Esta semana se supo que el Partido de La U decidió hacer parte de la coalición de Gobierno en el Congreso y sumarse así al Centro Democrático, los conservadores y los partidos cristianos (Mira y Colombia Justa y Libres). En cambio, el Partido Liberal –que había apoyado a Duque en campaña– se declaró independiente al igual que Cambio Radical, el partido del ex vicepresidente Germán Vargas. Ayer, el Alto Consejero Presidencial para la Política, el ex senador uribista Jaime Amín, admitió que como quedaron las cuentas, la gobernabilidad de Duque en el Congreso está ‘ajustada’. Aún así, dijo que “este Gobierno va a buscar cómo el legislativo se pone a tono con la nueva realidad nacional y una administración que va a empujar una amplia agenda de transformación. En otras palabras, reiteró que mantendrán su apuesta de no dar mermelada. La pregunta es, ¿cuánto tiempo van a poder mantener esta postura?

Para Felipe Botero, profesor de Ciencia Política en la Universidad de Los Andes y codirector de Congreso Visible, la decisión de Duque muestra “una combinación entre inexperiencia y arrogancia”.

Inexperiencia, explica, porque aunque puede que haya algo de proximidad ideológica entre los partidos que se declararon gobiernistas con el uribismo -de hecho, el nombre de La U viene de Uribe– “en últimas, los partidos tomaron la decisión de declararse independientes o gobiernistas en un cálculo de qué obtienen. Los partidos van por burocracia”.

Entonces, no importa tanto quiénes se declararon independientes y quiénes gobiernistas sino que el presidente no tiene una mayoría holgada (de 108 senadores su coalición tiene 53, la mitad). Por lo tanto, va a tener que hacer acuerdos para aprobar su agenda legislativa.

“A mi me parece valioso que el presidente esté reacio a utilizar la repartición de recursos. Están más interesados en cultivar sus afinidades que en tranzar. Pero eso funciona al principio. El Partido Liberal sabe que el presidente va a necesitar sus votos y además Duque tiene una agenda legislativa muy ambiciosa. Eso lo van a explotar los partidos”, dice Botero.

Se refiere a que en el mes que lleva Duque en la Casa de Nariño ya anunció una reforma a la justicia, una reforma tributaria, ha planteado cambios frente al Acuerdo de Paz con las Farc y ha dicho que creará el Ministerio de la Familia.

Por eso, Botero ve también una dosis de arrogancia, en el sentido de que el presidente parece estar creyendo que “el apoyo popular que tiene le va a servir para tener apoyo del legislativo. Eso era un poco lo que le pasaba a Uribe que tuvo a todos los congresistas montados en su programa de Gobierno. Está asumiendo que esto va a ser igual y la pregunta es por qué. Yo creo que es una mezcla de falta de asesoría con creer que tiene el sartén por el mango”.

Aunque Duque ganó la presidencia con una cifra histórica de 10’300.000 votos, la última encuesta Gallup que publicaron algunos medios la semana pasada mostró que no arrancó con pie derecho ante la opinión pública. Su imagen favorable es de 40 puntos y la desfavorable de 37. Además, más de la mitad de los encuestados, el 59 por ciento, dijo que las cosas en el país van por mal camino.  En ese sentido, como dice Botero, “no está tan boyante y no es tan claro que el Congreso le camine”.

Algo similar ocurre con la imagen del expresidente Álvaro Uribe, el padrino político de Duque y uno de sus principales activos ante la opinión. Según la misma encuesta, la imagen favorable del ex presidente es de 42 puntos, muy lejos del pico de 85 por ciento que tuvo dos días después del éxito de la Operación Jaque, y su imagen desfavorable se trepó a 52 puntos.

A pesar de eso, en el último mes, el expresidente ha radicado tres proyectos de ley con los que ha mandado mensajes claros sobre dónde están sus afectos y que pueden terminar ayudando al presidente Duque mover a la opinión pública a su favor.

El primero es el que radicó el pasado 22 de agosto, y que le otorga facultades al presidente para subir el salario mínimo, una medida que podría impactar a 1.5 millones de personas. Esta semana radicó otros dos: uno para endurecer las penas para quienes atenten contra la integridad de la Fuerza Pública a quienes según Uribe “se les ha tratado como desechables” y otro para que el Gobierno estimule a los distritos, alcaldías y gobernaciones para hacer proyectos sobre energías renovables.

“Presentar proyectos de ley es muy barato”, dice Botero. “Uribe es muy bueno en comunicaciones, sabe que lo que ponga en Twitter va a tener repercusión. Pero de ahí a que eso se traduzca en políticas, es difícil”.

Lo es porque por un lado el trámite legislativo es lento. Y es posible que a mediados del próximo año estos proyectos hasta ahora hayan cursado dos debates en el Congreso. Por otro, porque no es claro que logren el respaldo de los otros partidos. De hecho, en el caso del proyecto de ley para subir el salario mínimo, la propuesta aún no ha sido respaldada por el Gobierno y ha sido blanco de críticas. Incluso, el presidente de la Andi, Bruce Mac Master que inicialmente había dicho que la propuesta le parecía interesante, le dijo a El Tiempo que cree que «no es una propuesta viable» y «por lo tanto no podemos acompañarla”.

Incluso si no pasan el Centro Democrático les puede sacar provecho. “Es muy fácil culpar al Congreso de que el proyecto no pasó”, dice Botero. Mientras eso ocurre, al uribismo le sirve para mover la agenda de la opinión pública y generar la percepción de que están buscando resultados.

Todo esto se pondrá a prueba cuando el Gobierno radique los proyectos de ley que ya anunció.

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