Después de veinte años, la criticada gestión de Electricaribe termina gracias a una alternativa concebida por el gobierno de Iván Duque. Pero los costos de esa opción, que involucra a las nuevas empresas Air-e y Afinia, no son claros; y las circunstancias impuestas por la pandemia han ocultado detalles de la transacción oficial. Todo indica que el actual gobierno decidió utilizar el mercado de energía de la Costa como un regalo privado y no como un bien de la nación.

Afinia (en un principio llamada Caribe Mar, creada por las Empresas Públicas de Medellín) y Air-e (inicialmente Caribe Sol, creada por el Consorcio Energía de la Costa, de las empresas EnerPereira y a Latin American Capital) compraron Electricaribe en una subasta el 20 de marzo de 2020, poco antes de iniciar las cuarentenas obligatorias a causa del coronavirus. A través del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, el gobierno pudo dar un carácter privado a esta transacción, volver confidenciales sus detalles y endeudarse aunque los resultados financieros resulten negativos. Todavía se desconoce el monto de la compra y el tamaño de la deuda asumida por el Estado. En 2020 el gobierno desembolsó a Electricaribe más de 720 mil millones de pesos para reconocer un déficit de subsidios que fueron repartidos entre los nuevos operadores. 

Mantener la reserva sobre esta operación, en medio de unas condiciones excepcionales impuestas por la pandemia, implica ocultar los detalles de las facilidades financieras que propició el Estado a quienes adquirieron una empresa cuyos activos ascienden a seis billones de pesos y con casi tres millones de clientes en siete departamentos (Bolívar, Cesar, Sucre, Córdoba, Atlántico, Guajira y Magdalena). El trato afecta a unos diez millones de habitantes, en un mercado con un 23 % de participación en el suministro de energía nacional. La inversión de ambas empresas compromete una inyección de casi nueve billones de pesos durante los próximos diez años (5 Afinia y 3,7 Air-e).

Por otra parte, las dos empresas adquieren también los problemas operativos de Electricaribe, que tuvo el promedio más alto de interrupción del servicio en todo el país: 120 horas al año, cuando el promedio nacional es de 38 horas; y alcanzó un 35 % de pérdidas de energía, contra un 14 % de promedio nacional, según los indicadores de operación que recibió Air-e con corte al 30 de septiembre de 2020 (solo en Atlántico, Magdalena y La Guajira). En los siete departamentos, según el último informe de gestión de la Superintendencia de Servicios Públicos, el promedio de horas que faltó el servicio fue de 56, hasta agosto de 2020. Por cobro de las tarifas, Electricaribe pasó de 81 a 69 % durante los primeros meses de la pandemia, según reportó El Espectador, mientras que el recaudo a nivel nacional no baja del 90 %.

El sentimiento de los habitantes en la Costa es que “Electricaribe fue una tragedia”, dijo Norman Alarcón, coordinador de la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos en la región Caribe. El martes 16 de febrero esta organización denunció que personas sin identificar han hecho seguimientos al señor Alarcón cerca a su residencia y que asocian estas conductas con la veeduría que viene realizando a la instalación de nuevos medidores inteligentes y su posible impacto en las tarifas. “Aquí está comprobado que el gobierno le regaló la infraestructura de Electricaribe a estas dos empresas, a Air-e  y Afinia, al punto que no han querido decir por cuánto vendieron”, agregó Alarcón.

Una emergencia excepcional

En un debate de control político a la entonces ministra de Energía, María Fernanda Suárez, el 19 de mayo de 2020, el senador del Polo Democrático, Jorge Enrique Robledo, señaló el posible monto que el Consorcio Energía de la Costa, en manos del empresario Alberto Ríos Velilla, habría pagado por el negocio. La denuncia la hace a partir de una publicación hecha en la página de EnerPereira que estuvo disponible por lo menos hasta el 30 de marzo de 2020 (10 días después de realizada la subasta) y que luego eliminaron. Allí informaban que el consorcio había ganado “la puja por Caribe Sol” por “285 mil millones a la fecha del cierre del proceso”. El enlace original puede ser consultado en Internet Archive.

En ese debate la exministra Suárez respondió que los precios de compra “están sujetos a reserva al ser una relación entre privados […] en donde la Nación no es contraparte en la transacción”. Sin embargo, según la Superservicios, a partir de una resolución del 2 de diciembre de 2020 se asumió “la deuda del Fondo Empresarial con el Ministerio de Hacienda, es decir, los créditos de tesorería, por 3,9 billones”; y en una resolución del 28 de diciembre de 2020, “se asumió la deuda con la banca comercial por 864.000 millones”.

La Liga envió un cuestionario al actual ministro de Energía, Diego Mesa Puyo, para conocer su declaración al respecto, pero a la fecha de publicación de este reportaje no hubo respuesta.

