El 10 de octubre de 2021, durante la pandemia por el covid-19, un muro del Cementerio Central de Cúcuta se vino abajo y expuso bolsas negras llenas de restos humanos, que no se sabía si habían sido identificados o no. Fue un hecho fortuito que destapó un capítulo perdido del conflicto armado en Norte de Santander y que prendió las alarmas sobre lo que ocurrió por décadas en ese cementerio. 

Al recorrer el lugar es común encontrarse con escenas dantescas: nichos abiertos, lápidas caídas, excavaciones en medio de los pasillos con bolsas que contienen cuerpos sin identificar, fosas comunes y cuartos con restos arrumados. También, una zona a la que escabrosamente los encargados del lugar llaman ‘La Piscina’, una especie de tanque al aire libre, en el que están desperdigadas más bolsas con restos humanos, sin ningún cuidado.

Todos estos hallazgos han ido surgiendo luego de las múltiples intervenciones del cementerio por parte de la UBPD y de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Esos trabajos han ido develando la dimensión del horror detrás de la violencia en esa zona del país y al mismo tiempo abren una serie de interrogantes: ¿cómo llegaron los cuerpos de cientos de personas allí? ¿Por qué la magnitud de esta fosa común pasó inadvertida por décadas? ¿Cuál es la responsabilidad del Estado en las irregularidades que acumuló el cementerio por años?

A pesar de los numerosos interrogantes que rodean al cementerio, ya se han establecido varias certezas. El Grupo Interno de Trabajo Territorial de Norte de Santander de la UBPD determinó que el Cementerio Central de Cúcuta “durante décadas ha sido el principal receptor de cuerpos de personas no identificadas e identificadas no reclamadas en el departamento”, según la respuesta a un derecho de petición enviado por esta alianza periodística. La UBPD señaló que al menos 770 personas que murieron de forma violenta entre 1985 y 2016 en el marco del conflicto armado —de los cuales una parte significativa proviene del Catatumbo, zona cocalera ubicada a casi 100 kilómetros al noroccidente de Cúcuta— terminaron en el cementerio. 

Además, la entidad ha podido corroborar que un número importante de cuerpos de personas desaparecidas de Norte de Santander, Santander, Meta, Arauca y Caquetá fueron inhumadas en el lugar. Incluso, les han llegado solicitudes de búsqueda de Cali, Valledupar y Montería. En el Auto 053 de agosto de 2023, la JEP explica que la UBPD identificó una línea de investigación en la que se está examinando el ingreso irregular de cadáveres al Cementerio Central de Cúcuta entre 1999 y 2008. El Grupo de Trabajo de Norte de Santander de la UBPD le explicó a esta alianza periodística que escogieron este periodo porque concentra una parte importante de la desaparición forzada del departamento y que aún no se ha establecido cómo personas desaparecidas de otras regiones del país terminaron en el cementerio.

En el cementerio hay varios rótulos que informan de sitios de “interés forense” sobre los que hay medidas cautelares. Foto: Mario Caicedo. 

Durante la pandemia, familiares de los difuntos enterrados en el cementerio y funcionarios de la Alcaldía, institución encargada del recinto, se quejaban por la falta de capacidad e infraestructura para albergar a los fallecidos por el covid-19. En medio de la desazón por no saber dónde enterrar los muertos, la ciudad se enteró de la caída del muro.

Fue entonces que Aura Navas, lideresa y consejera de paz de Norte de Santander, recibió denuncias de las familias, preocupadas por el traslado indebido de los restos tras el desplome de la pared. “Temían que mezclaran los cuerpos registrados con los no identificados. Tras esto, nos vimos en el deber de pedirle a la JEP una intervención inmediata”, dice.

La lideresa de Norte de Santander Aura Navas (de chaleco azul) solicitó las medidas cautelares a la JEP para el cementerio. Foto: Nicole Acuña/JEP.

Navas le solicitó a la JEP medidas cautelares  para el cementerio, que se dictaron mediante el Auto 069 de noviembre de 2021 y siguen vigentes. Así, la JEP prohibió toda exhumación y reubicación de los cuerpos no identificados (CNI) y cuerpos identificados no reclamados (CINR), la inhumación de nuevos cuerpos en áreas donde están estos restos, así como la manipulación de cuerpos o sus partes que estén en fosas comunes para salvaguardar lo que queda de las posibles víctimas de desaparición forzada.

