Los medios tradicionales no registraron la noticia en todo 2016. Pero detrás de la salida de una de las farmacéuticas insignia del gremio tradicional de laboratorios colombiano, Asinfar, se hallaban múltiples claves para comprender el futuro de un campo tan crítico para cualquier sociedad como lo son los medicamentos. La compañía se llama Genfar y su partida refleja una parte del proceso de desnacionalización de lo que se conoció como industria farmacéutica colombiana.

Genfar fue fundada a finales de los años sesenta y hoy es un gigante de la producción de fármacos genéricos, como el antiparasitario Albendazol o el potente analgésico Tramadol, cuyos empaques mal manipulados en una sucursal de la farmacia Cruz Verde desembocó en la muerte de dos niños el pasado enero. 

El proceso parece ya no tener reversa. Los datos sustentan cualquier sospecha: de las 220 plantas de producción de medicamentos que había en Colombia en los años ochenta —30 de las cuales eran extranjeras–, hoy quedan menos de 100, y de esas, no más de tres son multinacionales, según se recoge de un trabajo académico de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional titulado Libre Comercio y Desindustrialización Farmacéutica en Colombia 1995-2012 (aún sin publicar). 

La directora de la Asociación Colombiana de Industria Farmacéutica, gremio fundado hace dos años por pequeños laboratorios de capital colombiano que no se sentían representados en Asinfar, Clara Rodríguez, resume el momento: “Cada día importamos más medicamentos. Producimos menos. Exportamos menos. Y las multinacionales se quedan con el 65 o el 70 % de los ingresos totales en valores de mercado”.

¿Qué implicaciones tiene lo anterior? El economista de la Universidad Nacional Álvaro Zerda sostiene que, fundamentalmente, la pérdida de maniobra política de los laboratorios locales o la sociedad civil en temas de propiedad intelectual o regulación y control de medicamentos. También menciona un mayor gasto del sistema de salud colombiano en medicamentos de alto costo; el bloqueo de proyectos de investigación farmacéutica y, finalmente, el debilitamiento de un sector ya de por sí huérfano de políticas sólidas.

Durante la segunda mitad del siglo pasado un puñado de grupos familiares e inversionistas colombianos, estimulados por las medidas proteccionistas del Estado, se lanzaron al negocio farmacéutico. Las leyes de entonces obligaban a las empresas extranjeras a fabricar en Colombia como requisito para distribuir sus productos. Eso supuso una transferencia de tecnología importante. 

Así floreció una industria relativamente grande, con niveles de calidad desiguales, pero que logró cierta notoriedad a través de la fabricación de genéricos, que son versiones cuya patente ha caducado y por lo tanto más baratas.

Luego vino la apertura económica de los años noventa. Desde entonces la desnaturalización del sector ha sido constante. La norma para los extranjeros de fabricar en Colombia se acabó. La mayoría de las multinacionales se fueron del país dejando muchas fábricas abandonadas o en manos de otros propietarios. Solo se quedó un puñado de representantes comerciales. 

En años recientes las multinacionales, estimulados por el crecimiento de la demanda de medicamentos que supuso el nuevo Sistema de Seguridad Social en Salud, se han ido adueñando también de las empresas de genéricos. El profesor Álvaro Zerda habla de una “desindustrialización relativa”. Para el académico el capital nacional tiene cada vez menos peso en el mercado farmacéutico.

“La situación es crítica”, afirma Francisco Rossi, director de la ONG Ifarma, “se ha perdido por completo el enfoque de salud pública que, de cierta manera, se tenía. Antes se entendía que había que ofrecer alternativas y competir para que bajaran los precios. Hoy todo se reduce a la promoción de productos rentables. Si a eso le sumamos la compra de laboratorios locales por parte de transnacionales, el resultado es un proceso de desindustrialización evidente y acelerado”. 

Y remata: “De hecho, la Andi ya no es la Asociación Nacional de Industriales, es la Asociación Nacional de Empresarios. No cambió la sigla, pero ya no es de industriales, realmente se trata de una competencia entre comercializadores”.

Fisuras gremiales

Desde finales de 2011 ya corría el rumor de que la multinacional farmacéutica francesa Sanofi estaba en negociaciones para comprar Genfar, propiedad de dos socios tolimenses. 

El anuncio del acuerdo comercial se hizo público a finales de 2012 y una capa de incertidumbre se instaló sobre Asinfar. Genfar era la tercera compañía nacional en tamaño, detrás de Tecnoquímicas y Lafrancol. Era importante por sus aportes técnicos y económicos,  pero sobre todo por su defensa de hierro de la industria colombiana en los choques ocasionales con el Ministerio de Industria y Comercio, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) y la presión de las grandes industrias globales agremiadas en otra asociación bautizada como Afidro (Roche, Bayer, Abbott, Glaxo, Sanofi, etc).