Cuesta sostener que la Nación no sea contraparte de una transacción donde, según el informe de Gestión de la Superservicios, los “apoyos totales ascienden a 7 billones”, con montos de inversión de 1,4 billones de pesos, sustentados en “documentos CONPES 3910 de 2017 y 3933 de 2018, modificado por el CONPES 3966 de 2019”.

Sobre cuándo pueden los colombianos conocer el monto de esa subasta, la superintendente Avendaño expuso dos escenarios. “Solamente se podrá revelar en el momento que se publique la resolución de liquidación de Electricaribe o cuando las empresas que la adquirieron revelen dicho monto”, dijo. Esa resolución de liquidación debería estar próxima a expedirse, aseguró Avendaño.

“El gobierno se ha rodeado de una capa de niebla que le impide al país conocer lo que hace”, dice Camilo Enciso, director del Instituto Anticorrupción y exsecretario de Transparencia durante el gobierno de Juan Manuel Santos. “Vacunas, precios de venta de empresas, acuerdos para la administración de entidades enteras que manejan billones; todo inundado de capas y capas de obstáculos para impedir que podamos controlar la forma en que ejerce su poder”, dice.

Para Javier Alonso Lastra Fuscaldo, el exagente interventor de Electricaribe entre noviembre de 2016 y noviembre de 2018, no hay claridad sobre la deuda con el Fondo Empresarial, que en 2018 era de 200 mil millones, y que hoy, según Lastra, puede alcanzar los cuatro billones de pesos. Sobre el monto que pagaron los nuevos operadores “estoy por creer que fue de cero pesos”, dice.

Con la pandemia el gobierno creó el Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME) a través del Decreto de Emergencia Económica 444 expedido el 21 de marzo de 2020. Aunque la superintendente Avendaño asegura que “esta contratación no tiene nada que ver con el FOME”, hay puntos de ese decreto que vistos en detalle sí condicionan el modo en que entran a operar Afinia y Air-e.

El decreto permite nuevas reglas de juego para obtener el respaldo financiero del Estado. “Se podrán efectuar operaciones aun cuando al momento de su realización se esperen resultados financieros adversos, o que tengan rendimientos iguales a cero o negativos”, dice el artículo 4. Esto podría afectar los préstamos que realiza el Estado a los nuevos operadores de energía.

“Los procesos de contratación que se realicen en la ejecución de estos recursos se regirán por el derecho privado”, dice el artículo 6. En esas 19 palabras reside el poder del actual gobierno para justificar todo tipo de operaciones contractuales sin rendir cuentas. Por último, el decreto 444 tiene un capítulo denominado “Fortalecimiento patrimonial”. Allí se indica que las inversiones del Estado “se podrán efectuar aun cuando al momento de su realización se esperen resultados financieros adversos, o que tengan rendimientos iguales a cero o negativos”.

El verdadero alcance de estas condiciones excepcionales y las consecuencias que puede traer para las finanzas del Estado debería prender alarmas. Sobre todo cuando la pandemia exige grandes esfuerzos de los gobiernos para mitigar los efectos de la crisis económica en los ciudadanos.

Otras herencias

Además de adquirir Electricaribe a un monto desconocido, las dos nuevas empresas han sido beneficiadas con subsidios del Estado, incluso antes de entrar en operación. El 22 de diciembre de 2020, el Ministerio de Energía expidió la resolución número 32005, donde determina el valor a pagar para cubrir el déficit que cada empresa presentó entre el segundo y el cuarto trimestre de ese año.

De las 30 empresas, que incluyen las nuevas Afinia (Caribe Mar) y Air-e (Caribe Sol), Electricaribe presenta el mayor déficit con más de 148 mil millones de pesos. Le siguen EPM, con 125 mil millones, y Codensa con 110 mil millones. En total el Ministerio calcula en un billón dieciséis mil millones de pesos el saldo por menores tarifas de energía en 2020.

Según la resolución, esos 148 mil millones de pesos no se giran a Electricaribe, sino a Caribe Mar (91.127.587.182) y Caribe Sol (57.017.819.149).

En una resolución anterior, del 18 de septiembre de 2020, el Ministerio de Energía giró a Electricaribe la suma de 457.843 millones por el déficit de subsidios por el primer y segundo trimestre de ese año. 

Los cálculos del déficit de Electricaribe en realidad se distribuyeron con Caribe Mar y Caribe Sol así: en el primer trimestre, Minenergía giró 201 mil millones, que repartió entre Caribe Sol (77 mil millones) y Caribe Mar (124 mil millones).  En el segundo trimestre, el déficit de 255 mil millones se dividieron en 14 mil millones para Caribe Sol, 155 mil millones para Caribe Mar y 85 mil millones para Electricaribe. 

