Así funciona la mafia de los rellenos en Puerto Carreño
Puerto Carreño estuvo más de dos meses inundada. Hoy, a medida que el agua retrocede, salen a flote las causas menos visibles de una tragedia que dejó, según cifras oficiales, más de 7.000 damnificados en 18 barrios de la ciudad.
En la capital del Vichada, el puerto colombiano más importante sobre el río Orinoco, todavía hay familias viviendo donde vecinos o amigos, casas abandonadas con costras de barro hasta el techo, locales enmohecidos con letreros de ‘Se Vende’ o ‘Se Arrienda’ y calles de tierra taponadas por montañas de lodo, escombros y árboles caídos que nadie ha recogido.
En San José, un asentamiento ilegal a orillas de una carretera, Luz Vianey Botero, ‘La negra’, tiró su nevera sucia a la calle para que se secara al sol y dijo estar confiada en que, pese al agua y el barro, volvería a funcionar. En El Espartillal, un barrio cercano a un humedal, en una casa de lata, Iván García preparaba el almuerzo sobre una pequeña fogata que encendió en un tarro; la inundación se llevó su estufa y la pipa de gas. En Villa Orinoco alguien intentó salvar una moto colgándola del techo con una soga. En Santa Teresita, Graciela Vargas veía cómo sacaban carretillas de algas de su sala y aprovechó para volver a poner sobre el dintel de la puerta un retrato del Sagrado Corazón.
Todos ellos, algunos desplazados de otras tragedias, viven en barrios que han sido construidos sobre las zonas inundables de los río Meta, Orinoco y Bita, los tres que abrazan la ciudad. Sus casas hacen parte de las 800 que quedaron bajo el agua, según la Alcaldía.
Sin embargo, la cifra de damnificados es mucho mayor a lo que han reportado las autoridades. En una reunión a puerta cerrada con senadores que visitaron la capital del Vichada el martes pasado, el alcalde Marcos Pérez dijo que el censo de damnificados no había contabilizado a quienes viven en invasiones.
Crédito: Juanita Escobar con el apoyo de la Magnum Foundation y La Liga Contra El Silencio.
Aunque la inundación ha sido presentado como una tragedia natural sin antecedentes, La Liga Contra el Silencio constató de qué manera la catástrofe, más que un desastre natural, es un desastre político auspiciado por un lucrativo negocio del relleno de zonas inundables, intermediarios que especulan con tierras, volqueteros y proveedores que extraen material sin permiso y los intereses particulares de la misma administración municipal y departamental. Ese negocio del que muchos se lucran —en dinero, influencia o votos— prospera poniendo en riesgo la vida de muchas personas.
“Usted sabe, la gente necesita donde vivir”, dijo Graciela, parada junto a un bote que aún flota en la calle de tierra roja que lleva a su casa.
La inundación de Puerto Carreño alcanzó 16,5 metros, un récord histórico, y aunque las aguas han bajado, hasta mediados de septiembre la ciudad seguía en alerta roja. El 13 de agosto el presidente Iván Duque visitó la ciudad y recorrió en una lancha de la Armada las calles donde antes circulaban camperos y motos. Al finalizar su recorrido, dejó el chaleco salvavidas a un lado he hizo un anuncio: “Vamos a entregar 200 casas de las 800 que están en afectación grave… estamos abordando esto con toda la responsabilidad y vamos a estar al frente”, dijo.
El material se extrae de fincas como Ripialito, Pasoeganado, La Araucana, La Candelaria y Puño de Oro, estas dos últimas propiedad del exalcalde Luis Antonio Robledo Valbuena y su mujer, Nancy Ríos.
Semanas más tarde, cuando el agua bajó, no solo quedó en evidencia el daño, sino la constancia de que la tragedia se seguirá repitiendo y el número de damnificados, año tras año, aumentará. Puerto Carreño está rodeada de humedales que han sido declarados zonas de protección ambiental, pero nadie las respeta.
“El fenómeno de las invasiones y los rellenos lleva tiempo, pero se ha agudizado en los últimos tres años”, dijo a la Liga Jairo Novoa, director de la Fundación Orinoquia, una organización ambiental que trabaja en Puerto Carreño. “La gente ha construido sobre el río. ¿Qué se puede esperar?”. Novoa agregó que ningún alcalde ha enfrentado la situación por el costo político que implica.
La Liga fue testigo de cómo en las calles de Puerto Carreño es frecuente que personas ofrezcan viajes de relleno. “Tengo por ahí un rellenito, ¿no le interesa? Está bien bonito”, le dijo un hombre que pasaba a un grupo de personas reunidas en la calle, entre las que estaba presente un periodista de La Liga.