Marco Avella, veterano fundador del grupo farmacéutico colombo-mexicano AVE, lo resume desde Ciudad de México: “Siempre (Genfar) se opusieron a la cantidad de trabas que se generaban para que a los laboratorios colombianos nos costara más trabajo acceder a la producción de los nuevos medicamentos biotecnológicos”

En los códigos internos de los gremios suele primar la diplomacia. Pero la entrada de los franceses dejó sutilmente alterado el espíritu de bloque de otros tiempos. El gerente de Genfar para entonces, Nicolás Maquiavelo, empezó a filtrar información confidencial de la junta directiva de la Asociación de Industrias Farmacéuticas en Colombia (Asinfar). 

El destinatario no era otro que el bloque antagónico, la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo (Afidro). Así pues, los nuevos propietarios franceses pasaban a contar con silla e información privilegiada en las dos organizaciones. 

En 2014, por ejemplo, se conoció que había planes de interponer una denuncia penal contra el entonces presidente ejecutivo de Afidro, Francisco de Paula Gómez, por difamación y calumnia. “Maquiavelo le pasaba todo lo que se hablaba en la junta directiva a los del otro lado”, explica quien fuera director de Asinfar durante 30 años, Alberto Bravo. “Entonces íbamos a poner una demanda, y, misteriosamente, en Afidro se adelantaban, y el que terminaba demandado era yo. Esas denuncias están archivadas”.

Un cambio de publicidad de Genfar sirvió como detonante: “Medicamentos genéricos con calidad de multinacional”. Un mensaje interpretado por los locales como una estrategia de “competencia desleal”. En febrero de 2016 se anunció la salida unilateral de Asinfar de la francesa Genfar. Y, aunque se había roto una de las porcelanas más preciadas del gremio, más de un afiliado intuyó que era la mejor opción. “Estábamos durmiendo con el enemigo”, remata una fuente que pidió no ser identificada.

Nathalie Michelou, encargada de comunicaciones del grupo francés para Colombia y Perú, aporta la versión oficial sobre la salida de la empresa: “Consideramos que al estar presentes en la ANDI y en Afidro cubrimos las expectativas gremiales de la compañía en todos sus frentes”.

Los movimientos de los últimos años al interior de Asinfar dan una idea de la complejidad del sector y de la industria de los medicamentos en Colombia. De sus conflictos y transformaciones. El número de afiliados, por ejemplo, retrata una clara contracción sectorial: si a finales de los ochenta la agremiación contaba con 40 laboratorios, hoy llega a 19. Algunos de ellos multilatinas, de propiedad chilena (Labinco) y argentina (Roemmers). O estadounidense, como es el caso de Lafrancol, otro de los buques insignia cuya bandera fue colombiana, hoy en manos de una de las corporaciones más grandes y poderosas del mundo con sede en Chicago: Abbott.

Según quince fuentes consultadas, la mayor preocupación gira en torno al hecho de dejar el desarrollo de medicamentos genéricos (más baratos en el mercado) exclusivamente en manos de la gran industria extranjera. El químico farmacéutico antioqueño Luis Guillermo Restrepo explica que las compañías multinacionales “ya no compran laboratorios locales para sacar a un competidor del mercado, como antes, sino para conservar el modelo de producción y adueñarse de la tierra y del mercado de genéricos colombiano”.

¿Dónde están los laboratorios colombianos? Se pregunta alarmado el doctor Óscar Andia, un activista que dirige la ONG Observamed-FMC, dedicada a escrutar y seguir los movimientos en los precios de los medicamentos desde 2003. Dice que “contar con una producción local de medicamentos genéricos, de buena calidad y precios más favorables, es esencial, tanto para el sistema de salud como para los pacientes”. Y llama la atención sobre la falta de una política pública de fortalecimiento estratégico a la industria nacional. Desde su punto de vista esa debilidad institucional solo ha favorecido a las multinacionales.

La presencia de la vallecaucana Tecnoquímicas, la más grande y potente del mercado colombiano, parece jugar un papel aparte dentro de esta historia.

Una fuente del sector farmacéutico, que prefirió permanecer bajo anonimato, ejemplificó las bondades y falencias de una corporación tan poderosa: las ventas consolidadas de Tecnoquímicas de más de 1,6 billones de pesos (2019) son una palanca primordial para la economía colombiana. Se trata, sin duda, de una fuente vital de empleo. Pero por el otro, afirma la fuente, es una gran corporación con conductas monopolísticas e incurre en asuntos tan lamentables como el denominado “cartel de los pañales”.

Y sentencia: “Tecnoquímicas es más grande que muchas multinacionales. Y a su vez se comporta como tal. Su poder político le da una especie de inmunidad. Han sido de los mayores aportantes a las campañas del ‘uribismo’ y la Ministra de Relaciones Exteriores (Claudia Blum) está casada con Francisco José Barberi, miembro de la familia propietaria de la empresa”.

