Edición: Tras una reunión con el consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, se lograron varios acuerdos, entre ellos una reunión con el presidente Iván Duque. La reunión será hoy, 6 de noviembre. Estaremos actualizando esta nota con nueva información.

“Ahorita que estamos en esta peregrinación, es como si estuviéramos en marcha. En la época en que nosotros estábamos en armas, la forma en que nos movilizábamos la llamábamos estar en marcha. Íbamos en fila de un lado para otro y nos cuidábamos entre todos. Hacíamos marchas que podían ser hasta de 19 kilómetros al día, con nuestras cosas en la espalda, siempre alertas a cualquier ataque. Esta peregrinación que hacemos hoy en día me recuerda mucho esos momentos, sólo que ahora lo que queremos llevar es el mensaje de proteger la vida y la paz”. Ella es Antonia Simón Nariño, o al menos ese fue su nombre de combatiente cuando perteneció a la hoy desmovilizada guerrilla de las FARC. Viene marchando desde el Meta, con excombatientes que, como ella, firmaron el Acuerdo de Paz en 2016 y han decidido empezar a movilizarse, en lo que han denominado una Peregrinación por la vida y por la paz.

Desde el 20 de octubre distintos grupos de excombatientes han salido desde diferentes Departamentos de Colombia, dentro de los que están Meta, Antioquia, Cauca, Nariño, Chocó y Caquetá y ya han empezado a llegar a Bogotá, aunque todavía se esperan más caravanas. Se espera que lleguen, aproximadamente, 1.700 personas que se concentrarán en la sede de La Macarena de la Universidad Distrital. 

El objetivo es reunirse con Iván Duque y pedirle que cumpla los Acuerdos. Y aunque el Presidente acaba de dejar metida a la Minga, los excombatientes no tienen un plan B: “necesitamos que el presidente se reúna con nosotros porque no tenemos otra opción. Si volvemos a nuestros territorios, nos van a seguir matando”, asegura Antonia. 

Se han unido a esta Peregrinación porque desde la firma de los Acuerdos, con el Gobierno Nacional, al menos 236 ex-combatientes han sido asesinados. Para ellos, lo que ha ocurrido ha sido un exterminio que se ha alimentado por el incumplimiento de lo pactado en La Habana, por la desfinanciación de la paz y por la arremetida de estigmatización hecha desde el Gobierno y su partido.  

Un asesinato que disparó el hastío

“Yo, señor Presidente, mis hijos, los hijos del Meta, los hijos del país, los hijos de Colombia no deben tener un futuro de guerra. Nosotros ya cumplimos. Cumplanos, señor Presidente. Que no nos sigan matando”. 

Juan de Jesús Monroy Ayala conocido como Albeiro Suárez, le habló así, con micrófono en mano, al presidente Iván Duque que lo escuchaba en uno de sus talleres ‘Construyendo País’. El video se reveló dos días después de que fue asesinado a balazos junto con su escolta en Uribe, Meta. 

A su entierro, el 20 de octubre, asistieron masivamente ex combatientes y dirigentes del partido FARC. Era un líder muy conocido en la región, que había sido además escolta de Manuel Marulanda. Desde ese mismo lugar inició la movilización por la vida de los excombatientes del Meta. 

“Albeiro era un hombre fuerte, terco. No comía nada entero, siempre cuestionaba las cosas que le decían. Por eso fue siempre un líder tan fuerte”, dice Antonia Simón. Ella nunca estuvo en una unidad de la exguerrilla con él pero sí lo conoció y habló con él en varias oportunidades. 

Alberiro era el líder de un grupo de excombatientes que vivían en la vereda La Pista, en el municipio de Uribe, en el Meta, y manejaba una cooperativa. Él, junto con 60 ex combatientes, estaba trabajando en un proyecto de cacao, cuya marca saldría al mercado en noviembre de este año. Además, Albeiro llevaba un tiempo denunciando el incremento de la presencia paramilitar en el Meta, lo que, según declaró a El Espectador, los estaba poniendo bajo mucho riesgo a él y a los excombatientes. Sólo en este Departamento han ocurrido más de 16 asesinatos de firmantes del Acuerdo. 

“Cuando lo mataron fue un dolor muy fuerte. Creo que yo no había conocido a un compañero más comprometido con lograr que los acuerdos se cumplieran. Fue algo que nos superó a todos. Nosotros hemos perdido a muchos compañeros y compañeras en este proceso. Hemos sacrificado mucho. Y la muerte de Albeiro fue la confirmación que tuvimos para levantarnos más fuerte a pedir que no nos sigan asesinando”, dice Antonia. 

