Desde finales de 1970, el tráfico de droga ha sido un tema central de la vida colombiana. La droga ha permeado las agendas políticas de todos los gobiernos y ha profundizado múltiples problemas como la modificación de las economías regionales y los marcos de oportunidad de miles de campesinos, pobladores rurales y urbanos. La lucha contra las drogas lleva cuarenta años donde el énfasis central han sido las políticas prohibicionistas y la persecución judicial a los consumidores. En la lucha contra los productores se han visto avances parcialmente exitosos como las estrategias de interdicción (grandes incautaciones, desmantelamiento de redes de tráfico, atomización y debilitamiento de las organizaciones narcotraficantes) pero sin que eso reduzca en términos absolutos  las áreas cultivadas, la demanda o el precio final.

En 2009 se creó la Comisión Global de Políticas de Droga (CGPD), una iniciativa de ex presidentes latinoamericanos y líderes del mundo con el fin de impulsar un debate mundial sobre una nueva formulación de la política contra las drogas, que tuviera un corte preventivo, holístico, de re-socialización y de salud pública. El epicentro del debate por la reformulación de la política antidroga se encuentra en América Latina y Colombia, como uno de los principales productores de cocaína del mundo, debe ser líder en ésta discusión.

A pesar de esto, a nivel operativo la política continúa siendo la misma. Ésta problemática ha generado en los últimos años y en la actualidad fuertes debates sociales, entre aquellos que consideran la restricción como el camino y los que promueven el cambio hacia políticas de prevención y salud pública por el lado de la demanda, y que desplacen la penalización en los eslabones más débiles de la cadena de valor y ataquen a los eslabones del trafico y la distribución.

Daniel Mejía Londoño, director del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (CESED) y profesor asociado de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, ha estudiado las políticas públicas sobre las drogas y sus vínculos con la violencia en Colombia y América Latina. Sus posturas han sido críticas de la capacidad de agencia y el funcionamiento de las instituciones nacionales que están a cargo de la política antidroga.

Mejía ha sido un partidario visible, con el actual Ministro de Salud Alejandro Gaviria, de lograr replanteamiento necesario de la política para optimizar los recursos del Estado, generar comportamientos y cambios sociales a partir de la prevención y la descriminalización y despenalización de ciertas drogas.

¿Cree usted que hoy en día se puede afirmar que el narcotráfico se ha reducido por efecto de la política antidroga?

Daniel Mejia: En Colombia sí. A partir del año 2008 cuando el gobierno Uribe y el ministro [de defensa] Santos hacen un cambio en la estrategia antidroga, en ese momento hay un cambio en la tendencia a la producción potencial de cocaína y empieza a disminuir el narcotráfico en Colombia. Lo que pasa en ese momento es que los cultivos se devuelven para Perú y Bolivia. Antes del 1994 estaban en estos dos países pero se habían venido para Colombia. Los cristalizaderos y laboratorios se van para Venezuela y Ecuador, donde encuentran gasolina, cemento y los precursores químicos más baratos y la base de operación de los carteles del narcotráfico se va para Centroamérica y México. Entonces sí ha habido una reducción tanto cualitativa como cuantitativa del narcotráfico en Colombia, pero no en la región. Básicamente el éxito de Colombia simplemente trasladó el problema a otros lugares.

¿Ve algún cambio entre el gobierno Santos y el gobierno Uribe en relación a las políticas antidroga tanto a nivel nacional como internacional?

DML: Retóricamente sí, en los hechos no. Santos ha sido claro en decir que quiere un debate amplio, informado y basado en la evidencia sobre la efectividad de la política antidroga. Uribe nunca dijo esto. Uribe siempre fue del pensamiento de que había que seguir luchando y de que había que meterla más recursos a esto. Santos, por lo menos en los anuncios y en la retórica, dice que quiere un cambio en la política y que quiere una política más eficiente, que quiere abrir un diálogo regional. Pero en la práctica seguimos con lo mismo: aspersión ineficiente y capturas de capos que son reemplazados rápidamente por otros.

¿Cómo ha cambiado la política antidroga desde los 90 hasta hoy?

