Eran las 7:00 p. m., del viernes 6 de mayo de 2016 en Cartagena. Imelda Daza, líder de la Unión Patriótica estaba en la Sede del Sindicato de Trabajadores de la Industria de Materiales de Construcción. Entró un hombre armado al lugar en el que estaban 18 líderes más de la costa Atlántica, disparó y falló en su intento. “Si nos hubieran matado, el hecho habría tenido consecuencias nefastas para el proceso de paz”, dice Imelda, plenamente convencida.

Este fue uno de los 33 atentados contra defensores de derechos humanos registrados entre enero de 2016 y febrero de este año, según la Defensoría del Pueblo. Durante esos 14 meses, 120 líderes fueron asesinados y 27, agredidos.

Cuando sucedió el atentado, Imelda llevaba menos de un año en Colombia. Ventiocho años antes, se había exiliado en Suecia tras la persecución y el exterminio de 4.000 militantes de la Unión Patriótica, partido por el que fue elegida concejal de Valledupar en 1986. De los siete concejales de la UP que fueron elegidos en el Cesar ese año, sólo ella está viva y ahora es vocera de la agrupación política Voces de Paz que acompaña, en el Congreso, la implementación del acuerdo entre el Gobierno y las Farc.

Imelda recuerda que, desde pequeña, se emocionaba con banderas del partido liberal en Manaure, su pueblo natal. Estudió economía en la Universidad Nacional y dice que le tenía miedo a las manifestaciones, que nunca tiró piedras, pero que siempre escuchó con atención los discursos estudiantiles. A ella nadie la invitó a participar en política ni a convertirse en líder social. Se vinculó, con Simón Trinidad en el Nuevo Liberalismo de Luis Carlos Galán y Rodrigo Lara, y ahí fue donde se destacó políticamente por sus opiniones contundentes y por decir las cosas de frente y sin temor.

Aunque sabe que, en medio de la implementación de un proceso de paz, las condiciones para pensar diferente aún no están aseguradas, en el 2015 tomó la decisión de regresar a Colombia. “Yo no quería sentarme a esperar la muerte en Suecia, a mí que la muerte me sorprenda en mi país”.

Este año van más de 20 defensores de derechos humanos asesinados. El Gobierno dice que no se trata de un hecho sistemático y que el paramilitarismo en  Colombia no existe. Usted que ha sufrido las amenazas y el exterminio en contra de líderes sociales, ¿qué opina de esta afirmación?

La violencia contra el movimiento social es la peor amenaza que tiene el proceso de paz. Cada líder social o político asesinado paraliza una comunidad. Con ese ritmo, pronto el país quedará paralizado en su movilización, en sus actividades. Es muy preocupante. Debería alarmarnos, pero desgraciadamente nos acostumbramos al crimen, a la violencia, a la desaparición de los líderes populares que, sin embargo, insisten, son tenaces, tercos y persistentes. Pero todo tiene un límite. Pienso que la opinión del ministro promueve la impunidad y lo convierte en cómplice de lo que viene ocurriendo.

En el punto dos del Acuerdo Final, se habla de las garantías a la participación política y a la movilización social. ¿Qué pueden esperar realmente los líderes sociales de este acuerdo?

Confiamos en que el Gobierno nos dé las garantías de seguridad para ser parte del proceso de implementación. Pero sentimos miedo de ser más activos frente a este proceso porque no hay condiciones para participar. Quienes insistimos en promover la paz y apoyar la implementación estamos corriendo graves riesgos. El Gobierno también está incumpliendo en el punto dos del acuerdo.

¿También?

Tampoco le cumplió a la guerrilla en la adecuación de las zonas y puntos de transición. Tampoco ha cumplido con la entrega oportuna y rápida de los proyectos de ley que van a normativizar el acuerdo de paz. Lo que hay es una suma de incumplimientos del Gobierno, que no necesariamente son atribuibles al presidente Santos.

Él ha demostrado voluntad política suficiente para llevar el proceso hasta donde debe llegar. Son mandos medios y la burocracia estatal los que están entorpeciendo el desarrollo del proceso. Uno puede esperar un mínimo de incumplimientos por la complejidad del tema. Pero lo que está pasando lo atribuyo a la ineficiencia de esa burocracia no comprometida con el proceso de paz y que trabaja con desgano.