En el cementerio municipal de Cúcuta se han realizado nueve intervenciones. La sexta, en febrero de 2024, tuvo el hallazgo más revelador: la JEP y la UBPD hallaron 211 presuntas víctimas de desaparición forzada. Con los datos que se manejan, ese cementerio sería la mayor fosa común de la que hay registro en Colombia. María del Pilar Valencia, magistrada de la JEP que lidera la intervención, afirmó en rueda de prensa que de los 20 procesos de medida cautelar que adelanta la Jurisdicción para proteger los cuerpos no identificados en distintos cementerios y zonas del país, el caso de Cúcuta es el más crítico “por la magnitud, la gravedad y el incumplimiento de las obligaciones de las autoridades locales”. 

Entrada del Cementerio Central de Cúcuta. Foto: Mario Caicedo.

Las irregularidades impidieron tener un registro preciso de los desaparecidos

El cementerio de la ciudad existe desde 1885, según registros publicados en internet, pero el deficiente manejo durante las últimas cuatro décadas tienen una relación directa con su situación actual. La JEP ha señalado que el cementerio “no ofrece las condiciones para salvaguardar los cuerpos” y que existe “una gran informalidad en su administración”.

Un ejemplo es la zona conocida como ‘La Piscina’, un área que todavía no ha sido intervenida. El sitio no tiene lápidas, aparecen bolsas al aire libre y costales con restos y estructuras óseas. Como no tiene puertas, los cuerpos eran arrojados desde afuera. Actualmente esta zona no se utiliza, pero en su momento fue el principal lugar de inhumación y es el sitio más complejo de investigar, según nos dijo la UBPD.

La magistrada María del Pilar Valencia observando ‘La Piscina’. Foto: Nicole Acuña/JEP.

No hay certeza sobre la fecha en que ‘La Piscina’ comenzó a ser utilizada, ni cuántos cuerpos puede contener, pero una funcionaria de la JEP le comentó a esta alianza periodística que es “lo más horrible” que ha visto en su vida, y que hay al menos cinco sitios más dentro del cementerio con características similares. El grupo de trabajo de Norte de Santander de la UBPD afirmó que el procedimiento utilizado por la administración para ‘La Piscina’ fue totalmente inapropiado; hay tantos restos revueltos que establecer siquiera una cifra aproximada de cadáveres es muy complejo. 

En la intervención realizada en febrero pasado, solo en el Monumento San José, uno de los puntos identificados, la UBPD halló 56 de las 211 presuntas víctimas de desaparición que se recuperaron. La JEP y la Unidad de Búsqueda comunicaron que la administración municipal ya levantó el muro que se cayó en octubre de 2021, ha construido nuevas bóvedas y avanzó en la  digitalización y sistematización parcial de 129 de 132 cajas con 44.898 licencias de inhumación. 

Actualmente en el cementerio de Cúcuta hay 40 “áreas de interés forense”, señalizadas con grandes pancartas, que corresponden a lugares como monumentos y celdas de custodia (cuerpos individualizados), osarios comunes (cuerpos mezclados), columbarios y áreas de inhumaciones en tierra.  Carlos Ariza, antropólogo forense de la UBPD, cuenta que “el cementerio no solo tiene inhumaciones a nivel de la superficie sino que debajo de los pasillos donde transitan los ciudadanos para visitar a sus seres queridos existen lugares donde se han dispuesto cadáveres en bolsas u osarios colectivos”. Los techos de las bóvedas también fueron utilizados para colocar restos de manera irregular. 

El estado del cementerio refleja la falta de cuidado sobre todo con el manejo de los restos no identificados. Foto: Mario Caicedo.

“Nosotros no vamos a buscar cadáveres sin un plan. Lo que pasa es que de los 770 CNI [cuerpos no identificados], 735 no se encuentran en el lugar original donde se inhumaron, por eso es que tenemos demarcadas zonas de interés forense”, afirma el antropólogo. Ariza agrega que el problema no solo del cementerio de Cúcuta sino, en general, de los camposantos municipales de Colombia es que los cuerpos no identificados no generan ingresos. “Se ha documentado a nivel país que los restos de los CNI han sido destruidos o cremados por las administraciones de los cementerios para hacer espacio y arrendar bóvedas”, señala. 

