En Llorente la tranquilidad es una ilusión. Desde hace varios años sus pobladores viven bajo la presión de distintos grupos armados, tanto legales como ilegales. “La situación de seguridad ha estado bastante mala”, reconoce un miembro de la Guardia Indígena de uno de los resguardos del pueblo Awá. Habla a cambio de que no se publique su nombre.

Si bien en Llorente la alteración del orden público ha sido una constante en la última década, este guardia asevera que en el último año “toda esta maldad se ha aumentado” y para sustentarlo explica que “los grupos se van uniendo cada día más y van aumentando, y otros frentes van saliendo”.

Para sus pobladores, el Acuerdo de Paz, firmado en noviembre de 2016 en Bogotá por el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos (2010-2018) con la extinta guerrilla de las Farc, ha llevado calma al corregimiento. Por el contrario, ante la salida de los insurgentes hacia la reincorporación a la vida legal, varios grupos armados ilegales iniciaron una cruenta disputa sobre esta amplia región selvática, convertida desde hace varios años en enclave de producción de clorhidrato de cocaína con destino a los mercados internacionales.

“Nosotros estamos acorralados”, se queja el guardia indígena. Uno de sus efectos es el silenciamiento de las comunidades y sus pobladores. Son pocos los que quieren hablar y aquellos que se deciden prefieren el anonimato. Y lo hacen solo en espacios donde se sienten seguros.

Un hecho que profundiza ese silencio fue el asesinato de Javier Córdoba Chaguendo, locutor de la emisora Planeta Stereo que transmite desde Llorente. Los hechos ocurrieron el pasado 18 de octubre a plena luz del día y en su cabina de radio. Poco se sabe hasta el momento de las razones de este homicidio.

A este homicidio se le suma una cadena de ataques a la prensa en los últimos dos años en Tumaco. Según los registros de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), en el 2018 se presentaron dos agresiones físicas y una amenaza, y hasta el 14 de noviembre de este año se presentaron  una amenaza y un hostigamiento. 

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¿Cuáles son las fuerzas que imponen el terror en este corregimiento, el más importante de Tumaco por su actividad comercial? ¿Qué efectos está teniendo entre las comunidades, sobre todo en las indígenas del pueblo Awá, que son mayoritarias en esta zona? ¿Por qué los organismos de seguridad del Estado no han sido capaces de frenar esa violencia?

Hace unas semanas un equipo periodístico de  La Liga Contra el Silencio visitó algunas zonas con el fin de buscarle respuestas a esas preguntas, y a otras más que fueron surgiendo durante las labores de reportería. 

Justamente hace poco más de un año, La Liga recorrió esa región para constatar las consecuencias generadas por el asesinato de tres miembros del equipo periodístico del diario El Comercio de Quito y la posterior muerte de su verdugo, un disidente de la antigua guerrilla de las Farc durante un operativo realizado por la Fuerza Pública. 

Tanto en aquel viaje el año pasado como en el más reciente, el silencio es un factor que predomina entre sus pobladores. Pocos se atreven a hablar. 

Promesa incumplida

El incremento de las acciones violentas en este corregimiento comenzó a evidenciarse desde finales de 2017, justo cuando los frentes de la antigua guerrilla de las Farc entregaron las armas y sus hombres iniciaron su tránsito a la vida legal.

Las preocupaciones de sus pobladores, autoridades ancestrales y líderes sociales quedaron plasmadas en la Alerta Temprana de Inminencia N. 004-18, fechada el 7 de enero de 2018, mediante la cual la Defensoría del Pueblo llamó la atención sobre potenciales vulneraciones a los derechos humanos en varias zonas urbanas de Tumaco, así como en los corregimientos de Espriella y Llorente. El riesgo, de acuerdo con esta entidad, lo estaba generando “la disputa por el control territorial entre grupos armados ilegales”.

