Hace algunas semanas la exasambleista ecuatoriana y decana de derecho de la Universidad Internacional de Ecuador, María Paula Romo, estuvo en Colombia para presentar un informe sobre la polémica Ley orgánica de comunicaciones: una iniciativa que fue impulsada por el presidente Correa y que hace más de dos años fue aprobada en Ecuador. Aunque dicha Ley se incentivó con el objetivo de promover la “buena prensa”, para Romo es en realidad la manera en que desde el estado se obliga a los medios a no incomodar al gobierno. Aquellos que no se han resignado a que su oficio se convierta, en lo que esta analista llama una caja de resonancia de las decisiones oficiales, están en asedio constante y enfrentan procesos administrativos y judiciales. Romo reconoce que hay medios que resisten y periodistas que, aunque han migrado a las plataformas digitales, aún continúan su intento por mantener informada la sociedad ecuatoriana.
La analista recalca que la censura en la región está presente y que la libertad de prensa atraviesa un momento muy difícil en varios de los países latinoamericanos.
¿Cómo describe usted el panorama de la libertad de prensa en América Latina?
Vivimos un momento de tensión para varias libertades y derechos que creíamos conquistados en América Latina. Aunque con realidades distintas en los distintos países y amenazas que provienen de diferentes fuentes, la libertad de prensa atraviesa un momento difícil.
¿Usted cree que la censura es una constante en los países de América Latina? ¿Cómo lo explica?
Sí, creo que la censura está presente: en algunos casos viene de gobiernos autoritarios y en otros tiene relación con los mecanismos de censura vinculados a la pauta publicitaria y también la auto censura resultado de la presión y la amenaza del crimen organizado.
La prensa por su naturaleza es y debe ser incómoda para el poder
Y dentro de este marco, ¿bajo qué formas se manifiestan las mayores amenazas a la libertad de prensa en la región?
Según su gravedad considero que las principales amenazas son el crimen organizado que lo vemos principalmente en México, pero también en otros países de la región. Luego colocaría la amenaza de regímenes autoritarios que usan el aparato estatal para amedrentar a medios y periodistas a través de censura directa o de medios más sutiles (procesos judiciales, multas, requisitos legales cada vez más difíciles de cumplir, etc); finalmente colocaría los mecanismos de censura que se relacionan con quienes contratan publicidad y anuncios de prensa, la pauta publicitaria —ya sea del sector público o privado— es un eficiente mecanismo de censura y/o control de la prensa.
El presidente Rafael Correa señaló, cuando fue aprobada la Ley orgánica de Medios en 2013, que «la ley asegura que haya buena prensa y verdadera libertad de expresión en Ecuador”. Bajo el panorama actual del país, ¿cómo analiza esta afirmación?
Para empezar hay un grave riesgo en la idea de que el poder político o estatal pretenda encargarse de que haya «buena prensa» y «verdadera libertad de expresión». La prensa por su naturaleza es y debe ser incómoda para el poder, para los poderes. Si una prensa debe cumplir con agradar al gobierno, es probable que se convierta en una prensa vacía; en una caja de resonancia de las decisiones oficiales o —por el contrario— una prensa en tensión y confrontación con el gobierno. Creo que eso es lo que la Ley de comunicación ha logrado en el Ecuador a poco más de dos años de aprobada: hay un sector de la prensa que se acomodó o resignó y ha resuelto no incomodar al gobierno y hay otro sector para el que su trabajo es cada vez más difícil pues está en asedio constante, sus cierres de edición se hacen con abogados para revisar los posibles «riesgos», enfrentan procesos administrativos y judiciales y han debido enfrentar multas significativas que los ponen en peligro de desaparecer. En este panorama hay que reconocer que hay periodistas y prensa que resisten, desde los medios tradicionales o desde los medios digitales hacia los cuales ha migrado la mayor parte del periodismo de investigación y periodismo político en el Ecuador (la Ley no controla los contenidos en internet).
Teniendo en cuenta la reciente orden de disolución de Fundamedios, ¿qué va a pasar con la libertad de prensa en el país? ¿qué implica que el cierre de esta organización?
Fundamedios se ha convertido en uno de los actores principales de vigilancia de la situación de la libertad de prensa en el país. Su cierre / disolución es una muestra de poder, además de un ejercicio abusivo y arbitrario, pues ni la facultad ni las causas ni el procedimiento de disolución existen en una ley. Por el contrario dichas facultades se encuentran en un Decreto Ejecutivo (016) muy cuestionado y lleno de ambigüedades. El eventual cierre de Fundamedios, o para ser más exacta la eliminación de su personería jurídica —pues no creo que dejen su actividad—, es una nueva señal, un nuevo momento en este proceso de restricción y retroceso constante para los derechos y libertades en el Ecuador.
