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Las niñas y los niños no han ido a la guerra a jugar

Grisela Lobo y Rodrigo Londoño, actuales senadores por el partido FARC, han hecho declaraciones que han despertado controversia respecto al reclutamiento infantil. Esto ocurre simultáneo al llamado de la JEP a 14 ex combatientes a rendir versión voluntaria. Hilda Molano y Julia Castellanos, expertas en reclutamiento infantil de COALICO, analizan los procesos de revictimización que implican estas afirmaciones.

por

Hilda Molano y Julia Castellanos, COALICO


29.07.2020

El reclutamiento ilícito de niñas y niños es una práctica común entre los grupos armados ilegales. Pero hacer que estos grupos reconozcan este crimen ha sido muy difícil. ¿Por qué? Porque es un delito que no es amnistiable, es decir, es un crimen internacional que no puede quedar sin ser investigado, juzgado y sancionado, lo cual puede explicar la urgencia por negarlo; por eso el discurso de que los niños y niñas “escogieron” irse a la guerra, un mensaje que usualmente repiten los antiguos dirigentes y rangos más elevados de esos grupos. Lo cierto, sin embargo, es que no importa el desarrollo físico, psicológico o socio-económico que tenga la persona: el reclutamiento de personas menores de 18 años es un crimen y debe ser entendido en estas proporciones. 

Cuando un niño o una niña entra a hacer parte de un grupo armado ilegal es porque múltiples factores fallaron para asegurarle sus derechos básicos: no pudieron acceder a la educación básica, y mucho menos avanzada, o en su casa no existieron las condiciones adecuadas de alimentación, o vivienda o acceso a servicios básicos que pudieran protegerlos. También influye la psicología: en muchas regiones del país, los grupos armados se convierten en figuras de autoridad máxima, que hace susceptibles a los niños y niñas de verlos como modelos a seguir. Sobre todo cuando ellos aún no comprenden plenamente las implicaciones de la guerra. 

Afirmaciones como éstas sólo hacen que se vulneren aún más los derechos de los niños y las niñas y desconoce que, para estos grupos, es ventajoso en cierta medida contar con menores de edad dentro de sus filas: por ejemplo, sus manos pequeñas facilitan poner minas, son más ágiles, se les puede pagar menos y pueden pasar más desapercibidos en una comunidad que los adultos. A veces, además, es más fácil someterlos a realizar conductas horribles en el marco de la guerra, como expliqué en esta historia de Cerosetenta.

No es válido, entonces, decir que se los llevaron para protegerlos, o que el niño o la niña les pidió unirse al grupo. Estas afirmaciones los apartan de sus derechos como víctimas directas del conflicto armado y los responsabiliza. Los culpa. 

Estas afirmaciones preocupan, además, porque el reclutamiento ilícito de niños y niñas no es un asunto del pasado. Tampoco es cierto que ocurra solo a nivel rural, como suele pensarse. También sucede en los grandes centros poblados, principalmente en los barrios periféricos de ciudades como Bogotá, Cali, Medellín, Buenaventura, entre otras. 

No es válido, entonces, decir que se los llevaron para protegerlos, o que el niño o la niña les pidió unirse al grupo.

En el primer semestre de este año registramos, al menos, 40 casos en el Observatorio niñez y conflicto armado de la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia, COALICO de los cuales han resultado afectados un mínimo de 190 niños y niñas. Son casos que se han dado en los seis focos de conflicto armado que persisten hoy en el país. Sobre todo, en el corredor Pacífico, el Bajo Cauca Antioqueño, el Golfo de Urabá y el Catatumbo, que tienen una alta presencia de violencia, que proviene de la lucha por control territorial y de las economías ilegales que protagonizan diversos grupos armados, legales e ilegales. En estas zonas, el reclutamiento y la utilización de niños y niñas es común. 

La cifra, sin embargo, no escandaliza, pues se suele comparar con el total de niños que hay en el país, ignorando por completo que cada niño que va para la guerra significa, una vez más, que todo un sistema, social y estatal, le falló al no ser capaz de garantizarle sus derechos básicos. 

Por todo esto, que aún los grupos armados no quieran reconocer su responsabilidad sobre el reclutamiento a niños y niñas hace que el proceso de revictimización siga ocurriendo, además de que hace que quienes vivieron este crimen quedan responsabilizados por haber estado en la guerra. No pueden seguir diciendo que se los llevaron “para protegerlos”. Eso, simplemente, no es válido. Haber pertenecido a un grupo armado ilegal es sumamente complejo. Hemos podido notar que las víctimas de este crimen pocas veces generan asociaciones o relaciones que les permitan mantenerse en contacto entre ellos y actuar como parte de una comunidad. Su proceso para salir del conflicto es bastante solitario, contrario a lo que ha ocurrido con otros crímenes, como en algunos casos ha podido ser en el caso del desplazamiento forzado. 

Ahora que han sido llamados por la JEP a versión 14 exjefes de las Farc-Ep vinculados al Caso 07, conocido como el de Reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado, es fundamental recordar que los procesos de justicia y reparación deben materializarse con acciones contundentes que parten desde el mismo discurso. Lo que dicen es importante. Reconocer que, cuando se recluta a un niño o una niña se está victimizando, es esencial. Cuando no se reconoce una verdad, se está entorpeciendo y anulando la posibilidad de una transición adecuada hacia la paz. 

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Hilda Molano y Julia Castellanos, COALICO


Hilda Molano y Julia Castellanos, COALICO


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