En su análisis, la Defensoría evidenció la existencia de varias estructuras criminales que pugnaban por ocupar las áreas donde operaban los frentes Daniel Aldana y Mariscal Antonio José de Sucre de la extinta guerrilla de las Farc. El documento detalla que “estos grupos armados ilegales o de delincuencia organizada, posiblemente son financiados con actividades del narcotráfico lo que les permite fortalecer sus estructuras, pretendiendo el control territorial de Tumaco y la costa Pacífica nariñense”, y estarían integrados por excombatientes que no se acogieron al Acuerdo de Paz.

Esta Alerta Temprana registró la presencia de La Gente del Orden, Guerrillas Campesinas, Guerrillas Unidas del Pacífico, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y la guerrilla del ELN. Además, destacó la presencia en los resguardos del pueblo Awá de “un grupo delincuencial compuesto por exintegrantes de las Farc-Ep y del ELN”.

Ante los altos niveles de riesgo que enfrentaba la población tumaqueña, entre ellos un aumento desmesurado de los homicidios, que en 2017 llegó a 210 casos, 58 muertes más que en 2016, según registros del Instituto Nacional de Medicina Legal, el gobierno nacional tomó medidas drásticas para contrarrestar la situación. 

El 12 de enero de 2018 el presidente Santos instaló la Fuerza de Tarea Hércules, una estructura operacional conformada por cerca de 9 mil uniformados que se encargaría de combatir las organizaciones armadas en los diez municipios que integran la subregión Pacífica de Nariño.

Durante la ceremonia de instalación, el mandatario afirmó que esta Fuerza de Tarea iba a “ayudar a devolverle la tranquilidad a 425 mil habitantes” de los municipios de Tumaco, Barbacoas, El Charco, Francisco Pizarro, La Tola, Magüí Payán, Mosquera, Olaya Herrera, Roberto Payán y Santa Bárbara.

Pese al despliegue armado y a la concentración de fuerzas en esta región selvática y marítima, limítrofe con Ecuador, las acciones de organizaciones criminales no fueron contenidas de manera eficiente. Tanto así que hombres de un grupo de disidentes de las Farc, conocido como ‘Oliver Sinisterra’, bajo el mando de Walther Patricio Arizala Vernaza, alias ‘Guacho’, se movía entre ambos países sin traba alguna. 

La gravedad de la situación quedó expuesta tras el secuestro y posterior asesinato del periodista Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra, equipo del diario El Comercio de Quito que adelantaba labores de reportería en la candente frontera. Su muerte fue anunciada el 13 abril por el presidente ecuatoriano Lenin Moreno y se responsabilizó a alias ‘Guacho’ del múltiple crimen.

Lo que vino después de este cruento hecho, que aún no ha sido aclarado con detalle, fue el fortalecimiento de la militarización de la frontera binacional, circunstancia que se sintió con fuerza en Llorente, donde las comunidades rurales comenzaron a quejarse de los abusos de las tropas estatales y de los riesgos que generaba la profusión de grupos armados ilegales.

La vulnerabilidad de la población civil fue nuevamente advertida por la Defensoría del Pueblo   a través de la Alerta Temprana de Inminencia N. 044– 18, fechada el 6 de mayo de 2018. Tras hacer referencia al crimen del equipo del diario El Comercio de Quito, el documento destacó que “las operaciones de la Fuerza Pública colombiana, y también de la Fuerza Pública ecuatoriana, se incrementan en la zona de frontera, afectando a comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes que han sentido el rigor de los controles para el ingreso a sus territorios, así como del ejercicio militar que pretende dar con la captura de Walther Patricio Arizala Vernaza, conocido con el pseudónimo de ‘Guacho’”.

Luego de una intensa persecución en las selvas tumaqueñas, alias ‘Guacho’, un antiguo miembro del Frente Daniel Aldana de las extintas guerrillas de las Farc, fue dado de baja el 21 de diciembre en la vereda Peña Caraño, del corregimiento de Llorente. Sin embargo, ni la fuerte militarización ni esta muerte trajeron la tranquilidad que les prometieron a las comunidades; por el contrario, al final del año, el Instituto Nacional de Medicina Legal reportó 269 homicidios, 59 más que en 2017, cuando se presentaron 210 casos.