DML: Ha habido muchos cambios. Antes del 2001 las políticas de reducción de oferta de drogas eran bastante desordenadas, no estaban coordinadas. Con la implementación del Plan Colombia a partir del año 2000 se coordina toda la estrategia de reducción de oferta: aspersión, interdicción, erradicación manual, etc. Éste es el primer gran cambio de la política de drogas en Colombia. Más recientemente el Ministerio de Justicia ha venido tratando de dar más línea y crear más orden en la política de droga, ya no sólo en la política dura de reducción de oferta, sino en toda la política de droga. En lo que tiene que ver con lavado de activos, extradición y política para enfrentar el consumo de drogas. En lo que no ha podido meterse el Ministerio de Justicia, y debería poder hacerlo, es en hacer más eficiente y menos costosas las políticas de reducción de oferta. Debería parársele duro al Ministerio de Defensa y a la Policía Antinarcóticos y decir que la aspersión (o fumigación aérea con herbicidas como glifosato) no está funcionando y hay que reevaluarla. Además, se nos viene una demanda por parte de Ecuador en la Corte de Justicia de la Haya, la cual Colombia va a perder y nos va tocar indemnizar al Gobierno de Ecuador y a unas familias de la frontera por una política que tiene unos costos muy altos.

Hay un gran debate entre quienes defienden la erradicación manual y quienes prefieren la fumigación de cultivos ilícitos. ¿Por cuál se inclina usted y que alternativas propondría en relación a esto?

DML: Por ninguna de las dos. Las dos políticas son demasiado costosas. La aspersión aérea de cultivos ilícitos realmente funciona muy poco, son muy pocos los casos en donde uno dice esto está teniendo efectos, y si es que los tiene, son bastante pequeños. Además, genera unos costos colaterales sobre la salud de las personas y el respaldo de la gente al Estado. La aspersión ataca un eslabón de la cadena en donde los agentes involucrados no se están haciendo ricos. Por el lado de las políticas de erradicación manual hay que decir que muchos erradicadores han sido asesinados. La pregunta que hay que hacerse es si vale la pena seguir con un par de estrategias que son muy costosas e ineficientes por el simple hecho de que nos las están financiando. Nos están llegando aviones y herbicidas de Estados Unidos para hacer esto, y con eso estamos hipotecando los intereses de Colombia por 400 millones de dólares. Esto no tiene ningún sentido.

 ¿Qué cambios significativos ve en el horizonte?

DML: Yo creo que se viene un cambio que empezó a gestarse en el 2009-2010 con la publicación del informe de la Comisión Latinoamericana de Drogas y Democracia que lideraron los ex presidentes Fernando Henrique Cardoso de Brasil, César Gaviria y Ernesto Zedillo de México. Luego vino la Comisión Mundial de Drogas. Luego presidentes en ejercicio como Santos, Calderón y Pérez Molina de Guatemala vienen pidiendo a gritos y con urgencia un debate sobre la política de drogas a nivel latinoamericano. El tema está cogiendo momentum y rápidamente vamos a tener un debate.

¿De qué manera la política antidroga ha determinado el funcionamiento de los nuevos carteles? ¿Por qué ya no hay un Pablo Escobar?

DML: Han influido. Por ejemplo las políticas de desmantelamiento de grandes carteles y de captura de sus líderes hacen es que éstas organizaciones muten y se adapten. La adaptación es muy rápida porque hay unas rentas ilegales inmensas en el negocio del narcotráfico. Hoy no tenemos un gran capo porque básicamente se han ido descabezando los grandes carteles. Lo que ha logrado la política de descabezar y atacar grandes carteles es atomizarlos, hacerlos más pequeños con el costo de hacerlos mucho más violentos. Cuando hay monopolio de la coerción de un sólo cartel no hay violencia porque ese cartel no tiene competencia. En el caso de México, cuando se desmantela un cartel empiezan las facciones y los subalternos de esa persona capturada a pelear por el control, al igual que otros pequeños carteles que quieren controlar el vacío que dejó el gran capo del cartel desmantelado. Entonces puede que desde un punto de vista “efectivista” de capturas, la política es útil, pero está generando muchísima violencia y el caso clásico hoy es México.

