Van 34 ciclos y casi tres años. El tema agrario, la participación política y la solución al problema de las drogas ilícitas ya pasaron por la mesa de negociación en La Habana. Ahora el Gobierno colombiano y las FARC discuten sobre las víctimas y quedaría pendiente el “fin del conflicto”. Esto sin contar la decisión sobre cómo la población refrendará los acuerdos del proceso y los varios años que tarde el posconflicto. Un trayecto que ha sido y será extenso y en el que el Estado y esta guerrilla no han sido ni serán los únicos actores implicados.

Para David Garibay, experto en procesos de paz y docente de la Université d’Auvergne en Francia, los estados, Organizaciones Internacionales y ONGs juegan un papel simbólico y real en los diálogos de los conflictos armados. Este aspecto sumado a los efectos de la paz en las relaciones de Colombia con otros países y a la consideración de las experiencias de negociaciones que ya se han dado en el mundo es lo que, según Garibay, constituye las dimensiones internacionales del proceso de paz colombiano.

¿Cuál debe ser el balance entre el apoyo internacional al proceso de paz y el que se da por parte del propio Estado?

Creo que hay una parte simbólica y una real. Lo que puede aportar la cooperación internacional para el proceso de paz de Colombia, si lo vemos en dimensiones reales, no va a ser mucho si se compara con los recursos que puede movilizar el Estado colombiano.

¿Por qué considera que será así para el caso colombiano?

Hay una verdadera diferencia con el caso colombiano y los otros procesos de paz que se han dado. La dimensión económica de Colombia hoy no es la misma que la de otros país como los centroamericanos o ciertos países de África que han tenido esta experiencia. En tanto Colombia tiene más recursos, creo que el aporte real de la cooperación internacional, comparado con lo que el Estado colombiano va a invertir en la paz, no va a ser tan importante como fue en otros procesos.

¿Cuál es entonces el papel de la cooperación internacional en Colombia?

El aspecto simbólico es esencial. Es importante que haya Estados, Organizaciones Internacionales y ONGs presentes en este proceso. Porque más allá de brindar fondos pueden darle visibilidad internacional a los problemas y debates del posconflicto. De ahí que sea necesario que esta cooperación esté presente a mediano y largo plazo; debe ir mucho más lejos que la firma de la paz pues conociendo la dimensión del conflicto colombiano, que está muy arraigado en ciertas zonas, es evidente que el posconflicto no va a ser corto. La cooperación a largo plazo es indispensable para que este proceso no se olvide y que se mantenga el posconflicto en una agenda política y mediática a nivel nacional e internacional y no que no sólo esté vinculada a una agenda electoral.

Como analista de los procesos de paz en Latinoamérica, ¿cómo ve el papel de la ONU para el caso colombiano a diferencia de lo que ha sido en otros países?

Creo que tiene que ser un papel relevante, pero al mismo tiempo poco interventor. La presencia de Naciones Unidas ha sido como gestor de instituciones relacionadas con Derechos Humanos, elecciones, programas de reinserción, política de desarrollo local, entre otras; el problema es que esas instituciones dependen en gran medida de la ONU. Esta intervención de Naciones Unidas en términos de reconstrucción o construcción de instituciones ha sido esencial, pero al mismo tiempo supone una forma de dependencia y vulnerabilidad de los estados tras la firma de la paz.

Aquí en Colombia, Naciones Unidas no puede hacer eso. Esas instituciones, independientemente de si funcionan bien o mal, ya existen.

Entonces, ¿cuál el papel de la ONU en el caso colombiano?

Es más bien un papel de acompañamiento, asesoría y encarrilamiento sobre ciertas prioridades y no de construcción de esas instituciones.

Ya que los conflictos de cada país son tan diferentes, ¿en qué medida los procesos de paz que se han dado en el mundo pueden servir de ejemplo para la situación actual de Colombia?

No pueden servir de ejemplo si se piensa el ejemplo como una idea que hay que reproducir. Pero, sin duda, la experiencia de otros países se tiene que considerar para evitar errores y para retomar ideas sin pensar en copiarlas.

¿Qué tipo de ideas deberían retomarse?

Evidentemente las que tiene que ver con víctimas y memoria histórica. En Colombia, desde hace varios años, se ha desarrollado toda una política hacia las víctimas y al reconocimiento del pasado. Ello no fue la reproducción de un modelo ya previamente utilizado, pero sí está inspirado en el trabajo realizado en otros lugares.

De hecho en países como Sudáfrica, la antigua Yugoslavia o El Salvador, este es un punto que se ha tratado sólo hasta una vez firmada la paz; en Colombia esto ya se realiza. Ahí hay una diferencia importante, creo que no sólo se retomaron esos ejemplos sino que se mejoraron la iniciativas. Esto por la idea de que la reconstrucción de la memoria se podía hacer antes de la firma del acuerdo.

¿Qué retos plantea esta especificidad del caso colombiano?

