Durante su campaña a la presidencia, Gustavo Petro prometió adelantar al menos cuatro reformas estructurales: la de salud, la laboral, la pensional y la tributaria que recogería recursos para las demás. El ambicioso paquete de reformas se sumaba además a una nueva política nacional de drogas que el entonces candidato también prometió, junto a un cambio en el modelo energético del país y la llegada de la Paz Total al territorio colombiano. 

El presidente parece estarse moviendo con rapidez en todos los frentes, y en menos de un año a cargo del país ya ha logrado adelantar algunos de sus proyectos. De las cuatro reformas propuestas, la tributaria ya fue aprobada, la de salud, que parecía estar a punto de hundirse, recibió un espaldarazo de los partidos tradicionales en las últimas semanas, la laboral ya fue radicada en el Congreso y la pensional será radicada el próximo miércoles 22 de marzo.

En Cerosetenta entendemos que mantenerse al día con tantos temas y todos los movimientos del Gobierno es difícil, sobre todo cuando algunos de ellos están llenos de tecnicismos que los hacen aun más inaccesibles. Por eso hablamos con tres expertxs para preguntarles a qué aspecto de las reformas deberíamos prestarle especial atención en las discusiones a venir. Esto fue lo que Tatiana Andia, investigadora en salud, Kevin Hartmann, abogado experto en pensiones y Juliana Morad Acero, directora del Observatorio Laboral de la Universidad Javeriana, nos explicaron.

Reforma a la salud

Desde que el gobierno Petro radicó la reforma a la salud en el Congreso, hace más de cuatro semanas, el debate ha sido intenso, particularmente sobre la figura de las EPS. En un principio el Gobierno propuso que la administración directa de los dineros de salud estuviera a cargo del Estado y que desaparecieran las EPS (que son entidades privadas). Pero el acuerdo al que llegó con los partidos tradicionales esta semana establece que las EPS seguirán existiendo y gestionando el riesgo, aunque sin administrar recursos. 

Tatiana Andia, profesora de la facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes e investigadora en salud, dice que si debe poner el foco en un tema de los que se discutirán en el Congreso sobre la reforma a la salud, sería en los detalles de cómo van a sobrevivir y cuáles van a ser las funciones de las EPS. Andia señala que si las EPS pierden el manejo de la plata, uno de los desafíos es garantizar que tengan incentivos para ser eficientes en sus contrataciones con proveedores y que no se encarezcan los contratos con terceros. «Si no tienen el control del dinero y solo se les paga una tarifa del 5 % del costo total del aseguramiento de sus afiliados, podrían decidir contratar a precios más altos sabiendo que el Estado asumirá el costo», dice.  

Esto significa que los recursos del Estado no se utilizarían de la forma más óptima, pero el presidente y su ministra de Salud hablan de pagar tarifas fijas por los servicios, aunque eso no cambia que para las EPS el negocio dejaría de ser interesante. Parte de su función es disminuir riesgos evitando los eventos costosos en el futuro (como los tratamientos médicos más caros) y eso va de la mano con medidas de salud enfocadas en la prevención de enfermedades. Esto tiene sentido desde una perspectiva de negocio porque si se evita que las personas se enfermen, se ahorran recursos en su tratamiento. Pero si ya no manejan la plata, la gestión del riesgo deja de ser rentable. La pregunta que queda es: ¿por qué las EPS seguirían vinculadas al sistema de salud si deja de ser un negocio para ellas? 

Si se debe poner el foco en un tema de los que se discutirán en el Congreso, sería cómo van a sobrevivir y cuáles van a ser las funciones de las EPS.

Para Andia es esencial considerar también lo que está invisibilizado en el proyecto: la sostenibilidad financiera a largo plazo. «La demanda de servicios de salud aumenta constantemente. Las personas se enferman más y desean recibir el tratamiento más avanzado, lo que incrementa los costos. Esto no solo se debe a las demandas ciudadanas, sino también al avance tecnológico constante», explica. Para la experta, es necesario definir qué tratamientos y qué tecnologías serán cubiertas con recursos públicos, además de lo que ya está claro en la ley estatutaria. 

También destaca que la reforma no deja claro el asunto de las transformaciones en educación médica necesarias para formar el personal que se requiere en los Centros de Atención Primaria que propone la reforma. Además, dice Andia, se deben considerar los costos asociados a la contratación de ese nuevo personal y a su mantenimiento a largo plazo. Si se tiene en cuenta eso, se garantiza la sostenibilidad financiera del sistema de salud y la no precarización laboral por falta de recursos. «La historia de la precarización del talento humano en el sistema de salud colombiano no es simplemente la historia del neoliberalismo, como lo están planteando. Es una historia de expansión de la atención en salud, del crecimiento del gasto y de la incapacidad del sistema de responder financieramente. Por esa vía terminaron recortando costos pagando mal a la gente».

