Con la “ley del odio”, el gobierno venezolano puede silenciar, encarcelar y violentar física y psicológicamente a quien informe, opine o se exprese en su contra.
Con la “ley del odio”, el gobierno venezolano cuenta desde el 2017 con un mecanismo legal que le sirve de arma para silenciar, encarcelar y violentar física y psicológicamente a cualquiera que informe, opine o se exprese en contra del gobierno. Criticar se ha convertido formalmente en un delito. Esta es la historia de cómo un gobierno fiscaliza el odio, pero al mismo tiempo lo promueve y ejerce.
“Yo no lo tengo claro”, responde el dirigente político y comunicador venezolano de 46 años, Nicmer Evans, cuando quiere explicar la razón de su reclusión durante 51 días en los sótanos de la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM). Es posible, dice él, que se haya tratado del tuit del 12 de Julio de 2020 en que le desea al oficialista Fidel Madroñero ―quien horas antes anunció su diagnóstico de covid-19― una “larga vida, para que la justicia del hombre llegue antes que la divina”. Según el expediente que Evans sólo pudo ver una vez la noche de su presentación ante el fiscal, el delito que le imputaban era “instigación al odio en contra de la ideología de Nicolás Maduro”. ¿La pena? 20 años de prisión. “Por supuesto que eso fue aterrorizante”, recuerda.
La lista de afectados por la Ley Constitucional Contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, conocida como la “ley del odio”, es extensa y diversa, y los casos asombran por lo incoherentes y absurdos. Desde hace cuatro años, cuando fue aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), un congreso ilegítimo integrado exclusivamente por miembros del partido oficialista, la ley ha reclamado más de 60 víctimas. En su estatuto dice que busca promover y garantizar la tolerancia y respeto recíproco, “erradicar toda forma de odio”, preservar la paz y tranquilidad pública, y para ello se atribuye la potestad de clausurar medios, anular partidos políticos y bloquear redes sociales que incurran en este delito, que, según la ley, jamás prescribe. En otras palabras, al gobierno le ha servido para criminalizar el disenso, realizar censura y justificar detenciones arbitrarias que, en algunos casos, derivan en agresión y tortura.
Entre los acusados de odiar y/o instigar al odio, según el gobierno de Maduro, se encuentran una enfermera por exigir mejoras salariales; ciudadanos por exhibir pancartas protestando la escasez de alimentos frente a un mercado; un funcionario municipal por expresar en su estado de Whatsapp su pereza por trabajar un domingo; unos bomberos por comparar a Maduro con un burro en un video; un periodista por confirmar infecciones covid a través de Twitter; una escritora por burlarse de una extravagante fiesta en la que estuvo presente el Fiscal General de la República; activistas de derechos humanos por denunciar supuestos nexos comerciales entre el Estado y guerrillas colombianas. El común denominador de todos los casos es la privación de libertad arbitraria sin juicio y la incertidumbre sobre el porqué.
Nicmer Evans, luego de su captura, se enteró que el proceso de investigación que se emprendió en su contra, y que resultó en su detención, se remonta a un video que había difundido vía Periscope años atrás, cuando protestaba ante la censura del canal de televisión Globovisión con la consigna “Tu veto es mi voto”. Aparentemente, los trabajadores del canal lo habían denunciado por sentirse odiados.
“Fue una decisión política”, dice Evans, quien militó en el Partido Socialista Unido de Venezuela fundado por Hugo Chávez, y que hoy en día es feroz crítico del gobierno. Asegura que su detención fue una venganza por incomodar al régimen con su actividad política. “Por supuesto que nos consideran una amenaza por haber reorganizado al chavismo”, comenta sobre su partido, el Movimiento por la Democracia y la Inclusión, al cual el Consejo Nacional Electoral le niega reconocimiento formal. “A nuestra organización se le estaban sumando muchos factores del exchavismo, y eso levantó alertas al sector de madurismo. No me lo perdonan”.
Otra de las posibles razones por la que fue arrestado Evans fue por su labor como líder de la Plataforma Nacional de Conflicto, una “agrupación de lucha y reivindicación” que articulaba a gremios y sindicatos para movilizar protestas en torno a las fallas de servicios públicos en Venezuela. Apenas lo detuvieron, la agrupación también paró sus actividades.
Consciente de lo que su liderazgo representa para el gobierno, Evans tenía años preparándose para su detención. Había hablado con su esposa y tenían un plan establecido y ensayado sobre qué hacer en caso de un allanamiento. “Esto no nos agarra de sorpresa”, admite al recordar su aprehensión. De hecho, Evans fue notificado por terceros sobre la emisión de su orden de captura tres días antes de que los funcionarios de inteligencia se lo llevaran. Está convencido de que el objetivo de haber filtrado esa información era forzar su exilio. Ante los rumores de su inminente captura, Evans dice que recibió varias ofertas para sacarlo del país clandestinamente. Él las rechazó y no se arrepiente. “No me veo sino luchando por mi país desde mi tierra. La lucha que hay que librar hay que librarla aquí”.
