El 8 de junio de 1975, un joven estudiante colombiano de 21 años llamado Álvaro Herrera, escribió una carta para su hermana Carmenza.

En ella le comparte la sospecha que tiene sobre el clima político argentino de la época. “Por acá las cosas andan de mal en peor. Ha habido una devaluación y aunque aumentaron los salarios los precios se elevaron mucho. El descontento crece en todos los sectores cada vez más. Dentro de poco puede suceder algo así como un golpe o por lo menos un cambio importante en el gobierno”. Se lee en un papel fechado en Buenos Aires. Aquella intuición que tiene Álvaro de un posible golpe militar en la Argentina se hará realidad unos nueve meses después. El 24 de marzo de 1976 los altos mandos de las fuerzas armadas argentinas llevan a cabo un golpe de Estado que derroca a la presidenta Isabel Martínez de Perón. La nueva junta militar instaura la dictadura conocida como Proceso de Reorganización Nacional (1976 – 1983). 

Álvaro se convertiría en uno de los más de 30.000 desaparecidos víctimas del aparato represor del terrorismo de estado argentino. A su nombre se le sumarían los de otros cuatro ciudadanos colombianos: Bertha Restrepo, de Ibagué, Jairo Herrón, de Santa Fe de Antioquia, Washington Barrios, cucuteño, aunque de padres uruguayos y Alonso Durango, de Cali.

Álvaro Herrera, autoestopista y peronista

Nacido en La Palma, Cundinamarca, en 1953, pero criado en Bogotá, Álvaro se lanzó a la carretera a principios de los 70. En la salida a Soacha levantó el dedo una mañana de 1971 y haciendo autostop salió del país. De la misma manera continuó y recorrió Ecuador, Perú y Bolivia. Quiso entrar en Chile, pero los rumores del golpe de Estado que iban a dar a Allende hicieron que desviara el camino hacia Mendoza. En Argentina se inscribió en la carrera de Filosofía de la Universidad de Buenos Aires (UBA), al tiempo que ingresó en la Juventud Universitaria Peronista (JUP). Esta militancia le significó aparecer en el legajo de los señores oscuros del gobierno militar. 

La noche del 13 de mayo de 1977, Álvaro ingresa a un edificio de departamentos en la calle Güemes del barrio porteño de Palermo. Allí vive Rosa Herrera Scordamaglia, Rosita, compañera suya de la UBA. Con ella se reúne, a veces, a desgrabar audios de Juan Domingo Perón. En el momento de los hechos, Rosita está con su niña de tres años. Una vez que está dentro del departamento, Álvaro no tiene mucho tiempo para oponer resistencia a un grupo de policías que lo golpean y le vendan los ojos. Aquellos tipos, dedos de la mano paramilitar del Estado, también van tras Rosita, ya doblegada antes que él. Ambos son secuestrados e ingresados en el interior de uno de esos Ford Falcon que la dictadura toma para sus operaciones y razzias y que el poeta salteño, Carlos Jesús Maita, describió en su poema El falcón verde como lagartos metálicos “que se deslizan y manchan la hierba a su paso”. Cuando han terminado, los policías dejan a la niña, que ha presenciado todo, con el guarda del edificio. 

Bertha Restrepo, ibaguereña militante del PRT 

Bertha Restrepo, como Álvaro Herrera, también militó en una organización política de la Argentina. Lo hizo después de haber vivido en Francia. En 1974, Bertha se hace amiga de la argentina Graciela Pasiereu —al día de hoy también desaparecida— y decide viajar a Buenos Aires al mismo tiempo que deja atrás un matrimonio que no le hizo feliz. En Argentina trabaja como delineante de arquitectura, creando planos técnicos para casas y edificios, y comienza a militar en el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) en labores de prensa. Bertha alquila un departamento de la calle Paunero en el barrio de Palermo al 2793, y es allí donde es raptada la noche del 26 de julio de 1976. 

