[N. de la E.: Después de hecha esta publicación el Gobierno y los estudiantes llegaron a un acuerdo. El Gobierno se comprometió a aumentar el presupuesto para la educación pública en 5.8 billones de pesos para los próximos cuatro años. El paro, sin embargo, aún no se ha levantado oficialmente.]
La de ayer fue la última marcha estudiantil del año, después de que el 11 de octubre los estudiantes de las universidades públicas decretaran paro nacional. Va casi un semestre entero de movilización y dos meses en paro y los estudiantes insisten en que continuarán hasta tener respuesta satisfactoria del Gobierno. Están dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias, así eso les cueste la cancelación o pérdida del semestre académico.
Con el de esta semana, van cuatro encuentros entre estudiantes y el Gobierno para dialogar las 10 propuestas del pliego de peticiones que los estudiantes lanzaron el 10 de octubre, después del Encuentro Nacional de Estudiantes de Educación Superior que realizaron en Florencia, Caquetá. La petición más urgente y sin la cual no se levantará el paro es la de aumentar la base presupuestal de las universidades que solvente el déficit de 3.2 billones de pesos que tienen las instituciones de educación superior. Inicialmente, ante las protestas, la ministra de educación, María Victoria Angulo, anunció un aumento de 500 mil millones de pesos para la educación superior en 2019. Después, el presidente Iván Duque dijo que habría un billón de pesos para los próximos dos años que se obtendrán de las regalías. Y la última propuesta del Gobierno fue la de aumentar el presupuesto de las universidades 3.5 puntos más sobre el IPC para 2019, 4 puntos para el 2020 y 2021 y 4.5 puntos para el 2022.
Aún así, esto no ha sido suficiente para los estudiantes. Ellos reclaman otras medidas para solucionar la crisis en la que están las universidades públicas, como que los recursos destinados al Icetex o al programa Generación E —que reemplazará Ser Pilo Paga— vayan directamente a la base presupuestal de las universidades.
La cancelación del semestre es, para los estudiantes, el peor escenario posible. Pero están dispuestos a cancelarlo si es necesario
Que no haya acuerdo entre los estudiantes y el gobierno quiere decir que el paro continúa. Y que el paro continúe quiere decir que el segundo semestre académico de este año está en riesgo y que las universidades pueden decretarlo como perdido. Por ahora, las universidades públicas han anunciado la reprogramación, lo que quiere decir que incluyen tres semestres (o dos semestres y medio) en un año. Si se logran reanudar las clases en enero, todavía es posible terminar el que ya comenzó y que en 2019 se finalicen los tres semestres correspondientes.
El problema, explica Ana María Flores, miembro del comité dinamizador de la UNEES y estudiante de la Universidad Pedagógica, es que el gobierno no está dispuesto a dar nada más de lo que ya ha ofrecido y que ante esto los estudiantes se mantienen firmes. Incluso, en el último Encuentro Nacional de Estudiantes (convocado de urgencia el primer fin de semana de diciembre) establecieron que el paro sólo se levantará en otro Encuentro Nacional presencial. Y esto no pasará este año.
La cancelación del semestre es, para los estudiantes, el peor escenario posible. Pero están dispuestos a cancelarlo si es necesario: “la gente está comprometida a ir hasta las últimas consecuencias con el paro. Sentimos que si no seguimos exigiendo ahora más inversión a la base presupuestal, va a ser muy difícil en otro momento”, explica Flores.
La movilización y el paro, han logrado mucho. Para Isabel Segovia, exviceministra y experta en educación, ya está anunciado un presupuesto que nunca antes se había visto en eduación. Pero hay, según Segovia, dos aspectos que no han permitido levantar el paro. El primero, que el gobierno se demoró mucho en prestarle atención a los estudiantes. Hoy hay una mesa, hay consensos, pero los estudiantes que han liderado este movimiento se han sentido maltratados. Haberlos escuchado antes, hubiera facilitado la negociación.
Lo segundo, es que a pesar de los logros y avances en la mesa, está haciendo falta una medida integral para la política de educación, que vaya más allá de dar fondos para los próximos cuatro años y que permita resolver la crisis de las universidades a más largo plazo.
Las implicaciones de cancelar el semestre
Las universidades públicas no han parado sus actividades en un 100 %. Algunos programas de posgrado lograron terminar el semestre y los procesos investigativos pudieron continuar en muchas de las instituciones. La afectación fue, en gran parte, para las actividades de pregrado que desde la semana cinco del semestre, algo así como principios de septiembre, se interrumpieron con las movilizaciones y posteriormente con el paro.
“Los estudiantes han sacrificado su tiempo y sus semestres. Y eso ha valido la pena”, dice Segovia.
