Frente a la comunidad LGBT, el prejuicio prevalece
Colombia Diversa presentó el sexto informe sobre los derechos humanos de las personas LGBT. El aumento de la violencia policial y de amenazas y panfletos que atentan contra esta comunidad, representan los datos más alarmantes.
“Quiero aprovechar para aclarar que es deber de la policía velar es por nosotras, por nuestra seguridad, por un trato digno e igualitario como lo merecen el resto de los colombianos”, le dijo Katia Trillos a un auditorio con más de 300 personas, pero especialmente al General Mena, el inspector General de la Policía Nacional, quien estaba sentado al lado de ella y algunos otros panelistas que analizaban el contexto de violencia hacia la población LGBT en Colombia.
Katia es una mujer trans, pero ante todo también es colombiana. Ella fue víctima del conflicto armado y sobreviviente de la violencia policial. Esta mujer no sólo tuvo que resistir ser desplazada del lugar en que nació, también tuvo que aguantar las amenazas de grupos paramilitares por su orientación sexual; y sobre todo, tuvo que soportar las agresiones de aquellos hombres que dicen estar para proteger. Ella fue sometida a Golpizas, quemaduras en su cuerpo y palabras vulgares y desagradables: “según los policías produzco asco y soy una vergüenza para la sociedad”, dice Katia.
La violencia contra la población LGBT es inminente. Como Katia, hay cientos de personas en el país que cada año se enfrentan a la muerte, a la violencia física y verbal y a amenazas, por parte no sólo de la sociedad civil sino del Estado.
Ante estas declaraciones, el General Mena comienza a hablar y el publico se empieza a indignar con cada una de sus aseveraciones. Respecto al caso de Katia, Mena asegura que a cuatro funcionarios de la institución se les aplicaron sanciones –aunque Katia dice que sólo fue a tres–. El público pregunta si aquellos agresores de la institución están en la cárcel, pero el General se queda callado y con su silencio le dice a todos los presentes que la respuesta es no. Después le preguntan si los agresores siguen trabajando para la Policía y nuevamente es el silencio el encargado de responder. Entonces, ¿quién da información sobre el castigo que debe aplicarse a estos uniformados que agredieron a una ciudadana por expresarse libremente y ser quien ella ha decidido ser?
– Ahí el tema le corresponde a la fiscalía, dice el General mirando a Jorge Fernando Perdomo, el Vicefiscal General de la Nación, quien estaba sentado a su lado.
En medio de la indignación del público y de las risas por lo absurdo de la escena, se tiran la pelota los unos a los otros, pero lo cierto es que nadie responde con certeza. Un ejemplo, en vivo y en directo, de cómo funciona la institucionalidad colombiana.
Así transcurrieron algunos de los minutos más interesantes durante el panel “Vida sin prejuicio” que se llevó a cabo en el marco del evento en el que Colombia Diversa, una organización no gubernamental que trabaja por el pleno reconocimiento de los derechos humanos de lesbianas, gays, bisexuales y personas trans (LGBT) en Colombia, presentó el sexto informe (2013 y 2014) sobre los derechos humanos de la población LGBT: Cuando la guerra se va la vida toma su lugar.
En el panel: General Mena, Vicefiscal Perdomo, Natalia Springer (moderadora), y Katia Trillos. Foto: Juan Carlos Rincón
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La violencia contra la población LGBT es inminente. Como Katia, hay cientos de personas en el país que cada año se enfrentan a la muerte, a la violencia física y verbal y a amenazas, por parte no sólo de la sociedad civil sino del Estado. Por ello, desde el 2006 el equipo de investigadores de Colombia Diversa se ha puesto en la tarea de recoger la información, clasificarla y presentársela a la sociedad colombiana para que se haga evidente y visible esta violencia y se reconozca que es una violación a los derechos humanos. Con los seis informes hasta ahora presentados ha sido posible identificar el contexto frente al que esta población es vulnerable, tomar consciencia sobre aquello en lo que los actores estatales y no estatales están fallando y, finalmente, dar unas recomendaciones de la hoja de ruta a seguir para ganar la lucha frente a una Colombia que, cómo asegura Mauricio Albarracín director ejecutivo de Colombia Diversa, cada vez es más diversa y respetuosa, pero que sigue siendo violenta y excluyente.