Luisa Lázaro, directora ejecutiva de la Fundación Progresar, organización que ha liderado procesos con víctimas de desaparición en Norte de Santander, explica que los cuerpos no identificados recuperados por corregidores, inspectores de Policía y funerarias en municipios del Catatumbo bajo y el área metropolitana de Cúcuta, incluyendo la zona rural, terminan en el cementerio. “Los malos manejos administrativos garantizaron que fuera imposible tener un registro de los cuerpos”, dice Lázaro. 

¿Por qué nadie se dio cuenta de la magnitud de la fosa común?

Antes de las medidas cautelares de la JEP, el Grupo interno de trabajo de búsqueda, identificación y entrega de personas desaparecidas (GRUBE) de la Fiscalía, en el proceso de la Ley de Justicia y Paz, había exhumado nueve cuerpos en el cementerio de Cúcuta; cinco fueron entregados a sus familias y los cuatro restantes están en proceso de identificación. Dentro del cementerio también hay bóvedas y un panteón que se llama Justicia y Paz, los cuales contienen restos de cuerpos no identificados que fueron depositados allí en el marco de la implementación de esta ley. Sin embargo, la magnitud de la violencia que guardaba el cementerio y las irregularidades no fue expuesta por ese proceso de justicia transicional. 

Esta alianza revisó sentencias de Justicia y Paz en las que aparecen los jefes paramilitares de Norte de Santander desmovilizados y no encontró información sobre el Cementerio Central de Cúcuta como lugar para ocultar desapariciones. También habló con periodistas que cubrieron este proceso, pero no recordaron ninguna mención sobre el tema. Toda esta falta de información resulta paradójica, con la cantidad de indicios que han aparecido en las investigaciones de la UBPD y la JEP. ¿Por qué los paramilitares, que incluso mencionaron el uso de hornos crematorios en las cercanías de Cúcuta, no dijeron nada del cementerio?

El Cementerio Central de Cúcuta es uno de los 20 sitios que cuentan con medidas cautelares de la JEP para investigar desaparecidos. Foto: Mario Caicedo.

Rutas del Conflicto y La Liga Contra el Silencio contactaron a Jorge Iván Laverde, excomandante paramilitar del Frente Fronteras que delinquió en Cúcuta y su área metropolitana, y que hoy está desmovilizado tras acogerse a la Ley de Justicia y Paz del gobierno de Álvaro Uribe. Laverde respondió que por el momento prefería no pronunciarse acerca del Cementerio Central de Cúcuta porque es un tema que maneja la JEP y no Justicia y Paz. 

Esta alianza se puso en contacto con el abogado de Salvatore Mancuso, excomandante del Bloque Catatumbo, quien respondió que por el momento el exjefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) está concentrado en sus aportes a la JEP, por lo que no tiene previsto hablar sobre el conflicto armado por fuera de la Jurisdicción. También revisamos el extenso trabajo de la Comisión de la Verdad y tampoco encontramos referencias puntuales que mostraran la magnitud de lo que ha hallado la UBPD y la JEP. 

Miguel Grijalba, quien fue investigador para la Comisión de la Verdad en Norte de Santander, explica que la medida cautelar de la JEP hizo visible lo invisible y puso el foco en un sitio en el que se ha querido anonimizar la desaparición para que parezca que no tiene relación con el conflicto armado. “Yo creo que el Cementerio Central está contando una historia previa al ingreso del paramilitarismo en 1999 en la que la fuerza pública era un actor protagonista de la desaparición forzada en medio de la violencia política en Cúcuta”, cuenta Grijalba. Otra de las líneas de investigación del Grupo de Trabajo de Norte de Santander de la UBPD dentro del Plan Regional de Búsqueda del Área Metropolitana de Cúcuta y Frontera, creado en 2019, es la desaparición de militantes políticos en la década de los setenta y noventa. 

Wilfredo Cañizares, quien ha sido defensor de derechos humanos en Norte de Santander por décadas, afirmó en un video en YouTube que los cuerpos de víctimas de lo que en su momento se conoció como el F2 de la Policía, terminaron en el cementerio. “En los ochenta y noventa, en medio de la ‘guerra sucia’, esta unidad secreta asesinó, desapareció y torturó, y todas esas personas terminaron en el Cementerio Central, de ahí la importante decisión de declarar a este sitio como lugar de interés forense”, dijo.

En el cementerio de Cúcuta, el movimiento de cuerpos ha sido un problema para la identificación de las posibles víctimas de desaparición forzada. Foto: Mario Caicedo.

