A Sandra Liliana Tovar la asesinó su marido. La asesinó después de 24 años de casados. La asesinó en Florencia, Caquetá, el 11 de noviembre de 2015. La asesinó cuando ella tenía 44 años. La asesinó con arma de fuego y seis tiros. La asesinó enfrente de su hijo menor y de su hermano. La asesinó cuando la Ley Rosa Elvira Cely, que castiga feminicidios, ya estaba vigente. La asesinó porque si no estaba con él, no estaba con nadie.
La asesinó y —la semana pasada— un juez dictó sentencia en su contra. Pero por homicidio. No por feminicidio. Por un preacuerdo con la Fiscalía, el juez le quitó al victimario el agravante, porque su víctima estaba en situación de indefensión e inferioridad, y los cargos por porte ilegal de armas. Por esto lo condenaron a 18 años de prisión, y no a los más de 20 —y hasta 40— que establece la ley por feminicidio o por un homicidio agravado. Esto es, de acuerdo con Luis Guillermo Grijalba, abogado defensor de Tovar, un exabrupto jurídico. “¿Cuántos feminicidios más tienen que ocurrir en el país para que las autoridades judiciales decidan aplicar una ley que responde a estándares internacionales como la Convención interamericana de Belem Do Para para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer?”, pregunta el abogado.
Que la pena sea el equivalente a un homicidio simple, baja las expectativas de las mujeres caqueteñas que se han empeñado en hacer visibles estos asesinatos y que se han organizado para resistir a la impunidad
El de Sandra era –para defensoras de los derechos de mujeres– el feminicidio emblemático del departamento. No sólo porque cumple con la definición básica de un feminicidio: “muerte a mujer por su condición de ser mujer”, y tiene circunstancias de agravación, como que el asesinato haya sido enfrente de familiares, sino porque Sandra era una odontóloga muy reconocida en Florencia. Por eso, que la pena sea el equivalente a la de un homicidio simple, baja las expectativas de las mujeres caqueteñas frente a los alcances de la ley. Ellas se han empeñado en hacer visibles estos asesinatos y, en vista de que la justicia no actúa, se han organizado para resistir a la impunidad.
“En este momento no nos queda más que hacer visible el caso de Sandra Tovar. Volverlo emblemático en el país. Ya no nos quedan más recursos”, dice Patricia Franco, investigadora en temas de género y educación para la paz de la Universidad de la Amazonía.
Las leyes y las instituciones son un paseo de la muerte
El de Sandra es, en términos reales, el primer feminicidio del departamento del Caquetá después de la Ley Rosa Elvira Cely, que desde mediados de 2015 tipifica el feminicidio como un delito autónomo, es decir, que no depende de ningún otro delito. La Ley, se supone, garantiza la investigación y la sanción de las violencias contra las mujeres por razones de género, orientación y/o identidad sexual.
Desde entonces hasta hoy, en Caquetá van 42 mujeres asesinadas (de acuerdo con cifras de la Gobernación), y aunque no todos pueden ser considerados feminicidios, hay varios que sí lo son. Sólo este año van 16 asesinatos de mujeres, cuatro de los cuales ocurrieron en el mes de marzo y otros cuatro en agosto.
“Son muchos, aunque así no lo considere la Fiscalía”, dice Fanny Gaviria, de Corpomanigua, una organización que acompaña procesos de mujeres en el Caquetá desde 1995. Sólo uno de estos 42 casos ha sido definido como feminicidio en estrados judiciales.
Para Linda Cabrera, subdirectora de Sisma Mujer, esto es lo que pasa en todo el país: “vemos en los casos una tendencia general de resistencia de operadores judiciales a aplicar el tipo penal (feminicidio)”. Agrega, además, que son varios los casos en los que, desde la Fiscalía, se promueven los preacuerdos en los que el autor reconoce que mató a cambio de una reducción de la pena, sin respetar los derechos de las víctimas, como pasó en el caso de Sandra.
A esto se suma que la Ley por sí sola es insuficiente. Es una Ley que le da nombre al delito, que lo penaliza, pero que no lo previene. Llega sólo al final, cuando es demasiado tarde, explica Cabrera: “Por esto, la Ley Rosa Elvira Cely tiene que aplicarse en coordinación con la Ley 1257 que es la que tiene una intervención más integral y que es la que puede prevenir el feminicidio”.
Esa Ley 1257 que desde el 2008 dicta normas para sensibilizar, prevenir y sancionar formas de violencia y discriminación contra las mujeres, tampoco parece ser suficiente. La Ley establece 18 medidas preventivas, que son, de acuerdo con un subintendente de la línea de atención de derechos humanos de la Policía del Caquetá, cuestionables frente a la manera en que ocurren los hechos. “La Fiscalía nos da la orden de activar medidas que son insuficientes. Nos dicen que hagamos una visita en la mañana o en la tarde, pero eso no garantiza la seguridad de la mujer que está en riesgo”, dice el subintendente. Explica que medidas que pueden ser más efectivas como desalojar al victimario o el decomisarle las armas, no son autónomas de la Policía. El comisario de familia o la Fiscalía deben activar esas medidas preventivas, pero por lo general no lo hacen.