¿Sólo ineficiencia de la burocracia o hay intereses de por medio que pueden entorpecer el proceso?

No quiero creer que son intereses. Desde luego el desgano y la falta  de voluntad tiene que estar afectada por el pensamiento de los “vargalleristas” y de los uribistas que están todavía en la burocracia estatal y que quieren entorpecer el proceso. Trabajan para el Gobierno, pero no respaldan su política central que es la paz. Eso es lamentable.

¿Qué propuestas concretas han surgido en la subcomisión de paz en el Congreso para afrontar el asesinato de los líderes sociales?

Hemos hablado mucho del estatuto de oposición. Yo he destacado la importancia de disponer de este reglamento porque es una garantía de libertad de opinión, de expresión y de asociación. Que no se mire a quien disiente del orden o del desorden establecido como alguien que contraviene la ley o como alguien que puede ser víctima de la desaparición forzada. Que se entienda que hay quienes nos oponemos al desorden establecido y que queremos construir otra Colombia. Que se respete nuestro derecho a pensar distinto. Que aprendamos a convivir en medio de la diversidad.

En las democracias avanzadas y desarrolladas no tienen estatuto de oposición. Es obvio que hay diversidad política. Tienen partidos completamente opuestos  que conviven, debaten y participan. Nadie piensa en eliminar a su contrario físicamente. Aspiran a derrotarse en elecciones libres.

Si entendiéramos que todos los colombianos tenemos igualdad de derechos y de deberes no necesitaríamos estatuto de oposición. Pero dada la precariedad de nuestra democracia necesitamos de esa herramienta para defender los derechos de quienes disentimos ante el establecimiento y el desorden establecido.

Hace menos de un año sufrió otro intento de asesinato, ¿qué significado tuvo eso para su ejercicio político de oposición? ¿Qué se siente, después de haber estado más de 20 años en el exilio, regresar a un país en pleno proceso de paz y volver a pasar por lo mismo?

Ese atentado significó para mí un punto de inflexión. Había regresado al país ilusionada por el proceso de paz. Ese atentado no sólo fue para quienes estábamos en el lugar, fue también contra el proceso de negociación. Si los sicarios hubieran tenido éxito, la mesa de La Habana se hubiera interrumpido. Éramos 18 líderes de izquierda de la costa Atlántica.

¿Pensó en desistir?

Cuando escuché a mis hijos pedirme que regresara a Suecia, sí. Mi hija menor me pidió encarecidamente que volviera porque aquí no había condiciones para permanecer. Por un momento sentí que era mi deber por ellos, regresar. Pero luego pudo más mi compromiso con la transformación de Colombia. Mis hijos se resignaron. Esa fue la mamá que les tocó.

¿Qué tiene en común la actualidad del país con lo que se vivió hace 30 años cuando comenzó el exterminio de la UP ?

Hay muchas similitudes. Hace 30 años las víctimas de esa violencia brutal eran líderes que vivían en la periferia del país. Los primeros muertos en el Cesar ocurrieron en Pueblo Bello, que para entonces era un corregimiento de Valledupar. Luego en Becerril, un pequeño pueblo del centro del Cesar y así fue en toda Colombia. Luego pasó la violencia a las ciudades intermedias, hasta que llegó al aeropuerto El Dorado de Bogotá, donde fueron asesinados Bernardo Jaramillo, candidato presidencial de la UP, y José Antequera, presidente de la Juventud Comunista.

Hoy hay diferencias, pero de forma. El paramilitarismo de hoy no tiene ni la estructura orgánica que tenía entonces, el apoyo institucional del que gozaba ni el dinero que manejaba. Hoy, esos sucesores del paramilitarismo son movimientos dispersos, con distintos nombres y otras fuentes de  financiación. Ahora es más frecuente el apoyo económico de los antirrestitución de tierras; aunque la minería y los grandes empresarios todavía apoyan.

Pero el efecto de la violencia es igual. La amenaza es en serio y lamento profundamente la subestimación que hace el Gobierno del tema. Es increíble que no hayamos aprendido la lección.

¿Qué lección deja ese pasado de la UP?