La queja es constante entre sus pobladores, quienes están agobiados por la presión de los grupos armados ilegales: “El que vende por ahí un racimo de plátano ya le están cobrando ‘impuestos’, el que vende una arrobita de arroz ya tiene que dejar un kilo para ellos. Estamos mal, estamos mal”, se lamenta un campesino entrevistado.

Reiteran alertas

Nuevamente la Defensoría del Pueblo advirtió de los riesgos que corría la población civil en Tumaco, entre ellos los habitantes del corregimiento de Llorente. En una carta enviada a Sandra Patricia Devia, del Ministerio del Interior, y fechada el 5 de febrero de 2019, reiteró las vulnerabilidades expuestas un año atrás en la Alerta 004-18.

“Desde finales del año 2018, se han incrementado los índices de homicidios en la zona rural de Tumaco, generando temor en las comunidades por la presencia de personas que transitan libremente con armas largas y cortas, camuflados, con capuchas, para intimidar a la población civil”, destaca el informe enviado al Ministerio del Interior.

Las alteraciones del orden público para comienzos de año se originaban, según la Defensoría del Pueblo, en la “configuración y expansión del grupo armado ilegal de alias ‘Contador’, quien estaría asociado con los carteles del narcotráfico”. Al parecer, de acuerdo con la información recaudada por funcionarios de esta agencia estatal, esa organización se estaría aprovechando de una “tregua” que habrían concretado los jefes del Frente Oliver Sinisterra y las Guerrillas Unidas del Pacífico.

De alias ‘Contador’ es poco lo que se sabe. Tanto la Fiscalía, como el Ejército y la Policía Antinarcóticos lo califican como el mayor narcotraficante de la zona del Pacífico nariñense y estaría atrayendo a disidentes de las antiguas Farc para conformar una poderosa organización criminal. Al parecer, sus negocios los realiza en Llorente con emisarios del cartel de Sinaloa, de México, sus principales clientes.

Informes de la Gobernación de Nariño indican que durante el primer semestre de 2019 se registraron 102 homicidios en Tumaco, lo que evidencia una disminución sustancial con respecto a igual periodo del año pasado, cuando se presentaron 161 asesinatos. Algunos observadores se atribuyen esa reducción a la tregua entre grupos armados ilegales, pero la explicación al parecer va más allá y se debería, también, a un alto nivel de subregistro ante la falta de denuncias.

“La mayor parte de muertes violentas en puntos rurales de Tumaco -Llorente, La Guayacana y Espriella- no se registran, son cadáveres enterrados por sus propios familiares, en el mejor de los casos tirados a los ríos o sepultados en fosas”, asegura un conocedor de las dinámicas de violencia de la región que pidió no ser identificado. A su juicio, ese subregistro se daría por dos razones: “la Fuerza Pública no ingresa a ningún territorio que implique dejar la vía Pasto- Tumaco; y la gente, temerosa de represalias, prefiere llevar el luto en familia, sin denunciar las atrocidades”. 

Un factor clave en las investigaciones judiciales, el análisis de la escena del crimen, al parecer también se está perdiendo. “A algunas zonas rurales de Tumaco solo pueden llegar colaboradores de las funerarias, quienes terminan haciendo los levantamientos de los cadáveres, sin experticia alguna; luego los trasladan al cementerio y ahí ya llegan los forenses o el investigador del caso para llevar a cabo la reseña. En ese proceso se pierden evidencias, es decir, la huella del crimen”, relata la fuente consultada, quien también pidió confidencialidad en su identidad.