¿Si se puede aplicar la misma política antidroga tanto a carteles como lo fue el Medellín como a ejércitos del tipo de FARC y los paramilitares?

DML: Básicamente la respuesta a esto es que cuando las FARC y los paramilitares empezaron a vincularse a este negocio, que fue en la segunda mitad de los noventa, se unió la lucha contra el terrorismo y la lucha contra el narcotráfico. Esto le permitió a Colombia usar recursos de cooperación internacional del Plan Colombia para atacar organizaciones terroristas como las FARC o los paramilitares. Eso cambió el escenario de guerra contra las drogas porque  bajo la sombrilla de la guerra contra el terrorismo se podía atacar las estructuras militares del narcotráfico.

¿Cómo ha cambiado los retos que enfrenta la lucha antidroga hoy en día en comparación a los años noventa?

DML: La evidencia de tantos años en esta lucha muestra que es un negocio muy difícil de acabar. Siendo un poquito exagerado, es una guerra que se auto destruye porque cuando se ataca el narcotráfico se reduce la oferta, aumentan los precios, y éste aumento lleva a que más gente se quiera involucrar. Entonces es una guerra que lo que hace es subir la rentabilidad del negocio y es una transferencia neta de recursos y de ganancias a los que sobreviven y a potenciales nuevos entrantes. Todo el mundo se está dando cuenta que no está funcionando y que hay que abordarla desde otra perspectiva.

¿Cómo se puede modificar esa política antidroga a nivel nacional y a nivel internacional?

DML: A nivel nacional lo primero que yo eliminaría casi por completo, o dejaría para casos excepcionales es las campañas de aspersión con glifosato de cultivos ilícitos. Así no le guste a la Policía Antinarcóticos, así no le guste al ministro de defensa, esta política no funciona. Las evaluaciones más positivas dicen que son muy poco efectivas las políticas de aspersión. En cuanto al consumo, creo que hay que ver el consumo de drogas como un problema de salud pública. No podemos estar metiendo jóvenes que consumen marihuana a la cárcel simplemente por consumir marihuana. Un consumidor de drogas es un enfermo, no un criminal. Si para sostener su consumo comete delitos, la razón para detenerlo y perseguirlo es el delito que cometió, no el consumo de drogas. Básicamente la estrategia contra las drogas como la plantearon hace cuarenta años hizo que un tema de salud pública fuera abordado como un tema de seguridad, lo que no ha funcionado.

Usted es muy crítico de la aspersión. ¿Qué otras opciones hay?

DML: Lo que pasó en 2008 que fue cuando empezó a reaccionar la cantidad potencial de producción de coca en Colombia, es un cambio de estrategia. En el 2007-2008 cuando Santos llega a ser Ministro de Defensa de Uribe, replantean la estrategia y empieza a caer la aspersión aérea de cultivos y empiezan a hacer muchas más interdicción. Interdicción es básicamente incautación de envíos de cocaína al exterior, destrucción de laboratorios y control a los precursores químicos. Esas tres estrategias fueron muy exitosas. Primero, no generan muchos daños colaterales. Cuando bombardean o queman un laboratorio de las FARC o de los paramilitares para producir cocaína, ahí no les están haciendo daño a unos pobres campesinos, están haciendo daño a unas estructuras militares asociadas al narcotráfico. Cuando incautan un semi-sumergible en Buenaventura con cinco toneladas de cocaína vía a Centroamérica, ahí no le están haciendo daño al pobre tipo que no tiene con qué comer y que está llevando ese semi-sumergible. Esa política se enfoca en atacar el tráfico más que la producción, y si se va a atacar la producción, hay que atacar los laboratorios y no los cultivos de hoja de coca.

Cuando les asperjan una hectárea les quitan 400 dólares del bolsillo, esto para las FARC, para los paramilitares y para los narcotraficantes no es nada. Cuando les quitan un cargamento que vale 10 millones de dólares, ahí si les ponen en aprieto la estructura criminal. Ya no pueden comprar armas, ya no pueden pagar los contratos que tienen, etc.

