La cárcel que se levantó en un motín que duró 7 horas y dejó 24 reclusos muertos y 83 heridos reclamando atención contra el coronavirus, ya tiene confirmados cerca de 200 casos.
Cerca de 200 contagiados de Covid fueron confirmados este viernes entre los presos de la cárcel La Modelo de Bogotá, uno de los más grandes del país. La cifra rompe de manera estrepitosa la ilusión de que ese penal, que tiene cerca de 5.000 internos en condiciones de hacinamiento, había podido mantenerse al margen del contagio, mientras que otros penales del país reportaron los primeros casos hace meses.
No es difícil prever que el número de contagiados es mucho mayor. Cerosetenta pudo confirmar que el miércoles el Inpec recibió los resultados de 90 pruebas que se realizaron hace 15 días, tras detectar un caso positivo de un preso del patio 5-A. El resultado de las pruebas es alarmante: 87 positivos. Esto quiere decir que más del 96% de los examinados portan el virus. Los resultados recibidos este viernes de 150 nuevas pruebas dieron positivo para 105, elevando la cifra total a 192 contagiados.
Así se vivió por dentro el motín de la cárcel La Modelo que dejó 24 reclusos muertos y otros 83 heridos, la mayoría por balas de fusil de la Fuerza Pública.
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Las dos hipótesis más fuertes es que el contagio pudo llegar vía alguno de los funcionarios del penal. Cerosetenta confirmó que a la fecha hay 16 funcionarios administrativos y de guardia de la cárcel que también resultaron positivos (dos ya se recuperaron). 30 más son sospechosos de tener el virus. El miércoles, precisamente, la Secretaría de Salud del Distrito hizo pruebas a 600 funcionarios del Inpec en Bogotá, incluidos los de La Modelo. Los resultados tardarán, al menos, una semana más.
La otra hipótesis — que no elimina la anterior— es que el contagio se propagó de manera rápida a través de los encargados de la cocina. Allí hace dos semanas se hicieron 20 pruebas (además de las 150 a otros internos) y todas dieron positivo, según una fuente del Inpec que habló con Cerosetenta pero pidió omitir su nombre pues no está autorizada a dar información de manera oficial.
“Las 150 pruebas se le practicaron a los internos que eran sospechosos de estar contagiados, pero nunca fueron aislados preventivamente”, dijo a Cerosetenta otro funcionario del Inpec que conoce bien el caso y también pidió reserva sobre su nombre. “Aislarlos ahora que se confirma el contagio, es ya tarde. Ya contagiaron a muchos más”.
“Se evidencia la falta increíble del Estado para mantener en buenas condiciones a la guardia, que es un foco peligroso de contagio. Sabemos que la guardia ha tenido que hacer vacas para comprar tests que muestren si ellos son portadores del virus porque el Estado no les da los recursos para hacerlo”, dice Manuel Iturralde, investigador del Grupo de Prisiones de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes.
Cerosetenta pudo confirmar también que desde hace 15 días, la dirección de la cárcel decidió restringir todas las salidas de los patios de internos que descuentan tiempo de su pena trabajando en labores de talleres, capilla, orquesta, coro, teatro, aseo, etc. La explicación fue que estaban cumpliendo con las medidas generales de la cuarentena que rige en el país. Sin embargo, algunos internos creen que el Inpec ya tenía información de la presencia del virus.
“No sabemos si La Modelo le estaba escondiendo información a los internos, pero es lo que algunos de ellos sospechan”, dijo una persona que estuvo recluida en esa cárcel y mantiene contacto con algunos internos de varios patios.
La posibilidad de controlar un brote que se vislumbra ya como masivo será muy difícil en una cárcel que tiene un índice de hacinamiento del 54% (la capacidad es para 3 mil presos pero tiene más de 4700, según cifras de mayo de 2020 del Inpec).
Las medidas tomadas, hasta ahora, son precarias. El director de la cárcel ordenó desocupar todo el primer piso de cada pabellón y aislar allí a los casos positivos. Sin embargo, la medida puede ser contraproducente.