Voz del pueblo Awá

Las acciones armadas y la pretensión de ejercer dominio territorial y social generaron, según la Defensoría en su informe de febrero de 2019, “amenazas e intimidaciones de actores armados a gobernadores, líderes y miembros de la guardia indígena de no permitir el ingreso a sus territorios a miembros de la fuerza pública, para evitar operaciones militares que puedan afectar las finanzas de las economías ilegales de la cual se benefician estos grupos; y la vinculación de jóvenes de estas comunidades en pertenecer a estos grupos a cambio de un pago mensual”.

“Nosotros lo que queremos es que nos respeten”, dice, airado, un gobernador indígena Awá consultado al respecto, quien solicitó la reserva del nombre por razones de seguridad. Y esa exigencia de respeto va dirigida tanto a los grupos armados legales como ilegales. Ambos, de diversas maneras, los acosan e intimidan, asegura esta autoridad ancestral, quien habla a nombre de los pocos más de 7 mil indígenas de esta etnia que viven en distintas zonas de Tumaco.

Al ser preguntado por las razones de las amenazas a varias autoridades ancestrales por cuya gravedad tienen esquemas de seguridad de la Unidad Nacional de Protección, no vacila en responder: “Nos amenazan porque nosotros nos paramos y hacemos reconocer nuestros derechos”.

Las intimidaciones en contra de las autoridades ancestrales se han venido intensificando en los últimos meses, sin saberse con certeza de dónde provienen. No obstante, el gobernador Awá consultado tiene su propia opinión al respecto: “Nos hemos sentado en el centro de la madre tierra a hacer armonizaciones y a analizar, y hablándolo sinceramente, las amenazas vienen siendo parte del Estado porque los líderes defendemos nuestro territorio, la madre tierra, y cuando nosotros defendemos nuestro liderazgo, nuestros procesos de nuestra madre tierra, que es la cosmovisión de nuestra naturaleza, el gobierno nacional no reconoce los pueblos indígenas, no respeta la madre tierra ni la consulta previa”.

Una de las quejas del gobernador Awá se refiere a las acciones de la Fuerza Pública en territorio indígena en su tarea de contener la criminalidad: “Nos enojamos porque entra el Ejército, nos captura a gente inocente que ni siquiera tiene que ver, nos llevan a la cárcel, son capturas ilegales, y por eso nosotros nos hemos parado a decirle al Estado que nos respete”. 

Otra de las quejas contra el Ejército la expone una activa líder Awá: “En un resguardo indígena, en Chinguirito Mira, donde tenemos una granja, los militares asumieron que la marranera era un laboratorio (de producción de base de coca) y lo ametrallaron”.

Los hechos a los que alude esta lideresa, que también habló bajo reserva de identidad, ocurrieron el 2 de mayo pasado, cuando tropas del Ejército aterrizaron en la zona y procedieron a atacar el sitio. Los hechos fueron denunciados por la Organización Indígena de Colombia (ONIC), que aclaró que los miembros de la Fuerza Pública afectaron bienes de la Granja Agropecuaria Microempresarial, un proyecto financiado con dineros de la Unión Europea.

“Este proyecto tiene como finalidad implementar estrategias para ir disminuyendo la expansión de la siembra de los cultivos de uso ilícito, aportar en el mejoramiento de la calidad de vida de los beneficiarios y fortalecer la soberanía alimentaria de los mismos”, aclaró la ONIC y denunció que “somos objeto de acciones ejercidas por servidores públicos que, en vez de proteger nuestra honra y bienes como función constitucional, deterioran, destruyen nuestro territorio, señalando de manera general que todo lo que las comunidades consiguen es por el uso del narcotráfico argumentando que son espacios de cristalizaderos de base de coca”.

La líder indígena reitera que rechazan la injerencia de cualquier organización armada y así se lo han hecho saber a todos los que trasiegan por los resguardos Awá, sin que precise a qué estructuras criminales se refiere. 

