La industria de bebidas azucaradas y alimentos altamente procesados está bajo un escrutinio público similar al que enfrentó la industria del tabaco cuando se reguló su comercialización. El tabaco debió acogerse a reglamentaciones estatales que ahora, ante los altos índices de obesidad y diabetes, se amplían hacia ciertos alimentos y bebidas. Igual que las tabacaleras, las industrias de este sector despliegan su influencia sobre el Congreso cuando surgen propuestas de regulación y protección al consumidor. 

El proyecto de ley 214 de 2018 de la Cámara de Representantes buscaba imponer a la industria el uso de advertencias frontales en los productos altos en azúcares, grasas saturadas, sodio y calorías. Pero la iniciativa se hundió sin debate. Organizaciones de la sociedad civil y congresistas señalan que esto se debió al cabildeo de la industria, que operó tras bambalinas para dilatar el proceso en la Comisión Séptima de la Cámara.

El proyecto murió el 12 de junio, cuando llegó alias Jesús Santrich al Congreso. 

“No soy capaz de estar el día de hoy aquí”, dijo con la voz quebrada Jennifer Arias, representante a la Cámara por el Meta (Centro Democrático), minutos después de que Santrich entrara a una sesión de la Comisión Séptima. “No soy capaz de seguir presidiendo esta comisión, y levanto sesión el día de hoy”, dijo Jairo Cristancho, representante a la Cámara por el Casanare (Centro Democrático), y presidente de la Comisión Séptima, después de mostrar su indignación cuando el exguerrillero hizo la señal de la victoria desde su silla.

Dos congresistas consultados por La Liga Contra el Silencio (Mauricio Toro,  de Alianza Verde; y Fabián Díaz, de Coalición Alternativa Santandereana), y varias organizaciones de la sociedad civil (RedPapaz, Educar Consumidores, DeJusticia y la Fundación Anáas), consideraron que el cierre temprano de la sesión fue una táctica para hundir el proyecto. 

Activistas realizan el 17 de junio de 2019 un acto cerca al Congreso con el fin de ilustrar que el tiempo se acaba para que se apruebe una ley de etiquetado de alimentos. Finalmente el proyecto de ley se cayó. | Foto: La Liga Contra el Silencio

Ese día fue la penúltima sesión de la legislatura, y el proyecto de ley 214 estaba de sexto en el orden del día, entre 24 propuestas. Aunque hubo peticiones para cambiar el orden del día y ubicar el proyecto entre los dos primeros, el presidente de la comisión dijo que no se votarían propuestas para cambiarlo porque eran demasiadas.

“¡Y, oh, qué casualidad!”, dijo con sarcasmo Angélica María Claro, directora de Incidencia de RedPapaz, una organización no gubernamental que aboga por los derechos de los niños y adolescentes en Colombia, “ese orden del día que dejaba de sexto el proyecto de Ley de Etiquetado, dejaba en segundo y tercer lugar dos proyectos de ley de Jennifer Arias, que cuando llega Santrich se ofende y llora”. 

“Ahora han venido con el cuento de que supuestamente yo había forzado que se acabara la sesión. Uno no puede confundir lo uno con lo otro. Con la actitud tan desafiante que llegó [“Santrich”], cualquier colombiano habría hecho lo mismo que yo”, dijo Cristancho. 

Según la Encuesta Nacional de Nutrición de 2015, tres de cada cuatro adultos, y uno de cada seis niños, sufren obesidad y sobrepeso en Colombia. La Asociación Colombiana de Diabetes dice que un 7 por ciento de la población padece esta enfermedad. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) han promovido una reforma al etiquetado frontal de alimentos. El modelo que defienden las organizaciones de la sociedad civil se ha adoptado en países como Chile, Uruguay y Perú: un aviso grande que advierte si el producto es alto en azúcares, grasas procesadas, sodio o calorías. 

Esta fue la primera propuesta que llegó a la Comisión Séptima de la Cámara. El autor del proyecto, el representante Fabián Díaz (Coalición Alternativa Santandereana), cuenta que percibió desde el primer momento indicios de interferencias. Aunque era el autor, la mesa directiva de la comisión no lo nombró coordinador ponente. Los autores de los proyectos no tienen que ser ponentes, pero era difícil descartar a Díaz: el proyecto se tramitaba en su comisión, él lo había impulsado y pidió que le fuera asignado.

