Lo primero que se puede ver tras el portón azul de la Unidad de Protección Integral (UPI)  La Rioja son cuatro tanques de basura, desbordados de cáscaras de plátano, paquetes de dulces, partes de juguetes y cables rotos.

Dependiendo de la hora, el portón está custodiado por hombres de la guardia indígena, mujeres con sus bebés, niños semidesnudos que juegan con algunos de los juguetes donados o por tanquetas de la UNDMO (antiguo Esmad) –como lo muestra Google Maps en septiembre de 2024–. 

A las siete de la mañana de un martes de febrero de 2025 algunas mujeres de la comunidad emberá alistan a sus bebés para llevarlos a los jardines Centros Amar Candelaria y Mártires I, dispuestos por el Distrito. A los mayores los recogen a las diez u once de la mañana para trasladarlos al Colegio Aulas Colombianas. Otros se preparan para ir a vender artesanías en las calles del norte de Bogotá o permanecen en su cama bajo los cientos de cambuches que hay en los dos bloques de tres pisos –organizados en 14 salones– que integran este alojamiento. Así transcurre una mañana para las 714 personas emberá que habitan la UPI. Vea el video aquí.

Por lo general, nadie que no sea de la comunidad permanece en la entrada. Solo un funcionario del Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud (Idipron), entidad que es dueña de la infraestructura, camina en círculos por la zona o se sienta en su caseta interna: “Yo no trabajo para ellos (los indígenas)”, señala. “Ellos pueden hacer lo que quieran pero yo no me meto ahí y ellos no se meten conmigo. Estamos acá porque es una infraestructura del Idipron pero no tenemos nada que ver con los indígenas”.  

Frente a la UPI, queda el conjunto residencial Hans Drews Arango. En uno de los ventanales superiores, que apunta directo al portón de los emberá, se vende uno de los apartamentos por 300.000 millones de pesos. El dueño dice que el ruido de la comunidad indígena no les afecta ya que tienen la ventanería en aluminio con un grosor de 10 milímetros. Pese a ello, el anuncio ha estado ahí por al menos seis meses como se puede ver en Google Maps. Y es que, desde su ventana, la vista puede generar contraste: una construcción de apartamentos de Vivienda de Interés Social (VIS), una estación de policía movible cubierta por barrotes, niños y mujeres con bebés en brazos en la puerta de la UPI y frente a ella una ambulancia dispuesta por las autoridades. Esta debe vigilar lo que ocurre dentro las veinticuatro horas. 

Sin embargo, para Rosamira Campo Murillo, una de las líderes emberá de La Rioja que nos permitió entrar al lugar, no reciben una buena atención en salud. “Aquí la ambulancia solo se lleva muertos”, señala. Así ocurrió el pasado 6 de febrero cuando una menor de siete años murió en circunstancias que no fueron del todo claras. Esta se suma a la cifra de 15 niños que han fallecido en La Rioja desde 2022. La Secretaría Distrital de Salud, que tiene una oficina interna a cinco pasos del portón, dio esta declaración: “Tuvo un desmayo mientras hacía actividades cotidianas. Fue trasladada de inmediato por la ambulancia y llegó sin signos vitales”. No fue posible conocer las causales de la muerte pues, según esta entidad, el historial clínico de la menor es privado. 

Los líderes de la UPI denunciaron que la causa fue la desnutrición. Según reclamaban, hacía tres meses no les llegaba alimento. Sin embargo, el Gobierno Nacional aclaró que cada mes se entregan kits de alimentos con normalidad. La última entrega fue el 14 de febrero. 

¿Qué está pasando entonces?

‘No hay garantías de retorno’

La UPI La Rioja está a una cuadra de la avenida Caracas, frente a la estación Hospital, en la localidad Los Mártires. El año pasado se reportaron más de 3.000 denuncias de robo en la zona y la criminalidad se disparó en un 96%, según este informe de seguridad 2024. ¿Cómo los emberá llegan a vivir en esta zona de la ciudad?