Pero la cancelación del semestre traería varias consecuencias. La más directa para los estudiantes es el costo de las matrículas del semestre en curso y del próximo semestre.
“El costo de las matrículas que se recauda en la Universidad Nacional es de 70 mil millones, son recursos que se verían comprometidos”, explica Andrés Felipe Salazar, estudiantes de la UNAL y exrepresentante del Consejo Superior Universitario. Para Salazar, los estudiantes podrían pedir el reembolso de la matrícula en caso de que el semestre se cancele, pero la realidad es que las universidades ya han gastado parte de esos recursos y la devolución es improbable.
A este costo se suma que en algunas universidades los estudiantes pagan el primer semestre del año en diciembre y el costo es menor, pues el monto de las matrículas está dado en salarios mínimos. “Si pagamos en enero, la matrícula tendrá un recargo extra por el aumento del salario mínimo del próximo año”, explica Ana María Flores.
También está el costo que tienen que asumir los estudiantes que no son de las ciudades principales en las que están las sedes de las universidades en las que estudian. Ellos y sus familias ya tienen que asumir el costo de mantenerse en las ciudades durante el paro e incluso en los periodos vacacionales en los que se repondrán las clases. En caso de que el semestre se cancele, tienen que asumir el costo de mantenimiento un semestre más.
El ingreso de los nuevos estudiantes y el retraso de los grados son otra de las consecuencias. Hay estudiantes que necesitan el grado para comenzar a trabajar y hay aproximadamente 30 mil estudiantes en todo el país que debían ingresar en enero de 2019 a las universidades públicas. De acuerdo con el cronograma de reprogramación, en el mejor de los casos, ingresarán hasta abril.
Ya no hay reversa. Al Gobierno no le queda de otra que renegociar la deuda. Si no actúa y resuelve pronto el tema presupuestal, lo que le espera el próximo año, son meses de movilización
Pero sin duda, explica Andrés Felipe Salazar, el costo más grande es invaluable: el retraso del proceso académico.
Sin embargo y a pesar de todos los costos que pueda implicar la cancelación del semestre, los estudiantes aseguran que seguirán la movilización. En enero se evaluarán los disposiciones del Gobierno y los avances.
“A las universidades vamos a volver en el 2019, pero para definir si las llenamos para seguir el paro o si las llenamos para volver a clases y seguir con la movilización en paralelo”, dice.
“El Gobierno es el que pierde”
Aunque los estudiantes reconocen que las consecuencias del paro son muy duras, sobre todo ante la posibilidad de que se cancele el semestre, “con el paro no se ha perdido nada”, dice Plinio Teherán, representante de profesores ante el el Consejo Académico de la Universidad Nacional. “Se califica como una pérdida de clases, de tiempo, pero yo lo que creo es que hay un procesos de politización y concientización política del estudiantado. Eso no es una tarea fácil”, explica.
En la Universidad Nacional de Colombia un mes de paro cuesta 45 mil millones de la nómina, cada semana son 11 mil millones y por día son dos mil millones. La cuenta en la Universidad Distrital es que cada día de paro cuesta mil millones de pesos. Pero eso, dice Teherán, es muy poco. “¿Cuánto cuesta que la gente actúe porque se le vulneran sus derechos? Nos está costando dos mil millones que el estudiantado sea consciente de sus derechos y se movilice por ellos. Creo que nos está saliendo barato”, explica Teherán.
Los estudiantes, al menos los que están dentro del movimiento, dicen tener claro que no continuar el paro y no seguir exigiéndole al Gobierno es peor. Si no se movilizan se mantiene la precariedad de la educación que reciben, dice Teherán, y si el Gobierno no responde, el déficit de las universidades públicas no se resuelve, explica Ana María Flores. Para ellos, en suma, lo que pasó este semestre no es una pateleta, es una crisis que tocó fondo y ante la cual los estudiantes reaccionaron y ya han obtenido avances y ganancias concretas.
“Ya no hay reversa. Al Gobierno no le queda de otra que renegociar la deuda”, dice Plinio Teherán. Agrega que si no actúa y resuelve pronto el tema presupuestal, “lo que le espera el próximo año, son meses de movilización”.
Desde el 11 de octubre, la mayoría de ellos estuvieron dispuestos a asumir los costos de una eventual cancelación del semestre. Y desde esa misma fecha, fueron conscientes de la crisis en la que está la educación pública y de las consecuencias si el Gobierno no da respuestas, dice Flores. Por eso, aseguran, cancelar el semestre es una derrota, sobre todo, para el Estado, que respondió tarde y que todavía no ha podido levantar el paro.
El futuro de la movilización dependerá en todo caso de las respuestas que le de el Gobierno a los estudiantes y de que éstos logren mantener el oxígeno que han tenido hasta ahora.