“Enviamos una carta a la mesa directiva solicitando que por favor fuera agregado como ponente, para que no hubiera tácticas de dilación, como tristemente fue el caso”, dijo Díaz. “El ponente solicitó un tiempo de prórroga para rendir la ponencia del proyecto de ley, nuevamente pide una prórroga argumentando que no ha desarrollado una audiencia pública y entonces no podía presentar el proyecto, lo cual es falso”.  

“Puse tres ponentes para que hubiera más probabilidad de que pasara el proyecto”, dijo Cristancho. “Luego vino Fabián Díaz a pedir que quería quedar de ponente, pero fue como dos meses después, y yo le dije que si lo poníamos como ponente, el proceso para debatir el proyecto de ley se iba a dilatar. La radicación del proyecto se demoró por las audiencias públicas que pidieron los ponentes”.

Le dijimos a Cristancho que Díaz le acusaba, precisamente, de nombrar a esos ponentes porque sabía que iban a dilatar el proceso con las audiencias. 

“Jamás pasó por mi mente eso”, dijo Cristancho. “Las ponencias se radicaron según los proyectos que tenían. Así se hubiera asignado a Díaz después del tiempo, de todas formas, si tres de cuatro ponentes quieren hacer audiencias, pues se deben realizar”. 

La interferencia de los ponentes fue más allá de dilatar el proceso; también cambiaron el texto del proyecto de ley presentado por Díaz.

“El proyecto que presentaron los ponentes planteaba que el etiquetado lo desarrollara una comisión del gobierno, que incluyera a representantes de la industria y la sociedad civil”, dijo Díaz. Esto, según el representante, volvía imprevisible el resultado. “Cuando en el mismo proyecto ya se definía el tipo de etiquetado, la forma del etiquetado, un etiquetado que ha ganado premios”, dijo. La Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Fundación InterAmericana del Corazón han premiado a los impulsores de la ley de etiquetado en Chile. 

Bajo cuerda

A diferencia de otros debates parlamentarios con respecto a temas de salud pública, alimentos altamente procesados y bebidas azucaradas, como los que se dieron en torno a la propuesta el año pasado de crear un impuesto a las bebidas azucaradas, esta vez el lobby operó de manera menos visible. 

Hace un año, La Liga publicó una investigación donde describió la acción del lobby contra este impuesto. La industria desplegó entonces un ejército de lobistas en el Congreso. Fuentes allí dijeron que en esa ocasión fluyó dinero, y que los congresistas recibieron paseos en yate, cenas en restaurantes y boletas para eventos. 

En esta ocasión no hubo nada de eso. Tampoco hubo declaraciones de los líderes de los gremios ni de los empresarios, ni se apoyaron en académicos pagados por la industria. Sí hubo presencia de gremios como la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) y la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco); y oficinas de cabildeo como Axis, cuyo director, Felipe Campo, asistió a varias sesiones donde el proyecto de Ley de Etiquetado estuvo en el orden del día. 

“En todos los debates están. En comisión sacan a los representantes, les dicen más o menos qué tienen que hacer, se acercan a los asesores y les dicen: ‘Levanten ya esta sesión’”, dijo un representante de la sociedad civil que pidió no ser identificado. “Eso lo vimos en la sesión cuando llegó Santrich; una persona de Axis le dijo al asesor de un miembro de la mesa directiva: ‘Ya no más, levanten esta sesión’. Esa era la orden”. 

Felipe Campo, de Axis, no habló para este trabajo porque, según dijo, estaba de vacaciones. 

Otro miembro de la sociedad civil describió así el lobby de la industria sobre la comisión: “No es que haya tenido evidencia de algún tipo de incentivo ilegal o un incentivo inapropiado. No puedo decir eso. Pero sí puedo decir que utilizaron toda su fuerza para tratar de gestar un convencimiento entre los miembros de la comisión”. 

Estas dos fuentes que observaron el proceso aseguran que la industria, y las organizaciones que la apoyan, sostienen reuniones con los congresistas uno por uno, donde repiten los mismos argumentos que presentaron en el debate por el impuesto a las bebidas azucaradas. 

