La línea que divide la libertad de expresión de los periodistas y la opresión de los gobiernos, cada vez es más difusa. ¿Hasta dónde llegan el compromiso y los derechos de quienes informan?
Es delgada la línea que separa la legitimidad ideológica de los límites a las libertades y la inexcusable opresión. Especialmente cuando se trata de la libertad de expresión. Todo Estado tiene un poder dominante y su respectiva oposición, y ambos lados siempre están intentando sabotearse y derrocarse. Simplificando el tema, eso es la democracia. El lado victorioso decide el rumbo del país y, en las ideologías más radicales de gobernanza (los extremos del espectro político), eso trae limitaciones; sacrificios. Sin embargo, la historia de la humanidad ha construido unos mínimos vitales que no pueden ser transgredidos. Esa es la línea divisoria entre la legitimidad y la dictadura. La «prensa», entendida en sentido amplio para incluir a periodistas y a cualquier persona que exprese y difunda sus ideas, suele estar sentada sobre esa línea. Hay límites a lo que puede decirse y hacerse, pero estos tienden a ser mínimos por el precio tan alto que se paga si se silencia a las voces disidentes. No hay excusa para mantenernos en silencio cuando un Gobierno o agente privado, sea de la ideología que sea, cruza esa línea y se convierte en opresor. Es nuestro deber como humanos protestar.
Después de cinco años en disputa judicial, la editorial Penguin Books, una de las más grandes de India, decidió ceder a las peticiones del demandante (un conservador religioso) y destruir las copias del libro “Los Hindús: una historia alternativa”. En un comunicado de prensa, la editorial explicó que el código penal de la India prohíbe los actos que puedan generar rencores religiosos; y que ellos querían proteger a sus empleados cumpliendo la ley, “por más intolerante y restrictiva que esa ley pueda ser”.
Esas palabras de dolor resignado pudieron fácilmente haber sido dichas por cualquier opositor en Venezuela. Leopoldo López, una de las cabezas más visibles de la facción anti chavista, se entregó a la justicia acusado de crímenes relacionados con su libertad de expresión. Las leyes que la limitan están amañadas a la voluntad de un gobierno que no quiere opiniones diferentes, y eso deja a las personas jugando un juego con reglas corruptas. Por eso Maduro mandó a censurar a NTN 24 durante el cubrimiento de las protestas, y por eso los empleados de CNN en Venezuela vieron como les revocaban sus visas. Esto no es nuevo: las cámaras incomodan y el periodismo, bien hecho, es una piedra en el zapato de quienes quieren ocultar violaciones a los derechos humanos.
Es cierto que NTN 24 tiene su propia agenda política y que CNN se ha vendido al mejor postor en otras ocasiones, pero ese es el estado de un periodismo que necesita de dueños millonarios con miles de intereses para subsistir. Eso, sin embargo, no es razón para apagarlos. La democracia del siglo XXI se construye a partir del encuentro de voces sesgadas, no de su silencio. Un Gobierno que no es capaz de soportar las cámaras transmitiendo, es un Gobierno que se ha vuelto tirano.
Si algo ha demostrado la crisis reciente en Venezuela es que los medios siguen siendo vulnerables a la persecución. Y cuando no se callan por la opresión, lo hacen por los intereses de sus dueños. Es por eso que las historias más importantes en los últimos años han venido de gente como Snowden y Assange: infiltrados inmolados en un sistema que ha hecho todo lo posible por aplastarlos. Las revelaciones más recientes sobre la Agencia de Seguridad Nacional (N.S.A, por sus siglas en inglés) demuestran que, desde allí, la inteligencia norteamericana escuchó conversaciones de una firma de abogados con representantes de Indonesia, país que tiene pleitos judiciales con Estados Unidos. La confidencialidad entre cliente-abogado, unas de las formas más preciadas de libertad de expresión, fue violada sin mayor reparo. Y no hay motivos para pensar que no sigue siendo violada en otros múltiples casos.
El último bastión de lucha y esperanza de una “prensa” libre es la gente común y sus redes sociales. Cuando los canales tradicionales son apagados, Twitter estalla con fotografías y testimonios que se difunden llevando las terribles noticias. Pero aquí surge el reto más complicado de todos: la ignorancia. El periodismo tradicional tiene como principio la verificación de fuentes. En teoría, todo lo que publica un medio tiene cierto grado de veracidad. Las redes sociales no dan tiempo para eso. La facilidad con que se difunde información fuera de contexto lleva a que el público en general termine desinformado. Una fotografía de un huérfano visitando la tumba de sus padres en Siria resultó que no era en Siria, ni era un huérfano: era un proyecto de arte y la foto estaba posada. Lo mismo ha pasado con Venezuela. Decenas de fotografías de otros conflictos se transmiten como si fueran coyunturales y las personas ni siquiera se toman un instante para verificar en Google. Eso es irrespetar a las víctimas verdaderas y permite que se escondan los atropellos que sí ocurrieron.
Para solucionar el problema existen herramientas de verificación. Es momento de que asumamos nuestro rol con las responsabilidades que conlleva. En todo el mundo hay fuerzas que prefieren y fomentan el silencio. Si permitimos que triunfen, estaremos traicionando nuestro mandato como seres humanos. Las personas en Ucrania, Siria, Venezuela y en todas partes necesitan nuestro compromiso y nuestra rigurosidad. Nuestro enemigo es cualquier opresor, sin importar su ideología. Los retos de la “prensa” ya son bien conocidos. Ahora todos somos periodistas. Somos la última línea de defensa de la libertad de expresión y de información. Somos los ojos del mundo y no tenemos permiso de parpadear. Nunca más.
*Juan Carlos Rincón Escalante es estudiante de Derecho y de la opción en periodismo del CEPER.
