En un domingo cualquiera ingresan a la Cárcel Nacional Modelo de Bogotá cerca de 1.500 mujeres. Entran para llevar ropa, elementos de aseso y comida a los 5.100 hombres cautivos. A veces, cuando se autoriza la visita de niños, son hasta 2.000 visitantes. Los sábados ingresan cerca de 800 hombres visitantes.  En total, durante un fin de semana, el vetusto establecimiento de reclusión puede reunir a algo más de 7.000 personas, congregadas en un espacio reducido y poco salubre. Lavarse las manos, reportar afecciones a la salud o un simple control de temperatura parecen medidas difíciles de implementar. Esta situación se repite cada fin de semana, tanto en La Modelo y en otros 133 establecimientos de reclusión de todo el país a cargo del Instituto Penitenciario y Carcelario Colombiano (Inpec). En total, en estos espacios de reclusión habitan unas 122.000 personas, custodiadas por cerca de 14.000 funcionarios del Inpec que diariamente entran y salen. 

Para la población penitenciaria (pero también para quienes los visitan o los cuidan), la exposición al contagio de cualquier enfermedad es un riesgo latente. Enfrentar epidemias, virus y otros es cotidiano en las cárceles. El confinamiento las convierte en sitios de rápido contagio. Los brotes varían: parotiditis -actualmente hay 13 casos detectados en La Modelo y tres patios están aislados-; rubeola o de gripe. Los habitantes de las estrecha y sobrepoblada ciudad penitenciaria se ven expuestos a mayores riesgos de contagio de enfermedades como el VIH, la hepatitis, y la tuberculosis. Incluso, en sistemas con mejor infraestructura y servicios, se ha calculado que la tasa de prevalencia de tuberculosis es 81 veces más alta, que fuera de ellos.   Las cárceles son lugares de contagio, desbordados por enfermedades que en el mundo libre han sido contenidas o resultan extrañas.  En este contexto, la llegada del Coronavirus o COVID19 al Sistema Penitenciario y Carcelario colombiano puede ser devastadora.

Las medidas de prevención y mitigación recomendadas hasta ahora -lavarse las manos, evitar aglomeraciones, reducir las interacciones sociales y reportar los casos que presenten síntomas- enfrentan retos casi insalvables en el mundo penitenciario. Para empezar, muchas prisiones del país no cuentan con suministro estable de agua potable. Los altísimos índices de hacinamiento -en algunos establecimientos hasta del 350% como Riohacha- hacen imposible evitar el contacto y la acumulación de cuerpos en un lugar cerrado. Además, el acceso a los servicios suministrados por las Unidades Primarias de Atención Intramurales es excesivamente restringido. De hecho, la atención médica es aproximadamente treinta veces más baja que la ofrecida a la población general.  A esto se añade que dentro del sistema carcelario existe un subregistro importante de los eventos de notificación obligatoria -aquellas enfermedades con potencial pandémico como el SARS- y que, en la práctica, no se practican exámenes médicos de ingreso. Ante este panorama, resulta evidente que las estrategias de contención de la actual pandemia del Coronavirus enfrentan obstáculos poderosos y difícilmente superables en el corto plazo.  

Motines y Coronavirus 

La primera medida — y la más fácil de anunciar como lo acaba de hacer el Gobierno— parecería ser la suspensión de las visitas. ¿Pero, es tan simple? Eso hicieron las autoridades italianas al suspender el ingreso de visitantes a todas las prisiones, lo que desató motines en 27 prisiones del país, que dejaron como resultado seis muertos, saqueos a enfermerías y pánico al interior de los muros. España decidió aislar a los cerca de ocho mil internos que se encuentran recluidos en doce prisiones de Madrid, Alava y La Rioja, zonas consideradas de “transmisión significativa”.  Irán decidió tomar un camino distinto, y liberar temporalmente a 70,000 prisioneros para prevenir la propagación del virus, quienes deben permanecer en prisión domiciliaria. 

La suspensión de ingresos (de todo tipo) es una medida inevitable, pero debe tener en cuenta que, en nuestro medio, son las familias las que asumen en gran medida el suministro de los bienes y servicios básicos que el Estado colombiano no proporciona. Una suspensión de visitas es también una interrupción drástica del acceso a comida, ropa y utensilios de aseo, lo cual llevaría al empeoramiento de las precarias condiciones de vida de internos e internas. El reto es enorme y hay que asumirlo cuanto antes. 

Las opciones que se han tomado hasta ahora para contener la propagación del Covid-19 en las prisiones y desde allí hacia el mundo libre, muestran que a los problemas de gestión de una pandemia deben sumarse los problemas estructurales de sistemas penitenciarios hacinados y precarios.  Este primer paso lo ha dado el Inpec con la expedición de la Circular 004 de este mes, en la que establece las directrices para la atención de casos probables y detectados de Covid-19 dentro del sistema de cárceles del país. Aunque es un paso importante, esta directiva tiene un enfoque reactivo, es decir, que supone la aparición de un brote para impulsar las medidas que propone, como la limpieza exhaustiva de celdas y pabellones, el aislamiento de los pacientes y la articulación con las entidades territoriales. 

Además de las medidas allí contempladas, creemos que es fundamental tener en cuenta aspectos como los siguientes. La Unidad de Servicios Penitenciarios debe formular e implementar desde ya programas de limpieza y desinfección de cárceles, suministro de agua potable y jabón, y anticipar las consecuencias de un posible desabastecimiento penitenciario como resultado de la suspensión de visitas. La suspensión de ingresos no debe limitarse a visitantes sino a nuevos ingresos de sindicados y condenados, así como a personas actualmente detenidas en estaciones de policía y Unidades de Reacción Inmediata. Se deben suspender los traslados de prisioneros, e implementar protocolos claros para el ingreso y egreso de personas cobijadas por permisos de 72 horas. Debe ampliarse el acceso a medidas domiciliarias. Es clave que se modifique el reglamento interno que, por ejemplo, ordena que los internos deben permanecer en celdas durante casi doce horas seguidas -desde el último conteo del día hasta el primero del día siguiente. Por último, debe realizarse un censo inmediato para identificar personas con un perfil de riesgo alto -mayores de sesenta años, internos con condiciones inmunológicas previas- que se encuentra dispersos en todos los patios y clasificarlos en pabellones especiales. Los retos son considerables y no pueden ser mitigados únicamente con la suspensión de las visitas. 

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