Por iniciativa del Gobierno, el Meta se convirtió en el principal productor de petroleo del país. Mientras tanto, las comunidades se armaron de herramientas legales para proteger el agua.
La historia del Meta como primer departamento productor de petróleo en Colombia es reciente. Las empresas petroleras aprovecharon las garantías de seguridad y la reducción de requisitos ambientales que ofrecía el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe para operar en la región. En el año 2003, en la Altillanura, el empresario Germán Efromovich compró los derechos de explotación petrolera del campo Rubiales, en el municipio de Puerto Gaitán, a través de su empresa Meta Petroleum, que años más tarde se fusionaría con Pacific Rubiales. Al mismo tiempo, en el Piedemonte Llanero, Ecopetrol amplió la producción del bloque Cubarral.
La producción petrolera antes de 2003 en el Meta se reducía a la pequeña producción de pozos en zonas con alta presencia de las FARC y de grupos paramilitares en la Altillanura y en el Piedemonte Llanero. Por un lado, la guerrilla atacaba constantemente la poca infraestructura existente y secuestraba funcionarios de las compañías petroleras. Por el otro, los paramilitares -que inicialmente habían llegado a la región en los ochenta con los narcotraficantes del Cartel de Medellín y los esmeralderos de Boyacá- se habían unido a los hombres de los hermanos Carlos y Vicente Castaño desde 1997.
La guerra por el control del narcotráfico en la zona dejó centenares de víctimas de asesinatos selectivos y masacres. Aunque la intensidad de la violencia bajó desde 2003, con mayor presencia del Ejército cerca de los pozos petroleros y la desmovilización de gran parte de la estructura paramilitar, no desaparecieron las amenazas contra los líderes sindicales y ambientales que protestaban contra el poder de las empresas petroleras en la región.
Mientras que la historia de campo Rubiales se desarrolló con la llegada de Pacific Rubiales
en 2008, la historia del Piedemonte Llanero, la región que marca la frontera entre la cordillera y el comienzo de los Llanos orientales comenzó en los años 40. Engineering & Exporting Company
realizó exploraciones, pero fue hasta 1973 que se comprobó la existencia real de crudo. Desde ese año hasta el 2000, Chevron Petroleum Companyy Ecopetrol explotaron el bloque Cubarral, a una hora de Acacías.
Antes de la llegada de Efromovich al campo Rubiales, el Piedemonte era la principal zona de exploración petrolera del departamento. Aunque los municipios de la región recibían los dineros de las regalías, también aparecieron las quejas y manifestaciones de las comunidades de Villavicencio, Acacías y Castilla La Nueva. En 2006, la comunidad reclamó contra Ecopetrol por intentar instalar una tubería para verter aguas residuales en el río Guamal. La empresa decía tener las licencias necesarias expedidas por Cormacarena, la corporación pública que administra los recursos naturales en el departamento, para llevar a cabo la obra. Sin embargo, la clase política del momento junto a la comunidad impidieron la continuidad de la obra.
El malestar en algunos sectores de la población por la explotación no fue obstáculo para que en 2008 el departamento del Meta, por primera vez en su historia, se convirtiera en el primer productor de crudo, por encima de Arauca y Casanare. Ese año se produjeron un promedio de 156.875 barriles diarios, según la investigación realizada por la Corporación Universitaria del Meta. El campo petrolero en la vereda Rubiales, en Puerto Gaitán, como lo catalogaron los medios, fue ‘la joya de la corona’ para el sector de hidrocarburos se posicionara en el Meta como el departamento de mayor producción de petróleo, dejando de lado las exploraciones y explotaciones del bloque Cubarral, en el Piedemonte.
El 2010 fue un año clave para marcar el camino petrolero en el país. El entonces presidente Álvaro Uribe Vélez visitó Villavicencio para anunciar que se produciría la mayor cantidad posible de petróleo. También, ese mismo año, la Agencia Nacional de Hidrocarburos en la llamada Ronda Colombia (una convocatoria de licitaciones) promovió 15 bloques de exploración en el departamento con una extensión mayor a 500 hectáreas. Principalmente, las licencias se dieron para los alrededores del bloque Cubarral.
En 2010, varios medios de comunicación anunciaron que Ecopetrol había encontrado una nueva ‘joya de la corona’. Esta vez no era en el campo Rubiales sino la ampliación del Bloque Cubarral, en el Piedemonte, que lograría una producción de un millón de barriles. Para ello, se creó el Bloque de Crudos Pesados de Oriente que comprende nueve municipios (CPO- 09), en 208.000 hectáreas, divididas en seis áreas de perforación de exploración entre las que se encontraba el bloque Akacías y el Pozo Lorito 1, ubicado en la vereda de Humadea, Guamal.