Reforma pensional

En la discusión sobre la reforma pensional siempre aparece este dato: en Colombia solo una de cada cuatro personas en edad pensional logran acceder a este derecho. El país tiene un problema de cobertura pensional alarmante al que se suma la competencia entre los regímenes de prima media —Colpensiones-— y de ahorro individual —AFP—. Esa competencia genera que dos personas con las mismas semanas cotizadas reciban pensiones distintas según su régimen, situación que los expertos han llamado ‘un factor de inequidad’. 

Desde que estaba en campaña a la presidencia, Gustavo Petro ha propuesto un sistema de pilares con el cual espera poder aumentar la cobertura y poner las mismas reglas de juego para ambos regímenes. Hasta el momento se conoce un borrador de la propuesta que se hizo público este martes 14 de marzo. Y aunque se esperaba que el texto final se presentara el 16, la Ministra del Trabajo pidió un plazo hasta el 22 para mejorarla y trabajar en sus artículos.

El sistema de pilares propuesto por el gobierno consta de tres ejes: el pilar solidario con el que se beneficiaría a todos los mayores de 65 años con un subsidio de 223.000 pesos —inicialmente Petro había hablado de 500.000— y que constituye una “renta básica solidaria” que sacaría de la pobreza a más de 2,5 millones de adultos mayores. Después está el pilar semicontributivo con el que también se otorgaría una renta a los adultos mayores de 65 años que no cumplieron los requisitos para pensionarse pero que tienen semanas cotizadas con Colpensiones o con un fondo privado. El último es el pilar contributivo en el que las personas que devenguen más de tres salarios mínimos tendrían que aportar a Colpensiones. De esto último el Ministerio de Trabajo ha dicho que solo habría que cotizar sobre esos primeros tres salarios mínimos en Colpensiones antes de poder destinar aportes a los fondos privados. Hasta el momento la propuesta del Gobierno mantiene la edad y el número de semanas cotizadas que se exigen hoy para acceder a la pensión. 

Desde su perfil en Twitter, Kevin Hartmann, abogado experto en pensiones y asesor externo del Ministerio del Trabajo, se ha dedicado a hacer pedagogía sobre lo que se ha ido conociendo acerca de la reforma pensional. Para él, el balance general de lo que se conoce de la propuesta del gobierno Petro es positivo, aunque todavía quedan elementos para mejorar. Para Hartmann “un elemento muy positivo es que pone en el centro de atención a quiénes siempre han debido estar”, refiriéndose directamente a los adultos mayores que, según el experto, son a quienes el sistema debe proteger y al mismo tiempo a quienes directamente excluye. 

Ser anciano en Colombia es sinónimo de ser pobre y todo el sistema propuesto en esta reforma gira alrededor de asegurar la protección de la vejez con una renta vitalicia a través de los tres pilares.

En palabras del abogado ser anciano en Colombia es sinónimo de ser pobre y todo el sistema propuesto en esta reforma gira alrededor de asegurar la protección de la vejez con una renta vitalicia a través de los tres pilares. Dice Hartmann que esto solo se puede lograr “a través de la coordinación de todos los elementos y todas las herramientas del sistema pensional para poder otorgar esa protección universal a todas las personas que lleguen a una cierta edad”. Esto tiene que ver con el fin de la competencia entre Colpensiones y las AFP, que entrarían a trabajar en conjunto dentro del sistema propuesto por el gobierno en el que todos los afiliados que ganen hasta tres salarios mínimos cotizarían en el fondo público y los que ganen más tienen la posibilidad de cotizar el excedente en fondos privados. 

Sin embargo, Hartmann es enfático en que queda un gran elemento por mejorar y es que se defina un marco legal que deje claro el sistema de gobierno corporativo —junta directiva y comités— para Colpensiones. “Dado el papel central que va a tener Colpensiones, el proyecto de reforma pide unas facultades extraordinarias para que ahora sea el mismo gobierno nacional el que reglamente esa estructura de la gobernanza del sistema”, dice Hartmann. El abogado cree que no debe ser el gobierno sino el Congreso el que tome las decisiones al respecto y defina este marco legal que ya existe de manera muy básica en el sistema del régimen privado y que faltaría definir en Colpensiones.

