La Corte Suprema de Justicia eligió al magistrado Gerson Chaverra, un hombre negro y de origen chocoano, como su presidente para el 2024, un hito en la presencia de personas negras en la judicatura colombiana. Como otros, saludo el valor simbólico de este acontecimiento, aunque desde una lectura menos optimista. Según los medios de comunicación, es la primera vez que una persona negra ocupa la presidencia de esta alta corte. Sin embargo, la excepcionalidad de esta elección nos recuerda que el problema de fondo persiste: la exigua representación de las personas negras en las instituciones judiciales en Colombia, particularmente, en las altas cortes.
La blanquitud de la justicia en Colombia
La Corte Suprema de Justicia tiene una trayectoria de más de dos siglos. Que el magistrado Chaverra sea el primer presidente negro de este tribunal nos habla de una espera de 200 años para que una persona negra pudiera acceder una posición de tal importancia y a la vez refleja el ínfimo número de personas negras que han ocupado magistraturas en dicha corte.
El problema de la escasa presencia de personas negras en el poder judicial colombiano no es exclusivo de la Corte Suprema. Lo mismo ocurre en el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, los tribunales superiores de distrito judicial y tribunales administrativos, e incluso en los juzgados de varias zonas del país. En 2019, en el contexto de mi investigación doctoral, los tribunales superiores de distrito judicial informaron que solo el 3.67% de sus magistrados eran negros, mientras que, en el caso de los tribunales administrativos, estos alcanzaban solo el 2.73%. El bajo índice de representación de personas negras a nivel de tribunales se presentaba, con excepciones, incluso en distritos judiciales con una alta concentración de población afrodescendiente (como Cauca, Nariño y Bolívar).
Un caso dramático es el de la Corte Constitucional, que ha abanderado la defensa de los derechos de los grupos étnico-raciales en Colombia. En sus 32 años de existencia, la Corte no ha tenido ni un solo magistrado titular negro y en 2018 informaba que entre 28 magistrados auxiliares y 227 empleados judiciales que tenía en aquel entonces, no se contaban ni negros ni indígenas. Si bien la situación pudo haber cambiado en los últimos años, y pese a las complejidades de la identificación étnico-racial en Colombia, dudo mucho que la presencia de personas negras haya incrementado de manera significativa.
Una situación con más contrastes es la de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP). Debido al mecanismo de selección de sus jueces, el comité de escogencia logró garantizar que de los 38 magistrados inicialmente elegidos, cuatro fueran indígenas y cuatro afrodescendientes. No obstante, hasta hace unos años, la JEP no contaba con magistrados auxiliares negros, lo que sin duda lleva a la pregunta sobre si el nivel de representación étnico-racial logrado a nivel de magistraturas titulares permeó niveles inferiores, particularmente los cargos de magistratura auxiliar, que son los de mayor jerarquía y más alta remuneración.
¿Por qué es importante que personas negras ocupen posiciones de liderazgo en el poder judicial?
Esta pregunta, que se formula de manera persistente en Colombia, puede ser respondida desde distintas perspectivas. Primero, la presencia de personas negras en el sistema judicial es importante porque somos ciudadanas y, como tales, la Constitución nos garantiza, en condiciones de igualdad, el derecho de participar en la conformación, ejercicio y control del poder político, lo que incluye el desempeño de funciones y cargos públicos (C.P., arts. 13 y 40).
Segundo, porque la legitimidad de la administración de justicia también depende de la percepción que sobre la misma tengan las personas. Si sectores sociales históricamente discriminados se ven excluidos del sistema judicial, no tienen incentivos para confiar en su legitimidad e imparcialidad.
Tercero, porque en la decisión de casos judiciales no solo importan los textos normativos y criterios de interpretación, sino también quién es y qué piensa el tomador de la decisión judicial. Esto último no debe llevar a esencializar la identidad del juez al punto de afirmar que esta, per se, determinará cómo fallará sus casos, pero sí nos conmina a reconocer que sus experiencias de vida, incluidas aquellas relativas a la racialización, van a informar su trabajo como funcionario judicial. Por lo anterior, gana mucho la administración de justicia, y la sociedad entera, cuando sus jueces, en conjunto, cuentan con experiencias de vida diversas que enriquecen el debate judicial.
Finalmente, debe mencionarse la importancia simbólica de estos nombramientos, de la cual la designación del magistrado Chaverra es un claro ejemplo. El que personas negras alcancen lugares de importancia social y, en este caso, política y judicial, contribuye a reemplazar los imaginarios sobre la negritud, que normalmente la asocian con la ineptitud, la ignorancia, y la inferioridad intelectual, para vincularla a valores positivos, como la probidad, la ponderación y el discernimiento. Este componente simbólico es de particular relevancia para la juventud y para los estudiantes universitarios negros, pues les da unos referentes sociales y de desarrollo profesional más amplios, lo que les beneficia a ellos y también al país.
Aprendiendo del caso brasilero
En noviembre de 2023, se realizó el 6to Encuentro Nacional de Juezas y Jueces Negros en Brasilia, evento que reunió a decenas de funcionarios judiciales de Brasil, en su mayoría negros, para reflexionar sobre las relaciones raciales en el sistema judicial. Llevo estudiando el tema desde hace varios años y este evento fue una oportunidad única para entender la importancia que la representación de grupos racialmente discriminados y sus experiencias en las instituciones judiciales tienen para la consolidación democrática.
En Brasil, el debate sobre la cuestión racial en la administración de justicia ha avanzado de manera importante. El Consejo Nacional de Justicia (CNJ) ha publicado numerosos estudios sobre la conformación racial y la importancia de las relaciones raciales en el sistema judicial. Así mismo, desde el año 2015, el CNJ introdujo acciones afirmativas en los procesos de selección judicial basados en el mérito, con el fin de promover el acceso de personas negras a los cargos judiciales. Varios cursos de formación judicial incluyen contenidos obligatorios sobre justicia racial, para garantizar la alfabetización racial necesaria para impartir justicia de forma adecuada. Finalmente, los mismos jueces negros han creado asociaciones, promovido espacios para reflexionar sobre su situación dentro del sistema judicial y han forjado iniciativas para capacitar a aspirantes negros a los concursos de carrera. Una de estas iniciativas, llamada “ennegreciendo la toga”, es la que le da el título a esta columna. Esta expresión pretende resignificar el concepto de ennegrecer, que, si bien ha sido sinónimo de ensuciar o enturbiar, en este caso significa abrir espacios, transformar y equilibrar.
Es fundamental los funcionarios judiciales negros de Colombia, el Consejo Superior de la Judicatura, la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y las altas cortes promuevan iniciativas similares a las adoptadas en Brasil para avanzar hacia una justicia más democrática, abierta y representativa.