Llegados a este punto, el veterano empresario Marco Avella, que vendió acciones de AVE a inversionistas mexicanos, plantea la urgencia de clarificar ¿qué es, exactamente, “industria farmacéutica nacional”?: “En Colombia no lo tenemos claro. Para mí, industria nacional es toda industria que fabrica en suelo colombiano. Que hace salto arancelario. Es decir: que recibe de cualquier parte del mundo materias primas, empaques, y elabora un proceso técnico farmacéutico que termina en un producto que tiene el registro del Invima y puede ser comercializado. No lo es el que recibe productos farmacéuticos y los pone en una caja y ya está”.

El doctor Andia, sin embargo, advierte que en esta historia los propios industriales colombianos y su gremio son corresponsables de un panorama estéril.  Opina que desecharon la posibilidad de cultivar una industria dinámica, robusta, con entidades de control capaces y confiables: “Se debe tener en cuenta que los laboratorios nacionales, que empezaron como negocios de familia, tampoco han sido unos ángeles. Han recibido múltiples exenciones tributarias en nombre del interés colombiano. Y cuando se vendió Genfar, o American Generics, ¿quién habló de interés nacional, quién defendió la fabricación nacional? ¡Nadie! Ellos, al final, también reducen un tema prioritario para el interés público a una cuestión de mercado”.

Sobre filtraciones 

Un año después de la compra de Genfar, en 2013, la vallecaucana Lafrancol, empresa centenaria y segunda en tamaño, pasó a manos del grupo chileno Corporación Farmacéutica Recalcine (CFR) en un acuerdo que superó los 2.900 millones de dólares, según la prensa chilena. Un año después, la estadounidense Abbott se hizo con el control del 73 % de la misma CFR, e incorporó a Lafrancol al portafolio de sus marcas registradas.

Lafrancol, a diferencia de Genfar, permanece en el gremio de laboratorios locales (Asinfar), a pesar de que su casa matriz también forma parte del gremio de las multinacionales (Afidro). En el primer caso los representa el cuestionado exdirector de la EPS en liquidación Caprecom, Mario Andrés Urán. En el segundo, el gerente de AbbVie, una filial de la marca estadounidense, Felipe Palacios. 

La coyuntura se presta, según dos fuentes del gremio, para que algunas compañías extranjeras violen normas de cumplimiento empresarial (compliance) que no se permitirían en sus países de origen. A saber, hacer cabildeo sin prácticas de transparencia como reunirse con miembros del Gobierno a puerta cerrada. Una de las fuentes añade: “La industria multinacional en el primer mundo nunca le pagaría a un droguista para que promueva sus productos, como lo hacen ciertas multinacionales en Colombia. Las multinacionales se camuflan en sus pequeñas filiales para tolerar o mirar de soslayo ese tipo de prácticas”.

Las fusiones y adquisiciones de laboratorios colombianos también ha ido diluyendo gradualmente el viejo antagonismo gremial Asinfar contra Afidro. Para Carolina Gómez, del Centro de Pensamiento de la Universidad Nacional y ex directora de Medicamentos del Ministerio de Salud, la unanimidad nunca ha sido buena aliada para la democracia. Así mismo, lamenta que el contrapeso político se haya perdido. “La mejor etapa de Asinfar”, apostilla, “fue mucho más pro salud pública, cercana a la sociedad civil colombiana y no tan apegada a los intereses comerciales”. 

El perfil del nuevo presidente de Asinfar, José Luis Méndez, aporta claves para comprender la etapa actual. Se trata de un médico, ex alto ejecutivo de la suiza Roche, una de las compañías que más factura en el mundo. Quienes lo conocen hablan de un dirigente de corte conciliador y que ha buscado acercarse al gremio de compañías extranjeras. La Liga contactó a su secretaria para una entrevista, pero nunca obtuvo respuesta.

Álvaro Gómez fue socio de dos laboratorios medianos: Lakor (hoy de la francesa Sanofi) y Humax (hoy del Grupo Valeant, con sede en Canadá, pero de capital estadounidense). No obstante, el químico farmacéutico antioqueño reconoce que la industria “multinacional es mucho más fría, le da más importancia a la rentabilidad que a otra cosa”. Y eso, en su opinión, encarna un riesgo evidente para las necesidades sanitarias del país. “Ahora han entrado al mercado compañías chinas e indias que comercializan directamente, ya no a través de terceros. Con escalas de producción enormes y con estrategias comerciales que, no necesariamente, coinciden con las necesidades y realidades de un país como Colombia”, admite vía telefónica.