Para el segundo trimestre, la suma de 255 mil millones se distribuyó entre las tres empresas con 14 mil millones para Caribe Sol, 155 mil millones para Caribe Mar y 85 mil millones para Electricaribe.

En cuanto al tercer trimestre, la agente especial interventora de Electricaribe, Ángela Patricia Rojas, solicitó el 21 de diciembre de 2020 que el déficit calculado en 262 mil millones sea distribuido a Caribe Sol (101 mil millones) y Caribe Mar (161 mil millones). Eso deja un total de más de 720 mil millones de pesos de déficit de Electricaribe que en buena parte pasaron directamente a Afinia y Air-e.

Aún no hay claridad sobre quién ostenta legalmente la gerencia de Afinia (Caribe Mar -EPM). En el listado de empresas de energía de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), la agente interventora de Electricaribe, nombrada en noviembre de 2018 por la superintendente Avendaño, figura como gerente de Caribe Mar, un cargo que ocupa desde el 20 de abril de 2020, según la Cámara de Comercio de Barranquilla. La gerente anunciada por EPM, Blanca Ruiz Arroyave, está registrada como representante legal, nombrada el 24 de agosto de 2020. 

La Liga buscó una entrevista con la agente especial Ángela Patricia Rojas, con el subgerente Andrés Mauricio Benavides y con la gerente Blanca Ruiz Arroyave, pero no hubo respuesta.

Contrario es el caso de Air-e (Caribe Sol) donde sí aparece como gerente Jhon Jairo Toro. Y quien ya hizo una rendición de cuentas pública con el balance del primer trimestre de gestión.

Esta falta de claridad en torno a la gerencia de Afinia no es menor si se tiene en cuenta que solo un mes antes de su entrada en operación el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, dijo que EPM aún estaba evaluando su participación en el mercado de energía de la Costa. ¿Cómo una empresa que ha ganado una participación en una subasta puede de repente retirarse? ¿Qué garantías tienen los habitantes de la Costa de que este operador seguirá con la operación?

“Nos estamos enfrentando a una situación de incertidumbre eléctrica en la región, porque estas empresas lo que vienen es a llenarse de plata. Lo principal para ellos es la tasa de retorno, o de regalo, porque ellos no están invirtiendo casi nada”, dice el veedor Norman Alarcón.

El regalo

Esta historia empezó el 15 de noviembre de 2016, cuando el gobierno de Juan Manuel Santos ordenó la intervención de Electricaribe por “insolvencia financiera”, y describió la decisión como “la mejor salida”. Entonces se calculaba una deuda total de unos 4 billones de pesos. Pero “mejor salida” implicaba romper el negocio con los españoles de Gas Natural Fenosa (hoy Naturgy), quienes habían adquirido los derechos de Electricaribe en marzo de 2009. Sin embargo, la empresa venía manejada por los españoles desde el año 2000, en manos de Unión Fenosa.

El desastre de Electricaribe nació de “la privatización y la destrucción de una empresa industrial y comercial del Estado que fue Corelca, más o menos en 1970. Con la llegada de Fenosa en el 2000, los españoles estuvieron 16 años descremando el mercado y saqueando a los habitantes de la Costa”, dice Alarcón.

En marzo de 2017 esta ruptura se tradujo en una demanda de Gas Natural Fenosa ante el Tribunal de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil contra el Estado colombiano por 1.547 millones de dólares. La intervención despertó las críticas del entonces presidente de la empresa, Isidro Fainé, quien consideraba que el gobierno colombiano los estaba expropiando sin indemnización. Este litigio tendrá su primera etapa este año.

La operación de Electricaribe pasaba a manos del Estado a través de la Superintendencia de Servicios Públicos. Una de sus primeras decisiones fue nombrar a Javier Lastra como agente especial de la empresa; es decir, un gerente interventor. Lastra cuenta a La Liga que para ese momento, noviembre de 2016, la empresa tenía un pasivo de 2,5 billones de pesos, y las inversiones proyectadas a los siguiente 10 años ascendían a 7 billones de pesos. Debían, según Lastra, 1,8 billones a los bancos, casi 400 mil millones con los generadores de energía y 250 mil millones con los proveedores.

“Los objetivos de la intervención fueron garantizar la prestación del servicio y buscar una solución estructural y definitiva”, dice Lastra. Con un recaudo por el pago del servicio que estuvo entre el 81 y 84 %, y una pérdida de energía de hasta un 23 %, la operación dependía de préstamos otorgados por el Fondo Empresarial, encargado de cubrir el déficit. La deuda llegó en 2018 a 200 mil millones de pesos.

La solución implicaba seguir administrando a Electricaribe hasta encontrar un nuevo operador interesado en comprar. “Decidimos ofrecer la empresa así como estaba, y quien la comprara debía asumir todo, la deuda, la inversión y los costos de operación”, cuenta Lastra. La idea era probar suerte y ver si alguien ofrecía.

