En una esquina del parque principal de Mocoa sobresale un hidrante rojo al que los habitantes de esa ciudad llaman con sarcasmo “el hidrante milagroso”.

Le dicen así desde el 2 de mayo de 2017. Ese día, el presidente Juan Manuel Santos, de visita en la ciudad, abrió aquel hidrante como un símbolo del restablecimiento del servicio de agua, suspendido luego de los daños causados por la avalancha de lodo y piedras que mató a 333 personas en la noche del 31 de marzo. “Con el paso que hoy hicimos les vamos a dar más o menos una cobertura del 70 % de agua potable a los mocoanos”, dijo entonces el presidente.

Los asistentes se miraron sorprendidos. Todos sabían que por las tuberías del centro de la ciudad nunca ha corrido agua potable. El acueducto de Mocoa apenas alcanza a surtir de agua apta para el consumo humano al 40 % de la pequeña urbe de 43.731 habitantes. Por esos días, además, el líquido bajaba turbio, con un sedimento amarillo oscuro que se acumulaba en el fondo de los recipientes.

En mayo de 2017, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres aún removía toneladas de barro, rocas y escombros para habilitar las vías urbanas y un puente hacia el Huila; o para montar albergues y otras tareas urgentes.

La anécdota del hidrante resume la conducta que el gobierno ha demostrado desde que la avalancha arrasó 1.462 casas, desapareció a 76 personas y dejó heridas a otras 398. Con una mezcla de triunfalismo y verdades a medias, durante el último año se ha difundido en distintos medios la versión oficial, que habla de supuestos avances y tareas completadas en las obras de recuperación. A medida que transcurrían los días sin que empezara la reconstrucción, los mocoanos reconocieron en el caso del hidrante el primero de muchos engaños.

Este sentimiento se agudizó dos meses después, cuando el gobierno entregó el primer balance del proceso de reconstrucción. “En ese informe parecía que todo se hubiera solucionado, que estábamos mejor que en Bogotá”, dice Sigifredo Arciniegas, presidente de Asojuntas y de la Veeduría Dignidad por Mocoa. “En Mocoa sólo hay promesas incumplidas 100 días después de la tragedia”, tituló el corresponsal de la agencia Colprensa en esa ciudad.

Ahora, a punto de cumplirse el primer año de la tragedia, sigue la incredulidad de muchos, a pesar de que altos funcionarios del Gobierno visitan la ciudad, se fotografían sonrientes en medio de las obras y anuncian en forma reiterada que todo marcha bien.

La Liga Contra el Silencio visitó esa ciudad en la segunda semana de marzo y comprobó que las viviendas para los damnificados, los puentes vehiculares y el acueducto presentan retrasos considerables respecto a los anuncios hechos por el Gobierno en las semanas y meses siguientes a la tragedia, que arrasó con 48 barrios de la capital del Putumayo.

A mediados de marzo, las obras de infraestructura nuevas, finalizadas y puestas al servicio de la comunidad, son tres puentes peatonales, un sistema de alerta temprana, el mejoramiento de una cancha y de un salón comunal, 373 metros de pavimento y algunas obras en colegios. También está lista la biblioteca de la urbanización Sauces, donde el Gobierno reubicará a 1.200 damnificados. La construcción de la primera fase del hospital se encuentra en un 34 % y, según Sorrel Aroca, gobernadora, se están haciendo gestiones para conseguir los 15 mil millones de pesos que cuesta la segunda etapa.

El resto de las obras de reconstrucción se encuentra en distintas etapas de diseño, estudio, licitación, firma de contrato, desembolsos y otros procesos burocráticos. Según la Gerencia para la Reconstrucción de Mocoa, existe un presupuesto cercano a los 1.2 billones de pesos para reconstruir la ciudad. Esta cifra, incluida en el documento Conpes 3904, deberá ejecutarse entre los años 2017 a 2022.

Reconstrucción sin PBOT

La lentitud de los procesos y la negligencia histórica de diferentes administraciones del municipio y del departamento han llevado a que la reconstrucción de Mocoa se ejecute sin un Plan Básico de Ordenamiento Territorial del Municipio, PBOT.

Un decreto sobre telecomunicaciones, firmado por el alcalde José Antonio Castro el 28 de abril de 2017 (menos de un mes después de la tragedia), señala en los considerandos: “El PBOT del municipio de Mocoa fue adoptado en el año 2000, por tal razón los tres componentes de corto, mediano y largo plazo están vencidos”.

Esto significa que se están invirtiendo miles de millones de pesos en infraestructura sin contar con la principal herramienta de planeación que determina el orden y el desarrollo armónico y seguro de un territorio. Es grave. Pero lo es más en una ciudad expuesta a avalanchas de al menos cinco ríos y quebradas, cuyos desbordamientos pueden arrasar con barrios seguros en apariencia, como ocurrió en un sector donde los escombros del año pasado destruyeron la vivienda del alcalde y pasaron a unos cincuenta metros de la casa donde vive la gobernadora.

