La Colombia Humana es una política para la Vida. Nuestra propuesta política, con la cual obtuvimos una votación de más de 8 millones, busca crear condiciones para transitar a la paz con justicia social y de esta manera dar cumplimiento a nuestra Constitución Política de 1991, donde se establece como premisa fundante el derecho de toda colombiana y colombiano a vivir con dignidad.
Propuesta que desde muchos lugares del mundo fue apoyada por promover nuevas ciudadanías libres y pacíficas; concebir el Estado como un espacio para ampliar derechos y no para perpetuar los privilegios de unos pocos; proponer un modelo de ciudades con oportunidades y responsables con el ambiente; impulsar una economía para reactivar la agricultura, la industria, una economía amigable con los animales y la naturaleza y promover una sociedad más democrática, incluyente, igualitaria y diversa.
Y es desde esa perspectiva que nos oponemos a lo que he llamado la política de muerte del Gobierno duque.
Nos oponemos al retorno de las zonas de consolidación a los territorios en conflicto, bajo el pretexto de prorrogar la ley de orden público. Hacerlo pone en riesgo, de manera irremediable, la vida de líderes y lideresas en Colombia y significa la ratificación del regreso Seguridad Democrática reforzada.
La confirmación que hace el proyecto de Plan Nacional de Desarrollo del sesgo familista en la perspectiva de la política social —y que va contravía del bloque de constitucionalidad donde se reconocen las diversas formas de familia y la eliminación de la política pública para la defensa de la población LGBTI, construida de manera participativa—, es el regreso a una sociedad discriminatoria y patriarcal.
Nos oponemos a la ruta diplomática que Iván Duque ha recorrido para enfrentar la crisis política y humanitaria de Venezuela
La propuesta de volver a las fumigaciones con glifosato en territorios como el Catatumbo, Nariño, Antioquia y Cauca, es otra de las expresiones de la política de la muerte. Se borra de un tajo el espíritu del cuarto punto del Acuerdo de Paz, donde se reconoce tanto la dimensión de la problemática como el alto número de familias campesinas involucradas en el cultivo de la coca y que exigen soluciones integrales de orden económico y social para abandonar esta práctica. Es el regreso a la represión, a la muerte y a su vez a la “narcotización” de las relaciones internacionales de Colombia, con total dependencia del gobierno de Donald Trump.
Nos oponemos al cierre definitivo del proceso de negociación con el ELN, un grupo armado que si bien le dio un portazo a los tenues avances en la mesa de negociación con el atroz atentado a la Escuela General Santander, ha señalado a través de sus negociadores su disposición de negociar y desescalar el conflicto. Estas son las paradojas de la guerra y la paz: Al establecer el el cese unilateral al fuego, como condición para reanudar las conversaciones, el Gobierno le da otro portazo a la paz y a las poblaciones de la Colombia profunda que claman por una paz completa. De paso, cabe decir que esta decisión deja literalmente sin trabajo al llamado Alto Consejero para la paz.
El Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, que es la piedra angular para las víctimas del conflicto armado establecido en el Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las Farc, también está amenazado. No sólo por las iniciativas legislativas presentadas por el Centro Democrático y por el gobierno de Iván Duque para generar un mecanismo de impunidad para los militares y determinadores civiles del conflicto, sino por la desfinanciación de cerca del 40 % para el funcionamiento de la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de personas desaparecidas. Todo ello ratifica que en muchos sectores del país hay más miedo a conocer verdad sobre el conflicto que a la cárcel.
Nos oponemos, también, a la ruta diplomática que Iván Duque ha recorrido para enfrentar la crisis política y humanitaria de Venezuela, y hace temer que se avecina una intervención militar de EE.UU. con el apoyo político y la complicidad del Presidente Duque.
Estas son sólo algunas de las razones por las cuales considero estamos de cara a un gobierno que en su núcleo duro despliega la política de la muerte.
Oposición sin armas
Es en medio de esta gigantesca distancia entre nuestra apuesta política de la Colombia Humana y el gobierno de Iván Duque (denominado “Un gobierno para todos”), donde hemos desplegado el derecho a ejercer una oposición deliberativa, cotidiana y pacífica. Con un pie en el Congreso y otro en la calle, hemos salido a defender la paz y la vida en la Colombia Profunda; a acompañar las exigencias por la defensa de la educación pública y el derecho a la salud. Hemos estado presentes en las marchas de los sindicatos en defensa del trabajo decente y hemos acompañado el rechazo a tener más impuestos en los productos básicos de la canasta familiar.
Estuvimos en las movilizaciones contra la corrupción para exigir el cuidado de los recursos públicos. Pedir la renuncia del Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, también nos ha puesto a recorrer las calles de Colombia. Desde el Congreso de la República, con la Bancada Alternativa, nos hemos opuesto con argumentos y propuestas a lo que he denominado una “verdadera artillería normativa” en contra de la vida y la paz.
Es en medio de esta gigantesca distancia entre nuestra apuesta política y el gobierno de Iván Duque donde hemos desplegado el derecho a ejercer una oposición deliberativa, cotidiana y pacífica.
La oposición en Colombia como derecho fundamental no sólo se afianza en el estatuto que en el trámite normativo del punto dos del Acuerdo de Paz (el de Apertura Democrática), expidió en el Congreso de la República como ley 1909 del 2018, sino en el derecho que tienen los pueblos a levantarse ante la ignominia, el autoritarismo, la mentira.
En Colombia históricamente a la oposición de las fuerzas democráticas de izquierda —quienes han defendido los derechos y la vida— han sido exterminadas, banalizadas, estigmatizadas. Hoy asistimos a otro exterminio de las lideresas y líderes defensores de derechos humanos, cuyas causas han sido la paz, el agua, la tierra, la participación política. Según Indepaz -Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz – desde enero del 2016 y enero del 2019, han sido asesinados 566 líderes en Colombia.
Como defensores y defensoras de la Política de la Vida, seguiremos resistiendo al lado de los movimientos y organizaciones sociales que hoy se movilizan y levantan de nuevo su voz para exigir una segunda oportunidad sobre esta tierra.
