Señor presidente Iván Duque,

En los próximos cuatro años Colombia tendrá un número importante de retos ambientales que afrontar. Cada colombiano, según su formación, según su propia experiencia, sabrá exigir y luchar por cada uno de esos retos. Yo quiero hablarle de mi caso. Y quiero hablarle de un tema definitivo para la calidad de vida de muchas personas y en la sostenibilidad de muchos territorios en este país. Quiero, señor Presidente, hablarle de deforestación.

El control de la deforestación está siendo el reto más importante de los últimos años por varias razones:

La deforestación no es solo un problema de medio ambiente

Se ha minimizado el problema de la deforestación a un problema ambiental, pero en el fondo hay una pérdida territorial de grandes áreas en manos de diferentes grupos con poder económico y político, utilizando recursos financieros que combinan lo público, lo privado y las economías ilegales.

De hecho, en las áreas donde se está dando la mayor deforestación no se utiliza la madera derribada. En cambio, la queman y las áreas afectadas se usan para convertirlas en pasturas para ganadería de bajo rendimiento o instalación de cultivos de coca.

La deforestación alimenta el mercado ilegal de tierras

El Estado colombiano ha perdido (o probablemente nunca la tuvo), la capacidad de orientar y dirigir procesos de colonización ordenada. En ese sentido, hoy aparecen nuevos actores, armados ilegales o no, que reemplazan al Estado y deciden dónde se distribuye la tierra, a quién beneficia, y la infraestructura que se debe desarrollar. Mientras tanto, el problema se le achaca a la institucionalidad ambiental, que no cuenta con las capacidades financieras, operativas y el marco legal para enfrentar este fenómeno.

La institucionalidad de tierras, que es la que debería encabezar la lucha contra este fenómeno, no tiene control real y efectivo sobre las áreas potencialmente distribuibles, por lo cual son presa de la ocupación indiscriminada al igual que sobre los bosques públicos. La ausencia de deberes frente al uso, tamaño, y tributación, son hoy estímulos para que el mercado ilegal sea tan atractivo.

La inversión estatal en nuevas vías es un incentivo perverso

El acceso a la tierra, vía deforestación masiva, utiliza mano de obra local, testaferrato, poblaciones vulnerables para realizar el “aprestamiento” de las tierras para solicitar inversión pública que valoriza la inversión, en particular las carreteras de acceso.

El Estado colombiano no ha tenido la capacidad para establecer un mecanismo de control sobre la planeación vial en todas sus escalas y la relación con deforestación. Hoy, la mayoría de áreas de alta deforestación están asociadas a planeación, construcción o mejoramiento vial, sea nacional, regional o local.

La gobernabilidad en las áreas de mayor deforestación es inversamente proporcional a la gobernabilidad territorial

No hay un ejercicio integral de gobierno que vaya más allá de operativos punitivos inocuos que se dan puntualmente y de manera poco sistemática.

Mientras tanto, en las áreas donde se concentra la deforestación muestran que hay una presencia importante de nuevos actores en el territorio, ajenos a las comunidades locales, con gran capacidad de inversión, y cuyo objetivo es el acaparamiento de tierras baldías de la nación, en la Reserva Forestal, los Parques Nacionales y en algunos resguardos indígenas.

Infortunadamente no hay capacidad de aplicación de la ley en zonas de alta deforestación; la presencia de grupos armados durante tantos años oficiando como autoridades ambientales, no ha sido adecuadamente reemplazada por el Estado. No se cuenta con la capacidad  operativa, financiera y el marco legal es débil para esta gestión. La acción interagencial es débil, poco sistemática, depende de voluntades personales y no es vista de manera prioritaria.

No hay oportunidades para hacer algo diferente

Las opciones de desarrollo económico legal en estos territorios son aún incipientes; las oportunidades de reconversión económica no tienen un doliente institucional fuerte, con capacidad técnica, marco legal y financiero.

Con un escenario tan complejo, me permitiría sugerir algunas ideas que puedan ser recogidas en la construcción de su plan de gobierno:

Darle dientes a la Autoridad Ambiental y de Tierras

El Estado debe recuperar su facultad de ser el responsable de ordenar el territorio y vincular en sus decisiones al Ministerio de Ambiente.

Se deben focalizar esfuerzos en la recuperación de predios (en algunos casos, veredas completas) obtenidos ilegalmente por especuladores. Hay casos emblemáticos que están debidamente documentados por las agencias del Gobierno. También que dotar de instrumentos a las agencias responsables (agrarias y ambientales), para focalizar los procesos de formalización de la propiedad del campesinado que está siendo utilizado por terceros para ser la punta de lanza de la deforestación y apropiación.

Llegó el momento de reformar la estructura de las autoridades ambientales y darles capacidades de investigación y control. Además, de manera transitoria, las unidades de Fiscalía, Procuraduría y Policía Ambiental deben acompañar a las autoridades ambientales para abordar los casos de mayor riesgo e impacto.

Hacer responsables a otros actores

Es necesario generar corresponsabilidad legal y vinculante en las agencias de desarrollo (vías, agricultura, minería, etc) sobre las implicaciones en deforestación en los planes y proyectos que se generen. Esto, en el caso de grandes obras licenciables, sugiere la necesidad de realizar estudios de impactos indirectos (acumulativos y sinérgicos) e incluir acciones de mitigación y compensación que van más allá de lo que actualmente se incluye.

También es clave revisar el marco de estímulos financieros para gobernaciones y municipios afectados por deforestación, dado que, en varios de estos casos, la deforestación es resultado de políticas y acciones impulsadas por sus gobiernos locales.

La plata de afuera sirve pero no es suficiente

También, señor Presidente, debo señalar que el Estado colombiano le ha dado una importante prioridad al fortalecimiento institucional ambiental a través del apoyo de la cooperación internacional. Eso es importante pero insuficiente.

Para la tarea propuesta, es decir, recuperar la gobernabilidad y el desarrollo económico sostenible, es necesario abrir los espacios a la participación de las organizaciones no gubernamentales, el sector privado y especialmente a las organizaciones sociales locales, sin las cuales la disputa de la legitimidad y la construcción de un Estado Social de Derecho es imposible. De lo contrario, otros actores que están en las regiones de la periferia donde se da la deforestación seguirán siendo más fuertes que la institucionalidad gubernamental.

La Presidencia debe coger la batuta

Es imperativo que una acción de esta magnitud, dado su carácter sistémico, se lidere en una agencia que este directamente orientada por la Presidencia de la República, dado que la experiencia de los últimos 20 años nos ha demostrado que la visión integral del ambiente aún no ha sido incorporada en toda la institucionalidad y esto ha facilitado la situación actual.

Esperamos, que estas consideraciones puedan servir de alguna manera en lo que sea el futuro de uno de los temas más sensibles del nación, en la visión integral de ambiente y gobernanza territorial.

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