Dada la debilidad institucional del Estado colombiano, ¿cree usted que las políticas anti droga de acuerdo con éste contexto son más viables si se centran en la prevención y la regulación o en restricciones?

DML: En la prevención y la regulación. Tenemos casos exitosos en Portugal, Suiza, y Holanda. Yo sé que son países muy diferentes a Colombia pero por algo tenemos que comenzar. Acá hemos intentado durante 25 años atacar los cultivos, atacar los narcotraficantes y ¿qué hemos logrado? La verdad no mucho. Nadie está criticando el Plan Colombia como estrategia de seguridad. Pero como estrategia antinarcóticos si merece críticas.  En Latinoamérica ya se han hecho políticas de prevención que son exitosas. También hay que distinguir claramente entre consumo problemático y consumo no problemático. El consumo problemático debe tratarse con tratamientos para sacar a la persona de la adicción, y el consumo no problemático yo creo que debe respetarse. El consumo de drogas a cualquier nivel hace daño, pero como hace daño el consumo de alcohol y de papas fritas. Piense en una persona que tome trago todos los fines de semana y que se emborrache, pero que no maneje bajo los efectos del alcohol, no genere peleas, no llegue a la casa a pegarle a la esposa ni a los niños. Esa es una persona que tiene un problema de salud, no un problema criminal. Hay que promover el consumo responsable de drogas y que esas drogas sean lo menos dañinas.

A la gente le gusta cambiar su estado de ánimo, su estado mental. La primera vez que se droga una persona es a los dos años cuando empiezan a dar vueltas sobre sí mismo. Hay una sustancia química que el cerebro emite que hace sentir a los niños un mareito que les gusta. ¡se están drogando! ¿Qué hacen los papás? ¿Prohibirlo? ¿O controlar para que no se vayan a golpear?

¿Cree usted que Colombia ha tenido frente a Estados Unidos alguna capacidad real de agencia en cuanto a las formulaciones y condiciones de la ejecución y operacionalización de la política anti droga?

DML: No, desafortunadamente Colombia ha hipotecado los intereses de la implementación de la política por 470 millones de dólares al año. Yo sé que es mucha plata, la Policía Antinarcóticos ha realizado una buena labor, pero a Colombia le hace falta pararse duro y decirle a los americanos que la aspersión no está funcionando. Lo sentimos mucho.

¿Por qué Colombia no ha podido establecer esa relación más pareja con los Estados Unidos?

DML: Por miedo de perder el apoyo de Estados Unidos, por miedo del proceso de certificación del Departamento de Estado, por que Estados Unidos es una potencia y nosotros no. Cada vez más ve uno gente como el General Naranjo que se le paró duro a los americanos y les dijo esto no está funcionando, pero falta más presión. Si realmente lo que ellos quieren es disminuir la cantidad de cocaína que llega allá, hay que cambiar la estrategia porque la de la aspersión no está funcionando.

¿Cuál es su opinión acerca de la legalización de las drogas?

DML: Aquí nadie está hablando de legalización, lo que estamos promoviendo todos es descriminalizar el consumo. No hacer el consumo de drogas una actividad criminal, sino un problema de salud pública, de eso estamos hablando todos. Descriminalizar no significa promover, significa todo lo contrario, significa prevenir. Significa quitarle a la policía la labor de estar enfocándose en capturar marihuaneros en la calle en vez de estar capturando personas que roban, acuchillan, y matan a una persona por robarle el celular. Significa priorizar la labor de la policía para cosas que realmente le hacen daño a la sociedad.  Golpear, abusar y bañar a un drogadicto en agua fría no sirve; es una violación de los derechos humanos. Nadie quiere, como dicen algunos medios de comunicación y Vicky Dávila en la FM, que nosotros estamos promoviendo es venderle heroína a los niños en las tiendas de los colegio. Nadie está hablando de eso, eso es caricaturizar y quitarle seriedad a un debate. Lo que se está promoviendo es una regulación, precisamente para disminuir el consumo y para tratar a las personas de forma más humana.

Simón Herrera y Juan Manuel Barreto son estudiantes de Ciencia Política en la Universidad de los Andes. Esta entrevista la hicieron para el curso «Coyuntura política».

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