Bajo la administración del presidente Iván Duque, el 2 de noviembre de 2018, se presentó el grupo italiano ENEL, que en fusión con Codensa opera en Bogotá y 100 municipios de Cundinamarca: el 25 % del mercado nacional. La ley 142 de 1994 impide que una sola empresa tenga más de un cuarto del mercado de energía, y esto dejó fuera al grupo. Pero la estrategia del gobierno Santos de ofrecer la empresa con su millonaria deuda demostró que había al menos un interesado.

Para el nuevo gobierno la lectura fue otra. “En ese momento hay una reunión en la que se decide el cambio de rumbo y que lo mejor era suspender el proceso”, dice la superintendente Avendaño. “El Presidente, junto con el ministro de Hacienda (Alberto Carrasquilla), la entonces ministra de Minas y Energía (María Fernanda Suárez), la exdirectora de Planeación Nacional (Gloria Amparo Alonso) y yo, decidimos cambiar, sobre todo desde el punto de vista financiero”, cuenta.

Según Avendaño, el gobierno iba a hacer una gestión frente al Congreso que le permitiría al Estado asumir las deudas y luego segmentar el mercado. El 16 de noviembre de 2018, a dos años de la intervención oficial, la superintendente de Servicios Públicos nombra como nueva interventora a la abogada Ángela Patricia Rojas, para empezar un pretendido borrón y cuenta nueva.

“No hubo borrón y cuenta nueva. Se pasó de un plan A hacia un plan B”, dice Javier Lastra. Para el exagente especial de Electricaribe, la nueva estrategia fue hacer más livianos sus pasivos y cambiar la estructura de tarifas. Lo que el gobierno ofrecía era no pagar la deuda anterior ni el pasivo pensional, y subir la tarifa.

En el anuncio de esta decisión, el 29 de noviembre de 2018, el presidente Duque hizo un balance. “En dos años de intervención no tiene el país una ruta clara”, dijo. El proceso se suspendía y la nación asumía el pasivo pensional de Electricaribe. Sobre las deudas del Fondo Empresarial no se habló. Sí lo mencionó en cambio el senador conservador Efraín Cepeda: “Se aligera la carga, pues la nación asume los pasivos, y las deudas antes de la intervención tampoco entran en el esquema del nuevo operador”, dijo Cepeda. El regalo estaba servido. 

Así lo consideró el representante a la Cámara del partido Cambio Radical, César Lorduy: “Sentimos que esto es un regalo que nos merecemos en la región Caribe. El moño que hace falta, Presidente, es que mayores tarifas no terminen afectando a los ciudadanos”, dijo.

El 2 de abril de 2019 se lanzó oficialmente el nuevo proceso. Paralelamente se tramitaba en el Congreso el Plan Nacional de Desarrollo. Fue allí donde se le puso el moño al regalo con una sobretasa de 4 pesos por kilovatio para los estratos 4, 5 y 6 en todo el país, que hoy no está vigente. Además los siete departamentos quedaron divididos en un segmento: Bolívar, Cesar, Sucre y Córdoba, y en el otro segmento Atlántico, Guajira y Magdalena. Todo formalizado en los artículos 315, 316, 317 y 318 del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 (Ley 1955 de 2019), tramitado a través del Congreso, con el apoyo de la bancada de la Costa Caribe.

El “cambio de rumbo” era en realidad una oferta atractiva para cualquier interesado en desatar el moño. “Iniciamos una gira de promoción internacional muy fuerte. Recorrimos medio mundo en tres semanas, acompañados de la banca internacional. Luego pasamos a la promoción nacional. Hicimos más de 70 encuentros durante todo el mes de abril y mayo (de 2019)”, cuenta Avendaño.

Con la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo, el 31 de mayo se cerró el proceso de precalificación, al que se presentaron, según la Superintendente, seis empresas que cumplían con los requisitos; tres nacionales y tres extranjeras. Allí arrancó un proceso que debía durar entre seis y ocho meses, donde los interesados estudiaban el mercado antes de hacer su oferta. La subasta estaba programada para octubre de 2019, pero se pospuso debido a que la Corte Constitucional declaró inconstitucional la Ley de Financiamiento aprobada a finales de 2018. Esto, según Avendaño, modificó las condiciones tributarias y obligó a detener el proceso hasta que la llamada Ley de Financiamiento volviera a ser ley de la República.

La nueva fecha se pactó para febrero de 2020, pero en ese momento, dice Avendaño, dos interesados dijeron que necesitaban tres semanas más para ofrecer. El gobierno aceptó el nuevo plazo: 20 de marzo de 2020. Así, Afinia y Air-e compraron los dos segmentos del mercado de comercialización de energía operados por Electricaribe a un precio que hoy el país todavía desconoce. 

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