En total, desde el 2006 al 2014, se han registrado 824 homicidios de personas LGBT y ningún departamento del país ha quedado absuelto de ello; aunque Valle del Cauca, Antioquia y Bogotá presentan las cifras más alarmantes. En los dos últimos años el número de muertes a causa de esta violencia fue de 164 en todo el país; cifra que desde el 2010 muestra una disminución. No obstante, ello no quiere decir que el problema esté desapareciendo; por el contrario el informe de Colombia Diversa es claro en recalcar que la violencia sigue existiendo, que ésta se ejerce de múltiples maneras y que cada vez es más fuerte.
Así sucede, por ejemplo, en lo que se refiere a la violencia policial y las amenazas y panfletos. Entre el 2013 y 2014 se registraron 222 abusos por parte de la Policía hacia personas LGBT, pero ello no quiere decir que sean sólo 222 las personas involucradas; las víctimas son muchas más. “Cuando hay más de una personas en interacción o cuando hay una pareja expresando su cariño es cuando la violencia toma su fuerza material con hechos físicos o con palabras como loca, mariquita o cállese travesti”, explicó el equipo de derechos humanos de Colombia Diversa. Pero además de los hechos per sé, lo más preocupante de esta situación es que la violencia policial “envía un mensaje institucionalizado de discriminación, exclusión y relegación a la vida privada y de búsqueda de espacios de “tolerancia” en donde puedan expresarse sin ser juzgados por las autoridades”, dice el informe que muestra, además, que en los casos registrados en 2013 y 2014, en comparación con los del 2012, hay un aumentó en un 282% y 181% respectivamente. Este aumento, asegura el informe, se debe a los datos aportados por Medicina Legal que recientemente incluyó las variables orientación sexual e identidad de género en los registros de lesiones personales, además de identificar el presunto agresor entre los cuales pueden estar agentes de Policía.
Por su parte, las amenazas y panfletos también continúan siendo una forma de violencia alarmante que atropella sistemáticamente los derechos de las personas LGBT y algunos otros grupos sociales. “Los que están torcidos los vamos a enderezar a punta de plomo y cuchillo, o están con nosotros o se desaparecen gonorreas. Se acabaron estudiantes comunistas, homosexuales, ratas viciosas y violadores”, es lo que dice un panfleto que fue leído en la entrega del informe. Este es la evidencia de que la denominada “limpieza social”, que tiene como objetivo “eliminar selectivamente” a aquellas personas consideradas “indeseables”, es otra manera frecuente de atentar contra la vida de lesbianas, gays, bisexuales y personas trans. Entre el 2010 y 2014 se registraron 84 amenazas directas e indirectas contra la población LGBT. ¿Los principales responsables? Los paramilitares, las “bandas criminales”, las FARC y el ELN. En 19 departamentos del país, especialmente en subregiones en donde el conflicto armado ha tenido un mayor impacto, las amenazas a través de panfletos son frecuentes para esta comunidad que, según los datos del Registro Único de Víctimas, es más vulnerable a esta situación en comparación con el total de la víctimas en el país.
Este panorama es diciente, además de alarmante; pero estos datos no garantizan ser un vivo reflejo de la realidad. El subregistro es un hecho. A pesar de que Colombia Diversa, logra obtener información valiosa sobre la problemática, también es consciente de que los datos recogidos no representan en su totalidad la violación a los derechos humanos de la población LGBT; el problema, seguramente, tiene dimensiones mucho más abrumadoras. La principal falla es la falta de denuncias, que van de la mano con las falencias de los sistemas de información sobre violencia contra la población LGBT y las debilidades en las instituciones oficiales. Y de ello no queda la menor duda. Katia fue enfática ante la pregunta de por qué no es una garantía denunciar: “hoy mi vida corre peligro por haber denunciado y la impunidad prevalece. No denunciamos por que sabemos que no hay procesos penales ni sanciones disciplinarias que sean congruentes con la discriminación que se está generando en el país”.