En 2005, cuando los indígenas empezaron a ser desplazados por la violencia en sus territorios, había 334 personas de su comunidad de los 15.032 indígenas de todos los pueblos que vivían en Bogotá. Según el informe de gestión 2024 de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Uariv), en diciembre de ese año había 2.970 personas. Esto significa que ha habido un crecimiento inmenso de la población. Aunque las cifras de la Secretaría de salud estiman que son menos (2038), esta entidad aporta detalles más específicos del tipo de población: más de 800 son adultos entre los 18 y 59 años. Esto significa que más del 60% es población vulnerable entre menores de edad y adultos mayores.

¿Por qué se desplazaron allí? 792 indígenas fueron trasladados como una medida temporal el 13 de mayo de 2022 desde el Parque Nacional hacia las UPIs La Rioja y La Florida –esta última ubicada en Funza–. Si bien no hay una cifra clara de la cantidad de personas trasladadas exclusivamente a La Rioja, cuatro meses después 1.250 personas vivían allí, según cifras de este comunicado realizado por la concejala Ati Quigua, vocera del movimiento MAIS. 

Rosamira Campo, una de las líderes emberá, fue desplazada de su territorio en el Alto Andágueda, Choco, debido a la violencia. Permaneció nueve meses en el Parque Nacional durante 2021 para exigir apoyo del Estado. “Allí sufrieron y murieron niños y adultos. Estuvimos allí porque no hay garantías”, explica. Las garantías se refieren a la seguridad de poder volver a su territorio de manera segura. Y es que muchas de esas familias que participaron de los retornos de anteriores administraciones, regresaron a la ciudad ya que, según denuncian los líderes, las amenazas por la violencia no cesaron.

Entre 2021 y 2023, según cifras de la Unidad para las Víctimas (Uariv) se acompañaron 2.080 familias. Esto no es nuevo. Todas las administraciones han tenido que hacer retornos a los indígenas. De acuerdo con esta nota, la administración de Peñalosa (2016-2019) organizó el retorno de 1.300 personas. La de Claudia López (2020-2024) hizo 14 recorridos para llevar a más de 150 familias de vuelta al Chocó.

Desde hace décadas, el departamento del Chocó enfrenta una crisis humanitaria debido a la disputa territorial entre grupos armados ilegales como el ELN, las disidencias de las FARC y el Ejército Gaitanista de Colombia. De hecho, el pasado 18 de febrero la guerrilla del ELN anunció un paro armado en la zona de San Juan dejando aproximadamente 3500 desplazados.

Según la organización Consultoría para Derechos Humanos y el desplazamiento (CODHES) y la ONU, la violencia ha aumentado en municipios como Lloró, en el Alto Andágueda. En 2024, cerca de 9.906 personas fueron desplazadas, afectando principalmente a comunidades indígenas y afrodescendientes. Además, el departamento registró el 36 % de los confinamientos en el país, con 49.021 personas afectadas, convirtiéndose en la región con mayor impacto humanitario por tercer año consecutivo. 

“Por el miedo nos vinimos acá a desplazar. Allá en el Chocó tenemos muchos conflictos con grupos armados. Pero por el momento toca aguantar porque igual venir por acá es muy duro. Si uno viene, ¿con qué va a vivir acá?”, agrega Juan Alberto Cheche, uno de los miembros de la guardia de la UPI quien espera la llamada de una empresa para trabajar como carguero. Por este empleo, explica que recibe un sueldo de 55.000 pesos al día; no obstante, en el momento en que hablamos con él decía que no le habían pagado hacía quince días.

Aunque el Distrito y el Gobierno niegan que personas que estuvieron en el Parque Nacional se encuentren todavía en La Rioja, los líderes lo contradicen y dicen que estuvieron en el Parque, regresaron a su territorio pero se devolvieron a Bogotá debido al incumplimiento del Gobierno Nacional. Según la Defensoría del Pueblo en un comunicado de abril de 2024, el 80% de los indígenas que habían retornado a sus territorios se habían regresado a Bogotá. 

50 años de desplazamientos

En Colombia, hay cinco variedades dialectales de la población emberá. De acuerdo a este informe de la Defensoría del Pueblo, los indígenas que permanecen en Bogotá desde 2005 son emberá katio, provenientes del departamento del Chocó, del Alto Andágueda principalmente, y los emberá chamí del departamento de Risaralda, en los municipios de Pueblo Rico y Mistrató. Este mismo documento explica que los emberá son de naturaleza nómada y desde la década de los 70 y 80 empezaron a llegar a contextos urbanos. 