Según su hermano, Jaime Restrepo, que escribe en mayo del 1995 una carta dirigida a Amnistía Internacional, los paramilitares “irrumpieron en el apartamento de mi hermana, (no solo esa vez) sino en varios asaltos que hicieron posteriormente a consecuencia de los cuales solo dejaron (en muy mal estado) la nevera, la cocina y la armazón de los muebles de la sala, posiblemente porque no cupieron por la puerta del apartamento”. Después no se le vio más, salvo por un supuesto avistamiento comentado por un hombre “que no deseaba ser molestado por nadie”, en 1978. Aquella voz dijo a su hermano que a Bertha la vio en “el rincón de una oscura cárcel a las afueras de Buenos Aires”. 

Jaime Restrepo fue el único entre los familiares de los cinco colombianos detenidos desaparecidos que pudo viajar a la Argentina durante los años cercanos en tiempo a las desapariciones. En 1984, denunció ante la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), el caso 2848, correspondiente a su hermana Bertha Lucía de Mejía (con su nombre de casada), el 2849 de Álvaro Herrera y el de Jairo de Jesús Herrón, cuyo número es el 2850. No volvió más, le hicieron saber que nadie iba a responder por su vida si seguía buscando en la Argentina, tal y como consta en una nota del diario El Tiempo del 18 de noviembre de 1979, página 16. En 1995 Jaime escribe una carta a Irma, esposa del médico Jairo Herrón: “pido a Dios me dé la oportunidad de regresar algún día a Buenos Aires a depositar alguna flor colombiana en el cauce del río de la Plata como homenaje tanto a mi hermana como a los miles de personas que fueron arrojadas al mar”, flor que no podrá sembrar pues muere al poco tiempo de escribir aquella carta. 

Jairo Herrón, médico barrial

Jairo Herrón viajó a la Argentina para estudiar medicina en la ciudad de La Plata. Llegó entre los 19 y los 20 años. Cuando terminó de cursar, hizo reemplazos a un amigo suyo, médico también, en González Catán, localidad en el partido de La Matanza, y con el tiempo quedó a cargo del consultorio barrial cuando aquel amigo se fue del barrio, en 1973. 

Jairo también hacía visitas a domicilio y se arraigó tanto entre sus vecinos, que ellos no lo dejaron ir y le ayudaron a conseguir casa cuando pensó en volver a Colombia, esta vez con la familia que había formado. En aquella casa suena el teléfono la medianoche del 24 de marzo de 1977 y Jairo responde. La mujer que lo ayuda en ese momento en el consultorio, le dice que uno de los pacientes que tiene en observación lo requiere. Irma, su esposa, lo ve salir a Jairo de casa por última vez. A eso de las nueve o diez de la mañana ella se entera de lo que le ocurrió a su esposo durante la madrugada: que le habían tendido una trampa y que lo habían esposado e interrogado durante toda la noche.

A las once de la mañana, más o menos, Irma va hasta el consultorio. Allá ve a su esposo, pero también se encuentra con los milicos vestidos de civil que le atan las manos y le vendan los ojos. Antes de la ceguera impuesta, alcanza a ver automóviles Renault 6 y dos camiones; de inmediato se pone rabiosa, “me saqué y salí por el fondo, me dijeron que había una bomba [en el consultorio]. La policía lo cortó todo y dejó pasar a los camiones”. Comenta en 2011 a Andrés Machuca, docente que realizó un proyecto de testimonios con estudiantes de secundaria y detenidos desaparecidos de La Matanza. 

