[Esta nota fue publicada originalmente en Verdad Abierta]

“Aquí hay sectores en donde de un barrio a otro no puede a ir o sus habitantes tienen que reportar cuando llega una persona que no pertenece al barrio. Aquí hay toques de queda abiertos. Y Así han asesinado a mucha gente”, explicó Wilfredo Cañizares, director de la Fundación Progresar, un centro de investigación que le hace seguimiento a violaciones de Derechos Humanos en Norte de Santander.

Las autoridades prefieren no hablar de barrios vedados, pero lo cierto es que los enfrentamientos entre las bandas criminales por el control del contrabando han dejado barrios enteros a la merced de estos grupos. Aunque ‘Los Rastrojos’ tienen el control del contrabando en el municipio de Puerto Santander y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), llamadas por las autoridades como ‘Clan del Golfo’, en Cúcuta, la disputa por tener el monopolio de los negocios ilegales se ha intensificado en los últimos años.

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La pelea de estos grupos armados se ha extendido hasta los barrios a través de por lo menos 68 bandas delincuenciales, identificadas por la Policía Nacional, que se han especializado en ciertos delitos: tráfico de estupefacientes, contrabando y hurtos a motocicletas, vehículos y a residencias. Han impuesto restricciones a la movilidad y han atacado a los policías y a los periodistas locales que pretenden entrar a la zona.

“Hay confrontación interna en determinadas comunas y allí ha habido muertos, precisamente porque ‘Los Rastrojos’ quieren desplazar de algunos sectores al ‘Clan del Golfo’. Por ejemplo, en La Parada, Villa del Rosario, en los límites con Venezuela, ‘Los Rastrojos’ están en la parte norte y las Agc en la parte céntrica de ahí, todos buscando las rentas del comercio”, le dijo a VerdadAbierta.com el coronel Javier Barrera, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta.

La violencia ha llegado a tal punto en La Parada que entre agosto y diciembre del año pasado han sido asesinadas más de 20 personas. Aunque la Policía Metropolitana capturó a varios de los responsables de estos hechos, los homicidios no paran.

“Desde septiembre se vienen armando muchas balaceras y se ha vuelto muy peligroso ir a cubrir esa parte de la frontera. La gente no quiere que la vean hablando con periodistas y nos toca esperar a la Policía para llegar hasta allá”, contó un periodista.

No son miedos infundados. En San Faustino, corregimiento de Cúcuta, atacaron un periodista del diario La Opinión y otro del Q´hubo (de la misma casa editorial) cuando se disponían a cubrir un homicidio. Los hechos ocurrieron el 12 de enero de 2017. A eso de las 8 de la noche, en una trocha conocida como El Hueco, un hombre en una moto los detuvo y los conminó a que se devolvieran, a pesar de que advirtieron que eran periodistas.

De regreso, los comunicadores fueron rodeados por doce hombres más que intentaron abrir las puertas del carro. Mientras huían, dispararon contra el automóvil y tiraron una piedra que rompió el vidrio trasero. (Ver: Atentan contra colaborador de VerdadAbierta.com)

“Fui a contarle al comandante de la Policía y salí regañado, que por qué me metía a esa zona, a esa hora, que por qué no les informaba a ellos. Incluso al día siguiente salió un comunicado dando a entender que la culpa era de nosotros por meternos allá”, narró uno de los periodistas.

En agosto del año pasado fueron capturados 11 miembros de la banda que atacó a los periodistas y hubo calma por unos meses, hasta hace unas semanas que otra banda llegó a disputarse el territorio.

La situación para los periodistas y líderes sociales que quieren denunciar es peligrosa, como lo describe Cañizares.  “Aquí la mayoría de cosas que pasan no se dan a conocer, no porque los periodistas o los medios tengan intereses en ocultar, sino que acá la gente tiene que tomar la decisión de si está dispuesta a cazar pelea con gente muy poderosa que hace lo que se le da gana”.

Negocio que sigue creciendo  

La presencia de estas bandas en Norte de Santander y sus enfrentamientos no son algo nuevo. Luego de la desmovilización del Bloque Catatumbo de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), en diciembre de 2004, surgieron las llamadas ‘Águilas Negras’ que tuvieron presencia hasta 2007, cuando llegaron ‘Los Rastrojos’. En 2011 apareció una facción de los ‘gaitanistas’ que aún continúan en la zona. (Leer más en: ¿Qué se hicieron los desmovilizados del Bloque Catatumbo?)