Coronavirus y desabastecimiento

Con el brote de coronavirus (Covid-19) resurgen ecos de un debate que se pensaba anclado en tiempos de la Guerra Fría. ¿Conviene volver a hablar de soberanía farmacéutica?, ¿es prudente defender la producción y fabricación nacional?, ¿por qué es urgente delinear políticas industriales sólidas?, ¿qué ventajas podría suponer darle un nuevo impulso a los proyectos de fabricación e innovación nacional?

Vayamos por partes. Ante la pandemia actual la atención de los operadores logísticos y firmas importadoras y productoras de fármacos se centran ahora en los bandazos de los mercados chinos, la gran despensa farmacéutica mundial junto a la India. 

A medida que China bloqueó sus fronteras para contener el coronavirus, la zozobra en Colombia ha ido en aumento ante la posibilidad latente de una carestía de antibióticos o medicamentos inyectables comunes, entre otros productos sanitarios. “Que buena parte del mundo dependa tanto del mercado chino encarna un riesgo altísimo para cualquier sistema de salud”, explica Tatiana Andia, exasesora de políticas farmacéuticas del ministro de Salud Alejandro Gaviria y socióloga de la Universidad de los Andes.

Por lo pronto, la demanda de tapabocas se ha disparado en el mundo.  

El doctor Francisco Rossi, de la ONG Ifarma, acude a un ejemplo bélico para ilustrar por qué las potencias suelen preservar sus industrias. Cuenta que, en 2003, cuando el presidente George Bush lanzó a la guerra a Estados Unidos contra Irak, apoyado en las falsedades de las armas de destrucción masiva, “prohibió el movimiento fronterizo de antibióticos para que la producción local surtiera todas las necesidades. Son las cosas que causan las guerras o las catástrofes. Recuerde que, después de la Segunda Guerra Mundial, todos los países se empeñaron en tener su propia producción de penicilina”.

No es necesario salir de Colombia. Tatiana Andia explica que una diversidad de enfermedades tropicales, como la malaria o el dengue, confinadas a países del tercer mundo, viven bajo riesgo constante de atravesar por una carestía de medicamentos como consecuencia, precisamente, de la dependencia. Una realidad que se acentúa cada vez más en países como Colombia. 

“Solo a las productoras locales les preocupa hallar soluciones para enfermedades y problemáticas de salud pública locales”, afirma Andia. Y añade que el desinterés, o la distracción, de las multinacionales parte de una imprecisión: el bajo número de pacientes. “El problema real es que se trata de pacientes pobres y de medicinas poco rentables”. 

El diario El Espectador ya reportaba en 2018 que Colombia había registrado en los últimos cinco años un desabastecimiento de 55 medicamentos. Entre 2011 y 2012 la región vivió, por ejemplo, un desabastecimiento de fármacos para el mal de Chagas, una enfermedad parasitaria, potencialmente mortal, transmitida por un insecto que ha afectado especialmente a departamentos como Casanare, Boyacá o Arauca.

En esa época el país dependía de las donaciones del laboratorio público brasileño Lafepe, entonces el único productor del fármaco llamado benznidazol. Ahora hay un fabricante argentino y la casa Bayer ha aportado un tratamiento más. Para 2015 se contaban 437 mil casos crónicos de Chagas en Colombia. La crisis de 2011 se supo sortear y hoy la situación se ha estabilizado, pero el problema de la dependencia siempre flota en el ambiente.

El investigador experto en la enfermedad de Chagas Rafael Herazo explica que los medicamentos para las enfermedades tropicales son los mismos desde hace “cuatro o cinco décadas”. “La mayoría de estos fármacos tienen riesgo de generar reacciones adversas en los pacientes. Pero aún así no hay iniciativas de investigar o producir moléculas porque no son rentables para un enfoque netamente privado de la salud pública”.

Y las esporádicas iniciativas locales suelen naufragar en medio de la precariedad y los vericuetos burocráticos. Tomemos el caso de una enfermedad conocida como teniasis. Una infección intestinal poco común cuya prevalencia se concentra en los departamentos de Cauca y Bolívar; y que viaja a través del agua, de los alimentos contaminados y, especialmente, la carne de cerdo. El medicamento para tratarla se llama praziquantel y es escaso. El país tampoco ha tenido recursos para fabricarlo o elaborar estudios clínicos que permitan un diagnóstico mejor. 

Un experto en salud, que prefirió no ser citado, explicó a La Liga que no ha habido laboratorios locales privados interesados en desarrollar la medicina. La Universidad de Antioquia, en cambio, sí se ofreció a “preparar el medicamento desde ceros”, afirma, “pero los recursos no se consiguieron”.

—¿Cuál es la razón del desinterés? 

—Lo de siempre: motivos burocráticos y comerciales. La respuesta más frecuente es que no valía la pena el desgaste para tan pocos pacientes.