Los representantes Toro y Díaz, y miembros de la sociedad civil dicen que el mensaje del cabildeo insiste en las consecuencias que podría traer la ley de etiquetado: unos 25.000 empleos perdidos entre tenderos y comerciantes. Además, según la industria, la Ley de Etiquetado no funciona en los países donde se ha impuesto. Pero una encuesta del Instituto de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile y la Consultora Demoscópica, arrojó que desde el 2016, un 91,6 por ciento de los consumidores que se fijaban en etiquetados dijeron que su decisión de compra se había visto influida por el nuevo modelo. 

“Son argumentos netamente económicos, para proteger sus intereses”, dijo Ángela María Claro, directora de incidencia de RedPapaz. 

“Después de que ellos [la industria y el lobby] hablan con los parlamentarios, uno siente un efecto. Ya dudan de la información que les proporcionamos”, dijo Carlos Arango, director de Salutia, una fundación que promueve la investigación en salud. 

Imagen de comparación de botellas de Coca Cola en los mostradores de supermercados con etiquetado de advertencia de alto contenido de azúcar en Ecuador (izquierda) y Chile (centro). Sin advertencia en Colombia (derecha).

El representante Mauricio Toro, dice haber visto similitudes entre el lobby contra el etiquetado, y la manera como ha operado en la comisión el lobby del tabaco y del asbesto, para impedir regulaciones. “Había una fuerza que estaba trabajando con mensajes para algunos de los ponentes del proyecto, porque cuando usted empieza a oír las razones y las motivaciones que aducen, se nota que no son construcciones propias, se nota que es información que les han entregado personas que tienen un interés en el proyecto“, dijo Toro.  

“¿Por qué Postobón contrata a la exdirectora de asuntos regulatorios de Phillip Morris, Mariana Pacheco, como su directora de asuntos regulatorios?”, dijo Blanca Llorente, directora de investigación de Fundación Anáas. “Para mí es importar el know-how (conocimiento), más claro no puede ser”. 

En la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes hay 19 congresistas. De ellos, cuatro son del Partido Liberal; dos del Centro Democrático, de Cambio Radical, el Partido de la U, el Partido Conservador y el Partido FARC, respectivamente; y uno de la Alianza Verde, la Coalición Alternativa Santandereana, del Polo Democrático, Colombia Justa Libres, y en representación de comunidades afrocolombianas, respectivamente. 

La Liga consultó las donaciones reportadas por los partidos en el portal de transparencia de la Registraduría Nacional, Cuentas Claras. Aunque la información para todos los partidos es incompleta, a continuación presentamos cuánto recibió en donaciones cada partido de la Comisión Séptima para las elecciones parlamentarias de 2018 por parte de industrias de alimentos o empresas relacionadas. Los partidos que no aparecen en este cuadro no reportaron donaciones de estas industrias.

Gracias al Movimiento de Observación Electoral, también tenemos información sobre donaciones hechas por la industria a congresistas individuales para las elecciones de 2018. Ninguno de quienes figuran en esa lista integra la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, pero adicionalmente a las cifras que ya presentamos, la industria invirtió 108.000.000 de pesos en candidatos de Cambio Radical a la Cámara de Representantes, y 664.750.000 para los del Senado; 123.550.000 para candidatos del Centro Democrático a la Cámara de Representantes, y 129.550.000 para los del Senado; y finalmente, 36.000.000 para candidatos del Partido de la U al Senado, y 15.000.000 para un candidato del Partido Conservador al Senado. 

El presidente de la Comisión Séptima, Jairo Cristancho, pertenece al Centro Democrático, y los ponentes del proyecto, Jairo Cristo  a Cambio Radical; Henry Correal al Partido Liberal; y Fáber Muñoz al Partido de la U. Con el apoyo de estos cuatro partidos, la industria tiene la mayoría de la comisión. El único de los ponentes que fue autor del proyecto fue Fáber Muñoz.

La Liga intentó contactar a los ponentes, pero Jairo Humberto Cristo y Fáber Muñoz se excusaron porque estaban en sus regiones. Henry Correal, quien también estaba fuera de Bogotá, accedió a dar la entrevista, pero las veces que llamamos su teléfono estaba fuera del área de cobertura o no había respuesta. 

“Fáber estaba a favor del proyecto porque él era coautor”, dijo una de las dos personas de la sociedad civil que pidieron mantener reserva de su identidad. “Pero parece que la presión de Cristo (Cambio Radical) fue mayor entre los ponentes”.  

