pretende modificar la consulta previa en el país y con ello, dice Paula Álvarez, recortar los derechos que tienen las comunidades de dar su visto bueno sobre proyectos que van a implementar en sus territorios.

“Tenemos que saber que un modelo de desarrollo rural como el que se ha venido implementando en los gobiernos desde el primer mandato de Uribe Vélez, enfocado en los monocultivos y en el extractivismo, trae consecuencias sociales y ambientales muy fuertes”, explica Ariza y agrega que lo único que se está logrando con esto es la apropiación y el acaparamiento de la tierras. “Es entregarle a los empresarios concesiones y dejar a los campesinos sin tierra”.

10. Corrupción

La agenda de lucha contra la corrupción en el 2019 dependerá de la respuesta que de el Gobierno a la implementación de los mandatos de la Consulta Anticorrupción que se realizó en agosto pasado. Casi 12 millones de colombianos ratificaron los siete mandatos contemplados y que permitían avanzar en la lucha contra la corrupción en el país. Como resultado de la votación, el presidente llamó a las distintas fuerzas políticas y se comprometió a que a pesar de no haber logrado el umbral requerido para la implementación de las siete preguntas votadas, impulsaría el desarrollo de esos mandatos. “Sin embargo, hoy terminada la legislatura y ninguno de los proyectos anticorrupción ha sido aprobado en el Congreso”, dice la senadora Juanita Goebertus.

Para Goebertus, es determinante que el gobierno de Duque decida si realmente va a apoyar estos proyectos que deberán debatirse a partir del inicio de la legislatura en marzo. “Tenemos que tener claro si el presidente les dará a estos proyectos un apoyo decidido para no defraudar la confianza de los colombianos que votaron a favor de la consulta anticorrupción”, explica.

11. Educación

En el segundo semestre de 2018 hubo 10 movilizaciones estudiantiles. Tras la décima, finalmente, después de dos meses, los estudiantes llegaron a un acuerdo con el Gobierno para garantizar el financiamiento de la educación pública en el país por los próximos años. “Creo que la tarea del Estado después de estas semanas de efervescencia debería ser, con calma, pensar una meta de crecimiento muy sustancial hasta 2030”, dice Moisés Wasserman, exrector de la Universidad Nacional y experto en educación. El crecimiento planteado en los acuerdos pactados, dice Wasserman, implica duplicar cuantitativamente todo el sistema público educativo y por supuesto ver cómo mejorar la calidad de la educación.

La preocupación a corto y largo plazo, explica Wasserman, no puede ser sólo los recursos económicos para las instituciones. Hay en el país problemas complejos de deserción y de permanencias de los estudiantes muy prolongadas en las universidades. Y aquí también hay que tener en cuenta que los problemas de calidad no sólo están en la educación superior, sino en la educación preescolar —definitiva en la formación de las personas— donde la cobertura es muy baja y en la educación media que es dispar y deficiente.

La educación no puede quedarse sólo en el Plan Nacional de Desarrollo ni en los planes decenales de educación. “Es hora de que se constituya una política de Estado con compromisos presupuestales y de acción a largo término. Y que no se queden sólo en la formalidad sino que tenga indicadores reales de cumplimiento muy claros y propuestas concretas de cómo se va a financiar ese crecimiento que acordaron con los estudiantes”, dice Wasserman y concluye que el 2019 debe ser un año dedicado a generar una reflexión seria sobre qué debemos hacer con la educación y con el financiamiento de su crecimiento.

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