La JEP extendió la medida cautelar que ampara al cementerio de Cúcuta también a Villa del Rosario y Puerto Santander, los dos municipios de Norte de Santander en donde los paramilitares confesaron haber incinerado personas en hornos crematorios. Para Grijalba, es claro que esta determinación aborda los hechos de las AUC, pero dice que en el caso del Cementerio Central de Cúcuta es necesario enfocarse en la institucionalidad porque se trata de un recinto a cargo de la Alcaldía.

“Los ‘paras’, cuando llegaron a Norte de Santander en 1999, actuaron en conjunto con el Estado, recibieron instrucción de la fuerza pública porque no conocían el departamento y tuvieron sus propias formas para desaparecer personas. Ellos han sido el chivo expiatorio en varios temas, por eso hay que concentrarse en aquellos que los promovieron y se beneficiaron de su expansión y violencia”, afirma. La sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá del 31 de octubre de 2014 dice que en Norte de Santander se conformó una red criminal entre el Bloque Catatumbo de las AUC e instituciones del departamento como la Policía, el Ejército, el extinto DAS (Departamento Administrativo de Seguridad) y la Fiscalía.

Imagen tomada del Tribunal Superior de Bogotá que explica la relación entre los paramilitares y la institucionalidad de Norte de Santander.

Los indicios detrás de la identidad de los desaparecidos en el cementerio

La ausencia de información sobre lo que pasó en el cementerio deja más preguntas abiertas sobre las víctimas y la forma en la que sus cuerpos quedaron ocultos en medio del caos de esta fosa común. Rutas del Conflicto y La Liga contra el Silencio reunieron información sobre el contexto de la desaparición forzada en la región, que puede estar ligada a la historia del cementerio.

La JEP detalla en el Auto 053 de 2023 que durante las investigaciones humanitarias realizadas en el marco del Plan Regional de Búsqueda del Área Metropolitana de Cúcuta y Frontera se han registrado 321 lugares de presunta inhumación de cuerpos en Norte de Santander. Uno de ellos es el Cementerio Central de Cúcuta. Esta entidad se ha apoyado en el estudio documental, la revisión de los libros de inhumación, la información aportada por organizaciones sociales, líderes regionales y excombatientes de las Farc firmantes del Acuerdo de Paz de 2016 para determinar la cantidad de víctimas de desaparición forzada que hay en el sitio y poder realizar las intervenciones.

Vista panorámica del Cementerio Central de Cúcuta. Foto: Mario Caicedo.

La lideresa Aura Navas cuenta que por el trabajo que había realizado con las mujeres en el departamento más lo documentado por la UBPD tiene la certeza de que el Cementerio Central de Cúcuta es uno de los sitios claves para encontrar desaparecidos. En la solicitud que le envió a la JEP en 2021, la lideresa mencionó una estimación de al menos 400 víctimas de desaparición forzada bajo la denominación de CNI y CINR. En algunos casos podría tratarse de víctimas presentadas falsamente por la fuerza pública como bajas en combate, conocidas como ‘falsos positivos’, de otros departamentos y que habrían sido inhumados entre los años 2000 y 2006. 

Según los datos de la UBPD, con corte al 10 de mayo de 2024, en Norte de Santander se registraron por lo menos 4 219 personas desaparecidas durante el conflicto armado hasta 2016. Los paramilitares serían responsables de la desaparición de por lo menos 1 543, las guerrillas de 695 y la fuerza pública de 186. Sin embargo, el exinvestigador de la Comisión, Miguel Grijalba, explica que por ser zona de frontera el subregistro es enorme debido a la facilidad de trasladar los cuerpos a Venezuela.

La llegada de las AUC a Norte de Santander a finales de los noventa marcó un fuerte aumento de los casos de desaparición. Según datos del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), en 1997 se registraron 52 casos y en 1998, 64. En 1999, ya con los paramilitares en el territorio, la cifra llegó a 309. El 65 % de las víctimas de este crimen en Norte de Santander hasta 2016, según el CNMH, se registraron entre 1999 y 2004, cuando las AUC fueron el actor armado dominante en el departamento. 