El Centro Democrático estuvo desde un principio en contra de la propuesta, pero las organizaciones de la sociedad civil tenían la esperanza de que el presidente de la comisión, Jairo Cristancho, por ser médico y haberse mostrado a favor de medidas similares en el pasado, apoyara la iniciativa o al menos no participara en la dilación.  

“Cristancho estaba a favor del IVA plurifásico [que las bebidas azucaradas llevaran IVA] y el impuesto a las bebidas azucaradas. Sin embargo, parece que del Centro Democrático le llamaron la atención, y desde allí comenzó a tener una actitud diferente. Por eso los ponentes del proyecto son quienes son: personas que no están a favor del etiquetado. Creemos que fue intencional que quedara esa composición, para dilatar el proceso y modificar el texto original de la ley”, dijo una de las personas que hizo seguimiento al proceso desde la sociedad civil. 

“Desde el Centro Democrático siempre hemos apoyado el tema de etiquetado”, dijo Cristancho. Sin embargo, el tipo de ley que describe como ideal es muy favorable a la industria. “Yo propuse algo interesante. ¿Por qué no decirle a la industria que realice productos empaquetados saludables, a los que les colocamos un etiquetado naranja, que quiere decir que es un producto saludable?. Esto es de negociación”. 

El Centro Democrático también hizo sentir desde el gobierno su oposición a la ley de etiquetado. Según denunció un congresista de la comisión, el gobierno enviaba a funcionarios para presionar la posición de los congresistas. 

“Cuando yo llegué a la Comisión Séptima el día del debate, había dos funcionarios del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo agarrando a cada uno de los miembros a decirles por qué el proyecto no era conveniente”, dijo Mauricio Toro. Las organizaciones de la sociedad civil también notaron desinterés en el Ministerio de Salud con respecto al proyecto de ley 214, e incluso una oposición al mismo. “Ni en temas relacionados con tabaco ni en azúcar hemos visto liderazgo del Ministerio de Salud”, dijo Blanca Llorente, de Anáas.

“La diferencia entre este gobierno y el anterior es que creo que nunca antes habíamos tenido un gobierno corporativo tan claramente marcado como en esta ocasión”, dijo Esperanza Cerón, directora de Educar Consumidores. Cerón considera que el ministro, Juan Pablo Uribe, no tomará medidas que puedan afectar a la industria de alimentos.   

La Liga contactó al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, para comentar al respecto. En un comunicado dirigido a La Liga dijo: “Lo primero es que desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo no hacemos lobby soterrado. Lo segundo, el Ministerio envió un concepto oficial al proyecto de ley y participamos en la audiencia pública. Tercero, tanto funcionarios de MinCIT así como de MinSalud estuvieron presentes en la audiencia. El concepto que enviamos fue negativo. En resumen, lo que dijimos fue que el marco regulatorio lo establece el ejecutivo de acuerdo a los compromisos internacionales suscritos por el gobierno colombiano”. 

El Ministerio de Salud recibió una solicitud de entrevista con preguntas, pero al cierre de esta edición no recibimos respuesta. 

Para presionar que se debatiera el proyecto de ley 214, 22 organizaciones de la sociedad civil que defienden el derecho a la salud y los niños tramitaron el permiso para colgar, el 5 de junio, un enorme pendón en la fachada del Congreso que decía: “Honorables Congresistas: debatan y aprueben el Proyecto de Ley 214 #LeyComidaChatarra. La salud de nuestros hijos está por encima de los intereses de la industria”. 

Más tarde, desde la secretaría del Congreso solicitaron bajar el aviso. “El argumento que esgrimieron es que el Congreso no se puede atacar a sí mismo. Pero no hicimos un ataque, simplemente pedimos que se discutiera y aprobara el proyecto de ley”, dijo Angélica María Claro. La presión del Centro Democrático, Cambio Radical y el Partido de la U para que se bajara el anuncio fue confirmada por el senador Antonio Sanguino, a quien acudieron las organizaciones de la sociedad civil para impedir que fuera removido. 

“Nos pedían que quitáramos el letrero que decía ‘honorables congresistas’, porque no querían comprometer a los congresistas con el respaldo a la ley. Supimos que habían sido congresistas de distintos partidos, de Cambio Radical, el Partido de la U, el Centro Democrático, y finalmente nosotros logramos defender nuestro derecho a que esa publicidad se mantuviera y al final se mantuvo”, dijo Sanguino, de la Alianza Verde. 