Los hechos del día en que se llevan a Jairo se completan con el relato de otra mujer, de nombre María Luisa Figueiras y que solía hacer de enfermera a Jairo (no confundir con la otra mujer que lo ayudaba en ocasiones e hizo la llamada, y de quien no se conoce el nombre). María Luisa también fue entrevistada por Andrés Machucha en 2011. Afirma que a Jairo le tendieron una trampa y que la llamada que recibió fue un montaje. Jairo tenía entre sus pacientes a un chico militante de un grupo que María Luisa no menciona, a quien le había enyesado la pierna. Los militares creyeron que Jairo, además de ser un médico barrial de barba y cabello largo (aspecto con el que las fuerzas del orden perfilaban como posibles subversivos a muchas de sus víctimas), era médico de revolucionarios. “Con una gasa le taparon los ojos, con un nudo acá atrás colgando y las manos atrás atadas. Iba de chaqueta verde clarita y tenía un pantalón azul con rayitas celestes y unas sandalias marrón. Cuando lo sacan lo acuestan en el asiento de atrás, va acostado en el asiento del auto, en el auto de él y adelante suben dos vestidos de civiles y de pelo bien cortito y se pusieron las chaquetas de él”, dice María Luisa, vecina del barrio y testigo de la escena. 

Los nombres de Álvaro, Bertha y Jairo, aparecen en la ya mencionada nota de la edición dominical del diario bogotano El Tiempo (p.16), del 18 de noviembre de 1979. La nota se titula Los desaparecidos y en su subtítulo se lee Miles de personas se han “esfumado” en las dictaduras del Cono Sur. Más abajo hay una subnota dedicada a Bertha. El caso de Bertha, la compatriota desaparecida y, más abajo, un recorte, grosero e irónico, sobre el nuevo libro de Memorias de Henry Kissinger, nobel de paz y cerebro de la diplomacia estadounidense tras el Plan Cóndor. Aquella fue la noticia que permitió a los familiares de Álvaro y de Bertha saber de la condición de sus familiares. En 1977, el mismo diario había publicado una nota sobre Jairo Herrón con el título Secuestrado un médico colombiano en Argentina. Allí se dice que a Jairo, de 33 años en el momento de su detención, se le tendió una trampa y recibió una llamada de urgencia que lo requería en su consultorio en Barrio Norte, Buenos Aires Capital, y que posteriormente fue secuestrado. Jairo Herrón, sin embargo, no fue secuestrado en capital, tampoco tuvo un consultorio en barrio Norte. Allí acaban las menciones a colombianos desaparecidos en la Argentina que pueden encontrarse en alguno de los medios colombianos de la época. 

Washington Barrios, perseguido por dos dictaduras

Washington nació en Cúcuta, aunque en Colombia vivió tan solo los primeros cinco años de su vida. Su familia había viajado a Colombia porque su padre, futbolista, firmó para el Cúcuta Deportivo en la década de los 50. Su familia volvió a Montevideo y allá el joven Washington, con gusto por la fotografía y la carpintería, comenzó a militar en el Movimiento de Liberación Nacional – Tupamaros. Antes de su detención y desaparición en manos de policías argentinos, Washington ya había sufrido la pérdida de su esposa. De aquello se había enterado estando en la Argentina, lugar al que había escapado después de saber que lo buscaban en su país. Su caso es particularmente doloroso, ya que da cuenta de cómo fue víctima de dos dictaduras y de cómo, estas, demostraron aquella colaboración entre dictaduras que el Plan Cóndor efectuó como uno de los pilares de su accionar en el continente. 

En Investigación histórica sobre la Dictadura y el Terrorismo de Estado en el Uruguay, texto de Álvaro Rico para la Universidad de La República de Montevideo, pueden reconstruirse los hechos de la madrugada del 21 de abril de 1974, cuando agentes del gobierno uruguayo golpean la puerta de una de las casas que está en el cruce de las calles Mariano Soler y Ramón de Santiago, en Montevideo. Estos sucesos también han sido contados varias veces por Jacqueline Barrios, hermana menor de Washington. 

Dentro de la casa están los padres de Washington, pero también su hermana, su esposa (quien se encuentra en estado de embarazo) y dos amigas de esta última. Hilda Fernández, la madre, es quien abre la puerta y contesta que su hijo no está, cuando los tipos que ve enfrente le preguntan por él. Washington se ha marchado a Buenos Aires justo el día anterior e Hilda se lo calla. Pero aquello no importa a los milicos, que ingresan sin permiso, mientras la madre vuelve a salirles al paso para decir que Silvia Reyes, su nuera, de tan solo 19 años, está encinta. Con Silvia están Diana Maidanic, de 21 años y Laura Raggio, también de 19. Las tres son conocidas hoy día como “las muchachas de abril” y son asesinadas a tiros por los militares en la misma casa aquella noche. 