Sobre la necesidad del PBOT ya existían advertencias. El 6 de abril de 2017, cinco días después de la avalancha, el director del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, Juan Antonio Nieto Escalante, fue enfático: “Antes de la reubicación, es prioritario y necesario actualizar su Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT). Y, sobre todo, introducirle medidas prácticas y efectivas, porque las contenidas en el hoy vigente pecan de retóricas y poco pragmáticas”.

Según la Gerencia de la Reconstrucción se han realizado estudios de posibles amenazas en las cuencas de cinco ríos y quebradas, con una inversión de 1.100 millones de pesos, y hay avances del 80 % en estudios de microzonificación sísmica, exposición y riesgo sísmico para el área urbana y suburbana.

El alcalde José Antonio Castro y Jorge Luis Cuevas, coordinador del sistema de alertas tempranas de Mocoa, aseguran que el nuevo PBOT de Mocoa estará listo hacia julio próximo.

Entonces, ¿con base en qué estudios de riesgo se firmaron, pocas semanas después de la tragedia, los contratos para la construcción de 1.200 viviendas, puentes, el hospital y el acueducto?

La gobernadora Sorrel Aroca, por su parte, explica que desde lo ocurrido el año pasado, Mocoa es el municipio más estudiado del país en materia de amenazas, pero acepta que “definitivamente un ordenamiento territorial es primero, pero dada la inminente necesidad de generar dinamismo”. Es decir, se sacrificó lo adecuado por lo urgente.

Viviendas: cambios en las fechas de entrega

El 10 de abril del 2017, la entonces ministra de Vivienda, Elsa Noguera, se apresuró a anunciar que en cinco meses los afectados por la avalancha recibirían las primeras viviendas. “Una vez se defina el lote, en un mes como tarde, arrancaría la construcción. Y en cuatro meses estaríamos viendo las primeras viviendas”, aseguró durante una entrevista en una cadena radial. Los mocoanos comenzaron a llevar las cuentas. Pero pasaron los cinco meses y la construcción de las casas apenas estaba empezando.

En julio pasado, al cumplirse los primeros 100 días de la tragedia, la ministra Noguera olvidó el plazo de cinco meses y fijó, ahora para fines de 2017, la entrega de 300 viviendas. Pero terminó el año y esto tampoco ocurrió. Ante el evidente retraso, algunos funcionarios aseguraron que las primeras casas se entregarían entre enero y marzo de 2018. Por tercera vez, la promesa se incumplió.

Por fin, el pasado 16 de marzo, Camilo Sánchez, el nuevo ministro de Vivienda, anunció que las primeras 100 viviendas se entregarán en abril próximo y, dos meses después, las 200 restantes, para completar así la urbanización Sauces I.

En la segunda semana de marzo, cuando La Liga Contra el Silencio visitó Mocoa, unas treinta viviendas estaban en la etapa de acabados en esa urbanización. Cuadrillas de obreros trabajaban en la adecuación de las otras 70; la mayoría estaba aún en obra gris, y las últimas apenas en montaje de plaquetas prefabricadas. Dos retroexcavadoras abrían zanjas para el alcantarillado. El balance oficial a esa fecha menciona un avance del “32,46 % de obra física ejecutada”.

A este ritmo es incierta la fecha exacta de entrega de las otras 200 casas que componen la primera etapa. Menos esperanza hay con las 909 restantes en Sauces II y en la vereda Planadas, donde apenas están en avalúo por parte del IGAC las 25 hectáreas de terreno que se requieren para construir 252 viviendas.

Julio Báez, funcionario del Ministerio de Vivienda a cargo de supervisar las obras en Mocoa, justifica los retrasos porque “se han presentado una serie de hechos que trascienden el proceso constructivo”.

Entre las razones que “dificultaron enormemente” la construcción de las casas menciona: las persistentes lluvias en la región, la demora para encontrar zonas donde depositar 60.000 metros cuadrados de escombros dejados por la tragedia, la resolución de aspectos normativos sobre uso de suelos y la expropiación de predios para edificar los proyectos habitacionales. Según sus cálculos, la última vivienda se entregará “por tarde, en el mes de agosto de 2019”.

Sobre la necesidad de contar con un Plan de Ordenamiento Territorial actualizado, Báez explica que “el proyecto no se podía parar a la espera de un nuevo plan”, pero asegura que se cumplió con la normativa vigente y que se escogió un sector “muy bueno, lejos de cualquier tipo de riesgo” para construir las viviendas.

Ante la demora en la entrega o la imposibilidad de conseguir un cupo, algunas personas han comenzado a retornar a las ruinas de sus casas en barrios como San Miguel o El Progreso, donde sus vidas corren peligro en caso de otra avalancha.

Carmen Lida Narváez, de 63 años, adecuó un apartamento y un local en lo que quedó de su casa, a pocos metros del río Sangoyaco. Esta es una zona de alto riesgo. Su problema y el de su vecino, cuya casa también fue semidestruida, es que nunca desenglobaron los lotes y ahora el Gobierno les reconoce una sola vivienda.