La comunidad ha sido desplazada de su territorio por múltiples causas, asociadas en su mayoría al conflicto armado: amenazas por reclutamiento forzado, despojo de sus tierras, la incursión de megaproyectos en sus resguardos, inseguridad alimentaria, conflictos internos y la presencia diferenciada del Estado en territorios. 

Patricia Tobón, abogada originaria de la comunidad emberá, fue directora de la Unidad para las Víctimas (Uariv) desde agosto de 2022 hasta abril de 2024, entidad responsable de la reubicación y  el retorno de estas comunidades en Bogotá. Para ella, hay otras causas externas que responden al desplazamiento. “Muchos de ellos tienen problemas con sus autoridades en sus comunidades. Por ejemplo, conflictos socioculturales por chamanismo, también hay sistemas de gobierno por violencias basadas en género, algunos huyen de castigos en sus comunidades. No hay que generalizar las causas, hay que revisar cada caso”. 

También señala que hay una tendencia a la mendicidad a la que se han acostumbrado estas poblaciones por generaciones. “Los emberá están viniendo porque quieren ingresos económicos. Están encontrándose en la mendicidad esas alternativas y eso no debería ser la alternativa de desarrollo para ningún ciudadano colombiano”, señala.

Voceros de las entidades distritales y nacionales también explican que no todas las familias buscan lo mismo. Los que buscan el retorno a sus territorios con garantías de seguridad y la reubicación en otras zonas en contexto rural son responsabilidad del gobierno nacional, específicamente de la Uariv y la Agencia Nacional de Tierras (ANT). Por otro lado, los que buscan ser integrados a las dinámicas urbanas son responsabilidad enteramente del distrito, principalmente, de la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación. 

¿Cómo están distribuidos en la ciudad? Los principales alojamientos temporales han sido La Rioja y La Florida desde 2022. En esta última UPI viven 481 personas. Hay otros dos alojamientos supervisados por el distrito donde se ubican indígenas emberá que no tienen la intención de retornar sino de integrarse localmente: Amor eficaz (hay 100 indígenas) y San Cristóbal (39). También hay otra categoría denominada ‘albergues distrito’ (226). En La Rioja la mayoría quiere retornar. 

Un alojamiento, cuatro líderes

En la UPI La Rioja viven cuatro comunidades emberá katío y chamí originarios del Chocó y Risaralda coordinados por cuatro líderes: Caliche, Saúl, Uriel y Leonival. La comunidad de Rosamira, familiar de Leonival, integrada por 350 personas según ella, vive al fondo de todos. Para llegar allí, hay que pasar por tendederos entretejidos con cables, tubos y lavaderos comunales. Un niño descalzo nos saluda. Otro niño más grande, vestido, trata de bajar un balón en la malla superior de una cancha cuyo mural azul con ilustraciones da la bienvenida. “Bienbenidos a la rioja”. 

Para entrar y salir, hay que tener autorización de un líder. A veces hay peleas entre las comunidades y de hecho, dice la lider Rosamira Campo, esa es la razón por la que a veces no reciben comida. “Cada líder tiene fundaciones que le trae cosas. A veces cogen la comida que llega y a nosotros no nos alcanza”, señala. Es difícil buscar a otro líder para confirmar esto ya que incluso para tomar fotografías, la líder y sus compañeros insisten en que permanezcamos en su comunidad. Ellos nos acompañan en todo momento. 

Sin embargo, los medios han registrado desde hace años esta compleja convivencia interna. En el 2022, había reclamos del vecindario debido al excesivo consumo de alcohol y a las riñas producidas. Esto también se puede leer en los comentarios del lugar según Google Maps. Esta situación fue denunciada también por miembros chamí residentes de la UPI en 2023 a través de sus redes sociales. El 6 de septiembre de 2023, Luz Mery Queragama Arce, habitante de la UPI y activista chamí, denunció que su población estaba siendo amenazada por los emberá katio de la UPI.  