Reforma laboral

La reforma laboral radicada este 16 de marzo empezó a cocinarse desde que la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, fue designada por el presidente Petro. Con experiencia como maestra, militante comunista, líder sindical y senadora, Ramírez puso a consideración de la opinión pública, recién asumió el cargo, una propuesta que sigue siendo objeto de debate: retomar la jornada diurna de 6 de la mañana a 6 de la tarde y la nocturna, con su correspondiente recargo, de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Hoy ese es solo uno de los puntos en una reforma de 77 artículos que según se ha dicho desde el Ministerio busca la protección de lxs trabajadorxs. Con esta reforma, el Congreso también discutirá temas como los contratos a término indefinido, la prestación de servicios, la tercerización, los despidos, las plataformas digitales, el recargo dominical, las garantías sindicales y las brechas de género.

Desde febrero circularon dos borradores del texto de reforma que proponen, por ejemplo, que la contratación a término indefinido sea la regla o que cualquier contratación a terceros por una empresa se haga mediante un contrato de trabajo que les garantice su seguridad social. La reforma, además, dedica un espacio a la reivindicación de los derechos sindicales que han sido blanco de estigmatización y violencia: desde 1971 en Colombia se han cometido 15.766 violaciones a la vida, libertad e integridad de sindicalistas, según un registro de la Escuela Nacional Sindical.

Juliana Morad Acero, abogada, profesora de Derecho Laboral y directora del Observatorio Laboral de la Pontificia Universidad Javeriana, analiza las que considera otras ventajas de la reforma laboral. Primero, una medida sobre trabajo agropecuario que permite que las prestaciones sociales no se paguen al finalizar el contrato, sino después de cada jornal. “Esa práctica es usual, entonces reconocerla puede fomentar la formalización”, comenta.

En materia de género, la reforma brinda la opción de pactar con los empleadores una jornada flexible para quienes tienen una carga de cuidado en el hogar, la mayoría mujeres.

El incremento de la licencia de paternidad a 12 semanas de manera progresiva también llama su atención. En materia de género —un asunto sobre el que la ministra Ramírez muestra especial interés— Morad Acero destaca la opción de pactar con los empleadores una jornada flexible para quienes tienen una carga de cuidado en el hogar, la mayoría mujeres. Por último, menciona un artículo que establece que las personas migrantes, independiente de su estatus migratorio, pueden ingresar al mercado laboral formal y cotizar a seguridad social. “Es una reivindicación gigante para los migrantes venezolanos que abre la posibilidad para su formalización”, dice. 

A la pregunta sobre qué le hace falta a la reforma, Morad Acero indica dos elementos: regular la seguridad social para trabajadorxs webcam y una cuota mínima de contratación para la población trans. También menciona un aspecto de la reforma que debe ser atendido con urgencia en el debate legislativo: los costos laborales de implementar algunas propuestas. Se refiere a tres: la mencionada ampliación de la jornada nocturna de 6 de la tarde a 6 de la mañana, la reducción de la jornada semanal de 48 a 42 horas, y el recargo para quien trabaje domingos y festivos que pasaría de 75 % a 100 %. Morad Acero señala que el mayor empleador en Colombia es la pequeña y mediana empresa que, a diferencia de la grande, no cuenta con mucho margen de maniobra para cubrir costos adicionales. 

“Mientras las grandes tienen un margen amplio para acomodarse a la reforma, las pequeñas y medianas no lo tienen, entonces podrían tomar decisiones como despedir a trabajadores o la contratación informal. (…) Esa es una primera alerta: ojo, sea cuidadoso con los costos que impone”. ¿Qué costos? Por ejemplo, aquellos que acarrearía la extensión de la jornada nocturna para el sector de la vigilancia o el recargo de domingo que ya se paga como día de descanso. Esa es una preocupación compartida por gremios empresariales como Fenalco y Acopi, aunque no por el sector sindical que asegura que, al dar mayores garantías laborales, la reforma también fortalecerá al empresariado y dinamizará la economía. 

Sin embargo, Morad Acero insiste en que Fenalco es y seguirá siendo un actor fuerte que no va a perder de vista el impacto de los nuevos costos, algo que podría llevar a que otros partidos políticos presenten sus propias reformas laborales. Morad Acero concluye que esta reforma, tal como está, trae cosas positivas y otras de difícil manejo. Celebra, eso sí, que el aporte de la academia esté teniendo un lugar protagónico en la discusión.