Los datos del CNMH revelan, además, que Tibú —en el corazón del Catatumbo— fue el lugar con más personas desaparecidas en Colombia en 1999, 2000 y 2001. El 38,7 % de las víctimas de desaparición en Cúcuta durante la disputa armada entre la fuerza pública, paramilitares y guerrillas, se concentró entre 1999 y 2004. En las comunas seis, siete, ocho y nueve de Cúcuta se han reportado el mayor número de casos históricamente, según la Fundación Progresar.

La directora ejecutiva de la Fundación Progresar, Luisa Lázaro, cuenta que en zonas rurales y en algunos municipios del departamento los grupos armados ilegales han prohibido —y en algunas partes lo siguen haciendo— el ingreso de la Fiscalía y el Cuerpo Técnico de Investigaciones (CIT) para realizar la respectiva recuperación de cadáveres. “El Ejército en el marco de combates reales y simulados realizaba el levantamiento de los cuerpos, los cuales eran llevados hasta el cementerio de Cúcuta para su inhumación”, sostiene Lázaro. La abogada dice que allí puede haber cuerpos de muertos en combate a los que no se les hizo necropsia por tratarse de guerrilleros, víctimas de ‘falsos positivos’ y personas desaparecidas en otras circunstancias. 

El Grupo de Trabajo de Norte de Santander de la UBPD estableció como una de sus premisas de investigación el ingreso irregular de cadáveres en el Cementerio Central de Cúcuta, tomando el periodo de 1999 a 2008 como referencia. Según los datos de la JEP, hay registro de 420 víctimas de ‘falsos positivos’ en Norte de Santander y el 82 % se concentró entre 1999 y 2008. Este departamento es el quinto con mayor número de asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado. El 68 % del total de casos se cometieron en el Catatumbo.

Aunque aún falta por establecer la responsabilidad de agentes del Estado en la desaparición de estas víctimas y de los esfuerzos por ocultarlas en el cementerio de Cúcuta, hay indicios que vinculan no solo a militares en casos de ‘falsos positivos’, sino a autoridades de la ciudad. Ramiro Suárez Corzo, alcalde de Cúcuta entre 2004 y 2007, fue condenado en 2011 a 27 años de prisión por ser el autor intelectual del homicidio, ocurrido el 6 de octubre de 2003, de Alfredo Enrique Flórez Ramírez, quien trabajaba como asesor jurídico en la Alcaldía. 

En 2017, Suárez Corzo solicitó ingresar a la JEP y en 2020, a través de su apoderada, solicitó medidas cautelares para el Cementerio Central de Cúcuta al denunciar que aproximadamente 500 cuerpos no identificados que habían sido inhumados entre 2005 y 2007 —periodo en el que era alcalde— en realidad eran víctimas de ‘falsos positivos’. La JEP rechazó el sometimiento de Suárez Corzo en marzo de 2021 por considerar que no hizo suficientes aportes de valor que permitieran esclarecer hechos del conflicto y contribuir al derecho de las víctimas a la verdad. 

El cementerio de Cúcuta no es el único que la JEP ha intervenido. El camposanto de Las Mercedes, en Dabeiba, Antioquia, es un caso emblemático de intervención de la JEP. En ese lugar 48 cuerpos fueron recuperados, de los cuales 12 han sido identificados hasta noviembre de 2023, y 17 de los 36 restantes corresponderían con las descripciones de habitantes de calle que fueron engañados en Medellín y trasladados a ese municipio, para ser reportados como bajas en combate. También, cementerios de municipios del Oriente antioqueño como Cocorná fueron utilizados por el Ejército para ocultar víctimas de ‘falsos positivos’, como lo documentamos en 2023.

Sin embargo, la situación en el cementerio municipal de Cúcuta es aún peor porque las cifras de personas desaparecidas que habrían sido enterradas son mucho mayores. Las investigaciones determinarán si hubo o no premeditación para ocultar y borrar los rastros de aquellos que están bajo la etiqueta de no identificados. Lo que sí es claro para la UBPD es que el ingreso irregular de cadáveres por acción u omisión de la administración del cementerio permitió que al menos 770 personas que murieron de forma violenta durante el conflicto armado terminaran inhumados allí como cuerpos no identificados y cuerpos identificados no reclamados.

La responsabilidad por las irregularidades del cementerio y el trabajo de identificación 

El Cementerio Central está bajo el cuidado de la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía de Cúcuta. Guillermo González Amarilla fue el administrador del cementerio desde 1990 hasta 2019. Lo contactamos vía Whatsapp, pero nunca respondió. En una entrevista publicada en marzo de 2019 dijo que muchos cuerpos eran trasladados desde El Zulia, Villa del Rosario y Puerto Santander, entre otros municipios. 