No es nada fácil hacer ese trabajo con las víctimas y sobre la memoria cuando el conflicto todavía está presente. Creo que tiene un doble propósito: de una parte comenzar a mirar lo que pasó en el pasado e iniciar el trabajo de memoria histórica; y de otra parte establecer las bases para continuar con ello después de la firma de la paz. Muy probablemente hay cosas que se pueden hacer ahora, pero hay otras que no. Pensar desde ya en una política de memoria es importante y difícil al mismo tiempo.

La participación política ha sido uno de los logros alcanzados tras procesos de paz, como los centroamericanos, y es tal vez uno de los mayores incentivos para que los grupos insurgentes decidan sentarse en una mesa de diálogo, ¿cómo garantizar que esta participación se dé?

Siempre hay un riesgo al respecto. Si fracasa un partido político que ha surgido de un movimiento armado, se pueden generar desencantos por parte de los militantes del movimiento y formas de removilización por parte del grupo. Sin embargo, la experiencia que se ha tenido en el país al respecto es positiva. La Alianza Democrática que se formó tras la desmovilización del M-19 tuvo una participación fuerte e importante y aunque progresivamente haya desaparecido como grupo, hoy en día hay presencia de sus dirigentes políticos. Esto significa que a través del tiempo estos dirigentes pueden continuar vigentes en la vida política representando sus intereses y, sobre todo, que cuentan con la aceptación por parte de las instituciones y de la población.

¿Podría esto repetirse en el caso de las FARC?

La dificultad que veo con las FARC es que es muy probable que tengan apoyo en zonas rurales, pero en zonas urbanas éste parece más complicado por la misma trayectoria del movimiento, por su posición, y por su historia y cultura como grupo armado. Eso plantea una verdadera dificultad en el futuro y el desafío de lograr que un grupo político se pueda adaptar, en el sentido de defender sus ideas, a un contexto diferente y bajo nuevas circunstancias. No es posible pensar en una trayectoria predeterminada para los partidos o movimientos políticos que surgen de grupos armados, pero teniendo en cuenta la cultura política de las FARC, sí podemos pensar en los desafíos que podrían llegar a afrontar.

En este sentido, ¿las medidas de favorabilidad política serán necesarias?

La favorabilidad política es, a grandes rasgos, una idea que permite adoptar medidas transitorias que beneficien a los partidos políticos surgidos de movimientos armados. Se toman teniendo en cuenta que éstos partidos no tiene experiencia política como los tradicionales, además de valorar el esfuerzo que supuso para ellos llegar a ese momento y a su decisión frente a la firma de la paz. Su aplicación no es obligatoria, pero en el caso colombiano siempre se ha plateado y hace parte de una discusión vigente para el proceso actual.

La justicia transicional es generalmente un tema que se discute en los procesos de paz, pero su ejecución no ha sido satisfactoria en la mayoría de los casos, ¿cómo pensar en que el posconflicto en Colombia la incluya a cabalidad?

Aunque parezca un poco utópico, es necesario pensar en que lo que se acuerde no sea sólo el resultado de los diálogos sino que tomen en cuenta las demandas de la sociedad. Es complicado si se tiene en cuenta que aquí no está negociando la sociedad colombiana, sino el Gobierno y las FARC.

Para que haya y se cumpla la justicia transicional la misma sociedad civil juega un papel indispensable ya que puede garantizar que la impunidad no tenga lugar. La presión que se ejerció por parte de los grupos sociales fue finalmente lo que, en casos como Argentina, Chile y España tras sus dictaduras, hizo que el tema de la justicia se retomara y aunque no tuviera la característica de ser transicional, sí tuvo lugar gracias a las movilizaciones sociales que abogaron por ella. Si se toma este referente, se puede pensar que en el caso colombiano, para que haya y se cumpla la justicia transicional la sociedad debe movilizarse.

070 RECOMIENDA...

El seminario "Dimensiones Internacionales del Posconflicto en Colombia" organizado por el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, IEPRI, de la Universidad Nacional.

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Cuando usted analiza los procesos de paz en Centroamérica se refiere a la violencia social actual de esos países como un fenómeno desligado de los conflictos armados que “terminaron” con la firma de acuerdos, ¿creería que ese también puede ser un panorama en Colombia?

La diferencia acá es que ya existe ese tipo de violencia social y aún no se ha firmado el acuerdo. En los casos centroamericanos había un conflicto armado, pero no había violencia social pues eran sólo dos actores que estaban en guerra: el gobierno y el grupo insurgente. En Colombia, desde la delincuencia común hasta las Bacrim son violencia social que ya está presente y esto lo que plantea es un desafío para el proceso de paz. Se tiene que evitar que tras la firma del acuerdo esta violencia se agudice.

¿Cómo pensar este tema en el posconflicto?

Con un papel más firme por parte del Estado. Evitar que haya una incidencia de individuos en actos de violencia se puede lograr con instituciones fuertes, políticas sociales eficientes y con perspectivas para que el Estado a través de educación, salud, entre otras garantías sociales le ofrezca perspectivas a la gente. No se trata sólo de garantizar seguridad, sino de actuar verdaderamente como un Estado Social de Derecho.

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