Durante un recorrido por la orilla de los ríos que causaron la avalancha es evidente que las casas que quedaron en ruinas deben ser demolidas. Pero esta labor también está paralizada. “Primero nos dan casa para poder demoler”, advierte un letrero.

Además, la veeduría de Juntas Comunales elevó una demanda ante la Contraloría General por supuesto detrimento patrimonial en la compra de las tres hectáreas donde se construye la urbanización Sauces, por las que se pagaron 1.800 millones de pesos, una cifra inusual en una región donde la hectárea más costosa se negocia en 250 millones, según el informe de la veeduría y el testimonio de un intermediario en finca raíz.

Acueducto: “El gobierno incumplió”, dicen los indígenas

El otro tema urgente en la reconstrucción de Mocoa es el acueducto, en el que se invertirán 28 mil millones de pesos. “En cinco meses se prevé que esté habilitada la bocatoma, pero se considera que el proyecto total esté terminado dentro de un año”, le dijo el alcalde Castro a Caracol el 12 de abril de 2017.

Sin embargo, casi un año después, Aguas de Mocoa, según su gerente, Julio César Rojas, sigue operando con una bocatoma provisional. El funcionario explicó que la entrega de la bocatoma definitiva está prevista para finales de este mes.

Además, la construcción de la segunda planta de tratamiento y de otras dos obras complementarias se encuentra paralizada. La obra se detuvo a raíz de los desacuerdos en el proceso de consulta previa con el cabildo indígena Inga, en cuyo resguardo se encuentran ubicados los terrenos.

Miguel Ángel Quinchoa, gobernador del Cabildo, afirma que desde hace quince días su comunidad prohibió el ingreso de los obreros debido a que el Gobierno incumplió un acuerdo para la ampliación del resguardo.

Mientras se soluciona el tema de la consulta previa, las demás obras del acueducto avanzan en otros sectores de la ciudad. Aguas de Mocoa calcula que se ha instalado más del 65 % de redes y también se trabaja en líneas de conducción, un tanque de almacenamiento y pasos elevados sobre tres ríos.

Puentes: hace un mes comenzaron obras

Uno de los ríos que provocó la tragedia de Mocoa es el Mulato. Sobre él se construye, desde febrero pasado, el único puente vehicular que está en obra en Mocoa. “$2.729 millones” reza una pancarta junto al lugar. El avance, hasta mediados de marzo, era del 14 %. Otros dos puentes sobre el río Sangoyaco no tienen una fecha específica para el inicio de la construcción.

Además, la Gobernación tiene previsto otro puente sobre este río para desembotellar el tráfico hacia el barrio El Progreso. Pero esas obras podrían comenzar dentro de cuatro o seis meses. La gobernadora Aroca y su equipo explican que el proyecto, con un costo de 4 mil millones de pesos, comenzó a gestionarse a través del Sistema Nacional de Regalías, en mayo del año pasado, y en la actualidad se encuentra “a la espera de unas firmas por parte del municipio para presentar los ajustes que nos pidió el ministerio de Transporte”. Si las cosas fluyen bien, todo el proceso burocrático demora unos 18 meses, antes de que comiencen las obras.

A un ritmo similar marcha la ampliación de la sede del colegio Fray Plácido, en el barrio Los Sauces, y la construcción de algunas obras de mitigación en el río Mulato. Estos trabajos están a cargo de la Gobernación.  

De las obras que se encuentran en papeleo, las que más preocupan a los mocoanos son las de mitigación, pues en este momento, a pesar del dragado, una parte de la ciudad permanece expuesta en caso de crecientes inusuales. Por algunas avenidas, como la San Francisco, que pasa frente al hospital, baja un caudal turbio cada vez que llueve en la montaña.

“Insistimos en que las obras de mitigación para Mocoa son urgentes y no dan espera”, dice la gobernadora, y asegura que la Gerencia de Reconstrucción le informó que para esas obras hay un presupuesto de 120 mil millones y ya están contratados los estudios y los diseños.

A pesar del moderno sistema de alerta que instaló el Gobierno, que incluye 11 sensores de río, cuatro estaciones metereológicas y 12 alarmas, el temor ronda en la mayoría de los barrios, sobre todo en los sitios adonde retornaron los damnificados.

“Todos salimos a asomarnos cuando sentimos que está lloviendo. No dormimos. Usted ve gente pegada a las ventanas y pendientes por si suenan las alarmas. Hay otros que se van a ver si el río está creciendo”, dice Albert Díaz, un joven que paga arriendo en un apartamento reconstruido en el barrio El Progreso, a unos 50 metros del dique que construyeron las máquinas del Gobierno junto al temible río Sangoyaco.

* Esta investigación es un producto de La Liga Contra el Silencio, un esfuerzo colectivo de la Fundación para la Libertad de Prensa y varios medios de comunicación para contrarrestar la autocensura en el periodismo colombiano y contribuir así a la libertad de expresión y el derecho a la información sobre asuntos de interés público.

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