En el 2000, en Vistahermosa, al sur oeste del Meta, la guerrilla de las Farc ordenó pruebas masivas de VIH a toda la población del municipio. “Verónica tiene sida”, escribieron en las paredes de las casas cuando la prueba dio positivo. Después del escarnio público los obligaron a hacer una lista con los nombres de las personas LGBTIQ y con quiénes habían mantenido relaciones sexuales. Verónica y otros miembros de la comunidad LGBTIQ se vieron obligados desplazarse fuera de Vistahermosa.
En 2003, en San Onofre, departamento de Sucre, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) organizaron algo similar a una pelea de gallos. En la gallera no hubo animales. Contra su voluntad pelearon hombres gay y una mujer trans. Era el día de las madres y el cumpleaños de uno de los comandantes del grupo paramilitar y este fue show que animó la fiesta.
¿Son estos delitos, cometidos en el marco del conflicto armado, lo suficientemente graves para ser investigados, esclarecidos, perseguidos, juzgados y sancionados por la Jurisdicción Especial para la Paz? ¿Serán consideradas como graves violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario con el fin de que no sean delitos amnistiables ni indultables?
Estas son algunas de las preguntas que organizaciones como Colombia Diversa plantean de cara a la elección de los 51 magistrados que conformarán el Tribunal para la Paz y que deberán juzgar los delitos que tuvieron lugar en el contexto y en razón del conflicto armado.
Según el informe Vivir bajo sospecha, de Colombia diversa, hasta el 30 de noviembre de 2016 en el Registro Único de Víctimas, se reportaron 1.818 víctimas LGBTIQ asociadas al conflicto armado colombiano. De estas, 366 corresponden a casos de violencia cometidos por paramilitares y 287 por grupos guerrilleros. Sobre el resto no se tiene información o se atribuyen a otros grupos armados.
Si algo caracteriza estas cifras es lo poco que se acercan a la realidad. Por miedo o por falta de recursos y oportunidades no hay denuncias, no hay verdad, no hay justicia. “Sufrimos de mala memoria colectiva porque es imposible llevar el conteo de cuántas veces nos han robado, matado y desaparecido”, dijo Luis Eduardo Fernández, investigador de Colombia Diversa, en el lanzamiento del informe Vivir Bajo Sospecha.
No es un secreto que hay poco conocimiento y visibilidad de los hechos ocurridos en el marco y con ocasión del conflicto armado en contra de la población LGBTIQ. De acuerdo con el informe Vivir bajo sospecha lo que se sabe es que se trata de una violencia que los grupos armados ejercen con el fin de obtener control social y territorial; que son hechos ligados a los que se cometen en contra de otros sectores poblacionales vulnerables; y que en su mayoría se trata de hechos que tienen legitimidad social y que se justifican dentro de una ‘sociedad patriarcal y excluyente’ como la colombiana.
La justicia no puede de manera aislada resolver los temas de discriminación. La justicia es insuficiente y se necesita que ministerios como el de educación, salud y cultura asuman sus responsabilidades en estos hechos
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La JEP es la oportunidad para poner la lupa sobre hechos de discriminación contra la población LGBTIQ, como los de Vistahermosa y San Onofre. Es la oportunidad para que la sociedad los conozca y los grupos armados, especialmente las Farc, tengan frente a estos un compromiso sincero de no repetición. Así es como la describe Camila Moreno, directora de la oficina en Colombia del Centro Internacional para la Justicia Transicional.
Sin embargo, como señala la directora de Colombia Diversa, Marcela Sánchez, los homicidios, amenazas y desplazamientos a la población LGBTIQ en el marco del conflicto, no han logrado levantar la suficiente preocupación. Frente a otros hechos atroces cometidos por grupos armados, estos parecen banales. “La justicia transicional tienen criterios de selección y metodologías muy precisas. Se ocupa de crímenes muy graves porque no puede abarcar la enorme magnitud de los delitos que se han cometido en el conflicto”, asegura Sánchez y ante esto enfatiza la pregunta sobre si estos crímenes contra la población LGBTIQ, asociados a la dignidad humana y a la discriminación exceden la competencia de la justicia transicional.
El proyecto de ley presentado en el Congreso que creó la Jurisdicción Especial para la Paz hace énfasis en investigar y esclarecer las graves violaciones a los derechos humanos y este calificativo, para Marcela Sánchez, es el que puede generar dificultades para juzgar hechos cometidos en contra de esta población. Que sean juzgados o no va a depender de factores como que el enfoque de género, como destacó Camila Moreno, “no se quede en poesía, que no sea sólo un canto a la bandera ni la simple enunciación del deber ser”. Que sean juzgados o no va a depender de la sensibilidad de los magistrados que hagan parte del Tribunal de Paz y de los informes que a la JEP presenten las organizacione sociales.
El reto, dice Moreno, es que la Fiscalía General y la sociedad civil le muestren al Tribunal que estos casos son representativos de un patrón de violencia que se generó en el marco del conflicto armado.
La Fiscalía, hasta el momento, ha documentado alrededor de 70 casos de violencia contra la población LGBTIQ que se atribuyen a las AUC y a las Farc. “Tenemos que saber estructurar la comisión de estos delitos, que en su esencia son graves y que tienen que ser representada en la JEP”, asegura Leonardo Cabana, fiscal delegado ante el tribunal del distrito y candidato para conformar el Tribunal para la paz. Dice Cabana que la manera de lograrlo analizando los procesos de investigación que ya están en curso, teniendo en cuenta la versión de los victimarios, pero sobre todo escuchando a las víctimas lograr estructurar los caso y determinar la gravedad y el impacto que los hechos generaron en las comunidades. “Este proceso tiene que ser una respuesta a las víctimas. Ellas tienen que poderse identificar con la verdad y la reparación que comprendan los fallos”.
Este es el primer proceso de paz en el mundo que incluye la perspectiva de género y esta es, para muchos, la oportunidad de mostrar que las víctimas LGBTIQ existen y que merecen un proceso integral de justicia y reparación.
Sin duda, dice Marcela Sánchez, estos casos tienen que llevarse a la comisión de la verdad. Pero ahí no se agotan las acciones ni los esfuerzos. “El Estado es el que ha permitido que ciertas poblaciones sufran mayor discriminación y que los actores armados se valgan de esa debilidad estatal para ejercer la violencia”, aseguró Alejandro Cepeda, coordinador del Grupo de asistencia y reparación a víctimas del Ministerio de Salud.
La justicia, por esto, no puede de manera aislada resolver los temas de discriminación. La justicia, dice Sánchez, es insuficiente y se necesita que ministerios como el de educación, salud y cultura asuman sus responsabilidades en estos hechos.
“La JEP es un sistema que quiere contribuir a la paz. No se trata sólo de saber la verdad sin que haya sanciones. Pero el fin último, tampoco puede ser simplemente llevar a los victimarios a la cárcel. Esa no es la solución para la discriminación”, dice Marcela Sánchez y agrega que lo importante es enviar el mensaje de que la discriminación y los actos de violencia en contra de la población LGBTIQ no puede suceder ni en guerra ni en paz.
*Foto Portada: la imagen hace parte del proyecto Exhumaciones: Memoria y resistencia de las víctimas LGBTI en el marco del conflicto armado en Montes de María.