En la región se habla de la presencia de mexicanos, quienes son los principales compradores de la cocaína que se produce en las profundas selvas tumaqueñas. Al respecto, la lideresa tampoco da detalles, pero deja en el ambiente que sí están: “Tumaco es un puerto y se maneja la salida de muchos cargamentos. Se dice que hay muchos grupos y que entre ellos están los mexicanos”. 

¿Son un factor de riesgo? “pueden convertirse en un factor de riesgo en la medida que los gobernadores y los líderes están defendiendo el territorio y no le permiten el ingreso a ningún grupo. Los gobernadores y las autoridades están con un bastón y la palabra, pero ellos están con armas”, responde.

La situación de vulnerabilidad del pueblo Awá fue objeto de un amplio análisis de la Corte Constitucional en 2009 que dejó plasmado en el Auto 004, mediante el cual advirtió de los riesgos de extinción que enfrentaban varias etnias más.

“Los derechos fundamentales individuales y colectivos del pueblo Awá están sujetos a violaciones de naturaleza ‘permanente, sistemática y generalizada’, derivadas de infracciones constantes del Derecho Internacional Humanitario por todos los actores enfrentados en el conflicto armado colombiano”, se lee en el Auto 004. 

Diez años después la situación tiende a agravarse. Si bien hay una fuerte presencia de tropas del Ejército, aún no logra generar confianza. Sobre ello la líder Awá asegura que “la militarización afecta toda la región. Y la verdad, sorprende que, ante toda esta militarización, los líderes siguen siendo amenazados. Es algo inexplicable”.

A su juicio, tanta presencia estatal a través de la Fuerza Pública es más negativo que positivo: “La zozobra es muy grande, la gente no tiene confianza en el hecho de que haya militares. Incluso, genera mayor desconfianza, más miedo, más temor, en la gente porque no se sabe qué grupo va a venir; además, los militares no están respetando el territorio, se ubican en espacios que no deben ubicarse, incluso en algunos resguardos han llegado hasta los centros educativos”.

Pero los narcotraficantes también afectan, y de gran manera, los resguardos. Ejemplo de ello se evidenció a finales de agosto pasado cuando una errónea manipulación de válvulas clandestinas instaladas en algunos tramos del Oleoducto Trasandino terminó en una explosión generando una fuga de petróleo que acabó contaminando la quebrada Pianupí y, de paso, afectando el suministro de agua a las comunidades Awá. “Esa es el agua de nosotros, donde nos bañamos, la utilizamos para hacer de comer. Pero con esas voladuras el río se llena de crudo, entonces nos afecta”, se lamenta el guardia indígena.

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Para este indígena awá la situación de seguridad es toda una paradoja, por lo que prefieren tener su autonomía como autoridad propia: “Si aquí nosotros traemos el Ejército que ayude a vigilar, los grupos armados también nos matan a nosotros, porque somos colaboradores del Ejército y vamos a tener más enemigos. Es mejor no dejarlos entrar a nuestros territorios. Ni grupos ni el Ejército”.

La Liga Contra el Silencio buscó, a través de VerdadAbierta.com, al general Jorge Hoyos, comandante de la Fuerza de Tarea Hércules, para hablar al respecto de los grupos armados ilegales que operan en Llorente y sus afectaciones a la población civil. Los mensajes fueron enviados a través de la subteniente Andrea Reyes, su jefe de prensa, pero no se obtuvo respuesta alguna.

Narcotráfico, telón de fondo

Tumaco es el municipio en Colombia con la mayor extensión de cultivos de hoja de coca para uso ilícito. De acuerdo el informe de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) para el año 2018, el puerto nariñense es el principal productor de hoja de coca en el país con poco más de 20 mil hectáreas sembradas en su territorio, buena parte de las cuales están plantadas en resguardos indígenas y consejos comunitarios de comunidades afro.

