Como cuando miramos el andar de un reloj en su tic tac tic tac para conocer la hora.
Así avanza cada hora y cada día el reloj de conteo de los asesinatos de líderes sociales y étnicos en Colombia. La Defensoría del Pueblo tiene en su página web un sistema que nos permite mantener actualizado estas cifras, por si acaso tenemos dudas o nos confundimos. Les invito visitar la página y ahí está la información, actualizada, mientras que en las regiones donde ocurren estos hechos los familiares lloran a sus muertos, los procesos y liderazgos viven intimidados, todos los que trabajamos por derechos y justicia en Colombia vivimos bajo la zozobra y en pánico por la impunidad en la que quedan estas muertes.
A esto se suman otros graves hechos de violación a los derechos humanos de los grupos étnicos, van en aumento los números por desplazamientos, la desaparición forzosa, las amenazas, confinamiento y extorsiones. Las cifras de líderes étnicos y sociales del 1 de enero de 2016 a 3 de julio de 2018 va ya en 333 líderes, lideresas y defensores de derechos humanos asesinados en Colombia. Esta realidad se agrava cuando se examina las cifras de otras afectaciones ocurridas en estas regiones completamente olvidadas y dejadas a merced de los violentos.
El Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría estableció que por lo menos 788 familias en Buenaventura de los consejos comunitarios de Juanchaco (500), Ladrilleros (178) y La Barra (110) están en riesgo.
El informe ‘Tendencias Globales‘ presentado a principio de agosto por la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Acnur, reveló que durante 2017 en Colombia más de 91.431 personas fueron desplazadas a causa de la disputa de territorio entre grupos armados ilegales.
Por otro parte, la Defensoría del Pueblo informó recientemente que al menos 17.825 personas han sido desplazadas en Colombia durante el primer semestre de 2018 por causas asociadas al conflicto armado en once de los 32 departamentos que conforman el país. La situación también afecta a los departamentos de Antioquia, Córdoba, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Risaralda, Guaviare, Arauca y Meta. Según la Defensoría, en Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, persisten los desplazamientos masivos. Allí se registraron 14 eventos que afectaron a 3.620 personas que corresponden al 20 % del total de personas afectadas en el primer semestre.
Durante el año 2017, entre enero y agosto, se presentaron 5,640 personas afrocolombianas e indígenas (2000 familias) desplazadas de los departamentos del Chocó, Valle, Cauca y Nariño, de los 7,400 que hasta ese momento iban desplazadas en el país. La Defensoría también denunció la llegada a Buenaventura de una agrupación armada llamada “la Gente del Orden”, la cual nació en Tumaco, compuesta por una mezcla de disidentes de la Farc y delincuencia común, que junto con las Autodefensas Gaitanistas y el ELN son una de las serias amenazas para la pervivencia de las comunidades étnicas titulares de derechos.
En algunas comunas de Buenaventura las Autodefensas Gaitanistas cobran impuestos a conductores de lanchas que trasportan cargas y pasajeros entre Buenaventura y el Naya, Micay, Mallorquin y Dagua, entre otras. Estos grupos, además de ser responsables de desplazamientos masivos y las extorsiones se dedican a amenazar y a cometer los homicidios selectivos, el reclutamiento forzado, individual y para ello buscan principalmente a jóvenes que hayan prestado servicio militar a quienes les pagan un millón de pesos.
El Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría estableció que por lo menos 788 familias en Buenaventura de los consejos comunitarios de Juanchaco (500), Ladrilleros (178) y La Barra (110) están en riesgo.
En el Alto Baudo, en marzo de 2017, abandonaron sus comunidades por lo menos 935 personas afrocolombianas por los constantes enfrentamientos entre paramilitares, el ELN y la fuerza pública, la gran mayoría de ellas se encuentran refugiadas en Pie de Pato, cabecera del Alto Baudo, a unos 80 kilómetros de Quibdó. En febrero del mismo año fueron desplazadas 219 personas (85 familias) afrocolombianas de Tumaco, de las veredas de Bajo Jagua por enfrentamientos de grupos armados. En el Litoral del San Juan se presentaron confinamiento de las comunidades en sus propios territorios que no se pudieron mover por enfrentamientos armados, estuvieron atrapadas en su propio territorio y autonomía, no se pudieron movilizar a sus actividades cotidianas, aún existen serios problemas para la pervivencia de estas comunidades por el acceso a la seguridad alimentaria, la salud, todo ello por la presión de los grupos armados que impiden la movilidad de las personas y alimentos. Varias comunidades llegaron y se ubicaron en albergues en Buenaventura.
El año 2016 tampoco fue el mejor, según el Acnur alrededor de 11.363 personas, unas 900 familias fueron desplazadas del Pacífico. En 2014, entre junio a marzo de 2017, la Defensoría del Pueblo envió 27 oficios de alertas al Gobierno Nacional, a la Fuerzas Armadas y a las autoridades locales para advertir sobre la avanzada de grupos armados ilegales en el Chocó. Se advertía, especialmente, de la presencia de grupos paramilitares. En cada uno de esos informes la Defensoría narró detalladamente los crímenes que se estaban cometiendo en la zona y muestra cómo estos sucesores de los paramilitares emprendieron una estrategia de conquista de territorios que antes estaba bajo control de las Farc. Hay mapas donde se indica el avance de los paramilitares, pasando por puestos de control militar de la Armada, del Ejército y de la policía.