La estigmatización a los firmantes

Para Diana Sánchez, coordinadora de Somos Defensores, una organización que hace seguimiento a los líderes sociales asesinados en el país, el Gobierno Nacional no sólo ha desconocido los Acuerdos, sino que además se ha dedicado a atacarlos: “en un país como el nuestro, en donde hay tantos grupos armados y tanto odio entre sectores, la polarización aumenta con las afirmaciones del Gobierno, y del partido de Gobierno, y eso lleva a que el ataque a excombatientes quede, de alguna manera, legitimado”. 

“La distorsión de grupos de personas lleva a que se invaliden sus derechos y se niegue, incluso su humanidad. Esta es la construcción que hemos visto alrededor de quienes han buscado reincorporarse después del conflicto armado, lo que incluye tanto a excombatientes, como a cultivadores y reclamantes de tierras”, asegura Camilo González Posso, presidente de Indepaz. Para él, el discurso que se ha gestado alrededor de la reincorporación ha cargado un mensaje que sólo promulga la violencia: “caracterizarlos como violadores, secuestradores, prófugos de la justicia e incluso asegurar que están fingiendo sus intenciones de reincorporación, trae una carga muy profunda de estigmatización”. 

“Nosotros tuvimos que sacrificar bastante para cumplir los Acuerdos. Cuando estábamos en armas, entre nosotros se creaba una comunidad de cuidado y de apoyo. Ahora que hemos retomado la vida con las demás personas, la estigmatización ha sido bastante fuerte. Claro, cuando tu cuentas que pertenecías a un grupo armado, las personas de asumen inmediatamente como alguien violento. Pero justamente varios de nosotros hemos buscado crear Escuelas de paz, en las que dictamos talleres de política, y en esos espacios les ayudamos a entender a las comunidades cuál es nuestra construcción política”, asegura Antonia Simón. 

Para ella, la apuesta a los Acuerdos se ha definido, también, desde la enseñanza: “a través de estas escuelas hemos podido explicar con pedagogía lo que es importante para nosotros. Sin embargo, el apoyo que hemos recibido no ha sido tan grande por parte del Gobierno. Esto ha llevado a que nosotros quedemos muy expuestos y que eso mismo nos esté llevando a lo que nosotros pensamos que es, directamente, un exterminio. Nos están dejando sin opciones de vida”, dice Antonia. 

La baja implementación de los Acuerdos

Para Diana Sánchez, la baja implementación de los Acuerdos implica muchos peligros para los excombatientes: “el Acuerdo de Paz tiene un marco de política de seguridad humana que este gobierno desechó por completo. Existían una serie de mecanismos de alertas tempranas y protocolos de ayuda que el Gobierno simplemente no está aplicando. Esto protegía no sólo a los excombatientes, sino también a los líderes ambientales, de tierras y de cultivos, que ya se sabía que iban a quedar profundamente expuestos”. Para ella, además de exponerlos a más violencia, la falta de oportunidades facilita la reinserción de estas personas en economías ilegales y en grupos armados. 

Y es que de acuerdo con un artículo de la Silla Vacía, la implementación de los Acuerdos de Paz en Colombia está cada vez más desfinanciado. Según el artículo, a pesar de que el presupuesto para la implementación se mantiene, la mayoría del dinero irá a la Contraloría, el Departamento de Prosperidad Social, el Invias y el ICBF. Además, señalan que desde el 2018, la ejecución del presupuesto para la paz sólo se estaba haciendo en un 65% cada año. Si se continuaba por este camino, la implementación total del presupuesto se lograría en 25 años. Esto, entre muchas más problemáticas, ha implicado que, actualmente, el 71,3% de los firmantes aún no haya recibido apoyo para la implementación de proyectos productivos, lo que vuelve a ponerlos en riesgo de retornar a la guerra.  

Esta problemática, de acuerdo con Camilo González, ha llevado a un profundo retraso en la reincorporación política de los excombatientes: “esto aumenta no sólamente los riesgos para ellos, sino para un sector importante de la sociedad. Hay zonas de Colombia como el Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Antioquia y demás, en los que se había dispuesto una política de reincorporación para las comunidades con la sustitución de cultivos, la reforma rural, los planes territoriales y demás, y esto tampoco se ha cumplido”. 

Para Antonia Simón, es urgente un diálogo con el Gobierno que les asegure que no continuará el exterminio y que se hará una implementación adecuada de lo pactado: “cuando firmamos los Acuerdos lo hicimos con mucha esperanza. Nosotros creímos plenamente en esto. Sabemos que obviamente cometimos muchos errores. Muchos. Pero justamente todo este proceso lo hemos hecho para modificar nuestras vidas, las de nuestras familias y las de las personas que afectamos. Para dejar las armas y empezar un proceso distinto. Pero esa esperanza, con cada compañero asesinado y con cada compañera asesinada, se nos ha ido apagando. Nuestra peregrinación busca, además de hablar con Duque, regresarnos la esperanza y recordarnos por qué estamos aquí”. 

COMPARTIR ARTÍCULO