La política de tierras del Presidente Iván Duque es aún un misterio. Su programa de campaña esbozaba unas propuestas generales que dejaban entrever una inclinación para promover la producción de la agroindustria y favorecer los grandes propietarios de tierras. Desde su posesión poco o nada ha dicho sobre la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, la aplicación de los compromisos de tierras del acuerdo de paz con las FARC y la política de tierras en general. Además, se tomó más de un mes en nombrar los directores la Agencia Nacional de Tierras y la Unidad de Restitución Tierras, dos entidades que son fundamentales para el sector rural y para la implementación del acuerdo de paz con las FARC. A esto se suma el ruido de las propuestas de su partido, el Centro Democrático, para reformar la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.
Las principales instituciones encargadas de la política agropecuaria, rural y de tierras quedaron en manos de los gremios productivos
Este silencio genera una alta incertidumbre y da un amplio espacio para las especulaciones. Primero, las principales instituciones encargadas de la política agropecuaria, rural y de tierras quedaron en manos de los gremios productivos. El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural fue durante varios años director de Fenavi. Mientras los directores de la Unidad de Restitución de Tierras, Andrés Augusto Castro, y la Agencia Nacional de Tierras, Myriam Martínez, trabajaron por varios años en Fedepalma. ¿Podrán estos nuevos funcionarios actuar con independencia y hacer primar el interés general sobre el particular de sus antiguos gremios?
Aunque es importante dar un compás de espera a los nuevos funcionarios, esto no es obstáculo para expresar algunas preocupaciones válidas sobre su independencia. Deberán tomar decisiones difíciles y polémicas. Incluso decisiones que pueden afectar negativamente los gremios que representaron en el pasado. La Unidad de Restitución de Tierras y la Agencia Nacional de Tierras deberán continuar aplicando la política de restitución para la población desplazada, formalizar derechos de propiedad de millones de hectáreas que se encuentran bajo arreglos informales, clarificar los derechos de propiedad de otras tantas, adjudicar tierras a la población campesina y trabajar con el IGAC para sacar adelante el catastro multipropósito.
Para evitar conflictos de interés y posibles suspicacias, Andrés Augusto Castro y Myriam Martínez se deben declarar impedidos en decisiones relacionadas con Fedepalma. Son entonces funcionarios que, desde el inicio de su gestión, tendrán un campo de acción limitado. Es importante, además, que demuestren con sus primeras decisiones que su función y objetivos como funcionarios del Estado es hacer primar el interés general sobre el interés individual de unos gremios poderosos. La falta de claridad sobre la política de tierras hace que estos nombramientos puedan generar una alta incertidumbre y fuertes aprehensiones entre todos los pequeños y medianos propietarios.
Es importante que demuestren con sus primeras decisiones que como funcionarios van a hacer primar el interés general sobre el interés individual de unos gremios poderosos.
A esto se suma la propuesta del Centro Democrático para reformar la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. La reforma busca eliminar la inversión de la carga de la prueba. Esta inversión de la carga de la prueba tenía como objetivo reducir las asimetrías de poder entre los despojadores, que en muchos casos tenían el poder las armas, y los despojados, que carecían de recursos económicos para contratar buenos equipos legales. Eran entonces los despojadores quienes debían demostrar que los reclamos de los despojados no eran válidos. Es claro que terceros de buena fe fueron afectados por el proceso de restitución de tierras y esto es lo que busca evitar la propuesta del Centro Democrático. Sin embargo, se pueden buscar alternativas para evitar la afectación a terceros de buena fe sin debilitar la capacidad de la población desplazada para reclamar sus tierras. Y, de nuevo, el silencio del Presidente Duque es elocuente y preocupante.
Es fundamental que pronto el Presidente Duque ponga las cartas sobre la mesa y haga explícita su política de tierras. Esto reduce incertidumbres y suspicacias, que pueden ser infundadas, y también permite que todos los grupos afectados por esta política decidan el camino a seguir.