La comunidad, inquieta por la falta de agua en la vereda La Esmeralda por la actividad petrolera del bloque Cubarral y luchando por impedir la construcción de la tubería de agua residual al río Guamal, instauró varias medidas legales para impedir la exploración en las nuevas áreas de perforación.
En 2011, el gobierno de Juan Manuel Santos creó la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), que instauró la figura legal de terceros intervinientes, la cual permite a los ciudadanos ser actores reconocidos por la empresa petrolera y el Estado, para que representen a sus comunidades. En abril de 2012, a solicitud de terceros intervinientes se realizó la primera audiencia ambiental en el país, para hacer seguimiento al proceso de licencias de las áreas de exploración del bloque CPO-09.
En esta audiencia la comunidad expuso su preocupación de que el río Humadea y los yacimientos de agua fueran contaminados por derrames de petróleo, que hubiera afectaciones por el desvío del río y daños al corredor ambiental, que viene desde el Páramo de Sumapaz, por la construcción de vías de acceso a las plataformas. La ANLA recogió las inquietudes de la comunidad y las consignó en la licencia ambiental, bajo la resolución 0331 de 2012.
Ecopetrol y los terceros intervinientes interpusieron un recurso de reposición a la resolución 0331 de 2012. La empresa quería solicitar la concesión de agua de seis puntos que había sido rechazada en la audiencia, y el permiso de vertimiento argumentando que era menos nocivos. La ANLA rechazó nuevamente la concesión de agua y el permiso de vertimientos, pero duplicó la concesión sobre el río Ariari bajo la resolución 0466 del 15 de junio de 2012.
Los terceros intervinientes presentaron el recurso bajo el argumento de respetar las zonas de exclusión, es decir, lugares en los que no se puede realizar ninguna actividad extractiva por riesgo de daño ambiental irreversible. La ANLA, mediante la resolución 514 de 2012, exigió que Ecopetrol tuviera Planes de Manejo Ambiental, es decir, que conociera el total de cuerpos de agua del bloque y ninguna plataforma o pozo estuviera a menos de 200 metros. Contra la segunda resolución expedida, ninguna de las partes podría presentar nuevamente recurso de reposición.
En noviembre de 2012, varias mujeres de los municipios de Guamal, Castilla La Nueva y Acacías interpusieron una acción de tutela por el derecho al agua. La plataforma de Pozo Lorito 1, según el Observatorio de Conflictos Ambientales de la Universidad Nacional, no cumplía con los 100 metros reglamentarios que la deben separar de un cuerpo de agua. La plataforma y el río Humadea estaban aproximadamente a 90 metros de distancia. Un río que abastece a cerca de 400 personas y la bocatoma se encontraban a 2,5 km de la plataforma. Las tutelas fueron negadas en primera y segunda instancia por el Juzgado Promiscuo Municipal de Guamal.
La ANLA realizó una modificación a la resolución 0466 de 2012, que estipulaba nuevas distancias entre cuerpos de agua y actividades o infraestructuras petroleras. La nueva resolución definía que fuentes hídricas de primer orden (ríos) era de 200 metros, de segundo orden (quebradas) era de 100 metros, y para fuentes hídricas de tercer orden (caños) era de 30 metros. La ANLA concluyó, tras un visita a la plataforma Lorito 1, que el río Humadea desde ese momento era un caño y cumplía con la distancia requerida.
Sin ninguna salida jurídica para la comunidad, el 22 de febrero de 2013, los habitantes de Guamal, Humadea y Castilla La Nueva iniciaron un plantón sobre el puente del río Guamal, que logró bloquear el paso a los vehículos que llevaban los equipos para la exploración petrolera al pozo Lorito 1. El plantón duró hasta el 19 de octubre del mismo año.
Durante estos meses, líderes ambientales interpusieron una acción popular solicitando medidas cautelares para la suspensión de la construcción de la plataforma de Pozo Lorito1. En septiembre de 2013, el Tribunal Contencioso del Meta falló a favor de la comunidad. Sin embargo, en 2014 por orden del Consejo de Estado fueron suspendidas las medidas cautelares.
El 17 de septiembre de 2013, la Sala octava de revisión de tutela de la Corte Constitucional, seleccionó la tutela de 2012, interpuesta por un grupo de mujeres de la vereda Humadea de Guamal, para su revisión. La Sentencia T-652 revocó la sentencia de segunda instancia del Juzgado Promiscuo de Guamal y exigió la suspensión inmediata de la plataforma del Pozo Lorito 1, bajo el argumento de principio de prevención y el derecho fundamental al agua.
Entre quienes defienden el medioambiente y los que acuden a decir que la industria de hidrocarburos es el progreso del país, el Meta sigue siendo el fortín económico petrolero. A 2018, según la ANH, el departamento produjo el 49,9% de la producción en Colombia y se espera retomar la exploración sísmica y perforación en el Piedemonte Llanero, a través de nuevas licencias ambientales que puedan cumplir con la sentencia T-652 de 2013.