Jacqueline, la hermana, es una niña de diez por aquel entonces, pero años después reconocerá las caras que vio, en los nombres de los represores del terrorismo de Estado uruguayo José Nino Gavazzo y Manuel Cordero. 

La noche se dilata, violenta, en la casa de la familia Barrios. Jacqueline es llevada, junto a sus padres, a la habitación de estos. Allí los encierran y los retienen vigilados. Al padre lo interrogan por horas y es quien, más o menos a las seis de la mañana y cuando pide ir al baño, confirma las sospechas de lo que ocurrió con Silvia, con Diana y con Laura, cuando ve que sacan los tres cuerpos en camillas. Antes, Washington padre, su esposa e hija, habían escuchado el ruido de las balas en otra de las habitaciones de la casa. Los militares se irán solo hasta el mediodía, cuando dos camiones arriban con la intención de llevarse muebles y ropa de la casa. Washington llama a la casa de una vecina esa misma mañana. Su madre le cuenta que pasó algo horrible y que mataron a Silvia. 

Washington no vuelve más a Uruguay y entre abril y septiembre de 1974 envía cartas y mensajes a su familia hasta que es detenido con cuatro ciudadanos argentinos en Córdoba. Gracias a las colaboraciones en inteligencia de las dictaduras uruguaya y argentina, los militares argentinos saben de la militancia en la guerrilla urbana Tupamaros de Washington. La familia se entera por la radio y recibe al mes siguiente, en octubre del mismo año, la visita de dos hombres vestidos con camisa, corbata y lentes. Estos tocan la puerta y se hacen pasar por amigos de Washington, dicen que lo vieron mientras estaba detenido en la Argentina, pero la familia no les cree. Jacqueline, que abre la puerta, dice a uno de los hombres, que años después reconocerá como José Nino Gavazzo, que él no puede ser amigo de su hermano porque fue él mismo el que estuvo cuando mataron a su cuñada, Silvia Reyes, la noche del 21 de abril. Ante la duda, los militares entregan una carta de puño y letra de Washington en donde le dice a su madre que está bien y que en poco tiempo van a verse. Pero no será así. 

Washington, que había sido sacado de su domicilio en Córdoba la noche del 17 de septiembre de 1974, fue trasladado hasta La Plata, en donde estuvo recluido durante cinco meses, hasta el 20 de febrero de 1975. A la fecha, tiene 22 años y nada se sabe de lo que la policía hizo con él mientras lo trasladaba en un automóvil que partió del Juzgado # 3 de La Plata.

Alonso Durango, caleño desaparecido en Tucumán

De Alonso Durango es de quien menos se sabe, salvo que nace en Cali en una fecha que se desconoce, pero que podría fijarse en el año 1951 o 1952, de acuerdo con la edad que tenía al momento de su detención (24). Alonso viajó a San Miguel de Tucumán, capital de la provincia de mismo nombre y allí, en la Universidad de Tucumán, comienza a estudiar medicina. 

El registro del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) dice que Alonso, de 24 años en aquel momento, fue raptado de la habitación que alquilaba en la calle 12 de octubre al 619. De su secuestro se puede suponer que ocurrió como parte de las acciones que precedieron y allanaron el camino al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, ya que fue raptado nueve días antes, el día 15 de marzo. Por aquel entonces, en Tucumán se implementaban acciones relacionadas con el denominado Operativo Independencia, el cual pretendía “limpiar” a la provincia de focos y organizaciones que el gobierno suponía subversivas. Pese a que en los registros mencionados anteriormente Alonso figura como estudiante de medicina de la Universidad de Tucumán, su nombre no aparece en los listados de la misma.

