Lo que va a reducir la corrupción en el país no es una ley. Lo que la va a reducir es el fortalecimiento de la ciudadanía en los procesos de participación y veeduría.
Presupuestos públicos con participación de la ciudadanía. A eso le apuesta la cuarta pregunta de la Consulta Anticorrupción. A esto se le conoce como presupuesto participativo y es, según el senador Antonio Navarro Wolf (precursor de esta figura en el país), una de las expresiones más significativas de una sociedad democrática.
La idea nació en Brasil en la década de los ochenta y en Colombia la implementó Navarro Wolf desde 1995 como alcalde de Pasto. Navarro lo hizo bajo la figura de Cabildo Abierto, como un espacio de rendición de cuentas de la clase dirigente y de participación de los ciudadanos para tomar decisiones sobre los procesos de desarrollo local. Desde entonces en Pasto y en Nariño esta figura se mantiene. Hoy en Pasto el presupuesto participativo es el 50 % del presupuesto público del Municipio.
En 2001 la figura se implementó en el departamento de Risaralda y en 2004 en Medellín, en donde hasta hoy en cada comuna y corregimiento los habitantes eligen unos delegados que los representan en la toma de decisiones sobre la inversión de los recursos públicos.
El presupuesto participativo se comenzó a implementar en varios lugares del país antes de ser reglamentado. Sólo hasta 2012, cuando se expidió la Ley 1551 para modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios en Colombia, se consideró legalmente como una figura necesaria para apoyar la inversión social en los corregimientos, comunas y localidades del país. Con esta ley se estableció que dentro de los Presupuestos Municipales se debe crear un componente denominado Presupuesto Participativo.
Por eso, si la figura ya existe, si legalmente ya está considerada, la pregunta es en qué cambiaría el Sí a esta pregunta en la Consulta. Según Pablo Sanabria, profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, más que exigir presupuestos participativos de la ciudadanía en Colombia, que ya los hay, lo importante es “buscar la manera de fortalecer la sociedad civil para que haga uso de estos mecanismos de participación y veeduría”, asegura. Porque al darle control a la ciudadanía sobre la definición de presupuesto público, cabe la duda sobre la capacidad de gestión de la misma. Lo que sigue, dice Sanabria, es definir la participación de la ciudadanía dentro de estos procesos, porque los que han participado hasta ahora son los que tienen conocimiento del caso o incidencia dentro del proceso, es decir, los que tienen tiempo o son líderes comunitarios o tienen algún tipo de participación política.
Sanabria piensa que falta definir dentro de la Consulta cuáles serán los métodos para organizar a la ciudadanía dentro de estos procesos, al igual que definir hasta qué punto la población tendrán control sobre los presupuestos: ¿qué porcentaje de la inversión estará definida por las comunidades?
Para Sanabria, es importante que esta consulta impulse a la ciudadanía a revisar con lupa todo lo que hace el Estado y no solo el presupuesto público. Para él, una ciudadanía que haga un proceso de veeduría constante del Estado, es una ciudadanía que puede vencer a la corrupción. Pero la manera de vencerla, explica Sanabria, radica en la sociedad civil y no en lo estatal. Una ley o un decreto o una exigencia se pierde si no va acompañado de mecanismos que impulsen a la ciudadanía a exigir un uso y definición adecuada de los recursos públicos.
“La pregunta número cuatro sobre la consulta es importante porque busca recordarle a los altos funcionarios del Estado la exigencia legal sobre este tema”, dice Sanabria y agrega que lo importante es que la próxima vez que se hable de la definición de un presupuesto, la ciudadanía conozca la legislación y tenga claro que puede hacer una veeduría y fortalecer su participación en el proceso.