Evans mantiene que la aplicación de la ley del odio en su caso fue totalmente premeditada. “A alguien le pidieron montar un expediente que sirva para justificar que me metieran preso y un comisario político del partido se tuvo que inventar una cantidad de cosas que luego la Fiscalía tuvo que confrontar”. Para Evans está claro: su caso se armó como un rompecabezas hacia atrás.
El abogado Alfredo Romero, director de la ONG Foro Penal, coincide con Evans sobre la arbitrariedad de la aplicación de la ley contra el odio. “Sigue siendo la barajita que utilizan para dejar personas privadas de libertad cuando no hay argumentos sólidos”. Si bien el número de casos asociados a la ley del odio ha disminuido este año en relación a años anteriores, “se ha venido aumentando el tiempo de prisión de personas que han sido imputadas y acusadas por instigación al odio”.
Romero considera que la ley del odio se usa como castigo hacia personas que incomodan al gobierno. “Todos los presos políticos tienen a alguien que decidió que los detuvieran”. Asegura que el delito de instigación al odio es la manera más fácil de privar a alguien de libertad sin tener que probar nada, “porque instigación al odio es cualquier cosa”.
La ley del odio no sólo afecta a los imputados. En los últimos años, se ha evidenciado cómo el efecto ejemplarizante de su aplicación reverbera en la sociedad. Una víctima que sufrió lesiones en sus órganos internos, producto de los golpes que recibió en prisión, contó que su médico se negó a firmar el informe sobre su estado de salud por miedo a ser acusado de instigación al odio. La víctima pidió no ser identificada por miedo a represalias. “El impacto intimidatorio es brutal”, asegura Romero.
Sobre lo que significó haber sido un preso político, Evans cuenta que el impacto psicológico fue enorme para él y su familia. El día de su detención, recuerda, su hijo de siete años fue interrogado por agentes de la DGCIM. “Le preguntaban por mí. Trataron que mi hijo me delatara. A mi esposa la amenazaban con quitárselo”. Durante su encarcelamiento, cuenta, dormía en el piso y no le dejaban ir al baño por 18 horas. Otros presos militares y civiles con quienes convivió en la cárcel le mostraban sus músculos desgarrados y heridas cicatrizadas producto de la tortura física a la que eran sometidos. Para Evans, su estadía en esos sótanos fue una validación de todas las denuncias que a través de su medio tenía años publicando. “A mí ya nadie me lo cuenta. Yo lo vi”.
Nicmer Evans fue excarcelado el 31 de agosto de 2020 tras un decreto presidencial que indultó a más de un centenar de presos políticos en Venezuela. Nunca fue formalmente acusado ni condenado. Desde las oficinas de Punto de Corte, el medio de comunicación que dirige, y que ha tenido que migrar su URL varias veces para evitar bloqueos del gobierno, Evans declara que se siente bien pero que no se siente libre. “No estoy ejerciendo en plenitud mi estado de consciencia. He tenido que autocensurarme para poder preservarme en el territorio y hacer el juego político que considero correcto para seguir avanzando. Quizás no es tan rápido como uno quisiera”.
El año 2017 fue uno de los más convulsos de la convulsa historia reciente de Venezuela. A la ya agudizada crisis económica se le sumó una crisis política, cuando una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia en marzo de ese año despojó a la Asamblea Nacional de todas sus funciones, en ese entonces en manos de la oposición. La sentencia, parcialmente revertida, desató cuatro meses de intensas protestas y de letal represión que dejó más de 160 muertos, según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. En respuesta, Nicolás Maduro convocó una Asamblea Nacional Constituyente (ANC), una especie de parlamento paralelo integrado exclusivamente por miembros de su partido que se autodenominó como ‘un poder supraconstitucional’. De este organismo, tildado de ilegítimo por no haber sido aprobado por la ciudadanía, nace la Ley Constitucional Contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia. El día de su promulgación, Delcy Rodriguez, presidenta de la ANC, presentó la ley como “un homenaje a los que perdieron la vida víctimas del odio y la intolerancia» durante las protestas contra el gobierno. Según Aristóbulo Istúriz, el entonces vicepresidente de la ANC, “esta ley creo que es una de las más hermosas que ha tenido la legislación venezolana”.
Para Karen Palacios no hay belleza en una ley que le ha enseñado el temor. “Hay cosas que no puedo decir”, explica mientras escoge bien sus palabras por miedo a posibles represalias que generen esta entrevista. “No tanto por mí. ¿A mí ya qué más me van a hacer? Me cuido de las consecuencias que pueda sufrir mi familia”.