Un año después, la mujer fue entrevistada por la Revista SEMANA, pues, según denunció, el 8 de septiembre de 2024 170 mujeres y niños de la comunidad chamí fueron amenazados, secuestrados y sometidos por otros miembros emberá katio de la UPI. Esto fue replicado por otros medios. Ella y su grupo fueron trasladados a otra fundación. 

Por otro lado, uno de los líderes katio Saul Arias Sintúa lleva un proceso con la Fiscalía en su contra solicitado por el mismo alcalde por maltrato intrafamiliar después de que este video circulara en redes sociales en agosto del 2024. 

Las entidades también han reportado un conflicto con las comunidades de las UPI. En septiembre de 2024,  hubo agresiones contra funcionarios tanto de la Alcaldía como de la Uariv al no cumplir la expectativa de alimentos. Asimismo, las autoridades han rechazado y denunciado otras prácticas de la comunidad como es el uso del cepo, un castigo de la comunidad emberá que es tipificado como un delito de violencia intrafamiliar.

‘No hay agua potable’

Adentro, Rosamira nos conduce a través de tres pisos hasta llegar a una habitación oscura. En esa sala duermen y se alimentan catorce personas. Es una sala de espera que en breve se convertirá en un cuarto de entrevistas. Un fuerte hedor a sudor agotado por el sol y la lluvia penetra todo el lugar.  Ella y otro líder nos piden sentarnos en unas sillas de plástico junto a un camarote donde duerme una persona. Los demás están en colchonetas en el suelo. Dormitan bajo cables rotos, acurrucados bajo cobijas con las caricaturas de toy story y barbie. Otra mujer se levanta y toma uno de los baldes con agua que reposa junto a una pared de estantes llenos de checheres e implementos de cocina. La líder dice que a veces reciben donaciones para sus tareas domésticas, pero la Uariv señala que lleva a las comunidades un Kit de Hábitat que incluye: sábanas, cobijas, toldillos, tejas de zinc, cajas de herramientas, clavos, puntillas, entre otros implementos. Además, la comunidad cuenta con casi 100 cilindros de gas en todo el espacio. 

No obstante, en octubre de 2024, la Personería de Bogotá alertó por los peligros de explosión de estos cilindros así como otros riesgos: “hay reflujo de aguas negras, conexiones improvisadas, cables expuestos, riesgo de derrumbe de algunas estructuras, filtraciones de agua, proliferación de roedores, entre otros”. 

Gabriel Arce, autoridad local de esta comunidad, también reclamó la falta de servicios básicos. “El gobierno no está cumpliendo con la comida. No tenemos agua potable, energía, la gente vive en una misma habitación, hasta tres familias. Eso es un riesgo porque están cayendo muchas enfermedades”, señaló.

Además, señalan que en ocasiones tienen que comprar implementos de reparación ya que el lugar está en condiciones muy malas. En diciembre de 2024, también hablamos con Leonival Campo, líder principal de la UPI La Rioja. “Acá no hay ni seguridad, esta casa es más del penitenciario”, reclamó en ese entonces. “En la cárcel al menos hay comida, tiene su kit de la noche, de aseo, tiene comida al día. Pero acá nosotros no, cuál comida”, agregó. Este último regresó a su territorio este año por su propia voluntad.

Antes de que se dispusiera el lugar como alojamiento temporal para los emberá en mayo de 2022, La Rioja estaba dirigido al cuidado y rehabilitación de habitantes de calle. El guardia del Idipron, que mencionamos en la entrada, fue testigo del antes y de la llegada de los emberá en mayo de 2022. Este señala que con los habitantes de calle todo era diferente. “Antes había coordinadores de convivencia, facilitadores, educadores, normas, horarios, salubridad, higiene, todos venían a inspeccionar. A las 5:20 am estaban haciendo aseo a los dormitorios, lavanderías, shuts de basura. Ahora…. usted puede ver”, explica. 

¿Cómo llega esta comunidad, cuya población es mayoritariamente infantil y juvenil, a habitar en lugares así? 

La Rioja es un espejo de otros procesos incumplidos para los emberá

Patricia Tobón, ex directora de la Uariv, insiste en que se trata de un problema estructural que requiere esfuerzos de toda la nación y un trabajo articulado entre múltiples entidades. Pero ahí reside el problema. 