Estas bandas han coexistido desde hace años con la guerrilla del Eln, la disidencia del antiguo Epl que opera en el Catatumbo, denominada por el Ministerio de Defensa como ‘Los Pelusos’, y ahora un nuevo grupo que se hace llamar ‘Ejercito Paramilitar de Norte de Santander’.

Lo que sí ha cambiado es el poder que estas bandas tienen sobre la totalidad del contrabando. En agosto de 2015 el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó el cierre de frontera con Colombia con el objetivo de detener el contrabando. Como consecuencia de esa decisión se intensificó el uso de las trochas ilegales y, paradójicamente, el control de los grupos ilegales sobre el negocio.

Antes del cierre, el gran contrabando circulaba por los puentes internacionales, ahora deben usar los caminos que controlan las bandas armadas ilegales. De acuerdo con cifras oficiales, hay cerca de 200 trochas en los 350 kilómetros de frontera del departamento.

Algunas han existido desde hace años, son amplias y están pavimentadas, como es el caso de la conocida como ‘Pika de dos’, una ruta controlada por ‘Los Pelusos’. Pero la mayoría son trochas que han abierto en los últimos años las bandas criminales.

“Es un trabajo complicado, porque mientras usted monta todo un operativo para cerrar una trocha, eso es cuestión de unos pocos días o meses para que las bandas abran otra trocha con retroexcavadora”, reconoció un funcionario de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) que solicitó no ser identificado.

La mayoría están ubicadas en un punto que se conoce como Astilleros, entre Puerto Santander y Tibú, pero es en este primer municipio donde se han concentrado los enfrentamientos.  “Ahorita se está presentando una lucha donde termina una trocha que se llama ‘los negros’, por el sector de Venezuela en una parte del Cerro La Popa. Este cerro es importante porque es la parte alta donde usted domina el paso fronterizo de Colombia hacia Venezuela y donde hay una cantidad de trochas, por eso es importante para ellos”, dijo el coronel Barrera.

A Puerto Santander llegan a diario cientos de personas para comprar enseres básicos a precio de contrabando. Los colombianos encuentran precios más económicos y los venezolanos una solución al problema de desabastecimiento en su país. No hay restricciones para quienes visitan Puerto Santander, pero todos pagan extorsiones: los grandes contrabandistas, los ‘pimpineros’, los ‘bachaqueros’, como se conoce a las personas que pasan la frontera para comprar productos que luego revenden, y los venezolanos que cruzan la frontera. (Leer más en: Puerto Santander, en la ruta de ‘las bachaqueras’)

Hostilidades

La complicidad de las autoridades de lado y lado de la frontera, aunque evidente para muchos, es difícil de denunciar en esta zona hostil para ejercer periodismo. Sobre todo, para los reporteros locales. “Yo allá sólo voy a cubrir homicidios. Es que es complicado. Pero si usted se va ahorita a hacer un trabajo sobre contrabando probablemente le van a llegar y preguntar ¿qué están haciendo? Y lo levantan a uno si lo ven tomando fotos. La gente allá probablemente hable poco, porque eso es lo que lo mueve allá, el contrabando, la corrupción de la guardia de Venezuela y las Bacrim, allá mandan son las Bacrim”, contó un periodista

Por eso, algunos periodistas de otras regiones han optado por entrar infiltrados a la zona con dispositivos de grabación oculta. “Allá es muy complicado moverse como periodista. Por eso decidimos usar cámaras que no fueran visibles y camuflarnos entre la población a lado y lado de la frontera pagando las extorsiones de todos los grupos armados y de la Guardia Nacional Venezolana”, dijo uno de los miembros del equipo de investigaciones del diario el País de Cali, quienes con el apoyo de Conectas, publicaron el especial ‘Venezuela, crimen sin frontera’.

Los pobladores conocen muy bien las circunstancias y por eso son pocos los que se atreven a acompañar a quien quiera obtener imágenes. Así les sucedió a los periodistas de El País de Cali cuando intentaban cruzar la frontera desde Puerto Santander hacia el lado venezolano. “¿Estás loco chico? Tú crees que alguien va a atreverse a grabar aquí donde los paramilitares tienen controlado todo. Si solo sacas un teléfono móvil y de inmediato se te ponen atrás para mirar si estás grabando o te leen los chats. Dicen que controlan hasta con cámaras”, les dijo un hombre.

