Heidy Mena ve a diario cómo la violencia urbana se lleva a los más jóvenes en Quibdó. Los amigos del barrio, los hijos de los vecinos, algunos excompañeros de estudio. “Tenemos una situación que nos limita el desarrollo como ciudad y genera desplazamientos internos que dividen a nuestras familias”, dijo.

Heidy tiene 29 años, es una lideresa y participa en actividades sociales y comunitarias de la ciudad, entre ellas la Red de Mujeres Chocoanas. Debido a los enfrentamientos entre dos grupos armados que se disputan el barrio donde vivía con sus padres, tuvo que huir a otro sector. Uno de sus hermanos, menor de edad, también se fue, pues las organizaciones criminales lo querían reclutar. 

Otro líder juvenil de Quibdó, que prefiere no revelar su nombre, es víctima indirecta de esta violencia. Un adolescente que pertenecía a un grupo armado, familiar suyo, fue asesinado días antes de que PACIFISTA! se reuniera con él a fines de noviembre pasado. “Ayer hablé con él y esta mañana nos enteramos de su asesinato. Esto pasa casi a diario. Muy triste”, contó el líder vía WhatsApp. 

El año pasado fue violento para Quibdó, una capital con al menos 120.679 habitantes, según el Dane. Creció el control de los grupos armados en varios barrios y zonas rurales; aumentaron los desplazamientos urbanos, la sensación de inseguridad y los asesinatos. De acuerdo con el Sistema de Información Estadístico, Delincuencial Contravencional y Operativo de la Policía Nacional -SIEDCO-, entre 2017 y 2019, la cifra de muertes violentas no superó el centenar de casos; pero el número llegó a 151 en 2020. Y las principales víctimas fueron los jóvenes: el 54 % de los quibdoseños asesinados el año pasado son menores de 30 años. La violencia se ensañó con ellos.

Pero denunciar es una opción riesgosa, pues abundan las amenazas, como las que han recibido los líderes de las organizaciones sociales y comunitarias. En los medios locales abunda el silencio y escasean las noticias sobre violencia urbana. 

El homicidio en datos

Carlos Estiven Lemus tenía 18 años y fue asesinado en enero de 2020, en el barrio Niño Jesús. A José Yuher Palacios, un joven bailarín del grupo ‘Black Boys’, lo mataron en agosto en el barrio El Poblado. José Alpidio Rentería fue una de las tres víctimas de una masacre en el barrio Horizonte, el 26 de septiembre. El homicidio de Harlin David Rivas Ospina, de 20 años, ocurrió el 30 de noviembre en el Yesca Grande, un barrio del centro de la ciudad; estudiaba Ingeniería Ambiental en la Universidad Tecnológica del Chocó e integraba la Red Nacional Jóvenes de Ambiente. 

“Son jóvenes matando a jóvenes”, dijo un miembro de la Diócesis de Quibdó que pidió no revelar su identidad, pues ha recibido amenazas. “Por mi trabajo y el tiempo que llevo acá, he visto crecer a chicos que luego terminan en la criminalidad o víctimas de la violencia urbana”, contó. Un líder juvenil, vinculado a procesos sociales desde hace 12 años en Quibdó, añadió que los adolescentes están siendo violentados, reclutados, estigmatizados por vivir en barrios populares o asesinados. 

En 2010, según cifras entregadas a PACIFISTA! por el SIEDCO para este reportaje, 55 personas murieron de forma violenta en Quibdó. En 2011 la cifra aumentó a 66. En 2012 y 2013 el número subió a 99; luego se redujo a 76 en 2014 y a 75 en 2015. Para 2016, la cifra creció hasta 114 y los años siguientes no superó los tres dígitos (en 2017 y 2018 se reportaron 93 casos, en 2019 hubo 91). Pero en 2020 se disparó hasta los 151 asesinatos. 

María Acosta, investigadora de la línea de Seguridad y Política Criminal de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), ha estudiado la violencia de Quibdó. Según dice, este problema no surgió en 2020. “Quibdó ha ocupado en los últimos ocho años los tres primeros puestos con las tasas más altas de homicidios entre las 32 capitales del país”, dijo.

Según el SIEDCO, la ciudad en 2020 aumentó su tasa de homicidios en 38 puntos, de 78,3 por cada 100.000 habitantes en 2019, a 115,4 el año pasado. Casi cinco veces la tasa nacional (de 23,9).

Un líder comunal y defensor de derechos humanos concuerda con el análisis de Acosta. “Hace 20 años éramos una ciudad de 20.000 habitantes y con el paso del tiempo fue creciendo de manera desordenada. No se le puso atención a los asesinatos, menos en la última década”, dijo.