Al llegar a una ciudad como Bogotá, las comunidades se establecen en zonas caracterizadas por índices de inseguridad. Leonival Campo, líder de la UPI La Rioja que mencionamos antes, tuvo que desplazarse desde su comunidad en el Chocó en 2018 debido a amenazas del ELN en su territorio. Allí permaneció en pagadiarios en la localidad Ciudad Bolívar hasta que se suspendió el subsidio del Gobierno. Así era la situación de los emberá en esa época, según este medio. 

En 2020, Campo realizó una acción de tutela para exigir la vivienda de él y 256 familias durante el brote de COVID-19. Su reclamo se dirigía hacia el Ministerio del Interior, la Secretaría Distrital de Integración Social, la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación y la Uariv. 

Durante la contingencia del COVID-19, otros grupos desplazados permanecieron en el Parque Tercer Milenio. Después de una concertación con los líderes, el miércoles 17 de junio de 2020 la Secretaría de Gobierno dio transferencias del programa Bogotá Solidaria en Casa por más de 75 millones de pesos a 140 familias. A otro grupo se les entregaron mercados y kits de aseo, entre otros subsidios.

Pero este apoyo no fue permanente. Para que un indígena emberá desplazado sea beneficiario de los programas gubernamentales, primero debe ser incluido en alguna de las rutas de atención y asistencia diseñada para las víctimas del conflicto armado. Esa declaración debe hacerse en el registro único de víctimas (RUV). Así, mientras ese proceso ocurre, la Alta Consejería determina si es sujeto de recibir un alojamiento transitorio (UPI) o una ayuda alimentaria por tres meses. 

Después de este tiempo inicial, cuando son registrados como víctimas del conflicto armado, la Uariv otorga ayudas humanitarias y su cuidado en las UPI mientras se adelanta el proceso de retorno o reubicación. Además, la ANT debe adelantar procesos de compra y formalización de los predios. 

Al terminar el periodo de entrega de estos subsidios por el Distrito, empiezan los reclamos por parte de la comunidad. Así ocurrió el 29 de septiembre de 2021. Leonival y otros 1.500 emberá decidieron desplazarse al Parque Nacional para pedirle al Gobierno garantías de seguridad para su retorno y apoyo económico. Después de ese primer asentamiento, se establecieron mesas de concertación para hacer acuerdos con las autoridades. Por eso, en  mayo de 2022 se crearon las UPIs como solución temporal.  “Nos dijeron que nos iban a ubicar en espacios y que solo iba a ser durante 15 días. Ha pasado el tiempo y no hay respuesta a los compromisos”, señaló Campo. En esta nota, otro líder señala que la promesa era de cinco meses. 

Entre otros acuerdos, en octubre de 2022 se formó la primera mesa de concertación permanente con 10 acuerdos para garantizar la vida digna de esta población.  Pero como se ha dicho, muchos regresaron al Parque Nacional por un segundo asentamiento en 2023 debido a los incumplimientos. Campo señala que volvió a recibir acompañamiento de la Uariv a través de unos bonos pero estos volvieron a suspenderse en diciembre del 2024.

Este último paso por el Parque Nacional terminó el 9 de septiembre de ese año. La salida de los emberá de este espacio público estuvo sustentado por el acuerdo que se dio en junio. Durante la Asamblea Nacional Emberá se establecieron 13 acuerdos sustanciales con el Gobierno Nacional para la protección urgente y el desarrollo digno de los cinco pueblos que componen la Nación Emberá en el país. Algunos de ellos fueron el funcionamiento de la Comisión Nacional de Concertación Emberá, la propuesta del CONPES (documento de políticas públicas), el avance con los retornos y reubicaciones, entre otros lineamientos sobre atención básica.  

Entre el 8 de septiembre y el 12 de diciembre de 2024, la Uariv acompañó a 772 indígenas que estaban en el Parque a sus territorios. Mientras las autoridades tardaron cuatro meses en restaurar el Parque Nacional, tres años después no le han dado una respuesta estructural a los indígenas, quienes esperan un retorno seguro que no ha ocurrido. 

La historia de este líder ilustra la espera cíclica del pueblo emberá. 