Crédito: Juanita Escobar con el apoyo de la Magnum Foundation y La Liga Contra El Silencio.
“El problema es la indolencia de la CAR, que permitió que la gente rellenara en zona de inundación del río Meta y Orinoco”, dijo el agrónomo Fidel Cano, vocero de la Asociación de Reforestadores del Vichada.
Otras fuentes consultadas dijeron que los rellenos se agudizan en época electoral. “La gente dice: ‘mire, necesito cinco volquetadas de relleno’. Los políticos o su gente las ponen y no preguntan para qué”, explicó una persona que está al tanto del negocio. Varias personas aseguraron que con frecuencia los rellenos se hacen con camiones y maquinaria de la Alcaldía o la Gobernación, que pagan favores o buscan apoyos con estas ayudas.
El material sale de muchas fincas de Puerto Carreño sin tener los permisos de la autoridad ambiental. Según un informe de la Alcaldía “ninguno tiene título minero, teniendo en cuenta la complejidad del cumplimiento de los requisitos ante la Agencia Nacional Minera”.
El material se extrae de fincas como Ripialito, Pasoeganado, La Araucana, La Candelaria y Puño de Oro, estas dos últimas propiedad del exalcalde Luis Antonio Robledo Valbuena y su mujer, Nancy Ríos. Robledo —curtido político— es hoy director de Prosperidad Social en Puerto Carreño, la agencia nacional que entrega ayudas a los damnificados.
“Yo sí tengo esas fincas y he sido el único que he solicitado permiso para sacar el material y nunca he tenido una respuesta”, dijo a La Liga el ex alcalde Robledo. “El relleno lo saca el alcalde, lo saca el gobernador; ellos tienen más responsabilidad en lo de los rellenos porque son los que compran y empiezan a regalarlo a su libre albedrío”, explicó.
La Liga intentó comunicarse varias veces con el alcalde Marcos Pérez y el gobernador Luis Carlos Álvarez para escuchar sus reacciones a este y otros señalamientos, pero no obtuvo respuesta.
“Yo fui la primera invasora de aquí hasta allá”, dijo ‘La negra’ señalando un lote inundado en uno de los humedales. Su casa está rodeada de pantanos donde ya otros han enterrado unos cuantos palos y los más avanzados han cerrado con viejas tejas de zinc algunos predios donde flota la hierba del río.
En unos meses esos predios serán rellenados y ocupados con casitas de madera; luego sus habitantes conseguirán algo de material, levantarán un muro tras otro y se convertirán en lotes invadidos. No hay que ser adivino para pronosticar que el próximo invierno esas casas, a la vista de todos, engrosarán las estadísticas de damnificados.
“Nosotros no estamos legalizados porque nos dicen que somos zona inundable, otros dicen que es zona de reserva ambiental”, dijo la mujer. Sin embargo, sobre esa zona la Alcaldía tendió una carretera —llamada La Perimetral— que nunca terminó y hoy acaba abruptamente en el río. La carretera ha disparado nuevas invasiones en uno de sus costados.
Pese a que no están legalizados, ‘La negra’ dijo que los políticos los visitan con frecuencia en época de campaña. “Nosotros apoyamos al actual alcalde y ¿usted cree que me ha dado trabajo a mí o a alguno de mis hijos? Mi hija le ha pedido un poco de pintura para su casa y la otra vez que vino nos dijo que tocaba esperar que saliera el censo.”
Muchas de las invasiones y rellenos como el de San José son actos espontáneos de gente que no tiene dónde vivir, pero ocurren a diario bajo la mirada indolente de las autoridades. La situación se ha agravado con la llegada masiva de migrantes venezolanos que cruzan el Orinoco y se asientan en barrios informales —algunos de ellos focos de contrabando de gasolina— y de desplazados indígenas que se refugian en cambuches sobre las rocas ásperas del Cerro del Bita y La Bandera.
Mientras los asentamientos en zonas de riesgo crecen día a día, el único proyecto de vivienda de interés social en una zona segura del municipio nunca se terminó.
Otras veces los rellenos se hacen con el auspicio de la Alcaldía y la Gobernación. Por ejemplo, en 2007, la Gobernación de Puerto Carreño pagó 40 millones de pesos para rellenar lo que luego se convirtió en el barrio Villa Orinoco, uno de los más afectados por la actual inundación. Ni en este ni en otros contratos para rellenar zonas inundables revisados por La Liga se adjunta el requisito de ley de un permiso de Corporinoquia, autoridad ambiental, para extraer el material ni para rellenar.