Pandemia y más violencia

El 16 de octubre pasado, en el centro de Quibdó, se reunieron unas 500 personas para marchar por la paz. La movilización fue convocada por la Diócesis y organizaciones sociales y de derechos humanos. “La ciudad ha querido organizarse para rechazar la situación de violencia que se vive. Son más de 115 homicidios este año”, dijo Juan Carlos Barreto, obispo de Quibdó, al noticiero local CNC.
Ese mismo día circuló un panfleto firmado por un grupo que se hace llamar “Fuerzas Armadas Mexicanas”. En él anunciaron un toque de queda hasta el 20 de octubre. El motivo, según el panfleto, fue el traslado hacia Bogotá de varios hombres de esa organización que estaban recluidos en la cárcel de Quibdó. “Hemos tomado la decisión de hacernos respetar del alcalde y sus amigos y declaramos objetivo militar a todo el que transite de 6 p.m. a 8 a.m. desde hoy viernes hasta el día martes”, decía el papel.

El 5 de septiembre, en varios grupos de WhatsApp de Quibdó, había circulado otro panfleto del mismo grupo, donde amenazaban a los trabajadores de la compañía Movistar. “Les vamos a demostrar que denunciar no paga y que nosotros tenemos el control del 85 por ciento de los barrios donde viven cada uno de sus empleados. Así que a partir de la fecha declaramos objetivo militar de nuestra organización a todas las personas que trabajan en dicha empresa”, decía el documento. Los empleados de Movistar habían denunciado las vacunas que cobra esta banda.

El confinamiento por la pandemia no desestimuló la violencia en Quibdó. De acuerdo con un informe de la Dijín de la Policía del Chocó que obtuvo PACIFISTA!, del 25 de marzo al 2 de noviembre se cometieron 88 asesinatos, un 60 % más de los registrados en el mismo periodo de 2019, cuando hubo 55 casos. Abril, septiembre y octubre fueron los meses cruentos (suman 46 casos). “Durante el peor momento de la pandemia, la violencia en Quibdó estuvo fuerte. Casi todos los días escuchamos sobre un amenazado; casi todos las semanas escuchábamos de dos o tres muertes violentas”, comentó la fuente que trabaja en la Diócesis. 

En junio, cuando se preveía un segundo semestre violento, el obispo Barreto lanzó una alerta al Gobierno a través de un comunicado, donde pidió proteger a Quibdó y a otros municipios del Chocó. “Si el Gobierno quiere eficacia y credibilidad en las medidas para combatir la pandemia, no puede descuidar el panorama del conflicto armado, las economías ilegales, la miseria, la corrupción y la falta de atención en salud que están cobrando innumerables vidas aquí”, reclamó.

Las causas del problema

Varios líderes juveniles, organizaciones sociales, defensores de derechos humanos y autoridades locales aseguraron que la violencia en Quibdó no tiene un solo origen. Luis Javier Moreno, exsecretario de Gobierno de la ciudad, explicó que una de las causas evidentes es la presencia de grupos armados. “Hay una disputa por los territorios entre el Clan del Golfo y un grupo que se hace llamar ‘Fuerzas Armadas Mexicanas’”, dijo.

En el mismo informe de la Dijín que obtuvo PACIFISTA!, la Policía del departamento señala a cinco organizaciones criminales. La primera es la subestructura Carretera del Clan del Golfo, también conocida como Autodefensas Gaitanistas de Colombia, que estuvo liderada por Jhon Fredy Orejuela, alias ‘Zorro’, a quien las autoridades eliminaron en noviembre pasado. Se desconoce el nombre del nuevo líder. En varios barrios se ven muros pintados con las siglas de ese grupo: “A.G.C”. 

La segunda organización son las “Fuerzas Armadas Mexicanas”, o “Los Mexicanos”, un grupo de delincuencia común al mando de alias ‘Richard’, con influencia en barrios como El Caraño, Ciudadela Mía, Bonanza, Porvenir, Minuto de Dios, Zona Minera y La Aurora. Allí abundan las casas de lata, las calles no tienen pavimento y fallan los servicios públicos. En la entrada de uno de estos sectores se pueden ver retenes que montan muchachos de esa organización. Un taxista explicó que la vigilancia es una de las tareas que les asignan a los reclutas más jóvenes. “Son ‘campaneros’. Les avisan a los jefes si ven a gente rara o de las otras bandas”, dijo.

Estas bandas no tienen relación con carteles de México. “Sus integrantes usan ese nombre solo para sembrar el miedo”, contó un defensor de derechos humanos.

Las otras tres organizaciones son Los Palmeños, Los Locos y Los Rapados, consideradas también como delincuencia común por las autoridades. Aunque estos cinco grupos se disputan territorios y son los responsables de la mayoría de los homicidios en Quibdó, para el exsecretario Moreno hay otra causa mayor: el abandono histórico del Estado. “En 15 años, Quibdó pasó de 80 barrios a 194. Creció la población y creció la ciudad, pero no hubo desarrollo. Somos la ciudad con el mayor índice de desempleo”, dijo.

Las cifras lo confirman. Según la Gran Encuesta Integrada de Hogares del Dane, en el último trimestre de 2020, la cifra de desocupados en Quibdó fue de 20 %, la más alta del país. El porcentaje de personas con empleo fue del 41,5 %, de los cuales el 58,4 % trabaja en la informalidad. “Además de la desocupación, los jóvenes aquí están acostumbrados a una vida sin parques, con pocos escenarios deportivos, con escasa inversión en actividades culturales”, contó un líder juvenil de la ciudad.