“De ser así, una medida de este tipo hacina los pisos de arriba o implica hacer traslados dentro de la cárcel, que, sin querer queriendo, puede propagar el virus”, dice Iturralde. “Si no se libera población carcelaria es muy difícil sino imposible tomar decisiones para contener los contagios”.
Según varios reclusos con los que pudo hablar Cerosetenta, las labores de desinfección han sido encargadas a los propios presos. Según un preso, en cada patio hay dos internos a los que se les entregó trajes de bioseguridad y aspersores de alcohol y desinfectantes.
“Las decisiones son reactivas y no preventivas”, dijo el funcionario del Inpec que habló con Cerosetenta, refiriéndose a algunas de estas medidas.
También, uno de los presos con los que habló Cerosetenta dijo que en el área de talleres habían levantado una carpa para, al parecer, aislar a los contagiados aunque hasta ahora está desocupada. Cerosetenta no pudo verificarlo de manera independiente y un guardia lo negó.
Así, el penal que se levantó en uno de los motines más largos y sangrientos del país para reclamar atención ante la pandemia del Covid-19 y que dejó el saldo de 24 privados de la libertad muertos y 83 heridos (la mayoría por balas de fusil en la brutal retoma), no se salvó del virus. Al contrario, los presos que todavía están heridos por las balas que recibieron ese 21 de marzo ahora temen que, además, se puedan contagiar del virus.
“Le duele mucho la cabeza y la espalda y ha estado con malestar general. Él dice que es gripa”, nos dijo la pareja de uno de los reclusos que todavía tiene una bala alojada en su cuerpo, cuatro meses después. Agregó que en el patio en el que él está ya hubo un caso confirmado de covid-19 que está en aislamiento. “Él dice que no se atreve a salir del patio para ir a Sanidad porque en el sur de la cárcel hay muchos infectados”.
Cerosetenta intentó contactar al general Norberto Mujica, director general del Inpec, a través de su teléfono y de la oficina de prensa para consultarle sobre las medidas que está aplicando el Inpec para contener este agudo brote pero al momento de publicar esta historia no obtuvimos respuesta.
El pasado 14 de abril, el gobierno nacional, a través del Ministerio de Justicia, emitió el decreto 546 para descongestionar las cárceles del país y enviar a prisión domiciliaria a algunos condenados o sindicados, como medida para evitar la propagación del virus. El gobierno estimaba que así lograría reducir por lo menos en 4 mil reclusos la población carcelaria. Cerosetenta confirmó que de La Modelo solo han sido beneficiados con la medida 50 personas, es decir el 1% de la población. Y a nivel nacional, y con cifras de hace un mes, han salido menos de mil reclusos.
“El decreto es totalmente ineficaz”, dice Manuel Iturralde del Grupo de Prisiones de la Universidad de los Andes.
El Inpec ha revelado cifras que muestran que antes del coronavirus, el hacinamiento en las cárceles del país era del 53% y que ahora, esa cifra bajó a 34%. Para Iturralde, esas cifras se pueden explicar por dos razones, ninguna relacionada con el decreto de emergencia: primero, que desde que arrancó la pandemia, no hay entradas nuevas a las cárceles y las pocas que hay son a ‘cuentagotas’, es decir, tras estrictos protocolos de cuarentena. Segundo, que durante la pandemia ha sido más eficaz la legislación ordinaria para descongestionar las cárceles porque los jueces han podido tomar medidas alternativas como detención domiciliaria, o salidas anticipadas a través de libertades condicionales para los reclusos.
“Que no vengan a decir entonces que el decreto de excarcelaciones de emergencia sí sirvió”, dice Iturralde. Agrega que aunque estas medidas pudieron ayudar a descongestionar las cárceles, es clave revisar la situación en la que están las URIs y las Estaciones de Policía “porque si liberas al sistema por un lado, lo estás presionando por el otro”.