La violencia que padecen los tumaqueños, particularmente de las zonas rurales, obedece a la disputa por el control de estas zonas de siembra y, también, por los entables de procesamiento de la base de coca, los cristalizaderos y las rutas de salida al océano Pacífico. En medio de esas confrontaciones están las comunidades indígenas, afros y campesinas asentadas en Llorente, el principal centro de comercialización de la droga ilícita.

“Eso está malo en asuntos del narcotráfico, estamos también afectados en eso”, diagnostica el guardia indígena Awá consultado. Y asegura que a los grupos armados ilegales que trajinan por los resguardos y los consejos comunitarios “no les gusta que uno haga arrancar la hoja de coca, porque son enemigos de uno, de eso es que ellos se alimentan, de la hoja de coca”. Ante ello plantea que lo mejor es que “arranquen hasta la última mata para que toda esa gente se retire”, pero esa solución requiere medidas complementarias.

“Nos dicen que los gobernadores defendemos los cultivos ilícitos, y no es eso; defendemos nuestra parte territorial que nos compete a nosotros, nuestra propia cosmovisión”, dice el gobernador Awá y argumenta que quienes siembran hoja de coca lo hacen ante la ausencia de inversión del Estado. “Hablándolo sinceramente se dedicaron a los cultivos ilícitos por la sencilla razón de que aquí no ha habido una alternativa ni de la Alcaldía, ni del gobierno departamental, ni del gobierno nacional”. 

La líder Awá reitera lo dicho por el gobernador y agrega que “el resguardo no está a favor de ningún grupo, ni tampoco defiende la coca, lo que se busca es que se haga una sustitución, pero concertada”. Desde su experiencia en el desarrollo de proyectos productivos, sugiere que si les brindan a las comunidades “alternativas de generación de ingresos, la gente se va saliendo de los cultivos”. El problema, según ella, vuelve y lo reitera, es que “la gente ya no cree en el Estado”.

Y esa falta de confianza, por lo menos de los Awá, se observa en las cifras del Plan Nacional Integral de Sustitución de cultivos de uso ilícito, conocido como el PNIS, pactado en el Acuerdo de Paz con las extintas Farc con el cual se pretende atacar el problema de las drogas ilegales en el país adoptando estrategias de apoyo económico y técnico a quienes decidan erradicar de manera voluntaria sus plantaciones.

Una consulta realizada a la Alta Consejería para el Posconflicto, estableció que, en Llorente, 4.380 familias están vinculadas al PNIS y solo una de ellas proviene del pueblo Awá. Asimismo, informaron que, a 30 de septiembre de este año, se han erradicado voluntariamente 1.255 hectáreas en este corregimiento. 

Y con respecto a los efectos que puede tener las difíciles condiciones de seguridad, desde esta Consejería respondieron que “no ha habido situaciones de orden público que alteren la implementación del PNIS en Llorente, en este corregimiento se está atendiendo a las familias vinculadas al Programa, conforme al avance de cada núcleo”.

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Ante esa falta de confianza, los Awá han recurrido a la cooperación internacional para impulsar sus iniciativas productivas, entre ellos de la Unión Europea. “Esos proyectos se convierten en una alternativa, pero no son la solución”, dice la líder indígena consultada. A su juicio se requieren otras estrategias para que se fortalezcan, como carreteras y canales de comercialización.

El gobernador Awá reitera que es justamente por eso que las comunidades indígenas ven en la hoja de coca un alternativa ante las dificultades de dedicarse a otros cultivos: “No ha habido una empresa del gobierno que haya impulsado una comercialización de todos los productos que se sacan aquí. Todo esto fueron tierras yuqueras, pero la yuca se quedó dentro de la tierra porque no había quien la comprara. Eso ha sido un abandono total”.

Reclamos como estos son los que rechazan los grupos armados ilegales porque amenazan su lucrativo negocio. De ahí que impongan su terror y establezcan una especie de ley del silencio entre las comunidades. Por ello en Llorente quienes quieren hablar de la situación, prefieren hacerlo desde el anonimato, aunque los riesgos no dejan de gravitar a su alrededor. 

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