Tras el acuerdo logrado en materia de justicia, por parte de los negociadores del Gobierno y las FARC, los puntos sobre el desarme y los mecanismos de refrendación serán los ejes de discusión en estas próximas semanas en La Habana. Se ha dicho desde varios sectores del Estado y de la sociedad civil: Congreso, movimientos campesinos e indígenas, académicos, que “la paz va más allá del silencio de los fusiles”. Sin duda, esta afirmación tiene sentido si se mira con detalle la agenda que se ha venido discutiendo en estos tres años. Sin embargo, tampoco sería coherente no darle relevancia al “silencio de los fusiles”; aún más ante el anuncio de Juan Manuel Santos, de que el desarme definitivo de las FARC se daría sesenta días después del acuerdo final.
Ante el escepticismo que genera el cumplimiento del “no uso absoluto de armas” por parte de los guerrilleros, es importante empezar a reflexionar sobre las distintas implicaciones que conllevaría el desarrollo de este punto, en una etapa post-acuerdo. En primera medida, existe un dilema en torno de la dejación o la entrega de armas, ya que ambas implican una diferencia sustantiva.
Tras las palabras de Sergio Jaramillo, miembro del equipo negociador del gobierno: “se tratará de cumplir la voluntad de las FARC, de que no será el gobierno que esté en la verificación del desarme, sino posiblemente uno de los países garantes del proceso”; es posible pensar –sin un veredicto final- que la dejación de armas será la vía que tomará el grupo armado. Esto implicaría que el grupo armado ilegal, en el momento de la entrega, no tendría que cumplir con –valga la redundancia- la entrega del armamento; a la vez, que el Estado no tendría un rol directo en la escena del desarme.
Es necesario tener en cuenta que si la negociación de La Habana se llevó a cabo, fue en gran medida porque ningún actor se sobrepuso sobre el otro por la vía armada. Desde lo simbólico, una entrega de las armas implicaría una victoria del Estado sobre las FARC
No obstante, esto no significa que de una u otra manera la dejación de armas –acorde a la posición de Jaramillo- sea una “entrega” del país a las FARC. Por un lado, es necesario tener en cuenta que si la negociación de La Habana se llevó a cabo, fue en gran medida porque ningún actor se sobrepuso sobre el otro por la vía armada. Desde lo simbólico, una entrega de las armas implicaría una victoria del Estado sobre las FARC; en un proceso de resolución de conflictos, la negociación es usada para que los actores implicados saquen sus réditos.
Asimismo, la idea de la dejación tiene lógica si se observa el último cese bilateral. De acuerdo con la CERAC, Colombia vivió el mes menos violento –el de agosto pasado- de sus últimos cuarenta años. Según sus reportes, del 20 de julio al 20 de agosto, periodo en que se hizo el acuerdo entre ambas partes, solo ha habido tres acciones violentas por parte de las FARC. También es meritorio que por primera vez, en el marco de los ceses unilaterales realizados por el grupo guerrillero, este haya reconocido su culpabilidad en el asesinato de un líder en Nariño.
Un segundo punto que es necesario tener en cuenta en la discusión, consiste en hacer una revisión histórica a los procesos de desarmes en Colombia. Ya sea por parte de un grupo armado ilegal, o del Estado, el cese a las actividades bélicas en los protocolos de desarme ha generado desconfianza. El Estado colombiano, por ejemplo con la amnistía de Rojas Pinilla –en la cual fue asesinado Guadalupe Salcedo- o el genocidio de la Unión Patriótica, ha producido temores. Por muy impensable que suene para los colombianos, en el grupo guerrillero persisten los miedos. Es por ello, que el no uso de las armas les puede dar desventajas tanto en el campo político como en el simbólico.
En el caso de las FARC, tampoco se puede pensar que habrá una transparencia pura de todos sus miembros. Se tienen que tener en cuenta experiencias internacionales como la de Guatemala, en donde fue común que grupos desmovilizados “encaletarán” las armas para dedicarse a la delincuencia, retomando el control en varias zonas que habían despejado. Esto es algo -a pesar de lo divergente de los casos- que hay que tener en cuenta si se toma la dejación como solución.
Los beneficios económicos que han obtenido varios de los bloques guerrilleros por sus actividades ilícitas –narcotráfico, extorsión, entre otras-, llevan a ver que una atomización de nuevos grupos ilegales podría llegar a ser una realidad. Adicionalmente, si se tiene en cuenta lo dicho por la Fundación Nuevo Arco Iris o por Fernán González en sus más recientes trabajos, las disputas por el control de territorios y de recursos –ligados principalmente al sector minero- plantean la existencia de un vínculo con las Bacrim y las guerillas –FARC y ELN- dependiendo de la región. Esto significa que varios de los guerrilleros, acorde a sus intereses y de los beneficios que puedan satisfacer con los puntos acordados con el gobierno, seguirían con sus actividades y por tanto, el empuñamiento de los fusiles sería algo factible.
El último aspecto a consideración en este breve análisis es la polémica que genera la relación entre el uso de las armas y la participación política. Es claro –acorde a la Constitución- que no se puede ocupar un cargo público ni hacer actividades políticas si se usan armas. Pero esto, y nuevamente recurriendo a la experiencia histórica, ha sido muy ambiguo. El caso de los parapolíticos demostró que la asociación con actores armados ilegales fue favorable para aspirar a las corporaciones del Estado; y, si bien, no hubo en todos los casos, un uso directo de las armas, éstas fueron efectivas para el ejercicio de sus prácticas. En este caso, no se puede pensar que el modelo de la parapolítica se calque, pero ante la inquietud que puede generar este punto, se tendrá que pensar en una serie de medidas que no favorezcan este tipo de conductas.
Seguramente habrá más puntos que no han sido discutidos y que a medida que avancen estos meses cruciales del proceso se retomarán. Sin embargo, es necesario dejar claro que no simplemente es una paz más allá de acallar las armas. No solo, porque como se ha visto, es un proceso multicausal y dinámico, sino porque en las armas se ha cimentado base de la fuerza política y operacional de las FARC, desde su consolidación hace sesenta años. Esto generará retos para esta guerrilla en torno a la construcción de una nueva legitimidad, basada en argumentos y programas políticos y sociales que amalgamen su ideario encausado por una lucha para lograr la justicia social.
Por parte del Estado se tendrá que garantizar desde sus instituciones y las distintas esferas en la toma de decisiones, una recepción por las ideas de ese “otro”, el cual no será fácil aceptar por su trayectoria en la lucha armada, la cual ha causado heridas profundas en la sociedad colombiana. Finalmente, somos nosotros como sociedad civil quienes tendremos gran responsabilidad en la resocialización de los desmovilizados una vez se despojen de sus armas. Habrá que pensar en mecanismos de inclusión social y de oportunidades laborales, que no dejen caer a muchos de ellos en volver a presionar el gatillo.
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