Por la pasividad del Gobierno, las Fuerzas Armadas y las alcaldías y gobernaciones, las Autodefensas Gaitanistas tomaron control de esa región y aún mantienen intimidadas, amenazadas y son los responsables de los asesinatos, conjuntamente con el ELN, de las poblaciones de 15 de los 30 municipios del Chocó, incluyendo a Quibdó. Mientras estos hechos se presentaban en esta región ante los ojos y complicidad de la fuerza pública, en Bogotá el señor Ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, afirmaba que las muertes de los líderes sociales obedecen a problemas de faldas.
La Defensoría también alertó que estas comunidades estarían a punto de experimentar nuevamente los hechos de la Operación Génesis, ocurrido durante 1996 y 1997, que dejó más de veinte mil personas desplazadas del municipio de Riosucio Chocó. El 3 de julio del 2004, la Defensoría dirigió un oficio al Ministro de Defensa, al Ejército Brigada 15, a la Armada, a la Policía de Urabá, a la Brigada 17, al Ministerio del Interior, Alcaldía de Riosucio, Gobernación y a la Unidad de Víctimas, en el que informa que entre el 26 y el 29 de abril se suspendió la luz eléctrica y la señal de celular en Riosucio, al norte del Choco. “Se movilizaron entre 10 y 14 embarcaciones con capacidad para transportar 40 hombres cada una, desde Riosucio y Unguía, sobre el río Atrato, hacia los ríos de Salaquí y Truandó, afluentes del río Atrato que atraviesa el Chocó de Oriente a Occidente. En total se movilizaron unos 500 hombres”, advirtió la institución.
Durante ese tiempo se presentaron relevos en los mandos de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), lo que coincidió con la llegada de hombres armados desde el Eje Bananero, Córdoba y Barranquilla hasta Riosucio. Algunos de ellos se quedaron en el caso urbano y otros se ubicaron en los ríos. La Defensoría afirma en su comunicado que estos hechos ocurrieron a pesar de que en la zona había pirañas y estaciones de la Armada que hacen control sobre embarcaciones que transitan en el río Atrato y la presencia del batallón selva 54 del Ejército y una estación de Policía en el caso urbano de Riosucio.
Colombia no puede seguir viendo cómo asesinan a sus mejores hombres y mujeres.
Bajo este real panorama de guerra contra las comunidades étnicas despedimos al gobierno del Premio Nobel de Paz y damos la bienvenida al nuevo gobierno de Iván Duque, quien ha prometido que hará revisión al Acuerdo Final de Paz. De hecho su partido ya tiene aval de la Registraduría Nacional para avanzar en un referéndum en esa dirección. Este anuncio llevará a las comunidades en estas regiones del país a seguir padeciendo las afectaciones del conflicto, que se incrementará por ser estas regiones del país el campo de batalla perfecto para los actores armados.
Parar esta locura de asesinatos de líderes sociales, étnicos y defensores de derechos humanos es la meta que se ha propuesto el señor Procurador General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, quienes vienen trabajando conjuntamente con organizaciones sociales y étnicas, entre ellas AFRODES, la ONIC, Codhes y Pastoral Social, en la campaña #Lideralavida, a la que también se ha unido el Canal Caracol y otros medios. De hecho el Canal Caracol inicio a emitir una serie de documentales con las historias de vida y lucha dada por los líderes como un intento de educación que busca básicamente rechazar los asesinatos. Queremos parar estos crímenes, queremos que se haga justicia y se identifiquen sus responsables y que se lleven a la justicia.
Colombia no puede seguir viendo cómo asesinan a sus mejores hombres y mujeres. Todos constructores de paz que han logrado grandes transformaciones sociales en beneficio de sus comunidades, que han sido escogidos para asumir vocerías y trabajar con las autoridades civiles y de policía para atender problemáticas sociales que los políticos han ignorado históricamente. El nuevo Gobierno debe brindar las garantías necesarias y suficientes a estas comunidades, trabajando con los líderes en el diseño de medidas adecuadas que protejan sus vidas. El señor Duque debe cortar los vínculos criminales que existen entre miembros de la Fuerza Pública y grupos armados, se debe ganar la confianza de las comunidades y ofrecer garantías y seguridad combatiendo a los violentos.
En su gobierno, Duque debe combatir impunidad. En Colombia no debe haber una sola muerte que no sea castigada de manera ejemplar. La Fiscalía debe ser capaz de identificar a los responsables, tanto materiales como intelectuales. Los colombianos buenos somos más y debemos arrinconar a los violentos. Hagamos una cadena nacional que permita proteger la vida por encima de los violentos. El país tiene que entender que cuidar y proteger la vida es una responsabilidad de todos.