Esta es una de las fotografías que ilustra el Informe 'Cuando la guerra se va la vida toma su lugar'. Foto: Nicolo´ Filippo Rosso
El prejuicio sigue presente
Pero, ¿Cuál es la causa de la violencia que se ejerce frente a las personas LGBT? Tal vez no haya una única respuesta, pero sí hay una que tiene más fuerza: el prejuicio.
Éste parece ser el causante de los homicidios, la violencia policial y las demás formas de violencia contra esta comunidad. Aparentemente el prejuicio no sólo es una de las palabras constantes dentro del sexto informe de los derechos humanos presentado por Colombia diversa, sino que además es una constante ante la sociedad colombiana. “El problema más grande del prejuicio es que no se ve porque se naturaliza. Nos hace ver el mundo de manera distorsionada con el riesgo de pensar que esa es la realidad”, dijo María Mercedes Gómez, coordinadora regional para Latinoamérica y el Caribe de la International Gay and Lesbian Human Rights Commission.
Sin duda, dentro del informe, los prejuicios hacia la comunidad LGBT tienen un lugar indispensable en tanto son los que movilizan la acción de la violencia con el fin de causar daño para subyugar y disminuir o excluir a una persona. La sexualidad, la orientación sexual, la identidad y la expresión de género hacen que los policías, los grupos al margen de la ley y los demás miembros de la sociedad ejerzan violencia directa o indirecta frente a las personas LGTB por asociarlas a prejuicios negativos como promiscuidad, prostitución, inmoralidad, peligrosidad, consumo de droga y alcohol, delitos como hurto, microtráfico e incluso crímenes pasionales, asevera el informe.
Por tanto la relación entre prejuicio y violencia hacia la comunidad LGBT es un hecho que continua siendo preocupante en el país. Esta es una relación que encuentra su explicación, según el informe de Colombia Diversa, en un hecho muy puntual: “el incumplimiento de la debida diligencia del Estado requerida para prevenir, investigar y sancionar con celeridad y sin dilación todos los actos de violencia”. La investigación, alerta sobre los problemas para garantizar los mecanismos judiciales efectivos, adecuados e imparciales a favor de las personas que sufren violencia por prejuicios hacia su orientación sexual e identidad de género.
070 RECOMIENDA...
El documental publicado en The New York Times que habla sobre la comunidad trans en Estados Unidos.
La voluntad del Estado por mejorar en esta problemática, no puede negarse. Hay, según el informe, avances normativos e institucionales para frenar las situaciones de violencia hacia la comunidad LGBT. Sin embargo, la ausencia de la debida diligencia para evitar la falta de denuncias y por ende la impunidad de estos casos, sigue siendo la norma en el país. De ahí que mejorar el sistema de información, coordinar el trabajo entre entidades como la Fiscalía, la Procuraduría, Medicina Legal y la Policía, pero sobre todo crear una Política Pública para la población LGBT sean las recomendaciones principales de este sexto informe sobre derechos humanos.
¿Pero cómo y cuando el Gobierno se comprometerá a materializar estas acciones? le preguntó Natalia Springer, moderadora del evento, cuando el panel estaba a apunto de finalizar y sólo faltaba escuchar lo que el Gobierno tenía por decir.
– Ante todo presento disculpas de parte del gobierno. No hay política pública que respecte a este tema y eso es imperdonable. Un gobierno pluralista y que profese valores democráticos debe tener una política incluyente y antidiscriminación para la población LGBT, dijo el Consejero Presidencial de Derechos Humanos, Guillermo Rivera.
En su intervención, además, aprovechó para hacer un compromiso abierto ante la comunidad LGBT: “El 28 de junio tendremos un borrador de esta política pública que hemos venido trabajando y estaremos dispuestos a recibir observaciones”, añadió.
Los presentes aplaudieron, tal vez no sólo para respaldar lo dicho sino para recordarle al Consejero que sus palabras eran un compromiso y que esperan ansiosos que éste se materialice. Sin embargo, también hubo inconformes. Del público no vino una pregunta, sino un comentario contundente: “No necesitamos que el Gobierno venga a un evento a ofrecernos sus disculpas. Necesitamos actos y espacios de tolerancia y seguridad en la ciudad que demuestren pactos ético y políticos”, le dijo directamente un hombre trans al Consejero presidencial cuando el evento finalizaba después de dos horas de una tensa, pero esperanzadora discusión.