Esaud Lemos Maturana es defensor de derechos humanos y parte del Foro Interétnico Solidario Chocó. Es víctima de desplazamiento forzado y vocero de la Asociación de Desplazados del Chocó. Para él, a estas causas debe agregarse la falta de atención a las víctimas de la guerra. “La ciudad ha sido receptora de desplazados como yo. Los gobiernos nacional y local no estaban preparados para atendernos y los grupos armados ilegales se aprovecharon de eso”, dijo.

Desde mediados de los años noventa Quibdó empezó a recibir desplazados por la violencia, principalmente de quienes venían de municipios del Chocó como el Bajo y Medio Atrato, el Alto Atrato y el Baudó. Incluso de zonas más apartadas como el Urabá Antioqueño. El conflicto armado y la presencia de guerrillas y grupos paramilitares, que hoy permanecen en los territorios, provocaron la huida de miles de afros, indígenas y campesinos hacia la ciudad. Según un estudio de la FIP, entre 1996 y 2012 a Quibdó llegaron 35.771 víctimas de desplazamiento forzado.

Maturana y otros líderes sociales dicen que el conflicto se trasladó a la ciudad cuando las disputas de los grupos armados, que intentaban controlar municipios enteros, se transformaron en peleas por los barrios. “Esos niños y jóvenes que llegaron con sus familias, despojados de sus territorios, se encontraron con poca oferta de empleo, salud, vivienda, educación y servicios públicos”, dijo Maturana. Las estructuras delictivas usaron esas falencias para reclutarlos.

La investigadora Acosta, de la FIP, considera que el foco debería estar sobre la responsabilidad del Estado para brindar protección y oportunidades a los quibdoseños. “El discurso que predomina para explicar este fenómeno dice que pobreza es igual a violencia. Es algo muy arraigado en la sociedad colombiana, pero termina por criminalizar al joven, al negro”, dijo. Esto, según Acosta, incide para que la respuesta oficial sea el aumento de la fuerza pública y no la inversión en programas sociales. Es lo que ocurre en Quibdó y en otras ciudades del Pacífico colombiano, como Buenaventura. 

Esta nueva ola de violencia fue la que motivó a los líderes de Buenaventura, entre ellos Leonard Rentería, y a las organizaciones sociales del puerto a rechazar que el gobierno solo militarice, en lugar de cumplir deudas históricas como el acceso a salud, educación y empleo. Una situación similar ocurre en Quibdó.

Respuesta policial

El 20 de octubre de 2020, el presidente Iván Duque viajó a Quibdó impulsado por las denuncias de la comunidad y la Diócesis. Visitó algunos barrios, y luego de un consejo de seguridad, anunció el incremento de la fuerza pública con 50 policías que se suman a otros 200 enviados en meses anteriores, más 1.000 agentes que componen el cuerpo policial de la ciudad. 

En enero, el entonces ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, anunció la creación de un distrito especial policial en Quibdó, pues los uniformados allí responden a la dirección de la Policía del Chocó. Es decir, Quibdó no tiene su propio departamento de Policía. “Esta determinación permite tener una mejor organización administrativa y destinación de capacidades policiales especializadas contra la delincuencia común y organizada”, dijo Trujillo. 

El aumento policial es una medida criticada por las organizaciones sociales y los defensores de derechos humanos. Consideran que no se supera la violencia solo con más hombres armados. 

Según información de la Dijín en Chocó, en la cuarta fase del plan de choque ‘Construyendo seguridad’, realizado entre abril y noviembre de 2020, aumentaron los asesinatos en un 73 % respecto al mismo periodo de 2019. El comandante de Policía del departamento, coronel Clauder Cardona Cataño, aseguró que desde octubre pasado la inseguridad ha ido mermando. “Se han hecho más de 200 capturas a integrantes de los grupos armados ilegales que están en Quibdó y se ha traslado a los presos que estaban delinquiendo desde la cárcel de la ciudad”, dijo. Pero solo en el último trimestre del año pasado ocurrieron 38 muertes violentas. 

Dentro de la estrategia para hacerle frente a la inseguridad se creó la iniciativa ‘Barrios seguros’, un plan para que los quibdoseños ocupen los espacios públicos, acompañado de programas pedagógicos para los niños y una bolsa de oportunidades laborales y de formación para los jóvenes. 

Uno de los líderes cuestionó la presencia de más policías en Quibdó. “Es increíble que ellos estén por la calle y sigan matando a los muchachos en plena luz del día. Hasta se demoran en reportar los casos”, dijo.

Mientras termina de consolidarse la estrategia para frenar la violencia urbana en Quibdó, los jóvenes y el resto de la población deben sortear cada día las fronteras invisibles que los grupos armados imponen entre los barrios, las amenazas contra aquellos que denuncian y el inevitable desplazamiento urbano. La capital del Chocó es una sociedad en jaque.