Quienes viven allí saben que se enfrentan a graves consecuencias por ayudar a un periodista. Así le sucedió, por ejemplo, a una reportera que cubre periódicamente la región. Ella viajó a Puerto Santander para conocer más sobre el control de los grupos armados ilegales al contrabando, acompañada de un taxista. “Cuando me regresé, el hombre me llamó a decirme que fueron a preguntarle por qué me había llevado hasta allá y le estaban cobrando una extorsión”, contó la periodista. “La tensión se siente. Ves una estación de policía gigante, pero sabes que es de papel, y eso intimida, porque no tienen certeza de qué terreno estás pisando”.

Algo tan simple como la publicación de una foto puede ser riesgoso. “Las primeras amenazas con panfletos fueron en 2013 por publicar una foto de 25 capturados de los Rastrojos’, porque una foto puede hacerles más daño a ellos que cualquier cosa. Esas son las que cargan después para identificarlos”, explicó un reportero local.

Además de los grupos armados ilegales, el problema es que, siendo el contrabando un problema histórico, gran parte de la población de la frontera vive de este negocio y cualquier intento de las autoridades por desmantelarlo es asumido como un intento por arrebatarles las fuentes de ingreso. Por eso, es común que cada vez que la Policía Fiscal y Aduanera de Cúcuta hace una incautación se genera una asonada o revuelta.

Así sucedió, por ejemplo, a mediados de 2016 cuando la Polfa se tomó la vereda el Diamante, en Puerto Santander, en la zona fronteriza con Boca de Grita, para desmantelar los pasos de combustibles y centros de acopio. La respuesta de la población fue violenta y atacaron las instalaciones de la Alcaldía y de otras dependencias públicas locales.

Un periodista y un reportero gráfico del diario La Opinión acudieron a la zona para cubrir los hechos, pero no lograron avanzar hasta donde estaban ocurriendo los hechos. Cuando iban de regreso a Cúcuta, en intermediaciones de Aguaclara, se encontraron con un tronco prendido en llamas que obstaculizaba el paso de tres vehículos: el de los periodistas, el de alcalde de Puerto Santander y el de una organización no gubernamental, acompañados por agentes de la Policía. Pocos minutos después atacantes desconocidos dispararon contra la caravana. Nadie salió herido en el incidente.

Como medida de autoprotección algunos medios y periodistas han optado por frecuentar en menor medida esos lugares y valerse de diversas fuentes para cubrir las historias sin llegar hasta el lugar de los hechos. “Han pasado muchos hechos por allá y nos toca es buscar la forma de comprar fotografías a la gente, que tome con el celular.  Se volvió una zona vedada para nosotros. La información la obtenemos con la autoridades, Policía o Ejército. Fuente sólo oficiales”, indicó un reportero.

La situación de inseguridad ha generado mayor dependencia de las fuentes estatales que, desde sus oficinas de prensa, se empeñan en resaltar los resultados positivos solamente. Y romper ese círculo no es fácil. “Cuando sacamos algo contrario nos dicen que estamos atacando a la Policía. Hemos tenido muchos problemas con los homicidios, porque lo toman como algo personal, que no hay que sacarle todas las cosas malas, que la ciudad necesita más apoyo de los medios de comunicación, que es nuestra que no vean el departamento como una opción de inversión”, describió otro periodista consultado.

Del otro lado de la frontera tampoco reciben información. Los periodistas colombianos que han intentado obtener una entrevista con autoridades locales venezolanas en relación con el contrabando no han obtenido respuestas. Cuando periodistas de El País de Cali intentaron con el gobernador de Táchira, José Gregorio Vielma Mora, sólo obtuvieron este mensaje de la encargada de comunicaciones: “Hay un manejo tendencioso de los medios colombianos hacia Venezuela (…) ojalá las imágenes que obtuvieron no sean solo del Eln sino también de los paramilitares colombianos, que hay bastanticos por esta zona”.

En el trasfondo de este convulsionado panorama quedan preguntas que, a juicio de los periodistas, es difícil investigar: ¿Qué empresarios están detrás del gran contrabando? ¿Cuáles son los daños medioambientales que ha causado la continua apertura de trochas ilegales? ¿Hasta qué niveles llega la complicidad de las autoridades a lado y lado de la frontera con los grupos ilegales?

* Nota: los nombres de los periodistas fueron omitidos por razones de seguridad.

* Esta investigación es un producto de la Liga Contra el Silencio, un esfuerzo colectivo de varios medios de comunicación para denunciar casos de autocensura en el periodismo colombiano y contribuir así a la libertad de expresión

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