“Nosotros tenemos en cuenta el Esquema de Ordenamiento Territorial, EOT”, dijo Marta Rojas, funcionaria de Corporinoquia en Puerto Carreño. “El tema es que eso está en actualización”. Pese a ser capital departamental y contar con unos 20 mil habitantes, la ciudad no tiene Plan de Ordenamiento Territorial.
La Liga contra El Silencio envió un derecho de petición a la CAR solicitando cuáles han sido las actuaciones para evitar rellenos en zonas de protección ambiental y permisos para extraer material de relleno, pero a la fecha la CAR no ha respondido.
Aunque no haya un plan de ordenamiento, desde hace al menos diez años alcaldes y los concejales han adjudicado terrenos a docenas de personas, sin que quede claro las razones ni los criterios. En el archivo del Concejo Municipal reposan cerca de ochenta resoluciones, sobre todo de 2008, en las que se venden predios del municipio a particulares, al granel.
De esa manera la ciudad crece sin plan ni reglas. Los predios invadidos o sin títulos, también se legalizan con el dedo mágico del alcalde y de los concejales. En mayo de este año los concejales dieron poder al alcalde Marcos Pérez para legalizar predios (ver resolución acuerdo 010 de 2018). Aunque no es un delito, sí es un incentivo para el mercado de los rellenos y ha disparado la ocupación ilegal.
Mientras los asentamientos en zonas de riesgo crecen día a día, el único proyecto de vivienda de interés social en una zona segura del municipio nunca se terminó. A pocos kilómetros del casco urbano, la Gobernación del Vichada inició en 2017 trabajos para entregar 75 casas a la gente más pobre. En septiembre de ese año la obra se detuvo. Quedaron las ruinas de unos muros sin techos pues la plata se esfumó. Quedó la valla, testimonio de la promesa incumplida.
Crédito: Juanita Escobar con el apoyo de la Magnum Foundation y La Liga Contra El Silencio.
Este proyecto, conocido como La Esperanza, está abandonado y terminó invadido por 60 familias de indígenas y venezolanos que viven en cambuches de plástico y casas de latas a orilla de la carretera. No tienen agua, ni baños. La Procuraduría regional abrió una acción preventiva en 2018.
Hasta el gobierno nacional se ha beneficiado de los rellenos. Otro de los barrios que más padeció la inundación fue Villa Gladys, un proyecto de 200 casas que entregó el entonces vicepresidente Germán Vargas Lleras en 2017 a víctimas de la violencia y personas que vivían en zonas de riesgo. Sin embargo, mucha gente pasó de vivir en una zona de peligro a otra. Villa Gladys fue construida sobre un relleno que hizo el mismo municipio en un humedal del río Meta. Las casas, además, tienen problemas de estructura, de suministro de agua y el sistema de pozos sépticos no funciona, según reportó la Contraloría y confirmó La Liga.
Las inundaciones se agravan por el hecho que la ciudad no tiene alcantarillado. Según el censo de 2005, sólo el 5 % de las viviendas de Puerto Carreño lo tenían. Hoy, quince años después y con millonarios contratos adjudicados, la red está tendida sobre una tercera parte de la capital, pero no funciona, como lo reconoce el propio plan de desarrollo del actual alcalde, Marcos Pérez Jiménez.
El último de varios contratos que acabaron en nada fue durante la pasada gobernación de Sergio Andrés Espinosa Flórez, quien en 2014 entregó 16.237 millones de pesos al consorcio PRIAR, único proponente de la licitación. Aunque Puerto Carreño sigue sin alcantarillado —las cláusulas del seguro vencieron en 2016—, al representante legal de dicho consorcio, David Leonardo Rodríguez Bermúdez, la Gobernación del Vichada lo volvió a contratar en 2017 para hacer la interventoría técnica y financiera de una obra de carretera, y le pagó 479 millones.
La Liga visitó las lagunas de oxidación donde deberían llegar las aguas del alcantarillado y constató que no están operando; un vigilante solitario cuida la obra que ya empieza a ser invadida por la maleza.
‘La negra’, que llegó a Puerto Carreño desplazada del Tolima, ya perdió la esperanza de tener una casa sin líos, donde vivir tranquila. “Tenemos una carta-cheque para una vivienda que nos dieron en 2005”, dijo. “Con tanta agua yo creo que ya se pudrió”.