Karen tiene 27 años, es músico profesional y está en libertad condicional. Desde que salió de la cárcel en julio de 2019, tras permanecer 45 días detenida en las mazmorras de la DGCIM, y luego en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), debe presentarse cada 30 días a las 8 de la mañana ante un tribunal en Caracas, que está a dos horas de Carrizal, donde vive con su abuela. “Doy mi cédula, me toman una foto y comienzo mi día de trabajo”, cuenta. Dice que aunque han transcurrido dos años desde su excarcelación, todavía no ha podido retomar sus actividades cotidianas, que incluían tocar en tres orquestas distintas y dar clases de clarinete.
Al igual que Nicmer Evans, para Karen es difícil precisar cuál fue el “delito de odio” que le mereció su cautiverio.
En un hilo de Twitter subido el martes 26 de mayo de 2019, Karen expresó su consternación luego de esperar tres meses para la firma de su contrato como clarinetista en la Orquesta Filarmónica Nacional, al que anularon porque le dijeron que firmó en contra del régimen. “Solo espero que a las nuevas personas que llamen y les ofrezcan ese contrato le sean honestas y les digan que no pueden haber firmado ni votado en contra de este gobierno usurpador para que el ministerio no los ‘vete’ como hicieron conmigo”, escribió en el hilo. Sin embargo, cuando fue interrogada por agentes de inteligencia el día de su detención, aparecieron capturas de pantalla de dos tuits —que para ese momento habían sido eliminados— enviados un mes atrás desde su cuenta que, para entonces, tenía menos de 500 seguidores. Un tuit decía: “Espero leer, en una noche de insomnio, que Maduro huyó, que lo mataron, que lo apresaron, o cualquier vaina que me haga feliz”.
Su pesadilla comenzó el sábado de esa semana, cuando Karen ensayaba en Caracas y su tío la llamó para decirle que había dos músicos que la estaban buscando. Ella sabía que no eran músicos. “Nunca pensé que me iban a llevar, pero ya sospechaba que era gente del gobierno que me vino a reclamar lo que había escrito en Twitter”, cuenta. Cuando regresó al hogar de su abuela en las afueras de Caracas, su presentimiento fue confirmado: la esperaban dos agentes de la DGCIM vestidos de civil quienes la instaron a montarse en una camioneta negra. “Me dijeron que me iban a llevar a Atención a la Víctima en Miraflores (el palacio presidencial) por lo que pasó en la orquesta”. Fue engañada.
Karen fue trasladada primero a la sede de la DGCIM, en donde dice que fue recluida e interrogada por agentes de inteligencia militar en un sótano durante varias horas, sin saber detalles del por qué estaba allí, ni poder hablar con un abogado. “Me insultaron y maltrataron (verbalmente) para que firmara un documento”. Eventualmente, Karen firmó una admisión de que “instigó al odio” a cambio de que le permitieran hablar con su mamá. Fue la única vez que habló con ella —o con cualquier otra persona que no fuesen sus custodios o compañeros de cárcel— durante un mes. Esperó dos días en una celda de la DGCIM para ser trasladada a un tribunal en donde se le imputó el delito de “instigación pública a cometer un delito al odio”. Pese a que un juez emitió una orden de excarcelación a ser implementada dos días después, Karen fue devuelta a los mismos calabozos en la DGCIM, en donde permaneció 38 días más, 30 de ellos incomunicada.
Durante su reclusión Karen cuenta que fue objeto del odio que supuestamente ella había instigado: recibió golpes, patadas y abuso psicológico. Ella prefiere enfocarse en el daño mental que el episodio le causó. “El maltrato físico pasa, pero el psicológico no”. Le negaron su bombona para el asma y dormía poco y sobre un piso húmedo porque el agua del baño se desbordaba. Según su testimonio, le decían que la iban matar y que su abuela había muerto, que su madre la culpaba a ella. “Solo supe que ella estaba viva cuando me trajeron ropa (14 días después) y reconocí las costuras de los pantalones, porque yo conozco cómo cose ella”. Su madre iba a diario para llevarle agua, pero los custodios nunca le decían. Perdió 10 kilos de peso. “Lograron que dejara de creer en Dios”.
Karen no considera que instigó “ni al odio, ni a nada”. Asegura que terminó presa porque es una líder y tiene una voz. “Cuando el gobierno se da cuenta de que hay gente que te sigue y que tienes la valentía de hablar, te quiere apagar. En una dictadura eso no le conviene a nadie”.
En el video que Nicmer Evans sube a Instagram justo antes de abrirles la puerta de su apartamento a los uniformados que llegaron a llevárselo, se le escucha decir: “El derecho consagrado de la libertad de expresión, la crítica a la acción política, la defensa y la resistencia ante la tiranía, no puede ser considerada instigación al odio”. Luego anuncia que se entregará y se despide con un “espero verlos pronto”. Con la ley del odio, el gobierno de Maduro ha consagrado a la retaliación como un derecho que puede ejercer de manera inescrupulosa y, hasta ahora, con impunidad. El 3 de noviembre de 2021, la Corte Penal Internacional abrió una investigación formal sobre presunto ordenamiento de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Es el primer país de Latinoamérica que será investigado por el organismo.