Si bien la fecha en la que Alonso es detenido y desaparecido es anterior (aunque por muy poco) al golpe de Estado del 24 de marzo del 76, el crimen se incluye entre la cifra de víctimas de terrorismo de Estado. El Operativo Independencia instaló elementos del terrorismo de Estado que el primer gobierno militar de dicha dictadura, en cabeza de Rafael Videla, aplicaría: como los centros clandestinos o las mismas desapariciones forzadas. Según Ana Jemio, investigadora del CONICET, “se considera que el terrorismo de Estado comienza en Tucumán un año antes de la dictadura militar, durante lo que se llamó Operativo Independencia”. El Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado (RUTVE) aplica un marco temporal que va desde 1966 hasta 1984. De acuerdo al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), “el Operativo Independencia no solo sentó las bases de la represión ilegal y clandestina, sino que también estableció estrategias aplicadas luego a nivel nacional”. 

Del caso de Alonso y hasta no hallar información más detallada, solo se puede suponer que una posible participación o militancia universitaria hizo que su nombre apareciera entre los intereses de los militares, que la mayoría de las veces asumían la organización estudiantil como un posible foco guerrillero. Por otro lado, de Alonso no se conoce algún familiar o doliente que lo buscase en Argentina. En este sentido, su caso es diferente al de los otros cuatro colombianos detenidos desaparecidos. El secuestro del estudiante Álvaro Herrera, por ejemplo, sería denunciado por la señora María Dominga Scordamaglia, madre de Rosa Herrera; el de Jairo, el médico, por su esposa Irma; el de Bertha, la delineante que militó el PRT, por su hermano Jaime, que recibió en los días posteriores al ataque paramilitar, una llamada de una conocida de su hermana que le pedía hacer algo; Washington, colombo uruguayo, por sus padres y hermana. Con Alonso es diferente, de él no se conoce, siquiera, una fotografía. 

Una placa con cinco nombres

Frente al Consulado Colombiano de Buenos Aires se ha colocado una placa conmemorativa con los cinco nombres por parte de la Fundación MECoPa (Migrantes y exiliados colombianos por la paz) y de los familiares y amigos de Álvaro Herrera. Cuatro de estos cinco casos fueron conocidos o, a su manera, denunciados ante las autoridades colombianas de la época. Sin embargo, aquellos esfuerzos se encontraron frente a las típicas respuestas de corte formal de oficinas como la de la Embajada Colombiana en Buenos Aires o el Ministerio de Relaciones Exteriores. 

Los juicios a los responsables del terrorismo de Estado argentino continúan y sus audiencias suelen tener un carácter público en su asistencia. El 10 de diciembre de 2009, se dictó sentencia de prisión perpetua al represor Olivera Rovere, en una causa que recoge varios casos de desaparición forzada, entre los que se encuentra el de Álvaro Herrera. Miguel Etchecolatz, ex-director de investigaciones de la policía bonaerense, también fue condenado en la causa que acoge a Bertha Restrepo. El represor uruguayo Jose Nino Gavazzo fue condenado a 25 años de prisión en 2009, aunque murió en 2021, mientras cumplía su condena en condición domiciliaria. Los trabajadores de las oficinas e instituciones públicas que llevan adelante estos procesos han comenzado a sufrir de recortes presupuestarios y despidos después de la llegada de Javier Milei a la presidencia en 2024, cuya vicepresidenta es Victoria Villarruel: hija de Eduardo Villarruel, militar que participó del Operativo Independencia y una reconocida negacionista de los crímenes de Estado que cometió la última dictadura. 

“Me decías que porqué no volvía a la casa, cosa que he pensado muchas veces, pero como te decía antes donde estemos debemos darnos. Aquí tengo trabajo, estudio, tengo mi ‘actividad’, lo que no quita que llegado el momento vaya a donde sea”, escribe Álvaro Herrera en otra de las cartas que su hermana Carmenza ha guardado consigo, y que resume algo del compromiso de aquellos cinco ciudadanos colombianos con la Argentina, como sus motivos para permanecer en ella pese al peligro. La carta está dirigida a la madre de ambos y fue escrita en noviembre de 1975.