Lo que más me llama la atención del episodio son las reacciones tan similares de distintos sectores de la población nacional, incluyendo el mediático y político.

En el caso de la derecha, ha utilizado la captura de Santrich para validar lo que siempre ha afirmado: las Farc han sido (y son) una organización activa en el narcotráfico, lo cual permite reafirmar también su posición negativa sobre el proceso de paz, dada la supuesta falta de voluntad de la ex guerrilla de reintegrarse a la vida legal nacional. Como reflejo de ello, Iván Duque afirmó,en reacción a la noticia, que el caso Santrich simplemente confirma el rol de las Farc como el principal cartel narcotraficante en Colombia.

A diferencia de la derecha, para aquellos sectores que han apoyado el proceso de paz, la captura genera sorpresa, estupor y preocupación, pero eso no necesariamente ha ido acompañado de una actitud crítica frente a la noticia. Llama la atención, por ejemplo, que los medios no hayan entrado a defender la presunción de inocencia de la que todo acusado debe gozar, ni dudar del timing de la captura, las circunstancias que la rodea y las supuestas pruebas en contra de Santrich y los demás capturados. Es curioso, por ejemplo, que las evidencias fueron brindadas por la DEA y que la Fiscalía colombiana -que ha sido muy crítica del proceso de paz- ni siquiera se había percatado de las supuestas actividades del ex miembro del secretariado de las Farc. A su vez, la coyuntura política en la que llega la decisión de captura es extraña, dado que en un contexto electoral polarizado, los hechos claramente favorecen a los candidatos presidenciales de derecha.

Además, estamos hablando de un personaje (Santrich) que se conoce como astuto, inteligente y radical en términos ideológicos, y sobre quien jamás había habido especulación sobre actividades de narcotráfico, igual que en el caso del resto del secretariado, pero de esto no se habla.

Por lo anterior, sorprende el hecho de que casi todos los medios, sin distingo político, hayan asumido esto como una verdad absoluta sin entrar a hacer las preguntas que las inconsistencias mismas del caso debe suscitar, en especial por su trascendencia para el proceso de paz.

La captura de Jesús Santrich es un evento de singular relevancia para el presente y el futuro proceso de paz en Colombia. Es un tema muy delicado, susceptible de generar múltiples emociones entre distintos sectores que no permitan comprender lo que está en juego con este suceso. Y aunque todavía falta el examen que haga la JEP —y por supuesto del debate público sobre las pruebas y el mismo proceso— creo que lo que está en juego acá es la existencia o no de una Fiscalía moderna y de un Estado moderno capaz de separarse de la política. Paradójico, claro está, pues como la filosofía política crítica nos ha enseñado, la ley nunca es neutral sino que su pretendida neutralidad es uno de sus efectos ideológicos. Resulta inquietante que la captura sea un pedido de extradición del exterior, un proceso de investigación de Estados Unidos y no de las entidades judiciales nacionales. Independientemente de este suceso, no de menor importancia, lo que está en juego es nada más ni nada menos que la actualización de la nociónrepublicana de una ley para todos, sin distinciones ni zonas grises. De un Estado moderno capaz de separarse del político y funcionar de forma pública, al escrutinio de sus ciudadanos. Lastimosamente, hoy la justicia y la misma Fiscalía arrastran una estela de escándalos de corrupción que generan una percepción desafortunada en la opinión pública. Pero también, de la famosa cultura política del “usted no sabe quién soy yo”, que trae al presente los privilegios y las desigualdades en el acceso y distribución de la justicia. Y ni mencionar los falsos positivos, los escándalos judiciales, el Cartel de la toga, etc.

En definitiva, lo que está en juego en esta disputa es evaluar la posibilidad de tener un Estado moderno que no esté secuestrado por los intereses políticos, por los vaivenes de la política exterior y por el juego electoral. Está en juego la posibilidad de un Estado verdaderamente público en su naturaleza, sin secretísimos, amiguísimos y expuesto al escrutinio público. Es decir, si el proceso de paz es capaz de modernizar las mismas instituciones del Estado —su aparato productivo, la distribución de la tierra, su aparato judicial, su cultura política, etc.—, significa precisamente deslindarlas de sectores retardatarios, ilegales, clientelistas y parasitarios.

Por supuesto, uno podría argumentar que los mismos vaivenes de los debates, y el difícil camino que ha tenido el Proceso de Paz en el Congreso, da cuenta de la imposibilidad de ser optimistas con esta visión; pero también, por su difícil y tortuosa actualización en los territorios, donde de forma más cruenta se están exponiendo estas poblaciones y sus líderes a la cultura de la muerte en la actualidad. Por eso, si más allá de la captura de Santrich, el Estado moderno logra consolidarse en esta visión, donde ningún actor pueda tener privilegios para cometer acciones ilegales, entonces podremos aclamar al mismo proceso como el responsable de la gran transformación hacia un país y una sociedad más justa, equitativa y expuesta al debate público. Esto es, nada más ni nada menos, lo que está en juego.

En el contexto latinoamericano hay casos como el de Brasil y el de Argentina, donde la justicia está al servicio de las élites y del poder. Hay que pensar que definitivamente desde el 9 de abril del 48 las élites colombianas no quieren cambiar y quieren seguir haciendo las cosas a su manera. Es muy significativo que la captura de Santrich ocurra exactamente 70 años después del Bogotazo: la captura de Santrich parece también un juego político y de campaña. Santrich no me cae bien y, si se comprueba que es culpable, debe ir preso, pero más allá de eso es grave confirmar que tenemos una justicia politizada en Colombia.

Es grave que todo lo que se investiga en Colombia de corrupción —el Cartel de la toga, Odebrecht y ahora de esto– venga de Estados Unidos. Somos súbditos de Estados Unidos como lo fuimos el 9 de abril de 1948.

El Fiscal dice que tiene una unidad investigación propia pero todas las pruebas vienen de Estados Unidos. Entonces la soberanía judicial colombiana no existe. Parece que las uniandes de la fiscalía están todas tomadas en momentos políticos y en espectáculos mediáticos.

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