Cabe decir que 60 familias que salieron del Parque Nacional por segunda vez estaban esperando en albergues del sur de Bogotá una reubicación. En principio, el compromiso con esta población era de tres meses. Pudimos contactar a uno de los líderes de este grupo que actualmente reside en El Tunal junto a 13 personas. Le prometieron una nueva respuesta el 25 de marzo. ¿Qué pasará cuando acabe el subsidio distrital? ¿Les ocurrirá lo mismo que a Leonival?

El Gobierno y el Distrito se tiran la pelota

¿Quién responde a los reclamos emberá? En 2024, desde el gobierno nacional y distrital se articularon para disponer un Puesto de Mando Unificado (PMU) con el fin de coordinar y velar por la atención de todas las comunidades emberá en la ciudad. Esta ruta está integrada por siete entidades, entre las cuales están el Ministerio del Interior, el ICBF, la Defensoría del Pueblo, la Secretaría de Gobierno de Bogotá, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Integración y la Unidad para las Víctimas (Uariv). No obstante, esta última es la principal responsable de garantizar el retorno de las comunidades. 

A su vez, la Alta Consejería para las Víctimas, entidad distrital, acompaña estos procesos como la primera ruta de atención de la población desplazada emberá. Por ejemplo, respecto a los problemas del agua en la UPI La Rioja, la entidad dice que se debe a una mala manipulación de las bombas de agua por parte de la comunidad. No obstante, como solución, junto al IDU, Acueducto y el IDIPRON, están gestionando los arreglos locativos necesarios.  

Por su parte, el Acueducto de Bogotá dice que con la llegada de los emberá en 2022, tuvieron que instalar una nueva ‘acometida’, es decir, una instalación que conecta la red de agua pública con la red privada de la UPI así como otras redes externas debido a las demandas de la nueva población emberá. Pero ojo, esta entidad señala que las redes internas que actualmente tienen fallas son responsabilidad del Idipron. Desde el Acueducto, señalan que han solicitado a través de su oficina de servicios administrativos que “se realice la limpieza, mantenimiento  y asegure el buen uso de la conexión domiciliaria de alcantarillado, así como también de las instalaciones hidrosanitarias del predio”.

Sin embargo, desde el Idipron responden que no tienen ninguna responsabilidad ni hacen parte del control interno del edificio. “Nosotros no tenemos control ni nada que ver. Dimos el soporte del espacio pero nosotros no tenemos manejo interno, es un tema de Secretaría de Gobierno. El Idipron sí tiene una parte administrativa pero lo que pasa dentro de la Unidad no es de nosotros. A nivel catastral, el edificio pertenece al Idipron pero nada de lo que ocurra dentro hace parte de nuestra función”, señalan desde el equipo de prensa. 

De igual manera, al tratar de consultar cuál era el estado sanitario actual de la UPI, las respuestas fueron inciertas. Desde la Secretaría de Salud, señalan que este informe lo debería tener el Idipron. No obstante, la respuesta de esta última entidad fue la misma. Al consultar a la Secretaría de Gobierno, esta nos remitió a la Alta Consejería para las Víctimas, que a su vez nos dirigió al Idipron. ¿Quién tiene al fin la responsabilidad y la información?

Respecto a la alimentación, desde el 13 de mayo de 2022 hasta el 6 de enero de 2023, la Alta Consejería se encargó de esta y del envío de 487.771 raciones, distribuidas en desayuno, almuerzo y cena. Después de ello, la Uariv –es decir, la nación– asumió la responsabilidad.  

Juan Camilo Vela, de la Subdirección humanitaria de la Uariv, señala que han cumplido con su tarea ya que se han entregado los apoyos alimenticios con normalidad cada mes. El viernes 29 de noviembre entregaron 226 kits de alimentación, según este reporte de la entidad. “El viernes 14 de febrero se garantizó la alimentación en La Rioja. Se entregó un kit por núcleo familiar para un mes”, explica el funcionario. Así, fueron 153 kits de alimentación y 153 kits de aseo. 

Según relata, cada uno tenía un peso de 45 kilos e incluía aceite, ajo, arroz, chocolate, jabonera, pollo, sal, café, lentejas, galletas, atún, pasta. El kit de aseo integraba cepillos, crema dental, jabón de baño y jabón para lavar. También señaló que para la población recién llegada se entregaron giros de asistencia humanitaria en efectivo. 