Postobón ejerció la presión más evidente para impedir que prosperara la propuesta original del etiquetado de advertencia. Varias fuentes confirmaron que cuando arreció la presión de la sociedad civil y los medios de comunicación, representantes de la empresa se acercaron a los congresistas para entregarles un texto distinto de proyecto de ley, que conciliara las dos posiciones. 

“Los congresistas nos dijeron que les había ido a buscar Postobón para poner una propuesta que bajara los ánimos de la sociedad civil, porque sabían que la presión ha estado muy fuerte. A los congresistas la industria les dijo: ‘haga una propuesta conciliadora, cree esta comisión y agárrese de que no podemos copiar simplemente porque sí el modelo de Chile’”, dijo el representante Toro. 

Contactamos a Postobón para conocer su versión sobre este tema, y en comunicado dirigido a La Liga respondió: “Junto con empresas pertenecientes a las cámaras de Bebidas y de Alimentos de la ANDI, participamos en espacios como audiencias públicas, foros y reuniones, convocados no sólo por los legisladores, sino también por otros grupos de interés, en los que siempre explicamos la posición de la industria desde los puntos de vista técnico y científico”.

La comisión que la industria propone crear es un órgano integrado por dos miembros suyos, dos de la sociedad civil, y un representante del Ministerio de Comercio, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación y el INVIMA, respectivamente, para un total de ocho miembros. Fue la propuesta que quedó en el artículo 7 del proyecto de ley, después de que los ponentes modificasen el texto original. Si la industria logra el apoyo del gobierno nacional, tendría mayoría para determinar el tipo de etiquetado que se va a aplicar. 

“La industria siente como una gran amenaza la propuesta de etiquetado”, dijo Carlos Arango, director de la Fundación Salutia. “En particular la propuesta novedosa en la que han incursionado algunos países, y en la que se reconoce a Chile como un pionero”. 

Los empaques de los cereales Zucaritas con su etiquetado de advertencia de alto contenido de azúcar en Ecuador (izquierda) y Chile (derecha). Sin la advertencia en Colombia (centro).

Postobón, sin embargo, dijo también en su comunicado: “Es importante resaltar que la industria de bebidas ha avanzado en el etiquetado frontal sin necesidad de que exista una obligación legal, aportando elementos de juicio para que los esfuerzos regulatorios se encaminen a informar mejor a los consumidores”. 

Según las fuentes que La Liga consultó, una opción que la industria podría presentar es adoptar el modelo de Ecuador, que no presenta únicamente una advertencia sino un semáforo que dice en verde, amarillo o rojo si el alimento es bajo, medio o alto en  azúcares, grasas o sodio. Las organizaciones de la sociedad civil consideran que este sistema permite seguir engañando al consumidor. 

Esto, sin embargo, se considera lo más lejos que la industria iría a favor de un etiquetado frontal de advertencia. La opción que siguió Ecuador, además, ha sido señalada como positiva por la OPS. Hay opciones como los “sellos saludables”, que presentan incluso menos información al consumidor sobre el nivel de azúcar, grasas saturadas, sodio y calorías. 

 “La industria está cambiando el proyecto, pero de una manera más sutil. No es como en proyectos anteriores, cuando hubo tergiversación total. En este están dando más contentillo y están mostrándose más como los buenos. Los coordinadores ponentes están diciendo: a mí sí me interesa el tema, etiquetado frontal sí, pero discutámoslo”, dijo Angélica María Claro. 

Esta posición coincide con la que expresó Camilo Montes, director de la Cámara de Alimentos de la Asociación Nacional de Empresarios, que en un artículo publicado por El Espectador el 17 de junio, escribió: “Existen más de 24 formas diferentes de etiquetado que se están discutiendo en el mundo, tenemos que revisar entre todos los actores (industria, ONG, Congreso, gobierno, academia, consumidores) el modelo que más se ajuste a las necesidades nutricionales de los colombianos”.

El proyecto de ley 214 se hundió definitivamente el 19 de junio, luego de una sesión donde los congresistas volvieron a tratar el tema de Santrich. En la próxima legislatura se presentará de nuevo, y la pregunta es qué poder tendrá entonces el lobby de la industria para imponer su contrapropuesta o ganar más tiempo.

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