El reto es que la administración de justicia deje de lado la visión atomizada y simple de estos hechos contra las mujeres y actúe para prevenirlos. Creo que es un delito absolutamente predecible y las autoridades no están haciendo nada
Para Patricia Franco de la Universidad de la Amazonía la Ley 1257 no se está aplicando. Por una parte, hay ausencia de medidas eficaces de protección, en tanto dependen de un juez de garantías, de la Fiscalía y en últimas de la Policía. Y de otra parte, el sistema de salud, tampoco está haciendo la labor. “Muchas de las mujeres víctimas acuden al servicio de salud. Si llega al hospital con herida de bala sí llaman a la Policía. Pero si llega con golpes producto de una posible violencia, no acuden a las autoridades. Es lo contrario a lo que dice la Ley. El sistema de salud tiene la obligación de brindar protección, pero no lo está haciendo”, dice Franco.
Y no es sólo un problema de la ley. Es también un problema de que en las zonas rurales del Caquetá (como en el país en general), las mujeres no tienen dónde presentar una denuncia, no hay presencia de las autoridades. “Si a las que viven en Florencia les cuesta trabajo el acceso a la justicia, a las mujeres de zonas rurales, peor. Cuando llegan acá, ya están muertas”, explica Franco. A esto hay que agregar el desconocimiento por parte de quienes reciben las denuncias. “Feminicidio es un término nuevo. Muchos funcionarios acá ni conocen la norma. Ni la saben interpretar y lo que hay es revictimización”, dice Fanny Gaviria de Corpomanigua.
La ruta de atención a las mujeres tiene demasiados pasos, demasiadas barreras y entre tanto, a ellas las están matando. “El reto es que la administración de justicia deje de lado la visión atomizada y simple de estos hechos contra las mujeres y actúe para prevenirlos. Creo que es un delito absolutamente predecible y las autoridades no están haciendo nada”, dice Linda Cabrera de Sisma Mujer.
Se movilizan por sus muertas
Que no haya justicia ni acceso a ella y que mientras tanto las sigan matando es lo que moviliza a las mujeres del Caquetá. Así lo han hecho los últimos cuatro años, cada vez que matan a una de las suyas.
Este año, se movilizaron con el primer caso que ocurrió en febrero, para acompañar a los padres de una niña de 13 meses que fue violada y asesinada. Se movilizaron con el caso más reciente para rechazar el feminicidio de Yubeli Batache, de 21 años y estudiante de psicología, que fue asesinada por su pareja la primera semana de septiembre. Y se movilizaron, una vez más, el 13 de septiembre enfrente del Tribunal de Justicia de Caquetá. En esta última marcharon con cruces que tenían el nombre de las mujeres asesinadas en el departamento, con un ataúd de cartón pintado de negro y con carteles que llevaban escrito: “Es feminicidio”, refiriéndose al caso de Sandra Tovar.
No es necesariamente que ahora maten más mujeres en el Caquetá: “El conflicto armado siempre ha pasado por nuestros cuerpos”, dice Zunga la Perra Roja, activista trans del departamento. Y a esto añade Fanny Gaviria que las guerrillas, el narcotráfico, el paramilitarismo, y la militarización del territorio han contribuido a una filosofía de muerte en la que se mata para atacar o para defender, en la que hay desapego y menosprecio, en la que nada vale, incluyendo a la mujer. A las mujeres del Caquetá no las están matando ahora, las han matado siempre.
Pero varias defensoras de los derechos de mujeres del departamento concuerdan en que hoy hay mayor visibilización. Y tiene que ver con que en Colombia y en América Latina los derechos de las mujeres se exigen más que antes, pero también y sobre todo, tiene que ver con el proceso de paz con las Farc. Primero porque la instalación de una Zona Veredal Transitoria de Normalización en el departamento generó mayor presencia de organizaciones nacionales e internacionales en el territorio. El proceso de paz, explican, les ha permitido organizarse, estar en más espacios y no quedarse calladas. Y segundo, porque que ya no estén las Farc como guerrilla ha permitido hablar y pensar otros problemas. “Que la discusión no se centre tanto en los conflicto, sino en la cotidianidad, en la corrupción, en los derechos, en la justicia, nos permite jugar en la cancha de la visibilización. Ahora tenemos más canales para denunciar lo que está pasando en el Caquetá”, señala Zunga.
Desde 2013 se creó la Plataforma social y política para la incidencia de las mujeres del Caquetá, de la que hoy hacen parte 103 organizaciones de mujeres de los 16 municipios del departamento. Su objetivo es hacer visible que las mujeres y que las violencias que las afectan son diversas.
“Los casos se visibilizan porque nosotras estamos ahí. Antes pasaban, tanto los asesinatos como la violencia sexual, pero no se mostraba porque teníamos miedo, ahora somos una fuerza unida”, dice Yeny Chilatra Rivera, vocera de la Plataforma. Además, han logrado la creación de comités para la equidad, lo que amplía la participación de las mujeres para la toma de decisiones en los municipios del Caquetá y desde este año, la Plataforma y otras organizaciones, están haciendo seguimiento a la implementación de la Política pública desde, con y para las mujeres del departamento del Caquetá.
Hacer veeduría de estos procesos, participar, denunciar y movilizarse, son todos actos de resistencia. “No aguantamos más, estamos cansadas de la violencia social, institucional y machista” dice Zunga y agrega que no soportan que les nieguen sus derechos y que les restrinjan el acceso a los mismos. “Por eso resistimos, con actos simbólicos que visibilicen esta violencia. Ese es nuestro aporte”.