En términos de salud, según cifras de la Secretaría Distrital, desde 2022 han fallecido 16 menores de edad: tres en 2022, diez en 2023, dos en 2024 y uno en lo que llevamos del 2025. Las principales causas han sido infecciones respiratorias, desnutrición, enfermedades diarreicas agudas. Además, el 21 de noviembre de 2024, cuatro niños fueron víctimas de abuso sexual dentro de la UPI La Rioja.

En 2025, la Secretaría de Salud señala que ha atendido un total de 88 personas, entre ellos 56 menores en primera infancia (0 a 5 años), 6 (6 a 11 años), 8 (12 a 17 años), 15 (29 a 59 años) y 3 menores de 60. Se solicitó más detalle pero no hubo más información por parte de la entidad. De hecho, la Secretaría mantiene un puesto permanente en la UPI, que vimos, pero, aunque dicen que hacen caracterizaciones constantes para supervisar el estado de la población, no vimos esas caracterizaciones. Finalmente, dicen que en La Rioja tienen dificultad para acercarse a los líderes indígenas y muchos son reacios a la medicina occidental. 

Pero Rosamira, lidere de la UPI, señala que cuando han acudido a estas instancias de la Secretaría, no ocurre nada. Les toman los datos, los envían a citas médicas y nunca se da una solución real. “Siempre hay mucho requisito. Uno llega a una cita, espera respuesta, 15 días, 20 días, aguanta salud. Si está grave lo llevan al hospital y después muere allá. No aguanta. No dan tratamiento ni medicinas”, señala.

El alcalde Carlos Galán publicó el pasado 11 de febrero en sus redes sociales  que  el cumplimiento de los acuerdos con la población emberá para su retorno era responsabilidad del Gobierno Nacional pues el Distrito ya había realizado su parte, esto es, el acompañamiento en la ciudad. A ello, le respondió Lilia Solano, quien en su momento era directora de la Uariv. “Él está desinformado porque hemos estado atendiendo de forma permanente, mucho más que en gobiernos anteriores. Hemos mantenido el compromiso de retorno. En otros gobiernos 11 veces los devolvieron y 11 veces los regresaron. Nos reunimos constantemente con los de la UPI La Rioja, Florida”, señaló.

Rosamira recuerda una de las reuniones que tuvieron en el mes de febrero con las autoridades. “Había varias instituciones, ministerio, defensoría. Ellos nos están acusando a nosotros por no retornar, pero no tienen garantía. Por eso nosotros no tenemos voluntad de irnos. Yo le dije a la Uariv ese día que me acusaron que no vamos a retornar porque esperamos seguridad y garantía”, señaló.

El Distrito señala que hacen el acompañamiento pero la responsabilidad es de la Unidad para las Víctimas y las entidades que se comprometen con puentes, acueductos, viviendas pavimentación de vías y acceso o mejorar el sistema de educación. “Si no lo cumplen, estas comunidades retornan [a Bogotá]”. 

Por su parte, la Uariv reclama que los acompañamientos no se tratan solo de dejar al pueblo emberá en el territorio. “Es garantizar sus condiciones en el territorio. Ahorita hay un rebrote del ELN en el Chocó. Hay que hacer un análisis del concepto de seguridad en el comité territorial de justicia transicional”, señala Juan Camilo Vela, subdirector de la Unidad para las Víctimas. En el 2024, cerca de 10.000 personas fueron desplazadas en el Chocó, según esta misma entidad. 

Pese a las críticas a la Uariv, Patricia Tobón –quien la dirigió en 2022– explica que ella trató de garantizar los acuerdos pero la tarea debería ser un compromiso nacional. “Todas las entidades firman compromisos y no cumplen. Las acciones que se han hecho son desarticuladas, insuficientes, asistenciales”.

Y la ex directora concluye: “Yo no veo disposiciones de las entidades responsables para responder estos temas estructurales. Veo paños de agua tibia. Si las entidades no proporcionan presupuesto para desarrollar, es muy difícil. Los emberá somos ciudadanos también de Colombia y no puede ser que en un lugar donde hay tanta población no hayan instituciones acordes para atenderlos en sus derechos”.