En el video se relata que la sede de Medicina Legal se inauguró en Cúcuta en 2005, por lo que antes de eso la morgue del Cementerio Central era el anfiteatro donde se realizaban todas las autopsias. En una nota de La Opinión, del 4 de marzo de 2024,  González Amarilla dijo que ante las denuncias por la cantidad de personas desaparecidas que hay en el cementerio es Medicina Legal la que debe dar respuestas, y no él, debido a que la entidad era la que se encargaba de llevar los cadáveres hasta el recinto.

A González Amarilla lo sucedió José Vicente Leal Dávila. En una entrevista del 2020, Leal contó que en el cementerio había personas que ofrecían servicios de alquiler y venta de bóvedas a pesar de que no tenían ningún cargo o vinculación con la administración. Aun así, en el Auto 053 de 2023, la JEP relata que la Alcaldía de Cúcuta le comunicó mediante un oficio del 17 de julio de 2023 que denunció a Leal “por presuntos hechos de destrucción, supresión u ocultamiento de documento público. Ello por contar con información sobre la presunta incineración de libros y documentos en los que se hallaba información relativa a CNI y CINR”.

En medio de las irregularidades encontradas, la UBPD sigue avanzando con su trabajo. El antropólogo Ariza relata que el trabajo de la entidad se ha centrado en analizar toda la información disponible sobre el cementerio de Cúcuta, especialmente de los CNI inhumados. Además, explica que en cada bolsa encontrada hay una cinta que tiene detalles sobre algún tipo específico de protocolo de necropsia en el que se establecen las causas y formas de la muerte de una persona, el cual puede ser consultado en el Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres (SIRDEC) de Medicina legal. De esta manera se puede contrastar el expediente, comparando las características de las osamentas que se encuentran en el cementerio. Ariza dice que esta es una de las estrategias con las que se determina si el cuerpo encontrado es una posible víctima de desaparición forzada. 

Bolsas en las que se encuentran restos humanos en el Cementerio Central de Cúcuta. Foto: Nicole Acuña/JEP.

El antropólogo cuenta que se ha logrado establecer la identidad de varios cuerpos a través de necrodactilia, la toma de las huellas de los dedos de la mano de los cadáveres. Ariza explica que Medicina Legal envía esa información a la Registraduría y esta encuentra que esas huellas corresponden a un ciudadano colombiano y en el cruce de datos esa persona también aparece en el SIRDEC de Medicina Legal como desaparecido. 

Sin embargo, el movimiento de cuerpos dentro del cementerio no solo es un problema para la identificación de las posibles víctimas. Antonio Peñaloza, habitante de Cúcuta, cuenta que en 2023 fue a ver cuatro bóvedas que su padre tenía identificadas y ubicadas en el lugar, que es como una ciudad pequeña donde hay calles, avenidas, matrículas inmobiliarias y nomenclaturas. “Hallamos que una de las bóvedas estaba ocupada. Cuando fuimos a revisar los registros de los libros dice que está vacía, pero en realidad hay restos y no sabemos de quiénes son, quién los puso ahí y ni cuándo”, dice. Al consultar los libros, Peñaloza notó que estos estaban incompletos y les faltaban fechas. 

En un informe del Ministerio del Interior sobre el Cementerio Central de Cúcuta entre 2013 y 2014, esa entidad encontró que solo hasta 2001 los CNI empezaron a tener un registro independiente y que en 2003 inició el registro de los protocolos de necropsia. Además, reportó que fue muy complejo establecer una clara diferencia entre los registros de los CNI y CINR que hay en los libros del cementerio. Sumado a esto, el documento expone la dificultad de determinar la ubicación de los CNI porque se desconoce si fueron exhumados y trasladados a osarios comunes o si aún se encuentran sepultados en tierra sin una debida marcación.

En teoría, desde la Constitución de 1991, las fosas comunes están proscritas en el país. Sin embargo, en Cúcuta y otras partes nada de esto se cumple y hay registro de al menos 5 307 fosas comunes en Colombia, más los cementerios que fueron utilizados con el mismo fin, que albergan las esperanzas de miles de personas que llevan años e incluso décadas buscando a sus seres queridos.