El genocidio contra la UP debería ser una vergüenza nacional por la impunidad que lo cubre. Es un dolor que cargamos y para la organización significó su reducción a un mínimo. Es vista como un movimiento perdedor, derrotado. En esas condiciones es muy difícil fortalecernos, recuperarnos y tener de nuevo ese espacio político. En mi caso y en el de muchos otros compañeros, no implica que desistamos, nosotros insistimos y persistimos en que la democracia es posible y en ella la paz también.

Pero esto es difícil si no se reconoce el genocidio ni se pide perdón. No ha habido reparación. Fui reconocida víctima hace cuatro años y no he recibido de la Unidad de Víctimas ningún beneficio distinto a una carta reconociendo mi condición.

Estoy combatiendo con la Unidad de Protección para que no me reduzca el esquema de seguridad. Tenía seis escoltas, ahora tengo cuatro. Tenía dos carros blindados y ahora tengo sólo uno. Ahora está en riesgo mi seguridad.

¿Cómo explicar que usted tiene, al menos, cuatro escoltas mientras muchos otros líderes no tienen ninguno y los están matando? ¿De qué depende que unos tengan y otros no?

De que se tenga acceso o vínculos con el poder. Quienes podemos hablar públicamente y tenemos acceso a los medios de comunicación, tenemos posibilidades de lograr un esquema de protección. De  hecho para la UP hay un programa especial, por causa del genocidio y por 32 años de injusticia. El resto de los líderes que no pertenecen a la UP ni al partido comunista, están totalmente desprotegidos. Como no tienen contactos con los poderosos, no son escuchados. Los asesinan con suma tranquilidad.

El genocidio de la UP se dio, en parte, porque el partido logró llegar al poder con mucha fuerza: 25 alcaldías directas, 123 por coalición, 14 congresistas y concejales y diputados en asambleas departamentales. ¿Cree posible que la izquierda pueda volver a tener ese poder que tuvo la UP sin que vuelva a ser víctima de un genocidio?

Creo que sí. El país ha madurado y ha entendido que la guerra no puede ser nuestro futuro y que es hora de atenuar ese conflicto, de ponerle fin, de silenciar los fusiles. El riesgo de caer de nuevo en un genocidio contra el movimiento popular es real. Pero creo en la voluntad de las Fuerzas Armadas, de las Farc e incluso del ELN. Creo que la voluntad de no retornar a la lucha política con armas es definitiva. Yo creo que la guerra no va más.

¿Por qué pensar que este proceso no seguirá el rumbo de los anteriores procesos de paz?

Creo que aprendimos la lección. Aprendimos de la fragilidad y de la improvisación que tuvieron. Lo que tenemos hoy es más sólido, brinda confianza y por eso muchos colombianos creemos. Sinceramente no pienso que se repita otro genocidio ni otra extinción de un movimiento político. La élite que siempre nos ha gobernado, esa élite mezquina, miserable, indolente, acudió a la eliminación del contrario cuando vio el resultado electoral y diseñó un macabro plan de aniquilamiento que llamó «El Baile Rojo». No creo que algo así vuelva a suceder.

¿Tiene entonces fe en que Gobierno va a dejar de incumplirle a los líderes sociales?

Creo que el Gobierno seguirá incumpliendo con partes del acuerdo. Pero no creo que renuncie a sostener el propósito fundamental de ponerle fin al conflicto armado.

¿Y cómo eso es suficiente teniendo en cuenta lo que está pasando?

En  la medida en que vayamos procesando la implementación del acuerdo y, sobre todo, después de que la guerrilla deje las armas y regrese a la sociedad a hacer política en el marco de un nuevo movimiento, se van a producir grandes cambios. El Gobierno sentirá la presión popular  para que termine la violencia contra los líderes. Este periodo de seis meses es lo más delicado que tenemos, pero una vez se silencien de verdad y definitivamente los fusiles, el país va a ter otro escenario político.

¿Por qué se justifica seguir siendo líder social en Colombia? ¿Por qué arriesgarse a un exilio y, sobre todo, por qué arriesgar la vida?

Suena romántico y hasta tonto, pero lo hago porque creo en el país que me vio nacer. Aquí me formé y desde hace mucho me duele la injusticia, la pobreza, la inequidad; aunque yo personalmente no la haya padecido. Me dolió la inequidad cuando entendí cuáles eran los problemas del país y que todos eran solucionables, que lo único que faltaba era la voluntad política de quienes nos gobiernan.

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